El último proceso electoral salvadoreño nos planteó enormes desafíos, los cuales pudimos superar con estricto apego a la Constitución, a las leyes electorales y con una alta dosis de experiencia del Tribunal Supremo Electoral para cumplir al pie de la letra los 24 programas que conformaron el Plan General de Elecciones 2024, las 312 actividades establecidas en el calendario electoral para el voto nacional y las 128 actividades contempladas en el calendario electoral para el sufragio en el extranjero.

 

La mayor novedad y el gran reto de 2024 lo constituyó la implementación del sufragio en el extranjero, en la modalidad remoto por internet para 741,094 salvadoreños registrados con domicilio en el exterior, en su Documento Único de Identidad (DUI) y en la modalidad electrónico presencial para el resto de salvadoreños, utilizando DUI o pasaporte.

 

Aún con factores externos adversos, desarrollamos unos comicios generales, que solo se repiten cada 15 años, integrando la elección del presidente y vicepresidente de la República, Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y concejos municipales.

Como era de esperar, siempre surgen señalamientos de fraude y desconfianza, que se repiten en cada evento electoral en El Salvador y en Latinoamérica. Pero, puedo afirmar con contundencia que, en los más de 32 procesos electorales que ha realizado el TSE, no se ha confirmado ni un tan solo fraude y todo ha quedado en simples intentos por desprestigiar el trabajo electoral y justificar el mal trabajo de partidos políticos que no entienden que, conforme pasan los años, deben innovarse y renovarse.

 

El tiempo llegó a confirmar que, ante la falta de propuestas y el descrédito que arrastran algunos actores políticos, la estrategia fue atacar al árbitro y esgrimir señalamientos como la falta de deuda política, que es un acto sin competencia directa del TSE.

 

En este contexto, hubo sectores que, insistentemente, señalaron la supuesta inconstitucionalidad de la candidatura del ciudadano Nayib Armando Bukele, quien, en el marco de sus derechos ciudadanos, anunció su interés de postularse para un segundo mandato.

 

Como juez electoral, invoqué mi compromiso con las leyes de la República y las resoluciones emanadas de la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, máxima intérprete de la Carta Magna.

 

Cabe aclarar que la decisión del TSE, para inscribir al ciudadano Nayib Bukele como candidato, estuvo revestida de constitucionalidad, legalidad y finalmente fueron 2,701,725 electores, que corresponden al 84.6% de los votos válidos, quienes le dieron la legitimidad. El resultado fue contundente a favor del candidato del partido Nuevas Ideas.

 

La Honorable Sala de lo Constitucional, en su resolución 1-2021, expresamente ordenó al Tribunal Supremo Electoral permitir que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.[1]

 

Al igual que lo reconocen diferentes sectores de la sociedad y el gremio de abogados, soy respetuoso del Estado de derecho y en esa sintonía, reconozco que las sentencias de la Sala de lo Constitucional, se cumplen. A través de entrevistas en medios de comunicación, algunos analistas señalaron las consecuencias judiciales por desobedecer resoluciones de la Corte Suprema de Justicia.

 

El candidato Bukele cumplió los requisitos de ley establecidos en el artículo 152 de la Constitución de la República y en el 152 del Código Electoral y quedó habilitado como candidato, sometido a la decisión ciudadana en las urnas, que fue la que decidió por una mayoría absoluta otorgarle el segundo mandato de cinco años en la presidencia.

 

En sincronía con la modernidad y como fieles cumplidores de la ley, aplicamos una serie de reformas electorales que, evidentemente, dan mayores facultades al elector y mejoran el sistema electoral salvadoreño.

 

A través de modificaciones a los artículos 10 y 13 del Código Electoral, la Honorable Asamblea Legislativa marcó una reducción de 84 a 60 el número de diputados, que integran el congreso desde el 1 de mayo de 2024. También se aprobó una reforma al artículo 217 del Código Electoral que introdujo el método D’ Hondt (en sustitución del cociente Hare) para la asignación de escaños de diputados a los partidos políticos contendientes.

Con la nueva Ley Especial para la Reestructuración Municipal, también hubo una reducción del número de concejos municipales de 262 a 44 y, a través de reformas a los artículos 185, 186 y 197, se introdujo la fotografía del candidato presidencial en las papeletas de votación. Estas modificaciones trascendentales en la distribución administrativa de El Salvador, significaron algunos ajustes logísticos en el Plan General de Elecciones de 2024, que no significaron mayor problema para el TSE. Mantuvimos el mismo número de 1,595 centros de votación y creamos la figura de los gestores logísticos distritales, de apoyo a las Juntas Electorales Municipales (JEM), que consecuentemente se disminuyeron de 262 a 44.

