Resumen
El financiamiento público a los partidos políticos ha sido determinante como instrumento clave para fortalecer la democracia, reducir la influencia del dinero privado en la política y promover la equidad en los procesos electoral. Sin embargo, en América Latina y en la República Dominicana, persisten desafíos que debilitan su efectivas: como la falta de transparencia, rendición de cuentas limitada y debilidad institucional de los órganos de control. Con este artículo examinamos el panorama regional, y proponemos reformas legales, administrativas y tecnológicas que permitan organizar una gestión más eficiente, equitativa y controlada de los recursos destinados al financiamiento de la política.
Palabras clave: Financiamiento político, control institucional, partidos políticos, fondos públicos.
La calidad y resultado de una democracia no se mide solo por la celebración periódica de las elecciones, sino por las condiciones en que se compite. Uno de los aspectos más críticos y a menudo más oscuros de las elecciones es el financiamiento político. La financiación y el gasto de partidos políticos en América Latina ha sido un tema de continuo interés para el análisis sobre el fortalecimiento de la gobernanza democrática y la integridad de las elecciones.
El dinero es un recurso indispensable en la vida de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos porque permite la sostenibilidad de la estructura de los partidos y la organización efectiva de los procesos electorales. Promover una competencia electoral en condiciones de equidad a partir del suministro de recursos públicos; auditar eficazmente ingresos y gastos de partidos y candidatos; prevenir y sancionar el financiamiento irregular durante las campañas, son algunas de las aristas que revelan la trascendencia actual del financiamiento de partidos para la sostenibilidad de las democracias.
Cuando no existen reglas claras, mecanismos de asignación equitativos y controles efectivos sobre el uso de los fondos públicos destinados a estos fines, el dinero puede convertirse en una amenaza para la equidad, la transparencia y la integridad democrática. La consolidación de democracias representativas efectivas exige sistemas electorales transparentes, inclusivos y justos.
Uno de los pilares fundamentales para asegurar esa equidad es la forma en que se financian los partidos políticos, especialmente durante los procesos electorales. Así, el financiamiento político tiene un impacto directo en la competencia, la transparencia y la integridad del sistema democrático (Casas-Zamora, K., 2005). Paying for Democracy: Political Finance and State Funding for Parties. ECPR [1].
En la región, la mayoría de los países han incorporado algún tipo de financiamiento público, ya sea directo o indirecto. En este contexto, el financiamiento público surge como un mecanismo para reducir la dependencia de recursos privados, mitigar la corrupción y promover condiciones equitativas entre los competidores políticos.
No obstante, los resultados han sido mixtos: en muchos casos, los fondos públicos no han logrado evitar la opacidad en la gestión de recursos, el uso indebido de dinero y la desigualdad estructural entre los partidos. En países como México, Chile y Brasil se han desarrollado sistemas más rigurosos de control del gasto electoral, incluyendo auditorías digitales, límites a donaciones privadas. En otros como Nicaragua, Honduras o Bolivia, los mecanismos de control son débiles o inexistentes.
No obstante, estos avances aún conviven con prácticas que erosionan la integridad del sistema, con la declaración de gastos, el uso de intermediarios para eludir controles y la canalización de fondos públicos hacia fines ajenos al fortalecimiento democrático. Así, a lo largo de las últimas dos décadas, los principales problemas del financiamiento público en América Latina han sido:
- Desigualdad en la distribución: La mayoría de los sistemas asignan recursos en proporción a la representación electoral, lo que refuerza el poder de los partidos grandes y margina a los emergentes (Ugalde, 2017)[2].
- Falta de transparencia: Muchos partidos presentan informes financieros incompletos, imprecisos o tardíos. La información sobre gastos y contrataciones rara vez es pública.
- Control institucional insuficiente: Las autoridades electorales o tribunales de cuentas no siempre cuentan con herramientas o recursos para realizar auditorías eficaces y sancionar irregularidades.
- Ausencia de resultados verificables: Pocos países evalúan el impacto de los fondos públicos en la formación política, la inclusión de mujeres o el fortalecimiento democrático.
De tal suerte que estos problemas se agravan por la debilidad de las democracias partidarias y la falta de participación ciudadana en la fiscalización del gasto político.
La República Dominicana, por su parte, tiene un marco normativo relativamente reciente en materia de financiamiento político, a partir de la promulgación de la Ley Núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley Núm. 20-23 Orgánica de Régimen Electoral. Sin embargo, como en otros países de la región, la crítica no es la ausencia de normativa al respecto, sino la fórmula de asignación y distribución de fondos, el modelo de financiamiento ha sido objeto de críticas para favorecer a partidos mayoritarios, carecer de control efectivo y permitir gastos no fiscalizados.
