Manuel Alcántara Sáez
De las cinco citas electorales presidenciales que se dan en América Latina a lo largo de 2024, cuatro se han celebrado en el primer semestre del año, quedando la quinta a llevarse a cabo en Uruguay, pendiente para la segunda parte del año. El electorado ha sido convocado para sufragar en El Salvador, Panamá, República Dominica y México donde, a diferencia de lo que ocurrió en el ciclo electoral anterior, tres de los cuatro gobiernos han visto convalidado su ejercicio en el poder mediante la reelección. Se trata, por otra parte, de cuatro países en los que el voto no es obligatorio y en los que el proceso electoral además de la elección presidencial se extendió al Legislativo y a autoridades locales. La participación electoral, salvo en el caso panameño, sigue siendo baja en el clima de amplio deterioro de la función intermediadora de los partidos políticos, de desconfianza institucional generalizada y de minusvaloración de una democracia que mantiene signos de fatiga. Una mujer y tres hombres han resultado electos para desempeñar la función presidencial estando el rango de edad comprendido entre los 64 años del presidente panameño y los 42 años del presidente salvadoreños, mientras que la presidenta mexicana tiene 61 años y el dominicano 56. Por último, otro elemento que debe subrayarse es el amplio margen que se dio entre la primera y la segunda candidatura presidencial por lo que no se dio contencioso electoral alguno habida cuenta de la claridad del resultado. En lo que sigue analizo los elementos más relevantes de estos cuatro comicios, prestando mayor atención al caso mexicano.
El 4 de febrero de 2024, con una participación electoral del 52,6%, fue reelegido de forma abrumadora (el requisito en El Salvador como en República Dominicana para ser declarado ganador es la mayoría absoluta) Nayib Bukele para un nuevo periodo de cinco años con el 84,6% de los sufragios emitidos frente a cinco candidatos, dos de los cuales representaban a los partidos tradicionales que habían detentado el poder entre 1984 y 2019, el FMLN (con el 6,4% de los votos) y ARENA (que obtuvo el 5,6% de los votos). La poderosa maquinaria publicitaria gestada por el presidente Bukele, así como la cooptación por parte del Poder Ejecutivo del Poder Judicial soslayaron el impedimento constitucional que le impedía reelegirse y validó el deterioro democrático que vive el país desde 2020 como se evidencia en diferentes mediciones (y aquí en contrato se aporta la evidencia del Índice elaborado por The Economist Intelligence Unit). Las elecciones legislativas dieron como resultado una Asamblea, elegida por tres años, en la que el oficialismo de Nuevas Ideas tendrá 54 de los 60 puestos con lo que el control de esta por parte del presidente será absoluto. El cheque en blanco que recibe Nayib Bukele se vincula con su política de reducción de la violencia en el país a niveles mínimos al costo de serias violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. Por otra parte, la alta popularidad del presidente no viene avalada por los indicadores socioeconómicos que miden el crecimiento y la distribución de la riqueza en el país ni por el desempeño de políticas sociales. Desde su llegada al poder el modelo vertical en su ejercicio ha beneficiado a un clan familiar y de allegados en la más vieja tradición del populismo cleptocrático centroamericano.
En Panamá los comicios se llevaron a cabo el 5 de mayo de 2024 con una participación del 77,7%. La Constitución establece el principio de mayoría relativa para validar el triunfo y esta la obtuvo José Raúl Mulino con el 34,2% de los sufragios por encima de Ricardo Lombana con el 24,6%. Mientras que la fuerza electoral con la que concurría el primero se articulaba en torno del expresidente Ricardo Martinelli, quien en las postrimerías fue imposibilitado concurrir por hallarse condenado, el segundo lideraba una opción como independiente. Los partidos tradicionales panameños configurados en torno al Partido Revolucionario Democrático (PRD) -formación política del presidente saliente- y al Partido Panameñista sufrieron una severa derrota que se tradujo en una presencia muy pequeña en la Asamblea Legislativa de 71 miembros al obtener 13 y 8 respectivamente. Posiblemente, en la debilidad del PRD contribuyó el hecho de que uno de sus expresidentes, Martín Torrijos, abandonó el partido para competir por la presidencia con una nueva formación, el Partido Popular (PP), con el que obtuvo el 16% de los votos. Un caso similar al que se dio en República Dominicana con la figura de Leonel Fernández, como se verá inmediatamente. La Asamblea panameña se encuentra muy fragmentada con una bancada cada vez mayor de candidatos de libre postulación, una figura institucional amparada por la legislación electoral para quebrar el monopolio de la representación por parte de los partidos.
