Nayib Bukele y la rebelión electoral en El Salvador

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Nayib Bukele y la rebelión electoral en El Salvador

2022-12-07T10:51:14-05:007 diciembre, 2022|Artículo Internacional|

Félix Ulloa hijo

Vicepresidente de la República de El Salvador.

Fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral, miembro de la Junta de Vigilancia de los Partidos Políticos y de la Comisión Electoral de COPAZ, redactora del Código Electoral de las postguerras.

Doctor en Derecho, profesor universitario. Abogado de la Universidad Complutense, Madrid, España. Postgrados en Humphrey Institute of Public Affairs, Minessota, USA, Institute International d´Administration Publique, París, Francia, Universidad Tecnológica de El Salvador.

Ha sido consultor en proyectos relacionados con elecciones y democracia en más de 20 países, con EAD/DPPA/UN; UPD/OEA; NDI, IFES, IDEA International, CAPEL, Centro Carter, entre otros.

Entre algunas de sus publicaciones están: El dinero y la democracia, Dos siglos de elecciones en Centroamérica, La Utopía continua, Historias y Memorias, Le systeme electoral des Etats-Unis, Haiti 200 years of elections and constitutions.

 

Antecedentes

Nayib Bukele ganó las elecciones presidenciales de febrero 2019, superando en votos a los dos candidatos juntos de ARENA y el FMLN. Este hecho no significó una rebelión electoral, sino la primera derrota estratégica del ancien régime basado en el bipartidismo funcional, que operaba desde el período de la postguerra iniciado en 1992, después de la firma de los Acuerdos de Paz.

 

En efecto, fueron tres décadas de gobiernos de ambos partidos; ARENA gobernó cuatro períodos (1989-2009) y el FMLN dos períodos (2009-2019).

Todas las expectativas para reconstruir un nuevo y mejor país, con la asistencia técnica y financiera de la Comunidad Internacional y el incondicional respaldo de nuestro pueblo, se frustraron. Se impulsó un modelo en el cual la exclusión económica y social de amplios sectores de la población, generó fenómenos como la migración masiva y forzada, así como el surgimiento de las “maras” o pandillas.

En lo político, además de la impunidad por las violaciones a los derechos humanos y la desatención de las víctimas, ambos partidos desarrollaron un conveniente juego suma-cero, alimentando la confrontación con viejos argumentos de la guerra fría, de izquierdas y derechas, cuyo denominador común eran los acuerdos entre ambas cúpulas para repartirse el botín del Estado.

 

De los presidentes de ARENA, Alfredo Cristiani está procesado y prófugo por la masacre de los jesuitas; Francisco Flores murió cuando era enjuiciado por corrupción, acusado de desviar fondos donados por Taiwán y de la ayuda para los damnificados de los terremotos de 2001; Antonio Saca, y algunos de sus funcionarios de confianza, fueron acusados y juzgados, ahora guardan prisión condenados por sustraer $300 millones del erario nacional.

El pueblo pudo identificar esa realidad, que se había vendido como “gobernabilidad y transición democrática de postguerra”, cuando le dio la oportunidad de gobernar al FMLN que prometió los ansiados cambios estructurales, de cuyo incumplimiento culpaba a la derecha representada en ARENA.

 

La decepción llegó casi de inmediato, cuando Mauricio Funes mostró desde el inicio sus verdaderas intenciones. Sin embargo, los viejos cuadros que se quedaron con el nombre y las siglas “FMLN” del histórico frente guerrillero −pues las organizaciones vinculadas al pensamiento socialdemócrata Resistencia Nacional RN y Ejército Revolucionario del Pueblo ERP, se había retirado desde 1995− hicieron un llamado a la población pidiendo una segunda oportunidad; y, llevaron a la presidencia al comandante Leonel González (Salvador Sánchez Ceren). El resultado fue peor, la corrupción fue más notoria, y ya no había a quien culpar. Esa “izquierda” no pudo ocultar el saqueo a las arcas del Estado, y su desempeño en materia de seguridad pública fue más que desastroso.

 

En un balance de los dos gobiernos del FMLN, las cifras hablan por sí mismas: 41,517 homicidios[1] y el desfalco de más de $500 millones de dólares. Funes es procesado por $351 millones y Sánchez Ceren por $183 millones. Ambos están prófugos y protegidos en Nicaragua.

 

El largo y sinuoso camino

Nayib logró inscribirse para competir en las elecciones de 2019, después de sortear todos los obstáculos que los poderes fácticos tradicionales que apostaban al candidato de ARENA, y los nuevos (nomenklatura ALBA et al.) que apostaban al del FMLN, fueron colocando uno a uno en cada etapa del proceso electoral, para impedir su participación. Aliados a los poderes institucionales, los cuales controlaban entre ambos partidos, iniciaron toda clase juicios en su contra. Procesos judiciales, procedimientos administrativos, juicios políticos, campañas negativas en los medios de comunicación, etc.

