Rasel Antonio Tomé Flores
Abogado y notario público.
Actualmente ejerce como vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras, periodo legislativo del 2022 al 2026.
Fue diputado del Congreso Nacional, 2014-2018, participó en las elecciones como precandidato presidencial con el Movimiento de Renovación Popular (MRP) en las elecciones primarias e internas de 2017.
Ministro de Telecomunicaciones en Honduras, 2006-2008, y juez de Letra durante el periodo 1998 – 2004.
Introducción
Tras más de una década de corrupción, impunidad, violación de los derechos humanos hoy Honduras ve hacia un nuevo horizonte con el Gobierno del Partido Libre, encabezado por la primera mujer presidenta en Honduras, Xiomara Castro Sarmiento.
Durante este periodo oscuro de la historia política contemporánea de Honduras, la población hondureña convivió con la pobreza y la destrucción de un Estado derecho que ya por si tenía muchas debilidades. En este artículo pretendemos analizar los acontecimientos más relevantes que suscitaron antes y después los 12 años de gobierno del Partido Nacional, denominado por el pueblo hondureños y algunos organismos internacionales como una Narco dictadura.
Honduras, tras el Golpe de Estado del 2009, se vieron momentos históricos que cambiaron el curso de la historia política contemporánea, el aumento de la violación de los derechos humanos, la destrucción del aparato administrativo del Estado y el resto de estamento de la administración pública, el aumento de la corrupción en todos los niveles, llegando a índices de establecer que la población hondureña un 74% se encuentra en pobreza, y con un índice de analfabetismo de un 24%, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras(INE). Es así que el nivel del deterioro de la ética política hondureña tiene a un expresidente preso en unas de las cárceles de máxima seguridad en los Estados Unidos de América por crímenes relacionados con el narcotráfico.
- Ruptura de una “Democracia ya debilitada”
El proceso de democratización en América Latina surgió a principio de la década de los 80. En Honduras se inicia con la celebración de elecciones en 1980, concretando los gobiernos de Roberto Suazo Córdova (1982-1986) y José Azcona Hoyo (1986-1990). Posteriormente este proceso de democratización se termina consolidando con la celebración de 7 comicios generales en Honduras hasta el 2009, cuando se genera una ruptura del proceso democrático con el derrocamiento mediante un golpe de Estado militar, impulsado por parte de la élite política. El derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales resurge el recuerdo de la época de los golpes de Estado que se vieron en el país entre 1963 y 1980. No obstante, decir que Honduras es un Estado democrático supone un desconocimiento de la teoría tan amplia que existe por parte de la academia sobre la definición de lo es una democracia; por lo tanto, Honduras es considerada por muchos teóricos como una democracia incipiente o imperfecta.
Dahl (1971) afirma que las democracias imperfectas son aquellas que no llegan a cumplir con las exigencias normativas de una democracia real, reconociendo el término de poliarquías. Desde el principio de la década de los ochenta hasta la actualidad, en Honduras se han celebrados 11 comicios. Iniciando con la proclamación de la Constitución en 1982, donde se reconoce como un Estado democrático, quedando evidenciado en el artículo primero de la Carta Magna Constitución hondureña, asimismo, se establece que la soberanía le corresponde al pueblo de la cual emanan todos los poderes del Estado, y también la pueden ejercer de forma directa a través de un plebiscitó y referéndum. En este sentido, Sartori (1993) afirma que la legitimidad, como un aspecto fundamental de la democracia, que el poder provenga del consenso verificado del pueblo, y que a su vez que este consenso esté condicionado y sea revocado mediante elecciones libres; jamás este consenso debe provenir de la auto investidura o por el uso de la fuerza.
“La democracia como ‘autonomía del pueblo’, que el pueblo se legisle él “mismo”, es decir, que el pueblo pueda tomar las decisiones que se crea correcto o beneficie a una gran mayoría. Hay que tener en cuenta que la democracia se trata del beneficio de una mayoría de los recursos y servicios de un país” (Lassalle, 1. Ed. 1989). Este debe ser siempre el fundamento de todos aquellos demócratas; entender que la mayoría de los recursos y riquezas de un Estado deberían de estar al servicio de su pueblo, y no como lo han implementados las élites corruptas y los partidos tradicionales en Honduras, que mediante una conducta servil, abyecta y gansteril han realizado concesiones, contratos y convenios leoninos en perjuicios del pueblo y en beneficios de las oligarquías.
