La sinergia impulsada por el Consejo Nacional Electoral de Honduras en la aplicación de la ley electoral, la inclusión social, las campañas de información, la incorporación de tecnologías para el voto, entre otros, permitió sortear los obstáculos hacia la consolidación democrática del país, aunque siguen existiendo desafíos que perfeccionen esta dinámica democrática.
Honduras vivió el año 2021 unas de las elecciones generales más transparentes y participativas de su historia democrática gracias a diversas acciones, tales como la depuración del censo electoral, la implementación de tecnología biométrica, el volumen de observadores electorales acreditados, la transmisión de resultados preliminares en los tiempos que establece la ley, entre otras, que significaron un avance significativo con respecto a otros procesos electorales del país centroamericano.
También ha sido una de las elecciones donde más mujeres han sido electas en cargos de elección popular, llegando a un 27% en el Congreso Nacional y teniendo la primera mujer presidenta de la historia del país, lo que implicó un avance significativo en temas de inclusión.
Esta gestión fue liderada por el Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE), un órgano electoral compuesto por tres Consejeros Propietarios y dos Suplentes, quienes velaron por administrar el proceso electoral de manera transparente y confiable, promoviendo la participación de la ciudadanía y garantizando la voluntad del pueblo, a fin de fortalecer el sistema democrático hondureño.
Durante las elecciones en el periodo 2021-2022, fue mi responsabilidad de liderar el CNE durante las elecciones generales, destacando diversos hitos en su gestión para el fortalecimiento democrático, los cuales exponemos en este artículo como una buena práctica de procesos eleccionarios.
Innovando en la gestión
El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) se integra el año 2019 como parte de la separación de funciones administrativas, técnicas y logísticas de las jurisdiccionales, lo que permitió dar vida al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral, que reemplazaron al antiguo Tribunal Supremo Electoral de Honduras, el cual tenía todas estas responsabilidades a cargo.
Como un órgano electoral nuevo, mi responsabilidad como Consejero presidente del CNE de 2021 al 2022 fue orientar el funcionamiento de cara a las elecciones generales del año 2021, su prueba de fuego para cumplir con la misión de generar confianza y transparencia en las elecciones en un país donde la credibilidad de los organismos electorales no superaba el 30%.
Es así como el CNE estableció una gestión basada en resultados con foco en tres objetivos concretos:
- Recuperar la confianza de la población en la institucionalidad electoral.
- Promover la transparencia efectiva de todo el proceso electoral.
- Fortalecer la institucionalidad y talento humano del CNE.
Esto significó una innovación en la gestión del CNE, ya que el nuevo órgano electoral comenzó a funcionar bajo una planificación estratégica que consolidó un modelo de gestión integral de procesos y precisó la división de funciones y responsabilidades del calendario electoral, permitiendo un accionar eficiente y efectivo en beneficio de la ciudadanía.
Este esquema de funcionamiento permitió superar las vicisitudes del contexto de las elecciones, el cual fue marcado por la modernización del documento nacional de identificación, la pandemia del COVID-19 y la aprobación de la nueva Ley Electoral de Honduras un (1) día antes de la convocatoria de las elecciones generales, lo que generó dificultad para adquirir servicios de identificación biométrica y de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares en las fechas establecidas en la Ley.
Participación y confianza
Durante las elecciones 2021, el CNE implementó amplias campañas de comunicación e información para motivar la participación de la ciudadanía en el voto, logrando que un histórico de 69.08% de electores habilitados ejerciera el sufragio, entusiasmo que se espera seguir manteniendo en el país.
El padrón electoral de Honduras está compuesto por 5.18 millones de electores de un total de 9.6 millones de habitantes, quienes tenían la posibilidad de ejercer el sufragio gracias a los 5,755 centros de votación habilitados.
Esta estadística del número de votantes es significativa para el país, ya que el censo electoral experimentó una depuración concienzuda que marcó el hito de eliminar los subregistros y fallecidos, reduciendo las posibilidades de fraude y aumentando la posibilidad de participación ciudadana.
Además de las campañas de comunicación que motivan el voto, el CNE debió enfrentar el temor provocado en la población por la pandemia del COVID-19, por lo que impulsó un proyecto de bioseguridad de cara al día de las elecciones, el cual fue socializado con diversos actores y medios de comunicación, lo que se tradujo en mayor confianza a la hora de ir a votar, y en que no aumentaron los casos de contagios durante este proceso.
La implementación del sistema de biometría fue otro factor decisivo para motivar a la población a participar en las elecciones, ya que permitió eliminar prejuicios sobre el proceso electoral.
Este hecho fue relevante porque por primera vez en la historia de Honduras se usó un lector biométrico, el cual permitió eliminar la suplantación de identidad y la doble votación. Esto marca un antes y después en las elecciones, ya que se elimina una de las principales fuentes de fraude electoral al establecer un proceso de verificación del votante previo al ejercicio del voto.
El procedimiento implicó una mejora en las votaciones, pues Honduras modernizó su documento nacional de identidad, implementando una tarjeta con medidas de seguridad internacional, la cual fue necesaria para ejercer el sufragio y habilitó la posibilidad de generar la biometría para comprobar fotografía, nombres y huella digital.