 

Esa carrera de obstáculos comenzó cuando el joven alcalde del pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán comenzó a denunciar actos de corrupción que vinculaban a funcionarios y dirigentes de su partido el FMLN. Luego que se convirtió en alcalde de la capital San Salvador, su voz se volvió más potente y las críticas más contundentes. Su expulsión del partido era una crónica anunciada, y sucedió en octubre de 2017. Para la mayoría de las bases del FMLN, fue un error político de la dirección, al perder a quien se consideraba el candidato natural de la izquierda para las siguientes elecciones. Era un candidato joven, con ideas modernas, y limpio de cualquier sombra de corrupción o manchas de sangre de la época de la guerra.

Aun con el cargo de alcalde, decidió fundar su movimiento político al que denominó Nuevas Ideas, que meses más tarde, a inicios de 2018, se transformaría en partido político.

 

Una vez fuera del FMLN y con el nuevo partido como plataforma, decidió competir en las elecciones presidenciales de 2019. La experiencia de haber recogido más de 200 mil firmas en 3 días para inscribir su partido (la ley exige 50 mil y da un plazo de 90 a 120 días para recogerlas), −hecho insólito en la historia política de nuestro país− fue la primera señal de que la población lo veía como la opción para salir del bipartidismo, impuesto décadas atrás. Hubo largas filas de día y de noche, aún bajo la lluvia, de ciudadanos de todos los sectores, quienes voluntariamente y por sus propios medios, en todo el país, acudían a alistarse en el nuevo partido. Los libros oficiales se agotaron y hubo que registrarlos en hojas de papel sin el sello del TSE, porque ellos querían dejar sus nombres y sus firmas para ser parte de la nueva Historia que se estaba escribiendo.

 

Pero en esa época, el control partidario que ejercían ARENA y FMLN en toda la institucionalidad del Estado, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral, le impidió competir por su partido Nuevas Ideas, obligándolo a inscribirse en un pequeño partido socialdemócrata llamado Cambio Democrático, que había logrado ganar un diputado ante la Asamblea Legislativa en las elecciones de 2018.

 

Cuando se supo que Nayib había obtenido el medio para participar en el torneo electoral, en un acto inédito, propio de un prevaricato judicial, violando el artículo 77-F de la Ley de Procedimientos Constitucionales y abocándose a una causa fenecida, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia 64-2015/102-2015/103-2015 del diez de julio de dos mil dieciocho, ordenaron al TSE que lo cancelara, no obstante que el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos establece:  “En todo caso, ningún partido político podrá ser cancelado si cuenta con representación legislativa de al menos un Diputado en la Asamblea Legislativa”. El TSE obedeció, con el voto disidente de uno de sus cinco magistrados.  Consummatum est, celebraron las cúpulas y los financistas de ambos partidos.

 

Pero no sabían que el partido político Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA minutos antes de la medianoche de ese mismo día, previo a que se venciera el plazo legal, inscribió la candidatura de Nayib, y con su bandera ganó las elecciones del 3 de febrero de 2019.

 

Una presidencia con un ambiente hostil

Nuevo desafío encontraría Bukele ya como presidente. Además de su objetivo de resolver el problema de la violencia que arrojaba cifras de dos dígitos de asesinados por día, para lo cual lanzó su Plan Control Territorial, tenía que lidiar con los altos índices de desempleo, falta de crecimiento económico, reconstrucción de la infraestructura hospitalaria y educativa, así como apostar a grandes proyectos entre ellos un nuevo aeropuerto, el ferrocarril, carreteras, etc. El Plan Cuscatlán recogía esas y otras grandes políticas de gobierno, y justo cuando se comenzaban a impulsar, llegó la pandemia del COVID 19, que nadie esperaba.

Nayib Bukele presidente de El Salvador, cuando anuncia suspensión temporal del pago de servicios varios y que se le hiciera entrega de B/. 300.00 a cada familia por la pandemia del Covid19

 

Debido a que Nuevas Ideas no había participado en las elecciones legislativas de 2018, carecía de diputados. GANA tenía 10 y Cambio Democrático solo un diputado de los 84 que integran la Asamblea Legislativa. El control lo ejercían ARENA y el FMLN, que juntos podían formar la mayoría simple (43 diputados) y también, mayorías calificadas (56 diputados), necesarias para la elección de funcionarios de rango constitucional, para aprobar empréstitos y otras decisiones que requieren mayorías especiales. Nayib era sin duda un presidente de minorías legislativas, que no tenía la correlación necesaria para impulsar sus propuestas e iniciativas desde el Órgano Ejecutivo.