 

Amplia participación de votantes en el extranjero

 

Lo que se convirtió en un verdadero reto fue la aprobación de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, que marcó un gran avance para garantizar el derecho activo y pasivo para miles de salvadoreños en el extranjero, a través del voto remoto por internet y voto electrónico presencial.[2]

 

El éxito del voto en el extranjero es más que evidente. Para las elecciones presidenciales de 2019, bajo la modalidad postal, de un registro de 350,638 personas con dirección en el extranjero, únicamente votaron 3,808 ciudadanos y ciudadanas.

 

Para 2024 el TSE cumplió lo establecido en el artículo 6 de la Ley, en el sentido de contratar a un tercero con “experticia y capacidad técnica informática, necesaria para el desarrollo e implementación del sistema de votación” en el extranjero.

 

Mediante un proceso transparente y de acuerdo a criterios técnicos, el TSE contrató a la empresa española Indra que, en coordinación con personal de nuestra institución, desarrolló todas las actividades para ejecutar un proceso de votación de manera confiable, segura, auditable, única, secreta y transparente, como lo manda la Ley.

 

Para reafirmar la confiabilidad de la votación, se contó con las auditorías de la empresa CGTS Corp y el Instituto Tecnológico de Monterrey que, en sus informes, destacaron que se aplicó un software seguro, resistente a cualquier ataque cibernético, que garantizó el cumplimiento de la voluntad del electorado.

 

Cuando expongo que fue un éxito, me remito a los números. Para la elección presidencial del 4 de febrero de 2024, del padrón de 741,094 personas habilitados para votar de manera remota por internet, votaron 240,650 electores. En la modalidad electrónico presencial hubo una participación de 89,582 votantes.

En cuando a la elección legislativa, votaron remoto por internet, 215,262 personas, y electrónico presencial, 88,455 ciudadanos y ciudadanas.

 

Sin duda, este esfuerzo de nación, fue un merecido reconocimiento a nuestros compatriotas que, con su arduo trabajo, apoyan la economía de El Salvador y de sus familias. Las misiones de observación internacional destacaron en sus informes, el éxito del voto en el extranjero.

 

Lección aprendida con el voto nacional

 

Las elecciones del 4 de febrero me dejaron un sabor agridulce. Por un lado, celebramos la masiva participación en el extranjero, pero enfrentamos dificultades con el voto nacional; más específicamente en la divulgación de resultados electorales preliminares, donde la inexperiencia, la negligencia y la falta de un plan de contingencia de la jefatura de la Unidad de Servicios Informáticos (USI), nos hizo tropezar en una de las fases neurálgicas del proceso.

 

Para las elecciones de 2021, con mucha satisfacción celebré el avance tecnológico, cuando logramos desarrollar un software propio de apoyo al escrutinio en cada Junta Receptora de Votos, que permitió procesar resultados con celeridad, generar un acta digital y transmitir datos al Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales Preliminares (CNPRE). A las 8 de la mañana del día siguiente de las elecciones del 2021, ya teníamos más del 80 por ciento de las actas transmitidas y el cien por ciento de las actas digitales en físico estaban en manos de los partidos políticos; así como de la Fiscalía General de la República, Junta de Vigilancia Electoral y Juntas Electorales Departamentales, para iniciar de inmediato con el escrutinio final.

 

Ciertamente, para 2024, funcionó toda la logística de disposición de los materiales electorales, la instalación de los 1,595 centros de votación y las 8,562 Juntas Receptoras de Votos habilitadas para atender a las 5,473,305 personas inscritas para votar en el territorio nacional.

 

Tras el cierre de las votaciones del 4 de febrero, a las 5 de la tarde, inició el escrutinio preliminar en las mesas de votación, quienes lograron enviar digitalmente al CNPRE un total de 6,015 actas de resultados de elección presidencial, correspondientes al 70.25% del total, las cuales ya daban una tendencia apabullante de victoria del candidato Nayib Bukele, por sobre sus otros competidores. Se trató de resultados preliminares irreversibles.

Las restantes 2,547 actas presidenciales fueron recolectadas de manera física en los centros de votación por personal del TSE. Un reconocimiento a los integrantes de JRV (no todos), que estoicamente, permanecieron en sus lugares, resguardando los paquetes electorales.

 

Ciertamente, la falta de divulgación de resultados preliminares fue nuestro

talón de Aquiles. A medida que transcurría la noche del 4 de febrero se hizo

evidente la saturación de la red de transmisión y la falta de un plan de

contingencia para desentrampar el trabajo de las Juntas Receptoras de Votos.

Muchos de los integrantes de mesa, por posibles instrucciones de algunos

partidos políticos, abandonaron los centros de votación sin concluir el escrutinio preliminar. No fue posible generar resultados preliminares de elección de Asamblea Legislativa.