De los cuatro países analizados, Panamá es el que tiene un índice de democracia más alto. En 2023 se encontraba en cuarta posición dentro de los países latinoamericanos considerados detrás de Uruguay, Costa Rica y Chile. Ello se evidencia en tres factores vinculados con el reciente proceso electoral: una participación electoral que sobrepasa las tres cuartas partes del censo, la alternancia presidencial como evidencia de que la oposición puede llegar al poder y unas instancias de control independientes que actúan en el juego político como “pesos y contrapesos. A ello debe añadirse que el presidente se ve obligado a un permanente proceso negociador con el Legislativo al no disponer de mayoría en él dada la habitual fragmentación del sistema de partidos panameño.
Las elecciones dominicanas del 19 de mayo de 2024 tuvieron una participación del 54,4%, resultando vencedor en primera vuelta el candidato que buscaba la reelección, Luís Abinader del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con el 57,4% de los votos. En segundo y tercer lugar quedaron dos antiguos miembros del Partido de Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, expresidente en tres ocasiones que ahora lidera la Fuerza del Pueblo (FP) que alcanzó el 28,8% de los votos y el candidato oficial del PLD, Abel Martínez, que obtuvo el 10,4%. El PRM, quien capitaliza la relativa bonanza económica del país y aparenta mostrar una mano más firme frente a la presión de la emigración haitiana, obtuvo una aplastante mayoría en ambas cámaras y hacen del mismo una aplanadora del Ejecutivo. Como ocurre en Panamá, donde las identidades ideológicas son extremadamente flexibles y el centrismo siempre ha desempeñado un papel muy relevante, el cariz político del presidente Abinader se sitúa en una ubicación de centro-derecha.
Si hay una circunstancia para aplicar el cariz de “históricos” a los comicios mexicanos del 2 junio de 2024 esta es doble: una mujer fue elegida presidente por primera vez y fueron las elecciones con el mayor padrón electoral en la historia del país (98 millones) y en las que más cargos se eligieron. Lo primero es especialmente relevante en una sociedad en que la mujer se abre paso de manera firme e irreversible a pesar del machismo imperante. Lo segundo refleja el impacto del gran proceso de expansión demográfica que ha vivido el país que duplicó su población en medio siglo y que no alcanzará el punto máximo en su curva de crecimiento hasta finales del presente siglo según las estimaciones demográficas.
El triunfo arrollador de Claudia Sheinbaum con el 59% del voto favorable, treinta puntos más que su inmediata competidora, Xóchitl Gávez, que lideraba una amalgama opositora configurada por el PAN, el PRD y el PRI, tres partidos antagónicos que en un momento gozaron de relevancia, ha supuesto alcanzar una cota a la que no se llegaba desde los años dorados de la hegemonía del PRI. También ha superado el apoyo electoral que recibió su mentor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), seis años atrás cuando alcanzó la presidencia con el 53% de los votos.
Las encuestas más relevantes han visto confirmado sus pronósticos validándose, por consiguiente, la estabilidad de las preferencias del electorado mexicano evidenciadas a lo largo de distintas mediciones durante el último año. Han revalidado, igualmente, los niveles de popularidad de AMLO que prácticamente nunca han bajado del 60% a lo largo de su mandato y, por consiguiente, convalidado su modelo de actuación populista. En la medida en que el mismo se vincula con su persona, ahora se abre la incógnita a propósito de su continuismo en una heredera que carece del carisma de su protector.
La participación electoral, en un país donde el sufragio tampoco es obligatorio, ha sido del 61%, dos puntos menos que en las elecciones presidenciales de 2018. Esta es una constante en sistemas políticos como el mexicano de democracia fatigada que se ve ligada al quehacer presidencial satisfecho en el control de la movilización popular hasta un límite. El acoso a las instituciones de control y a la costosa maquinaria electoral implementada en lo que se lleva de siglo para asegurar un correcto funcionamiento de la representación y de la participación política se ha comprobado que no tiene un coste excesivamente alto.
MORENA, una formación en clave movimientista, que lejos de configurar un modelo de partido tradicional es un aparato de movilización diseñado como el proyecto personal de AMLO y que ideológicamente se sitúa en el centro-izquierda del panorama político, ha revalidado su control histórico de la Ciudad de México y se ha hecho con el gobierno del Estado de México. El amplio abanico de los programas sociales auspiciados por AMLO con transferencias monetarias directas a la población en clave de subsidios, becas, ayudas a la discapacidad y subidas de pensiones, así como del salario mínimo, ha sido un factor clave en favor de la popularidad del mandatario. A ello debe añadir el carisma del presidente y su capacidad de comunicación articulada diariamente en sus comparecencias televisadas denominadas mañaneras, un modelo de comunicación política de corte populista.
