Sumario

 

1- Actual situación de la democracia en el mundo.

2- Causas del deterioro democrático actual.

3- Riesgos de la pérdida de confianza en la democracia.

4- El rescate democrático es compromiso de todos.

5- Tribunales electorales en el escenario democrático.

6- Tesis sobre la composición de tribunales electorales.

7- Papel de la integridad personal en la composición de tribunales electorales.

8- Perfil idóneo del juez electoral.

9- Situación actual de la jurisdicción electoral en República Dominicana.

 

ACTUAL SITUACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN EL MUNDO

 

El sistema democrático atraviesa la más grave crisis de su historia. Se trata de una realidad que tiene sumamente preocupados a sociólogos, politólogos, cientistas sociales, políticos responsables, empresarios con conciencia social, trabajadores, sociedad civil, comunidades religiosas; en fin, a todo el conglomerado que muestra conciencia de la peligrosidad de esta situación y de las terribles consecuencias que puede acarrear.

 

La paradoja es que ese sistemático declive democrático se produce al mismo tiempo en el que existe consenso en el hecho de que, en el plano retórico, no existe un sistema que resulte mejor para propiciar una sana convivencia social.

 

Lo anterior nos remite a una reflexión para intentar descubrir qué está ocurriendo, que los ciudadanos están desechando al régimen político al que mejor valoración le asignan. Considero que una conclusión obligada de ese necesario análisis, conduce a afirmar que el desencanto no es con el sistema en sí mismo, sino con los resultados que está produciendo.

 

Afirmar eso conduce a abordar los precedentes que puedan identificarse como las etiologías que desembocaron en este presente absolutamente preocupante.

 

CAUSAS DEL DETERIORO DEMOCRÁTICO ACTUAL

 

Desde mi punto de vista, cualquier listado que intente hacerse de las posibles causas del deterioro experimentado por la democracia en los últimos años, debe colocar, en primer lugar, a la insuperada desigualdad social que abate a una inmensa mayoría de los habitantes de muchos países, de manera especial los ubicados en América Latina que, como se sabe, aun acusando menor pobreza que África, tiene más elevados índices de desigualdad.

 

Esas tremendas diferencias socioeconómicas han venido a coincidir con la era de las tecnologías de la información, en la cual, conocer los acontecimientos que ocurren en el mundo tarda poquísimo tiempo, y eso ocasiona que las personas estén constantemente enteradas del curso de la humanidad.

 

Para empeorar la situación, eso genera que las poblaciones depauperadas estén al día de los exquisitos hábitos de consumo a los que muchos de sus congéneres tienen acceso y, como es natural, se despierta en ellas el deseo de también ser beneficiarias del privilegio de su disfrute.

 

No obstante, al mismo tiempo de querer ser propietarias, se enfrentan con la dura realidad de que están imposibilitadas de lograrlo, porque sus condiciones materiales de existencia se lo impiden.

 

No existe nada en el mundo, como lo descrito, con más potencial para convertirse en generador de rabia; de frustraciones; de proclividad a hacer lo que sea necesario para acceder a los bienes y servicios a los que esas personas consideran que legítimamente tienen derecho.

 

Además de ese efecto comprensible, quien padece los rigores de la desigualdad, se convierte en presa fácil de discursos mesiánicos; de enarboladores de la antipolítica, que susurran a esos oídos receptivos los mensajes que ellos quieren escuchar y que, falsamente, creen que son realizables, por estar desprovistos de las capacidades para comprender que se trata de artimañas discursivas para atraer incautos.

 

Hay que afirmar, con toda responsabilidad, que esa desigualdad no ha caído del cielo. Debe ser atribuida, sin ningún temor, a quienes han tenido en sus manos el deber de aplicar políticas públicas diferentes, que habrían sido capaces de provocar una mejor distribución del crecimiento económico que han experimentado nuestros países. Se ha tratado de una histórica y nefasta combinación de protagonistas gubernamentales, con segmentos privados que, miopes ante lo que se veía venir, optaron por preservar su rentabilidad, olvidándose de que el “sálvese quien pueda” ni alcanza para todos, ni dura para siempre.