 

En plena pandemia tuvo que soportar ese aplastante peso legislativo, de una oposición derrotada en las elecciones de 2019 y sin agenda política. La derecha que agrupada con todas sus formaciones no llegó al millón de votos y un partido oficial de “izquierda” que no alcanzó los 400 mil votos, frente a GANA, que antes de Bukele no aspiraba a pasar de un tercer lugar y en esta ocasión los vencía a todos juntos, pues era natural que lo único que podían hacer desde sus curules, era criticar las medidas del Ejecutivo; y, cuando podían bloquearlas no vacilaban en hacerlo, ante la mirada y el escrutinio de la población, cada vez más decepcionada de su triste papel de oposición sin rumbo.

     

1,434,856

TOTAL ARENA-PCN-PDC-DS 857,084  
ARENA 770,950  
FMLN 389,289  
ARENA-PCN-PDC-DS 53,108  
PCN 22,065  
VAMOS 20,763  
PDC 8,219  
DS 2,742  

Escrutinio final 2019. Resultado de la elección presidencial 2019.

Fuente: Tribunal Supremo Electoral.

 

Pero la sistemática oposición a las iniciativas del Ejecutivo no solo provenía de la Asamblea Legislativa, sino también de la Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados electos por legislaturas dominadas por los dos partidos. Principalmente la Sala de lo Constitucional, fue un permanente obstáculo para obstruir las medidas que el Consejo de Ministros aprobaba mediante Decretos Ejecutivos. Cuando se dictaron medidas de bioseguridad, cuarentenas o disposiciones administrativas relativas a salvaguardar la salud de la población, la respuesta fue declarar su inconstitucionalidad por supuestas violaciones a libertades públicas o derechos fundamentales.

 

El presidente Bukele fue enfático en afirmar que la prioridad sería proteger la vida y la salud de la población; que la actividad económica, la recreación y otras como abrir aeropuertos, fronteras etc., que implicaran potenciales contagios cuando el virus se encontraba en pleno desarrollo comunitario, serían limitadas y pospuestas para cuando las condiciones mejoraran. Tales medidas, nos reditúan ahora con una de las tasas más bajas de mortalidad en la región y un público reconocimiento dentro y fuera de nuestro país por el manejo de la pandemia.

 

Elecciones bajo la dictadura militar

En El Salvador, como en la mayoría de países de nuestra América Latina, durante la Guerra Fría, los Estados Unidos promovieron o cuando menos permitieron dictaduras militares, que garantizaran una detente al avance soviético en su zona de influencia. Esos regímenes por lo general eran validados con sistemas y procesos electorales en los cuales las fuerzas opositoras democráticas o progresistas tenían muy pocas o nulas oportunidades de ganar. Las izquierdas, socialistas o comunistas, estaban proscritas o se camuflaban para poder participar. Los presidentes salían postulados de los cuarteles y los congresos eran monocolor. Más parecían una Dieta soviética, que un parlamento plural y occidental.

 

Fue hasta el triunfo de la revolución en Cuba, que la juventud se lanzó a la disputa por el ejercicio del poder mediante la lucha armada, fuera de las campañas electorales. Ante el avance de los movimientos guerrilleros en toda la región, comenzaron a abrirse algunos espacios para fuerzas políticas democráticas y progresistas no comunistas. En nuestro país, como en otros del continente en la década de los 60s, se fundó la Democracia Cristiana, basada en la doctrina social de la Iglesia Católica, y surgieron brotes alimentados por las ideas de la Socialdemocracia.

 

En El Salvador, los partidos oficiales de la dictadura militar tuvieron tres nombres: Partido Nacional Pro Patria (1933.1944) del general Maximiliano Hernández Martínez, que era el único partido legal en el país, y en las elecciones de 1935, Hernández Martínez fue el único candidato, ganando la totalidad de los votos. Después del golpe que lo derrocó, se creó el Partido Revolucionario de Unificación Democrática PRUD, en 1945, como partido oficial de los militares. ​ En las elecciones de 1950, el mayor Óscar Osorio ganó las elecciones presidenciales y ascendió a coronel, el partido ganó 38 de los 52 asientos en la Asamblea Constituyente y fue el único partido en las elecciones legislativas de 1952 y 1954.

 

Para la elección presidencial de 1956 su candidato, único en la contienda, el coronel José María Lemus, ganó con más del 95% de los votos. ​ En las elecciones legislativas de ese año ganó todos los escaños, a pesar de afrontar la oposición del Partido de Acción Nacional. Luego ganó las elecciones legislativas de 1958 sin oposición, y de nuevo se adjudicó todos los escaños en las elecciones legislativas de 1960. El coronel Lemus fue derrocado mediante un golpe de estado en octubre de 1960, instalándose una Junta de Gobierno de signo progresista, que luego fue sustituida por un Directorio Cívico Militar sumamente conservador, en el que participó el coronel Julio Adalberto Rivera. Dadas sus aspiraciones presidenciales, y habiendo sido rechazado en el PDC como candidato presidencial, el coronel Rivera fundó el Partido de Conciliación Nacional PCN el 30 de septiembre de 1961, con el cual corrió como candidato único, en las elecciones del 30 de abril de 1962.