Paralelamente, el éxito de MORENA ha sido abrumador en el Legislativo generando un escenario, en un contexto radicalmente diferente, que no se daba desde 1982. Con sus aliados Partido Verde y Partido del Trabajo, gozará de una mayoría cualificada en ambas cámaras, por lo que podrá aprobar reformas institucionales de hondo calado. En este sentido, parece probable que AMLO, quien convivirá el mes de septiembre con el nuevo Congreso, utilizará esta circunstancia para sacar adelante reformas cruciales acordes con su proyecto político, netamente en el ámbito de la justicia, quitando de esa manera presión a los primeros días de la nueva presidencia.
Los cinco únicos estados en los que Claudia Sheinbaum no obtuvo la mayoría absoluta fueron Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Zacatecas. De hecho, su principal oponente, Xóchitl Gávez solamente triunfó en el primero. La oposición, absolutamente fragmentada, por otra parte, y con el PRI como cuarta fuerza política en el Congreso, controla ocho de los 32 estados. En las elecciones a gobernador, la oposición ganó dos de los nueve estados en disputa (Guanajuato y Muevo León), perdiendo Yucatán que era uno de sus bastiones tradicionales.
Las elecciones han reflejado el trágico panorama que vive el país desde hace tres lustros de violencia rampante y, algo incluso peor, de impunidad absoluta pues es irrisorio el porcentaje de delitos de sangre que son resueltos. La militarización de la vida pública llevada a cabo por AMLO lejos de apaciguar el clima social ha supuesto el involucramiento de los militares en cuestiones de violaciones a los derechos humanos y de corrupción. Por otra parte, las víctimas contabilizadas alcanzaron el número de 37 candidatos asesinados. En la jornada electoral, sin embargo, la violencia solo se hizo presente de manera más notoria en Chiapas donde no se pudo votar en los municipios de Chicomuselo y de Pantelhó.
Si bien hasta noviembre no se conocerá el interlocutor con el que Claudia Sheinbaum intentará establecer un nuevo marco de relaciones con Estados Unidos, primer socio comercial de México en 2023. Un escenario de competencia con China a propósito de la instalación en territorio mexicano de empresas subsidiarias para el mercado estadounidense constituirá el marco fundamental de negociación. Una relación de vecindad en la que, además del comercio, están siempre presentes la inmigración (se estima que 2,5 millones de personas cruzaron la frontera en 2023 entre México y Estados Unidos, frente a 1,7 millones que lo hicieron en 2021) y la seguridad con la omnipresencia del crimen organizado en su relación con aquella, pero sobre todo en lo atinente al comercio ilegal de armas y a las drogas (en los últimos tiempos, el fentanilo). Paralelamente, el posicionamiento de la administración mexicana, tanto en la agenda global como en las relaciones hemisféricas, requerirá de acciones más determinantes y decisivas que las del pasado. Sin duda, Claudia Sheinbaum jugará un papel más proactivo en la agenda global sobre el cambio climático que su padrino dado su carácter más tecnocrático que la llevará a ser más pragmática.
Como se ha señalado con anterioridad, Claudia Sheinbaum se inserta en el cambio de tendencia que está viviendo la política en América Latina de revalidación de los incumbentes. Frente a un ciclo electoral anterior en el que en todas las elecciones ganó la oposición ahora, quien está en el poder vuelve a ser reelegido. Pasó en los últimos meses en El Salvador con Nayib Bukele y en República Dominicana con Luís Abinader. En México es MORENA y la candidatura avalada por el popular presidente saliente. En este caso, y es la gran diferencia con respecto a El Salvador y a República Dominicana donde el continuismo se da asimismo en la figura presidencial, la gran incógnita la constituye la capacidad de autonomía de Claudia Sheinbaum frente a la todopoderosa sombra de AMLO y su obsesión por trascender en la historia. La propia trayectoria de Claudia Sheinbaum tanto en lo relativo a su sólida formación profesional como a su propio transcurso político, nunca afecto al PRI y siempre vinculado con grupos de izquierda, proyectan de ella una imagen con cierta capacidad independiente que, no obstante, no podrá eludir todo el andamiaje construido a lo largo del tiempo por su predecesor.
Abinader, Bukele y Sheinbaum configuran una triada de presidencias fuertes con un amplio apoyo popular y una sólida mayoría de respaldo en el Poder Legislativo. Posiblemente inauguran una etapa con esa caracterización como nota dominante en la siempre heterogénea política latinoamericana. Sin embargo, no debe dejar de ignorarse que, a la vez, el deterioro del rendimiento democrático en los tres países, mucho más agudo en El Salvador, es evidente.