 

RIESGOS DE LA PÉRDIDA DE CONFIANZA EN LA DEMOCRACIA

 

El riesgo es la materialización de una probabilidad. Puede ocurrir o no. En el caso de la pérdida de confianza en la democracia, ya no es válido hablar de riesgo, porque el mismo no solo se ha concretizado, sino que amenaza con expandirse, dejando a su paso una estela de populismos, autoritarismos, dictaduras, pérdidas del disfrute de derechos fundamentales, atropello de la institucionalidad y gobiernos generadores de mayores perjuicios que los que prometieron erradicar.

 

El ciclo democrático está eclipsado en nuestra región. En los procesos electorales se vienen imponiendo opciones radicalizadas, sea de derecha o de izquierda, apologistas de una supuesta aversión a la política tradicional, que no es más que un ardid para obtener provecho del hartazgo de poblaciones secularmente oprimidas, que se entregan al primero que las seduzca con cantos de sirena.

 

Ahora bien, lo que es preciso erradicar no es a esos forjadores de ilusiones falsas, sino a las causas que propician el surgimiento de los mismos.

 

EL RESCATE DEMOCRÁTICO ES UN COMPROMISO DE TODOS

 

En ese contexto tan desolador, ir al rescate del sistema democrático es un compromiso que todo ciudadano, interesado en la preservación de los principios y valores de la democracia, debe asumir como un deber ineludible.

 

No se trata de este o aquel actor. Es una tarea que deben plantearse en su integralidad todos los que, de una u otra forma, inciden en la construcción del devenir de las naciones. Su institucionalidad, que debe ser consolidada; sus protagonistas sociales; sus fuerzas productivas; sus políticos, que deben enfocarse en hacer de su ejercicio un motivo de servicio social y de contribución a la solución de las problemáticas seculares; y los ciudadanos, quienes deben asumir el estelar rol que están llamados a jugar, para pasar de ser objetos de aprovechados, a sujetos de sus propios destinos.

 

TRIBUNALES ELECTORALES EN EL ESCENARIO DEMOCRÁTICO

 

Los órganos jurisdiccionales electorales constituyen una pieza fundamental en el ajedrez político de los pueblos. En sus manos está la preservación de los derechos políticos de quienes intervienen en las encarnizadas luchas por el poder. Son los asignadores de la razón jurídica en los litigios que están llamados a dilucidar.

 

Sus decisiones pueden ser emitidas en distintas etapas de la calendarización de los certámenes electorales. De esa forma, pueden excluir o incluir precandidaturas y candidaturas. Otorgar amparos en la materia de su especialización. Avalar o descalificar eventos partidarios. Restaurar membrecías partidarias. Ratificar exclusión de afiliaciones. Reclasificar posiciones en boletas electorales. Impactar el financiamiento público a los partidos. Ratificar o revertir alianzas, fusiones y coaliciones políticas. Validar o negar reservas de candidaturas. Anular elecciones. En fin, decidir elementos trascendentes del poder político de un país.

 

Esa labor es de una innegable trascendencia. En el ejercicio de sus competencias, los tribunales electorales pueden reducir o robustecer el desarrollo democrático. De ahí que sus sentencias deben ser cuidadosamente fundamentadas, para que sirvan al propósito para el que fueron creados.

 

TESIS SOBRE LA COMPOSICIÓN DE TRIBUNALES ELECTORALES

 

En torno a la composición de las Altas Cortes y demás órganos constitucionales, se han tejido diversas y variadas propuestas para su conformación. Alrededor de todas esas teorías, el ingrediente político ocupa un lugar de primacía. La discusión gira, de manera principal, sobre si deben o no, tener militancia político partidaria, los integrantes de estas entidades.

 

De esa forma, algunos opinan que deben ser personas sin ninguna incidencia del elemento político. Otros, se decantan porque sea el resultado de un consenso entre las diversas estructuras políticas con mayor influencia en el escenario de que se trate, donde todas queden representadas. No faltan quienes prefieran un sistema mixto, que combine lo político con lo privado.