La oposición política crecía y se fortalecía; pequeños grupos de estudiantes, con maestros y obreros radicalizados enarbolaban la bandera de la lucha armada, y con esa consigna crearon el Frente Unido de Acción Revolucionaria FUAR. Rivera, que para algunos historiadores inauguró una era aperturista, aprovechó la intervención de la Administración Kennedy y su programa de Alianza para el Progreso[2], para introducir políticas de bienestar social y reformas que liberaran la presión política y social. Su presidencia fue precedida de una nueva constitución promulgada el 8 de enero de 1962 por la Asamblea Constituyente electa el 15 de diciembre de 1961; en la que, la redacción ambigua sobre la inscripción de la candidatura a la presidencia le favoreció, al interpretarse que él no había ejercido la presidencia en “el período inmediato anterior”, pues solo había sido un miembro más del Directorio Cívico Militar precedente.

 

Pero, pesaba la carga política de haber elaborado dicha Constitución a través de una Asamblea Constituyente monocolor. Monterrosa lo relata así:

“…el Directorio Cívico Militar anunció la celebración de elecciones para nombrar una Asamblea Constituyente que se encargaría de redactar la nueva Carta Magna. El 15 de diciembre de 1961 se efectuaron dichos comicios. Para participar en la contienda, la oposición se agrupó en la Unión de Partidos Democráticos (UPD), conformada por la Democracia Cristiana −en su primera experiencia electoral, el Partido de Acción Renovadora (PAR) y el Partido Social Demócrata (PSD). En estas elecciones participaron el PCN y la coalición. La UPD esperaba ganar algunos curules en la Constituyente; sin embargo, su pretensión se vio frustrada ante el triunfo arrollador del PCN. En los catorce departamentos obtuvo mayoría de votos y, gracias a la representación geográfica, la Asamblea Constituyente adquirió una composición habitual en aquellos años: unipartidista. “[3]

 

Del sistema mayoritario a la representación proporcional

Una de las reformas impulsada por Rivera fue la introducción del sistema de representación proporcional en la elección de diputados ante la Asamblea Legislativa, a efecto de permitir que partidos de la oposición, tuvieran representación en ese órgano.

 

Existe un debate sin resolver, sobre cuál sistema electoral fortalece más –o debilita− la democracia, sobre todo la democracia liberal y representativa. Mientras algunos promueven el sistema mayoritario, sobre todo en los países que han adoptado el sistema Westminster, generalmente con modelos de distritos uninominales (first past the post); la experiencia demuestra que estos sistemas generan una acumulación de poder en los partidos grandes, negando el pluralismo multipartidista donde pequeñas formaciones políticas podrían ganar importantes cuotas de representación.

 

Por otra parte, quienes prefieren la representación proporcional sostienen que  “el sustento lógico de todos los sistemas de representación proporcional es reducir deliberadamente la disparidad que pueda existir entre el porcentaje de la votación nacional, que le corresponde a un partido político y su porcentaje de escaños en el parlamento: si un partido grande obtiene 40% de los votos, debe obtener alrededor de 40% de los escaños, y si un partido pequeño obtiene 10% de la votación, debe obtener 10% de los escaños legislativos.”[4] Con lo cual se evita el “desperdicio de votos sobrantes” que genera el sistema mayoritario.

En El Salvador, el sistema mayoritario operó a favor del partido oficial, no solo por su naturaleza de premiar a los partidos grandes, sino que, agravado por las prácticas represivas y excluyentes de la dictadura militar, no permitía espacios para la participación de opciones reales de competencia a fuerzas opositoras. El partido de la dictadura ganaba todos los escaños en la Asamblea Legislativa y todos los cargos de los Concejos Municipales, donde el sistema mayoritario permitía ganar la lista completa, aunque fuese por un solo voto de diferencia con el partido opositor (winner takes all).

 

Por el señalamiento constante y la denuncia reiterada de nuevas fuerzas políticas, alineadas a proyectos ideológicos internacionales, como la Democracia Cristiana y la Socialdemocracia (los comunistas aún estaban legalmente proscritos) ese mecanismo electoral que generaba legislaturas monocolores, fue cuestionado fuertemente y con la “nueva era con Rivera” como rezaba el eslogan de la época, se consideró introducir el sistema de representación proporcional.   De esa manera se aprobó, mediante el Decreto Legislativo No. 365 publicado en el Diario Oficial No.154 del Tomo No. 200 de fecha 21 de agosto de 1963, el cual en sus cinco CONSIDERANDOS decía:

 

 “I. Que la experiencia ha demostrado que el sistema mayoritario en las elecciones de diputados, no permite a fuertes sectores del cuerpo electoral obtener representación en las Asambleas;