En el 2009, el presidente constitucional José Manuel Zelaya había convocado a una consulta popular mediante la cual el pueblo iba a ser consultado si estaban de acuerdo o no en que se instalará una cuarta urna en el proceso de elecciones generales para que se le consultara al pueblo si consideraban oportuno que en Honduras se instalara una Asamblea Nacional Constituyente, para redactar una nueva Constitución de la República. La democracia en Honduras no ha tenido el avance hacia una democracia protagónica participativa, en donde los pueblos son consultados a través del plebiscito o mediante el referéndum; Honduras no ha tenido ninguno de estos mecanismos en uso; solamente ha tenido el pueblo hondureño procesos electorales. Las élites políticas tradicionales, una vez que alcanzan un cargo consideran que les corresponde a ellos, sin respetar la soberanía del pueblo, toman decisiones arbitrarias, muchas veces motivadas por intereses ajenos, y no por el interés genuino del pueblo hondureño. Es así entonces que los poderes fácticos, obteniendo el visto bueno del Comando Sur de los Estados Unidos para organizar un golpe de Estado militar, lo que evidenciado años después la participación del Comando Sur, el actor intelectual del Golpe de Estado en el 2009, y con la participación de los militares hondureños, que llevaron a cabo el acto material de usurpar el poder llevando a quien era el presidente constitucional del país hacia Costa Rica.
Todos estos hechos fueron orquestados por las cúpulas económicas de los poderes fácticos de las transnacionales y de políticos tradicionales criollos, que también estaban tras sus intereses. ¿Qué pasó en Honduras después de ese golpe de Estado? El pueblo, quien indignado por lo acontecido salió a las calles a manifestar su deseo de retorno al orden constitucional y retorno de Manuel Zelaya a sus funciones como presidente del país; estas manifestaciones desencadenan una serie de violaciones a los derechos humanos debido a la represión violencia, asesinato de quienes estábamos en contra del Golpe de Estado. El pueblo hondureño es un pueblo fuerte, valiente, con mucha resiliencia, patriotismo, se manifestó permanentemente en las calles y desde el primer día salimos y conformamos el movimiento Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, que posteriormente pasó a convertirse en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). En tanto que se resistió en las calles esa lucha, tras varios años de lucha se toma la determinación de que no se puede seguir luchando sin dar el siguiente paso que es convertir el Frente Nacional de Resistencia Popular un el brazo político del Partido Político, que gobernara Honduras en el periodo 2022 al 2026, Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
A corto plazo no se lograron los objetivos del regreso al orden constitucional, el retorno de Manuel Zelaya a su función como presidente y la instalación de una asamblea nacional constituyente; sin embargo, el frente popular influyó en el cambio del sistema de partidos, de un país donde se encontraba dominada por dos partidos políticos tradicionales, tales como el Partido Nacionalista, de una línea conservadora, utilizado como el brazo político de los militares de las élites trasnacionales; y el Partido Liberal con una línea de centro derecha, reducto de las élites criollas. El Frente de Resistencia Popular fue absorbido por una institución política y dio el nacimiento del Partido Libertad y Refundación, espacio donde se incorporan los sector populares y sociales progresistas, bajo la visión de un movimiento con una línea ideología del socialismo democrático, presentándose a sus primeros comicios el año 2013, alcanzando 37 escaños de los 128 que componen el Congreso Nacional de Honduras, logrando romper con la hegemonía del bipartidismo.
La creación del Partido Libertad y Refundación contribuyó en Honduras a que pasara de un sistema bipartidista a uno multipartidistas. Otro impacto del frente popular de Honduras es que por primera vez se hable de una reforma constitucional en Honduras, es decir, plantear la urgencia de discutir si el pacto constitucional que se elabora 1982 puede contener las condiciones para garantizar las bases del desarrollo social, económica, político y cultural del país. Constitución ambigua y a favor de la burguesía del país.