 

Sobre este tema hay muchas afirmaciones que no son necesariamente ciertas y otras que no constituyen expresiones sinceras. En honor a la verdad, es preciso decir que absolutamente todos los seres humanos están, de una u otra forma, influidos por esa ciencia tan apasionante y compleja a la vez, que es la política.

 

No se puede incurrir en confundir las manifestaciones políticas que se reflejan en todo individuo, con la militancia partidaria. Son dos cosas distintas. De ahí que, es un grave error descalificar a alguien para integrar un órgano constitucional por razones políticas. Podría ser la manera a la que se recurra para cometer una injusticia.

 

Una cosa es objetar un aspirante por militancia partidaria, y otra hacerlo por atribuirle supuestos aspectos políticos. Voy más lejos, ni siquiera me atrevería a decir, de forma categórica, que el solo hecho de haber tenido, o incluso tener, afiliación partidaria, constituya una mancha indeleble que justifique descartar que alguien con esas características pueda realizar un desempeño digno de sus funciones.

 

Lo anterior nos conduce a referirnos a otro elemento de la cuestión que, para mí, es medular y de mucho mayor trascendencia, al momento de debatir este asunto:

 

PAPEL DE LA INTEGRIDAD PERSONAL EN LA COMPOSICIÓN DE TRIBUNALES ELECTORALES

 

Toda mi vida he rechazado las generalizaciones. Nunca he compartido la tesis de meter a todo el mundo en específicas categorías a partir de un elemento común que los pueda caracterizar. No estoy de acuerdo con afirmaciones definitivas e irreversibles, que igualan a todas las personas que comparten vínculos. Rechazo expresiones como “ningún político sirve”, “todos los políticos son iguales”, “ningún político puede ser designado en un organismo constitucional”. Para mí, esos son tremendismos que evidencian no solo una alta dosis de fanatismo, sino, lo que es peor, desconocimiento de lo que es la naturaleza de los seres humanos, tan caracterizada por la diversidad; las diferencias en las motivaciones existenciales; y los compromisos irrenunciables con principios y valores que se puedan asumir.

 

Jamás me atrevería a decir que no puede haber un político que termine siendo un buen juez; como tampoco, que todo supuesto apolítico, constituya una garantía de que será un juez honorable.

 

 

PERFIL IDÓNEO DEL JUEZ ELECTORAL

 

Dicho lo anterior, queda reiterado que no soy partidario de las afirmaciones absolutas. Lo que menos me interesa a la hora de definir en qué consistiría la idoneidad de un juez electoral, es si tiene o ha tenido militancia partidaria.

 

Soy un abanderado de los mecanismos científicos de selección de personal, sea cual sea el puesto a ser desempeñado. De ahí que, postulo por dotar a los mecanismos de búsqueda de recursos humanos de un estricto rigor profesional, capaz de determinar con la menor posibilidad de equívocos, que el aspirante reúne el perfil requerido en relación con los requerimientos de la función de que se trate.

 

En el caso específico de un juez electoral, considero que determinadas cualidades resultan imprescindibles para asegurarnos que se ha elegido a personas provistas de las herramientas necesarias para honrar el cargo a ser ejercido. Podemos citar las siguientes:

 

1-Incuestionable capacidad técnica en la especializada materia que va a manejar. Esto debe abarcar un profundo conocimiento de las normativas que rigen el ámbito competencial de la jurisdicción en la que ejercerá su ministerio; los principios jurídicos aplicables; las jurisprudencias relevantes de la propia Corte; del Tribunal Constitucional; de la Suprema Corte de Justicia y de tribunales y organismos internacionales afines.

 

2-Integridad personal a toda prueba. Sujeto dotado de una incólume escala de principios y valores, donde el apego irrestricto a la ética sea una premisa no sujeta a ningún tipo de concesión.

 

3-Independencia de criterio, sin rayar en extremismos conducentes a la autosuficiencia; a la arrogancia intelectual y al pensamiento único. Abierto, de forma respetuosa y democrática, a las opiniones y conceptualizaciones ajenas, y dispuesto a enmendar su propio juicio ante la robustez del argumento en contrario.