  1. Que tal hecho es contraproducente para el desarrollo democrático del país, por cuanto la misma experiencia también ha demostrado que los partidos políticos, al frustrarse sus aspiraciones cívicas, pierden el impulso dinámico que debe caracterizarlos, para ser verdaderos representativos de las ideas políticas predominantes de la nación;

III. Que además es conveniente, para los altos intereses de la Patria, que las Asambleas correspondan, numéricamente, a la fuerza de los partidos políticos, para una efectiva intervención de todo el cuerpo electoral en la gestión legislativa;

  1. Que la forma adecuada para que las representaciones de la mayoría y la minoría guarden proporción con la fuerza de la una y la otra, es el sistema electoral denominado proporcional o racional;
  2. Que, dentro de las diversas formas de elección proporcional, debe escogerse la que se adapte a los requisitos mínimos que nuestra Constitución exige a los salvadoreños para que puedan sufragar”.

Acto seguido y a iniciativa del presidente de la República por medio de su ministro del Interior, fue aprobado el sistema de la representación proporcional en El Salvador.

 

Primeras Elecciones Legislativas con el sistema de representación proporcional 1964

Partido Votos Porcentaje Escaños
PCN 173,620 58.6 32
PDC 77,315 26.1 14
PAR 45,499 15.3 6
Total 296,434 100 52
Fuente: TSE

 

Elecciones Legislativas 1966

Partido Votos Porcentaje Asientos
Partido de Conciliación Nacional 207,586 53.62 31
Partido Demócrata Cristiano 120,645 31.16 15
Partido Acción Renovadora 26,661 6.89 4
Partido Republicano de Evolución Nacional 22,960 5.93 1
Partido Popular Salvadoreño 9,303 2.4 1
Total 387,155 100 52

Fuente: Dieter Nohlen

 

La rebelión electoral del 28 de febrero de 2021

Desde su instalación en 1964 hasta el 28 de febrero de 2021, ningún partido político en El Salvador pudo por sí solo obtener la mayoría que le permitiera tomar decisiones, promulgar o derogar leyes, elegir, sustituir o destituir funcionarios como los que integran la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, y otros del mismo rango constitucional cuando estas decisiones requerían una mayoría calificada.

 

El sistema fue diseñado de esa manera, para que los partidos dialogaran, negociaran, se pusieran de acuerdo, a fin de garantizar en ese foro legislativo la integración de las instituciones del Estado, la buena marcha de la nación, la colaboración entre los Órganos Fundamentales, guardando la respectiva independencia entre ellos. En fin, el funcionamiento de los pesos y contrapesos (check and balance) que todo modelo democrático y republicano debe observar para asegurar el Estado de derecho.

 

En la época de la postguerra hubo cambios importantes en el sistema electoral. De hecho, se reformó la Constitución de 1983 sustituyendo el antiguo Consejo Central de Elecciones, señalado como responsable de los grandes fraudes electorales de 1972 y 1977, que condujeron directo a la guerra civil de la década de los 80. Se creó el Tribunal Supremo Electoral y se promulgó un nuevo Código Electoral en 1993.  Se incrementó el número de diputados a los 84 que hay actualmente y se instauró el bipartidismo dominado por ARENA/FMLN y sus partidos aliados, lo que generó un sistema de partidos al que Sartori denomina polarización bipolar, cuando analiza la experiencia francesa desde la V República, y se expresa en los siguientes términos:

“…la fórmula de la Quinta República ha cumplido bien –desde 1958− el propósito de reducir considerablemente la fragmentación del sistema de partidos y de reconformar al sistema político francés convirtiéndolo en un sistema bipolarPor desgracia, varios estudiosos asocian el adjetivo bipolar con polarización, y por tanto intercambian libremente los términos “bipolar” y “bi-polarizado”. Pero no es así. Se supone que un sistema bipolar no está polarizado, en tanto que la polarización bipolar indica un sistema político muy conflictivo propenso a la fragmentación.”[5]

 

La experiencia desde las elecciones generales de postguerra de 1994 hasta 2021, generó el efecto que se buscaba al desmontar el conflicto que ya era insostenible. Ese efecto, no era otro que devolverle la confianza a las elecciones libres y competitivas, que permitieran a los actores políticos participar en las contiendas con la garantía de reglas claras y seguras, una autoridad electoral independiente, profesionalmente capaz para administrar los procesos electorales y resolver los conflictos de esa índole.

 

Desde luego eran las condiciones mínimas para atraer a aquellos sectores que por décadas habían sido excluidos o burlados en las elecciones durante la dictadura militar. Estas condiciones se fueron mejorando con el transcurso del tiempo, los registros electorales se volvieron más   seguros, las condiciones de la contienda más equitativas, el financiamiento más transparente, la introducción de nuevas tecnologías fue un plus para la celeridad y seguridad en brindar resultados que nadie, durante los más de 25 años que han transcurrido, con 6 elecciones presidenciales y 10 elecciones legislativas, ha contestado o reputado de fraudulentos.