El golpe de Estado, paradójicamente las élites y las y los políticos tradicionales corruptos, lo consideraron como un mecanismo de obstaculizar el desarrollo y el avance del pueblo, y resultó que constituyó una palanca que apartó los obstáculos porque valientemente por el pueblo hondureño elevó el nivel de conciencia, acumulando fuerza política que hoy nos permite tener el partido político más pujante, vigoroso y fuerte en Honduras, después de dos procesos electorales en que nos hicieron fraude públicamente. El del 2017 fue tan grande que constituye un hito histórico desencadenante; llevó a entender que el pueblo no aceptaría de ninguna manera un tercer fraude electoral; y es así que en el 2021 se logra el triunfo del partido LIBRE, con una participación electoral de más de un 60% según el Consejo Nacional Electoral, consiguiendo el triunfo de la presidencia, cargo que será ejercido por la primera mujer presidente de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, con el mayor respaldo electoral de la historia.
En la época posgolpe de Estado, en Honduras se dieron una serie de acontecimientos que marcan un ante y un después de la historia política del país, durante los doce años posteriores al Golpe, durante tres periodos, fue gobernado por candidatos del partido nacional, Pepe Lobo durante el periodo 2010-2014 y Juan Orlando Hernández con un muy dudoso proceso electoral dirigió el país en dos periodos entre el 2014-2017 y 2018- 2022. Los dos comicios generales estuvieron salpicados por actos de ilegalidad y de vínculo con el narcotráfico, que cuestionaron siempre su legitimidad, según el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europa (MOE UE).
El Golpe de Estado llevó una posición dominante de militarización de las Administración del Estado, el aumento a la violación de los derechos humanos se incrementó a partir del Golpe de Estado en el 2011; se publicó el PCM 075-2011, un decreto ejecutivo que concede a las Fuerzas Armadas hondureñas funciones que eran competencia exclusiva de la Policía Nacional. Con este (PCM) se procede a la creación de nuevos cuerpos de seguridad del Estado, tales como la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Unidad de Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES). La militarización de la sociedad implicó un aumento de la partida presupuestaria destinada al sector defensa, incrementada un 400% respecto a los gobiernos anteriores, y una constate violación de los derechos humanos de la ciudadanía.
La militarización trajo consigo los abusos de derechos humanos, y para aquellos que fueron defensores en la lucha contra la corrupción, con el caso de nuestra ambientalista “Berta Cáceres” y de otros muchos hondureños, a quienes se les arrebató la vida a causa de luchar contra la militarización, corrupción, narcotráfico, la impunidad y desigualdades sociales, en tanto que, según el Banco Mundial, Honduras sigue siendo uno de los países más desiguales y pobres del hemisferio occidental, según los datos recogidos por el o Instituto de Estadística (INE) de Honduras, el índice de pobreza se disparó a un 74% de la población del país es pobre, y un 53% vive en situación de pobreza extrema.
- El Pueblo al Poder
El 28 de noviembre de 2021, una fecha que estará en la memoria de todos los hondureños, el pueblo acudió masivamente a votar para elegir quien ahora es nuestra presidenta, Xiomara Castro Sarmiento, destacando con ser la primera mujer en gobernar el país. Por otro lado, el pueblo la convirtió en la candidata presidencial más vota de la historia política contemporánea de Honduras. Los datos de participación llegaron a rozar el setenta por ciento, según datos del CNE (Consejo Nacional Electoral), aumentado un 11,1% la participación respecto a las elecciones del 2017.
Las últimas elecciones electorales en Honduras venían cargadas de muchos sueños y opresión del pueblo, que había luchado en dos procesos electorales que se vieron (afectados) por la mano negra de la corrupción; el periodo en las elecciones del 2013 cuando la fuerza política que representado el Partido Libre se presenta a unas elecciones por vez primera durante esas elecciones, el robo de votos, la alteración de las actas electorales, llevaron en el primer intento de Xiomara Castro y el Partido Libre a perder la candidatura presidencial, frente al que fue presidente en Honduras durante dos periodos, incumpliendo lo establecido en la Constitución hondureña en su artículo 239 que dice básicamente que “El ciudadano que haya desempeñado titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la Republica”.