 

4-Elevada capacidad de trabajo para hacer frente con responsabilidad, eficacia, eficiencia y calidad, al cúmulo de trabajo al cual debe enfrentarse en el ejercicio cotidiano de sus funciones.

 

5-Indoblegable espíritu de justicia, de tal forma que en ningún momento dude en aplicar la más correcta interpretación de los hechos y los textos jurídicos, con total independencia de lo que puedan ser los deseos de su intimidad.

 

6-Alta inteligencia emocional, que le permita insertarse de forma positiva dentro de las difíciles circunstancias que caracterizan a los órganos colegiados, en los que hay que saber sucumbir ante la decisión asumida por las posiciones mayoritarias. Donde se precisa exponer los puntos de vista con respeto y humildad, así como escuchar las disidencias con idénticas actitudes.

 

7-Conciencia plena de todo lo que implica el trascendente rol de un árbitro que, en definitiva, es lo que es un juez. Se trata de un personaje ante el cual, intereses antagónicos que no han podido superar sus controversias por mecanismos alternativos para su solución, han depositado su confianza para que sus argumentos respectivos sean escuchados, desprovisto de todo prejuicio, con la certeza de que se impartirá justicia con estricto apego a lo que se traduce de los hechos y lo que determinan las normativas aplicables.

 

Pese a que la enumeración no es taxativa, considero que, reunidas las anteriores cualidades, podría afirmarse, con escasas posibilidades de errar, que estaríamos en presencia de un magistrado que, aun sin estar exento de las características que André Malraux definía como “la condición humana”, se acercaría al perfil ideal del juez ante el cual cualquier reclamante de justicia le agradaría estar, por la certeza de que obtendría un fallo que, en todo caso, será el resultado de una evaluación rigurosa e imparcial del expediente que decide. Eso no es sinónimo de una decisión siempre acertada, pero sí de una que jamás será fruto de la parcialidad o de la expresión de intereses personales y mezquinos.

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA JURISDICCIÓN ELECTORAL EN REPÚBLICA DOMINICANA

 

Evaluar la situación actual de la jurisdicción electoral en República Dominicana no estaría completa sin una visión, aun sea somera, de su evolución en la época contemporánea.

 

Resulta ineludible vincular el diagnóstico pretendido con las características predominantes en el sistema electoral en los últimos años. El país, hasta hace relativamente poco tiempo, estaba, en esta materia, signado por un ejercicio concentrado de la función electoral.

 

En el sentido anterior, un solo órgano asumía en sí mismo, tanto las tareas administrativas, como las jurisdiccionales. En efecto, en un primer momento, el Pleno de la Junta Central Electoral fungía como el ente organizador de los certámenes electorales y solucionador de los conflictos derivados de los mismos, o los que pudiesen surgir a lo interno de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, o entre estos.

 

Más adelante, la Junta Central Electoral fue dividida en dos cámaras. Una administrativa que, como su nombre permite deducir, tenía a su cargo las labores propias de la administración del proceso comicial. Otra, contenciosa, cuya misión era dirimir, los conflictos consecuencia de los procesos electorales, o los que se producían en la vida partidaria, fuesen internos o confrontacionales con otras organizaciones.

 

La reforma constitucional del año 2010 implicó una profunda transformación en el ordenamiento jurídico nacional. La creación en este ámbito de dos nuevos organismos constitucionales, supuso un cambio radical en la estructura de nuestro sistema jurisdiccional.

 

De tener una Alta Corte, la cual era y sigue siendo la máxima autoridad del Poder Judicial, se crearon dos nuevas, con la diferencia de que estas últimas son órganos extrapoder, y una de ellas, el Tribunal Constitucional, con competencia para conocer acciones de revisión contra las sentencias dictadas por las otras dos.

 

De esa forma, surge el Tribunal Superior Electoral de República Dominicana. Una Alta Corte joven, con apenas tres plenos en su devenir y el más reciente con solo dos años.