 

El diálogo y la negociación en el foro legislativo, adquirió un nuevo sello de legitimidad con el ingreso de las fuerzas de izquierda que, con su agenda de transformaciones y cambios estructurales, así como por el nivel de representación obtenida desde las elecciones de 1994, generaron expectativas en la población.

El desánimo y la decepción comenzaron reflejarse en aquellos sectores más críticos en ambos partidos. En ARENA comenzaron las deserciones por el descontento con una dirección que se alejaba de lo que consideraban sus principios fundacionales. Su orientación clasista privilegiaba los intereses de los grandes grupos empresariales y calificándola de ARENA SA de CV, varios grupos, incluyendo fundadores del partido, se retiraron. Del lado del FMLN, los cuadros honestos de esa izquierda, indicaban que el Frente cada vez operaba no solo dentro del sistema que había prometido cambiar, sino que se iba transformado en parte del mismo. Ya no se hablaba de cooptación de cuadros, sino en la adaptación de las dirigencias otrora revolucionarias, en fieles defensores del status quo. De la gestión municipal y la representación legislativa, el FMLN pasó a administrar el gobierno al ganar las elecciones presidenciales en 2009 y 2014. El resto es historia reciente, bastante conocida y muy lamentable.

 

En su implementación en nuestros países, la democracia ha experimentado diferente crisis. Los partidos políticos, como una de sus instituciones fundamentales, desde mediados del siglo XIX, donde aparecen como los conocemos hoy[6], han jugado el papel de representación e intermediación de intereses, y es en ellos donde hemos observado la expresión más clara de esas crisis. Del fenómeno de los outsiders a fines del siglo pasado, hasta su desempeño en los últimos años, donde el fenómeno de los líderes antisistema, se manifestó como reacción a la partidocracia, instalada desde una política tradicional, y poco atractiva para las nuevas generaciones.

 

Para quienes consideran que reacciones como la iniciada por Emmanuel Macron en Francia, sucedida en nuestro continente por fenómenos como el de Andrés Manuel López Obrador en México o Nayib Bukele en El Salvador, significan una nueva crisis de la democracia representativa, vale la pena recordarles que Van Reybrouck, puntualiza que este agotamiento democrático tiene nombre y apellido, se trata dice él, del modelo de democracia representativa electiva. “…el síndrome de fatiga democrática no está provocado por la democracia representativa en sí misma, sino por una variante particular: la democracia representativa electiva, la democracia que remite la representación popular a los mecanismos electorales”[7].

 

El hecho de que movimientos sociales convocados con urgencia, dieran la victoria electoral a sus líderes, como La Republica En Marcha, MORENA o Nuevas Ideas,  derrotando a los pilares de la V República, a los poderosos partidos mexicanos PRI y PAN, o al bipartidismo de postguerra en nuestro país,  no significó el fin de la representación o la sustitución cesarista o napoleónica del régimen político, sino la nueva convocatoria que la sociedad esperaba, cansada de una alternancia insustancial del viejo modelo de los partidos tradicionales.

 

En nuestro caso, además, la connotación del ejercicio soberano del poder y su delegación por la vía representativa, está garantizado en la Constitución, que establece que El Salvador es un Estado soberano y que la soberanía reside en el pueblo (Art.83); además, agrega que el Gobierno es republicano, democrático y representativo (Art.85).

 

Por eso, cuando el pueblo soberano se rebela contra el ancien regime, primero suscribiendo, en un hecho histórico e inédito, su respaldo a la creación del partido Nuevas Ideas reuniendo más de 200 mil firmas en tres días, cuando en promedio los partidos que lo lograron (varios se quedaron en el intento) alcanzaron a reunir las 50 mil firmas en un plazo que osciló entre los 90 y 120 días; y segundo, en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021, cuando la ciudadanía registrada para emitir el sufragio y por tanto delegar su cuota individual de soberanía popular, de manera pacífica, libre, espontánea y democrática,  rompió los límites definidos política y legalmente desde 1963, no debe entenderse de otra manera que no sea la decisión soberana del cuerpo electoral, de  otorgarle al partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele las mayorías necesarias para realizar los cambios prometidos en su campaña.

Cuando la nueva legislatura se instaló el 1 de mayo de 2021, se inició una nueva etapa, producto de esa rebelión electoral, que alguien caracteriza con entusiasmo gramsciano, como una revolución pasiva.

 

Desde el día uno de su mandato, la nueva Asamblea Legislativa tomó acuerdos que significaron un golpe de timón de 180 grados. Se destituyó al fiscal general de la República, vinculado públicamente al partido ARENA, y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional electos como cuotas partidarias y que durante la pandemia incumplieron con sus deberes, aplicando lo que se denunció como una justicia constitucional selectiva.

