Reforma Electoral

//Reforma Electoral

Reforma Electoral

2021-01-26T14:26:48-05:0024 enero, 2021|Glosario|

El término equidad, del griego epiqueya y del latín aequĭtas, se define como “la apelación a la justicia en cuanto se dirige a corregir la ley en la cual se expresa la justicia” (Abagnano, 1996, p. 419).  Siguiendo a Tomás de Aquino, la epiqueya “pertenece a la justicia legal, y en cierto modo está contenida en ella y en cierto modo la supera”. Bajo esta acepción, la equidad se traduce en la justicia para un caso concreto y la conversión de una norma genérica en una norma concreta e individualizada, tal como lo asevera Luis Recasés Siches. Por ello, la equidad en las contiendas electorales se constituye en un principio de la justicia y de la administración electoral, para hacer efectivos los principios contenidos en la legislación en la materia.

Para que la contienda electoral se conduzca con equidad, esta debe ofrecer condiciones de igualdad en la competencia política a los partidos y candidatos involucrados, mismas que deberán garantizarse por las autoridades competentes. Para que así sea, la constitución, las leyes y acuerdos deben incorporar principios y reglas que fijen la proporcionalidad en el financiamiento, establezcan la distribución de tiempos y condiciones en medios de comunicación y, en general, permitan la adopción de medidas para que el acceso a las contiendas por el ejercicio del poder político se lleve a cabo en condiciones de igualdad para distintos actores, previniendo sanciones y medidas cautelares cuando estas se incumplan.

Generalmente se ha considerado que las elecciones están sometidas solo al principio de legalidad, siendo necesario que las reglas y procedimientos estén claramente definidos en las normas. Este principio que configura el Estado de derecho no solo da certeza a los actores que confluyen en los procesos electorales, como las autoridades, los partidos políticos, las personas que se postulan de manera independiente y los votantes, sino que permite que los legisladores y las autoridades electorales plasmen las políticas públicas fundamentales de la democracia al incluir, en las leyes y acuerdos generales de la materia, las decisiones que regularían el desarrollo del proceso electoral.