La referida Ley de Partidos establece en su artículo 61 que los partidos con más del 5% de los votos válidos reciben en partes iguales el 80% del monto asignado por el Estado; el resto se divide entre las demás organizaciones políticas reconocidas de la manera siguiente: un doce por ciento (12%) distribuidos entre todos los partidos que hayan alcanzado más del uno por ciento (1%) y menos del cinco por ciento (5%) de los votos válidos; y un ocho por ciento (8%) distribuidos entre todos los partidos que hayan alcanzado entre cero uno por ciento (0.01%) y uno por ciento (1%) de los votos válidos; todo en base a los resultados obtenidos en la última elección. Aunque es bueno resaltar que, no obstante, la ley lo establece, el órgano electoral (JCE), como órgano de administración electoral, debe regular esta parte por un tema de interpretación de la ley en vista de que las elecciones están divididas en dos fases, es decir, un torneo para las elecciones municipales, y otro certamen para las elecciones presidenciales y congresuales. Escenario que deja un espacio de interpretación que debe ser cubierto por el órgano electoral resultando al respecto cada año.
No obstante la distribución anterior y el rol de supervisión que realiza la Junta Central Electoral en que estos fondos sean utilizados de manera adecuada, el financiamiento público del Estado a los partidos es un tema que siempre ha presentado alto nivel de debate entre las propias organizaciones políticas e incluso de cara a la ciudadanía.
De igual forma, el artículo 65 obliga a los partidos a presentar informes financieros anuales, auditados por un contador público autorizado, mientras que el artículo 66 faculta a la Junta Central Electoral (JCE) a fiscalizar estos recursos.
De su lado, la Ley Orgánica del Régimen Electoral 20-23 establece que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, deberán depositar ante la Junta Central Electoral un informe que contemple el presupuesto general de los gastos en que incurrirán estas organizaciones políticas en el proceso electoral, así como el de cada candidato.
En la indicada normativa se dispone también que tanto los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, como los candidatos tienen un tope por campaña electoral. En el caso de los primeros, será el equivalente a 1.75 pesos dominicanos por electores hábiles inscritos en el registro electoral, y para el segundo serán según el nivel de candidatura. Estos fondos podrán ser indexados mediante resolución por la Junta Central Electoral en coordinación con los partidos, es decir:
- Candidatos presidenciales: Hasta RD$122.50 por cada elector hábil inscrito en el registro electoral a nivel nacional.
- Candidatos congresuales: Hasta RD$105.00 por cada elector hábil inscrito en el registro electoral a nivel de provincia o demarcación correspondiente.
- Candidatos municipales: Hasta RD$87.50 para alcaldes y directores de distritos municipales; y RD$43.75 para regidores y vocales por cada elector hábil inscrito en el registro electoral de la demarcación correspondiente.
- Distritos municipales con menos de 5,000 electores: Hasta RD$150.00 por elector hábil inscrito en el registro electoral en la demarcación correspondiente.
La Junta Central Electoral podrá mediante resolución indexar en coordinación con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos este monto de acuerdo con el multiplicado de ajuste por inflación. Con esto límites se busca prevenir el uso excesivo de recursos en las campañas y promover condiciones equitativas entre los candidatos.
En ese orden, como hemos visto en este recuento del manejo de los fondos por parte de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, y la poca regulaciones y sanciones existentes, es necesario poder regular al respecto y establecer formas y mecanismos que ayuden a mejorar el financiamiento público de los partidos agrupaciones o movimientos políticos, así como la eficacia y el control del uso de los fondos públicos, de cara a su participación en los procesos electorales.
Mejorar las reglas de distribución de la contribución económica del Estado a las organizaciones políticas en República Dominicana es un objetivo importante para estimular la competencia electoral y para construir un sistema de partidos robusto y estable. Cualquier procedimiento de enmienda legislativa debe reconocer esta realidad y buscar una fórmula que equilibre equidad con proporcionalidad, de modo que la regulación permita el crecimiento de la pluralidad sin atomizar el sistema de partidos.
Superar estas deficiencias requiere un enfoque integral que combine reformas normativas, fortalecimiento institucional y participación ciudadana. Para mejorar el financiamiento público de los partidos políticos en República Dominicana, se podrían implementar medidas desde la Junta Central Electoral como:
- Transparencia total: Establecer un sistema transparente que obligue a los partidos a rendir cuentas detalladas sobre el uso de los fondos públicos asignados, estableciendo sanciones severas para aquellos partidos políticos o miembros que incurran en malversación de fondos públicos, incluyendo la pérdida de financiamiento público y la inhabilitación para participar en futuros procesos electorales.