 

Además, se reformó la Ley de Imprenta vigente desde 1950 para que los periódicos impresos paguen impuestos como todas las empresas, suprimiendo el privilegio de la exención que usaron a través de sus franquicias, para levantar imperios económicos. Se emitieron medidas económicas para paliar la crisis mundial que afectaba la economía familiar, así como fideicomisos para reactivar el sector agropecuario, la industria, el comercio y los servicios con FIREMPRESA y en especial a las MIPYMES; y por fin, se ratificó el préstamo del BCIE que permitiría dotar de recursos y equipar adecuadamente a las fuerzas del orden, para combatir a las pandillas y al crimen organizado.

 

Mucho ruido hubo en torno a estas decisiones; quienes se lucraban de ese régimen clamaron a los cuatro vientos que en El Salvador se destruía la democracia, se violaba la libertad de expresión y los derechos humanos. Claro no decía que era “su democracia” la que comenzaba a desmontarse. Pues, en la lucha contra la corrupción, los nuevos funcionarios electos por el voto popular y los electos desde la legislatura, iniciaron sendas investigaciones, llevando al seno legislativo o denunciando en sede fiscal, a exfuncionarios implicados en hechos delictivos, tanto por ilícitos como peculado, lavado de dinero y otros, como por su responsabilidad en las negociaciones con las pandillas y demás grupos criminales. Igual se investigaron jugosos subsidios y donaciones a ONG y “centros académicos”. Caza de brujas, persecución política, destrucción del Estado de derecho, fueron entre otras, las diatribas que se lanzaron, tanto por los aparatos ideológicos en manos de quienes veían el fin de sus rentables negocios, como los voceros “independientes” que hacen coro a las consignas de los dos partidos derrotados. Ahí se sumaron ONG, algunas universidades y tanques de pensamiento, intelectuales orgánicos del ancien regime y una sinfonía que logró eco en algunos medios internacionales que informaban sobre “la deriva autoritaria que sufría este país”.

 

Sin ánimo de justificar las medidas que se estaban adoptando, en una actitud de honestidad y transparencia, a efecto de que embajadores y representantes de organismos multilaterales entendieran el demiurgo de los hechos, el presidente Bukele los convocó a una reunión informativa en la cual les dijo entre otras cosas, que si el pueblo hubiera querido que se negociara con los partidos y poderes fácticos que controlaban el aparato del Estado, habría votado diferente. Pero que, de manera libre y democrática, había expresado su voluntad en 2019 eligiéndolo presidente, y que al comprobar la ciudadanía la conducta obstruccionista de los diputados de la Asamblea Legislativa controlada por ARENA y el FMLN, decidió, soberana y libremente, otorgarle, en febrero de 2021, una mayoría legislativa suficiente para no tener que negociar ni pactar con ninguno de esos dos partidos.

 

Afirmando categóricamente “el pueblo soberano ha otorgado un claro mandato que vamos a cumplir”, y parafraseando a Barack Obama les recordó; “Las elecciones tienen consecuencias…” Aunque la vicepresidenta Kamala Harris lo dice con mucho más aplomo: “Elections matter. When you win an election you get to set the rules.”[8]

 

Con lo cual el mensaje quedó claro para todos: Si no están de acuerdo con esta situación, con las medidas que se están implementando legal y legítimamente, ganen las próximas elecciones. Así funciona la democracia, en los Estados Unidos, en Europa y también en El Salvador.

 

¿Quo vadis El Salvador?

No cabe duda que, a 3 años de su mandato presidencial, Bukele ha demostrado además de su talante de jefe de Estado que toma decisiones audaces sin vacilar, un liderazgo político –disruptivo muchas veces− que trasciende las fronteras nacionales. Su determinación por romper con el pasado quedó demostrada desde el inicio. Ignorando la tradición, se negó a recibirle cuentas al gobierno del FMLN, ningún expediente o documento pasó por ninguna comisión de transición, pues no hubo ninguna.

 

Y el día uno de su mandato ordenó se borrará de la Tercera Brigada Militar de San Miguel el nombre del coronel José Domingo Monterrosa, acusado de violación de derechos humanos y de la masacre del Mozote. Decisión que, durante los dos gobiernos del FMLN, no se quiso tomar.

 

Implementó el Plan Control Territorial que consta de 7 etapas, de las cuales solo se pudo impulsar las primeras 2, debido a que la 3ª que consistía en dotar de recursos y la adquisición de equipos para las fuerzas del orden, y que se realizaría con el prestamos de $109 millones aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, se negó a ratificar la anterior legislatura. Hoy que estamos en la 4ª etapa, con una Policía y unas Fuerzas Armadas debidamente equipadas, con prestaciones laborares adecuadas y el respaldo de la población, con orgullo podemos mostrar las estadísticas que nos convierten en uno de los países más seguros del mundo, con varios meses de cero homicidios. Razón que explica por qué el nivel de aprobación del trabajo del presidente en seguridad es del 95%[9].