 

Como todo lo que inicia, padeció los tropiezos naturales en su génesis y todavía precisa de un proceso de consolidación que habrá de implicar cambios estructurales de sus características esenciales, las que necesariamente deberán ser resultado de reformas constitucionales; de modificación profunda de su Ley Orgánica, todo lo cual impactará su reglamentación interna.

 

Con sus luces y sombras; con altas y bajas; con mayor o menor independencia; con más o menos profundidad jurídica en sus decisiones, el Tribunal Superior Electoral es una incuestionable realidad jurisdiccional especializada en el país.

 

Poco a poco, ha ido elaborando una jurisprudencia que ha definido situaciones; que ha trazado pautas; que ha interpretado textos constitucionales y legales. En fin, todo un compendio decisorio que constituye un marco referencial de obligada consulta en el desarrollo de la actividad política partidaria nacional, y que es imprescindible para postular, con mayor probabilidad de triunfar, en la jurisdicción electoral.

 

Como resulta fácil colegir, un Órgano con esas atribuciones, una entidad con esa carga de responsabilidad, una institución de esa dimensión, resulta decisiva para las aspiraciones de consolidar el sistema democrático y, en consecuencia, para poder revertir el derrotero que ha tomado en los últimos años dicho sistema, al que nos referíamos al principio de estas palabras.

 

En ese contexto, es importante crear conciencia de la necesidad de salvaguardar la integridad de los órganos electorales y asegurar su autonomía, desde su diseño en la legislación, sobre todo ante las dificultades presupuestarias que en la práctica podrían incidir en el desempeño de sus funciones e imparcialidad. Es esencial señalar que, aunque los tribunales electorales desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia, en la actualidad, en la región se están llevando a cabo acciones que buscan debilitar deliberadamente a estos organismos, así como a los administrativos, afectando de manera negativa el sistema democrático. Se deben tomar medidas preventivas para evitar este tipo de prácticas en República Dominicana, garantizando así la protección de nuestras instituciones democráticas, especialmente los tribunales electorales.

 

Soy una voz parcializada para referirme al actual Pleno del Tribunal Superior Electoral. No solo por pertenecer a él, sino porque defiendo, sin ninguna vacilación, lo que ha sido su accionar hasta ahora.

 

Pese a mi confesada falta de objetividad por mi condición de juez, permítanme afirmar que, en la actual gestión del Tribunal Superior Electoral, hay una férrea voluntad de hacer las cosas bien. Existe total conciencia de nuestro deber de asumir los compromisos históricos que, como funcionarios electorales, nos corresponden.

 

Conocemos a cabalidad la magnitud de la trascendencia de nuestro papel. De la relación indisoluble que existe entre nuestras funciones y las posibilidades de alcanzar una convivencia civilizada entre los actores políticos de la nación.

 

Recibimos un organismo que, en sus últimos meses, estaba sumido en una profunda crisis; con una imagen pública muy deteriorada y con una funcionabilidad casi extinguida. Sería injusto no reconocer que la situación de hoy es diametralmente distinta. Un Pleno que, aun con las diferencias naturales que surgen entre personas diversas, funciona sin mayores contratiempos. Una percepción ciudadana que ha ido positivamente evolucionando, hasta equipararse y, en algunos casos superar, a entidades mucho más antiguas; y un índice de transparencia que alcanza las cotas mayores.

 

Nada ni nadie nos apartará de nuestra misión. Aquella que se resume en el lema que, como institución, hemos asumido: “Tribunal Superior Electoral, el Tribunal de la Democracia”.

 

En nuestras manos puede tenerse plena certeza de que: La democracia no perecerá.

 

BIBLIOGRAFÍA

Malraux, A. (1933). La Condición Humana. Ediciones Gallimard.

República Dominicana. (1997). Ley Electoral. Ley núm. 275-97.

República Dominicana. (2011). Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral. Ley núm. 29-11.

República Dominicana. (2015). Constitución de República Dominicana.

República Dominicana. (2018). Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Ley núm. 33-18.

República Dominicana. (2019). Ley Orgánica de Régimen Electoral. Ley núm. 15-19.

República Dominicana. (2023). Ley Orgánica de Régimen Electoral. Ley núm. 20-23.