- Implementación de tecnología: Utilizar tecnologías de la información y comunicación para mejorar la gestión y supervisión del financiamiento público de los partidos políticos, como sistemas electrónicos de registro y seguimiento de donaciones y gastos.
- Control de campañas electorales: Regular y controlar de cerca el financiamiento de las campañas electorales, asegurando que los recursos se utilicen de manera equitativa y transparente para evitar la influencia indebida del dinero en la política, fortaleciéndolas con garras sancionadoras.
- Divulgación de donantes: Establecer requisitos obligatorios para que los partidos políticos divulguen públicamente la identidad de sus donantes, así como el monto de las contribuciones, con el fin de aumentar la transparencia y prevenir posibles influencias indebidas.
- Auditorías aleatorias: Realizar auditorías aleatorias periódicas a los partidos políticos para verificar el cumplimiento de las normativas financieras y la adecuada gestión de los fondos públicos, aumentando la probabilidad de detección de irregularidades y promoviendo una cultura de cumplimiento.
- Divulgación de información en tiempo real: Implementar sistemas de divulgación de información en tiempo real sobre el financiamiento de los partidos políticos, permitiendo un monitoreo continuo y una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos durante los procesos electorales.
Además, estas sugerencias adicionales pueden contribuir a fortalecer aún más el sistema de financiamiento público de los partidos políticos en República Dominicana, promoviendo la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
- Fortalecimiento de la legislación anticorrupción: Reforzar la legislación anticorrupción con disposiciones específicas relacionadas con el financiamiento de partidos políticos, estableciendo penas más severas para aquellos que incurran en prácticas corruptas en este ámbito.
- Fortalecimiento de la independencia judicial: Garantizar la independencia del poder judicial para investigar y sancionar casos de corrupción relacionados con el financiamiento de partidos políticos, asegurando que las investigaciones sean imparciales y que se apliquen sanciones de manera efectiva.
- Implementación de mecanismos de transparencia en la contratación pública: Asegurar la transparencia en los procesos de contratación pública, especialmente en aquellos que involucren a proveedores relacionados con los partidos políticos, para prevenir posibles conflictos de interés y favorecer una distribución equitativa de los recursos públicos.
- Establecimiento de un código de conducta para financiamiento político: Desarrollar un código de conducta que establezca estándares éticos y buenas prácticas en el financiamiento político, al cual los partidos políticos se comprometan voluntariamente y cuyo cumplimiento sea supervisado por un organismo independiente.
- Protección a denunciantes: Establecer mecanismos efectivos de protección para los denunciantes de irregularidades en el financiamiento de los partidos políticos, garantizando que quienes reporten casos de corrupción o mal uso de fondos públicos estén protegidos contra represalias y puedan colaborar en investigaciones sin temor a consecuencias negativas.
La eficacia y el control del uso de los fondos públicos en República Dominicana es crucial para garantizar la transparencia y la integridad en los procesos electorales. Esto implica implementar medidas de supervisión y rendición de cuentas para asegurar que los recursos sean utilizados de manera adecuada y no sean desviados con fines políticos partidistas. Todas estas medidas, en conjunto, pueden contribuir significativamente a garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera eficaz y transparente en los procesos electorales de República Dominicana.
El financiamiento público de los partidos representa una apuesta por la equidad democrática, pero su eficacia depende de cómo se distribuye, controla y utiliza. En América Latina y en particular la República Dominicana, los modelos vigentes han permitido una mejora formal, pero no sustancial de las condiciones de competencia electoral.
En definitiva, para que el financiamiento público cumpla sus objetivos, es necesario corregir las distorsiones que perpetúan privilegios, fortalecer los mecanismos de fiscalización y garantizar la transparencia del sistema. Solo así se podrá transformar el financiamiento político en una herramienta para la profundización democrática y no en una fuente de desigualdad y desconfianza ciudadana.
Imagen tomada de: https://paisdominicanotematico.com/2020/01/05/el-financiamiento-politico-en-america-latina/
[1] Casas-Zamora, K. (2005). Dinero y política en América Latina: una visión comparada de los sistemas de financiamiento de campañas. Fondo de Cultura Económica.
[2] Ugalde, L. (2017). Partidos Políticos y equidad democrática en América Latina. Editorial Siglo XXI.