Y podríamos enumerar una lista interminable de logros más allá de la seguridad ciudadana, en salud, educación, en trabajo, economía, turismo, etc., que paso a paso van marcando el nuevo rumbo del país. Pero se trata de otear el horizonte, de ver más allá de las coyunturas políticas y poder identificar las metas en el mediano y largo plazo. Algunos de los indicadores positivos se acaban de reportar en el Foro Político de Alto Nivel el mes de julio recién pasado en la sede de Naciones Unidas en New York, donde El Salvador presentó, después de una larga ausencia, su Segundo Informe Voluntario sobre el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS.

 

Sin embargo, para darle ese contenido sustantivo a un programa político-histórico, que prevalezca en el tiempo, hace falta definir qué tipo de sociedad y de Estado queremos construir, y este reto trasciende a este y varios gobiernos futuros; son generaciones las que tendrán que apropiarse de su propio destino; el compromiso actual es presentarles una oferta o propuesta, que responda a sus expectativas como nación, en el nuevo mundo que se está construyendo ahora. Una herramienta idónea podría ser una reforma integral de la Constitución, entendida esta como la expresión de un gran pacto social.

 

Y, de hecho, esa tarea está en proceso de construcción. Ya se le entregó al presidente Bukele, el 15 de septiembre de 2021, un primer estudio que contiene 216 propuestas de reformas a la actual Constitución. De ellas se destaca en la parte dogmática, una ampliación del catálogo de derechos fundamentales adecuada a las agendas del siglo XXI; en la parte orgánica, una reorganización del Estado buscando su modernización y mayor democratización; además se garantiza el empoderamiento del ciudadano con la introducción de las instituciones de la democracia directa y la contraloría social. Como eje transversal, se plantea la armonización de toda actividad económica con el medio ambiente.

 

Cuando se estudian los documentos base de cada una de las reformas (Exposición de Motivos) y las miles de propuestas que llegaron al Comité Ad Hoc que realizó el estudio, de todos los sectores sociales, incluyendo salvadoreños residentes en 25 países alrededor del mundo, se puede comprender mejor que ese es el país que el pueblo salvadoreño desea construir, con el valor agregado de que no se trata de un documento surgido después de un golpe de Estado o de una confrontación militar como sucedió con la Constitución de 1950, proclamada después del golpe de Estado de 1948, con la de 1962 después del golpe de 1960, o la de 1983 generada por el golpe de 1979. Al contrario, se realiza mediante una amplia consulta ciudadana a la que solo quienes no han querido no han acudido a presentar sus propuestas, pues la convocatoria ha sido amplia e incluyente.

 

Si para algunos escépticos persiste aún la duda sobre el rumbo de país, El Salvador tiene en esta propuesta de reforma integral de la Constitución la oportunidad de marcar su camino. De ser así, y si en las próximas elecciones el pueblo vuelve a pronunciarse, eligiendo una Asamblea Legislativa con mayoría suficiente para ratificar la reforma constitucional, entonces, en efecto, podríamos afirmar, con Antonio Gramsci, que El Salvador transitó de una rebelión electoral a una verdadera revolución pasiva.

 

 

[1] Ricardo Sosa Ph.D (c) www.ricardososa.net Global Security.

[2]  Impulsada desde Washington entre 1961 y 1970 para contrarrestar el ejemplo cubano en nuestros países.

[3] Reformismo y proscripción durante el gobierno de Julio Rivera, El Salvador 1962-1964. GERARDO MONTERROSA CUBÍAS. Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades # 136 pag.331, San Salvador. www.lamjol.info/index.php/REALIDAD/issue/view/414

[4] DISEÑO DE SISTEMAS ELECTORALES. El nuevo manual de IDEA Internacional. D. R © 2006 Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral Unidad de Información, IDEA Internacional SE 103- 34 Estocolmo, Suecia. ISBN: 91-85391-67-0.

[5] SARTORI, Giovanni. Partidos y Sistema de Partidos. Alianza Editorial Primera Reimpresión 2000. Printed in Spain. ISBN: 84-206-2929-4

[6] “En 1850, ningún país del mundo (con excepción de los Estados Unidos) conocía partidos políticos en el sentido moderno de la palabra: había  tendencias de opiniones, clubes populares, asociaciones de pensamiento, grupos parlamentarios, pero no partidos propiamente dichos.” DUVERGER, Maurice. Los Partidos Políticos. Fondo de Cultura Económica. Decimocuarta reimpresión. México 1994.

[7] VAN REYBROUCK, DAVID. Contre les elections. De Bezige Bij. Amsterdam. Bariet, Steenwijk. Segunda

edición.2014 ISBN 978 90 234 8731 9.

[8] Las elecciones cuentan. Cuando ganas una elección puedes restablecer las reglas.

[9] Estudio de CID Gallup realizado entre el 11 y el 17 de agosto de 2022.