En el 2017, el Partido Libre hace una coalición. Diferentes fuerzas políticas del país, aglutinando los Partido Innovación y Unidad, Partido Anticorrupción. Dicha coalición se denominó Alianza de Oposición contra la Dictadura; su candidato a la Presidencia era Salvador Nasralla. El objetivo principal de la Alianza de Oposición era competir en las elecciones generales de Honduras que se celebraron el 2017. Obtiene la victoria frente al candidato Juan Orlando Hernández, quien era la cara visible de la dictadura, por lo cual, según la Misión de Observación Electoral de la Unión Europa (MOE UE), para las elecciones celebradas en noviembre de 2017 “Las elecciones generales de 2017, a las que concurrieron partidos y candidatos de todo el espectro político, transcurrieron en un contexto de fuerte polarización exacerbada por la candidatura, tras una sentencia de la Corte Suprema que declaró inaplicable la prohibición de la reelección presidencial y provocó un fuerte rechazo de la oposición, del presidente saliente Juan Orlando Hernández. Tras una campaña marcada por la desigualdad de recursos y de cobertura en los medios a favor del partido oficialista, la jornada electoral, bien organizada, transcurrió de manera pacífica y el escrutinio discurrió en condiciones de respeto a la voluntad de los votantes, con fuerte presencia de representantes de los principales partidos en las mesas electorales. El Tribunal Supremo Electoral implementó un sistema de publicación de resultados electorales que facilitó su verificación por candidatos y ciudadanos. La MOE UE lamenta y condena la muerte de al menos 22 personas durante las protestas poselectorales y reitera su llamado a las autoridades hondureñas a respetar el derecho a la manifestación pacífica”.
En enero del 2021, cuando había un plan y una conspiración de la estructura narco dictadura de quererse robar el Congreso Nacional, de forma valiente, patriótica, el pueblo hondureño rescate al Congreso Nacional, y cumpliendo la alianza firmada entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras, que fue en una Asamblea Nacional Pública, se juramenta correctamente a la actual diputado presidente Luis Redondo y se conforma La Junta directiva de la mesa del Congreso Nacional, en la cual participa el suscrito del presente artículo, que genera esto un cambio en la correlación de fuerza de los poderes del Estado: dos poderes del Estado actuando complementariamente de manera independiente, pero bajo una misma visión de impulsar cambios y transformaciones a la Presidencia de la República, con la primera mujer presidenta, Iris Xiomara Castro Sarmiento, y el Congreso del pueblo con una Junta Directiva patriótica, convicciones y determinación a favor de los cambios y transformaciones.
El sistema político hondureño necesita cambios estructurales. No podemos desconocer que ya es un clamor del pueblo hondureño que se establezca la segunda vuelta electoral, que se establezca la separación de fecha de las elecciones de los diputados, alcaldes, de la elección del presidente o presidenta de la República. En ese sentido, el suscrito, como presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, ha establecido un cronograma de trabajo por medio del cual se van a realizar mesas de participación en las diversas regiones del país para discutir cuáles son los aspectos que se necesitan efectuar como un cambio en el pacto electoral de todas las fuerzas políticas. Es oportuno destacar que en Honduras para modificar la ley electoral se ocupan 2/3 partes de los diputados del Congreso Nacional, es decir, 86 votos. Es similar a una reforma constitucional, y para elegir en una segunda vuelta el presidente de la República se ocupa una reforma constitucional. Con relación a los procesos de democratización que se llevaron a cabo en Latinoamérica a principio de la década de los 80, tenemos el rezago de que Honduras, junto a México, Venezuela, Panamá y Paraguay son los únicos países que no han aceptado el método de elecciones presidencial de la segunda vuelta, ballotage o balotaje.
En la Comisión de Asuntos Electorales que tengo el honor de presidir, junto a mis compañeros hemos asumido con valentía, determinación y patriotismo, incorporadas en el Congreso Nacional, la determinación de impulsar este gran proceso de la reforma electoral en el país. Es decir, ya es oportuno un gran pacto político electoral, que le permita al pueblo hondureño tener, como un mecanismo para resolver los problemas de Honduras, la democracia, más participación y mayor protagonismo del soberano pueblo hondureño.
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