 

A nivel de mea culpa personal y como Organismo Colegiado, considero un error

grande el no mantener la comisión coordinadora informática, que nos dio

buenos resultados en las elecciones de 2021 y dejar para 2024 en manos

de una persona inexperta, tan enorme responsabilidad.

 

En esas condiciones decidimos instalar 300 mesas de trabajo, integradas por personal del TSE que, en siete días, realizó un escrutinio papeleta por papeleta, para determinar los resultados finales de elección de Asamblea Legislativa, que dio al Partido Nuevas Ideas, de forma arrolladora, 54 de los 60 escaños en contienda. Se trató de un proceso transparente, con presencia de medios de comunicación, partidos políticos, la Fiscalía General de la República, Junta de Vigilancia Electoral, observadores nacionales e internacionales y otras instituciones del estado que garantizaron la legalidad del proceso.

 

La experiencia del 4 de febrero demandó una recomposición del trabajo, para las elecciones de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y consejos municipales que se realizaron el 3 de marzo. De manera responsable, sostuvimos reuniones con jefaturas, personal técnico del TSE, las empresas que apoyaron en la transmisión de resultados, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y otras instituciones que nos dieron aportes importantes para dar paso a la página y dar lo mejor para el siguiente reto.

 

Con mucha satisfacción puedo afirmar que las elecciones del 3 de marzo fueron un éxito. A las 8 de la mañana del lunes 4 de marzo, la Fiscalía General de la República informó que ya contaba con el 100 por ciento de las actas digitales impresas, y eso confirmó que estábamos listos para dar inicio al escrutinio final, que dejó en firme la elección de 20 diputados al Parlacen, que iniciarán sus funciones el 28 de octubre de 2026 y 44 nuevos consejos municipales, que asumieron sus cargos el pasado 1 de mayo.

 

Acciones a futuro

 

Si algo me caracteriza es la sinceridad. Así como destaco lo bueno de este reciente proceso electoral, también reconozco las falencias y, desde mi perspectiva personal, menciono aspectos a tomar en cuenta para mejorar el sistema electoral.

 

Es esencial la existencia de un liderazgo en un Organismo Colegiado y la cohesión dentro de este, para empujar la carreta hacia un mismo sentido. Esto nos hizo mucha falta. Posiciones divergentes o privilegiar las decisiones personales, por sobre el colegiado, no hacen más que entrampar y restarle fuerza al trabajo. Mucho de eso nos pasó en estos pasados comicios, donde uno o dos magistrados, pretendían imponer su voluntad, sobre el resto.

 

Importante es también valorar la experiencia del personal, que lleva años haciendo elecciones y haciéndolas bien. Improvisar y depositar responsabilidades esenciales, en gente inexperta y de paso, negligente, conduce a errores, como lo que nos pasó el 4 de febrero.

 

Particularmente estoy comprometido con la modernización del sistema electoral, pero debemos actuar con responsabilidad, al momento de incorporar nuevas tecnologías. Tal como nos recomendaron las misiones de observación, debe probarse lo suficiente y aplicarse cuando estén lo suficientemente maduros. Pretender innovar con un nuevo software, sin desarrollarlo a plenitud y sin contingencia, nos pasó factura.

 

Un elemento esencial es el trabajo en equipo. Se debe potenciar la coordinación entre las diferentes jefaturas y directores del TSE. Con mayor estrategia de conjunto, los resultados serán más efectivos. En un organismo electoral, no valen los caudillismos o las pretensiones de ser mejor a los demás. Se trata de un proyecto de nación, donde todos debemos encumbrar la vela, hacia un mismo horizonte.

 

Otro aspecto importante es la independencia e imparcialidad de los magistrados y magistradas.  Ciertamente, el artículo 208 de la Constitución da potestad a los partidos políticos de proponer personas para integrar al TSE, debe quedar claro que una vez en el cargo, se deben despojar de los colores partidarios y trabajar por el fortalecimiento de la democracia. A título personal, lo dije desde el inicio de mi gestión, que mi guía es la ley y mi compromiso es con El Salvador. El cargo de magistrado se debe ejercer haciendo honor a las facultades de árbitro electoral, sin ceder a presiones o peticiones antojadizas de ningún partido político, aún de aquellos que nos hayan propuesto para los cargos.

 

Estoy consciente que no hay elección perfecta en ningún país. El caso de El Salvador es particularmente complejo por todas las modificaciones practicadas en los últimos años, pero considero que salimos bien en las elecciones de 2024, en las que hicimos valer la voluntad popular expresada en el proceso electoral.

 

 

 

 

 

 

 

[1] https://www.jurisprudencia.gob.sv/sctter/1-2021P.pdf

[2]   Decreto No. 541 la Ley Especial del Ejercicio del sufragio en el Extranjero. Publicada en el Diario Oficial No. 210 Tomo 437 del 8 de noviembre de 2022.