En esta línea, gracias a la gestión eficiente del CNE, se logró que un total de 3.09 millones de hondureños fuesen identificados por la biometría, eliminando la suplantación de identidad al momento de ejercer el voto.
Sumado a estos mecanismos, el CNE implementó un centro de atención telefónica, el cual recibió 48,635 llamadas el día de la votación y permitió aclarar dudas sobre el ejercicio del voto, los centros de votación y el proceso de escrutinio.
Otro elemento que brindó confianza en las elecciones fue la contratación de empresas con reconocida trayectoria apoyando procesos electorales, las alianzas entre países hermanos y la asistencia de la cooperación internacional, lo que permitió implementar un sistema de transmisión de resultados que permitiera entregar los datos de las votaciones según los tiempos que establece la Ley.
Para Honduras esto implicó un cambio significativo en el proceso electoral, ya que desde hacía algunas décadas que no se entregaban los resultados preliminares de nivel presidencial a horas de cerrada la votación; lo que se debe seguir mejorando con el tiempo para entregar resultados cada vez más rápido e involucrando a todos los niveles electivos.
Estas y otras medidas permitieron que la confianza ciudadana en los resultados de las votaciones alcanzara un 83% de aprobación, según una encuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aplicada en Honduras, lo que marcó un histórico de aprobación ciudadana y un logro para la gestión del CNE, presidido en ese período por el consejero Aguirre al retornar la credibilidad a los órganos electorales.
Política de puertas abiertas
Se fomentó la confianza y transparencia públicamente, se implementó una política de puertas abiertas como mecanismo para recuperar la confianza en la institucionalidad electoral. Esto en aras de asentar las bases para la aceptación de los resultados de las elecciones y evitar una crisis poselectoral, como la vivida en 2017 en Honduras, la cual escaló a niveles de violencia que implicaron incluso la muerte de personas.
Ante esto el CNE promovió una política de puertas abiertas, amplia e inclusiva, donde a pesar del trabajo que generó, se permitió a toda organización conformada por jóvenes, sociedad civil, iglesias, sector privado, gremiales, cooperación internacional, participar como observadores en el proceso electoral.
Esto permitió suscribir 29 acuerdos con organizaciones nacionales e internacionales para la observación electoral, incluyendo las de la Unión Europea (UE), Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras.
Además, se suscribieron 9 convenios de asistencia técnica con la cooperación internacional, lo que permitió obtener recursos que potenciaron diversas áreas del CNE, tales como los procesos formativos con la creación de un aula virtual, la cual permitió responder masivamente a las necesidades de capacitación, creando un repositorio útil de herramientas formativas que pueden ser consultadas libremente.
También destaca el apoyo en bioseguridad, la asesoría para implementar los sistemas tecnológicos y la elaboración de campañas de comunicación, las que hubiesen tenido un impacto menor de no contarse con este apoyo.
En virtud de estas acciones, el CNE llegó a acreditar a 7,400 observadores nacionales e internacionales y se tuvo una participación activa en eventos de presentaciones de informes de observación tras las elecciones, los que fueron difundidos por los medios de comunicación mediante la gestión de relaciones públicas para brindar una mayor transparencia al proceso electoral.
El trabajo de los observadores y sus informes dotaron de credibilidad a la institucionalidad electoral, ya que sus hallazgos y recomendaciones fueron positivas en cuando al proceso y destacaron áreas de mejora en temas similares a los que se viven en toda la región, tales como la incorporación de la juventud, la equidad de género y otros que se espera seguir mejorando en futuros procesos.
Reducción de la violencia electoral
Honduras ha cambiado su imagen internacional en materia de violencia común, y esto debía permear los procesos electorales. Los asesinatos políticos y las agresiones a candidatas eran consideradas comunes durante las campañas. Y obviamente esto debía mejorarse.
Por tal motivo, desde el CNE se impulsó un Acuerdo de Paz con la finalidad de que los candidatos se comprometieran a evitar la violencia electoral, aceptaran los resultados del CNE y con esto se evitara una crisis poselectoral, como la que afectó al país en el año 2017.
Los resultados fueron óptimos porque se redujeron los insultos, agresiones, estigmatizaciones y otras formas de violencia. También hubo una aceptación de los resultados entregados por el CNE por el conjunto amplio de la población, previniendo otra crisis poselectoral.
En este camino, los medios de comunicación y la sociedad civil fueron aliados estratégicos porque permitieron difundir ampliamente el Acuerdo de Paz y promovieron la necesidad de esta iniciativa, incidiendo en los candidatos para que viesen esta iniciativa como un elemento necesario para que Honduras viviese unas elecciones pacíficas.
Las campañas de sensibilización, impulsadas desde el CNE, también cumplieron un rol fundamental, ya que se transmitió el mensaje central de que los únicos resultados oficiales y válidos son los que entrega el Consejo Nacional Electoral, eliminando la posibilidad de que candidatos y partidos políticos expresaran sus propios resultados, lo que constituye una fuente de incertidumbre y violencia.
De este modo, en relación con las elecciones del año 2017 en Honduras, la violencia electoral se redujo en cerca de un 50%; no se registraron muertes políticas ni manifestaciones que cuestionaran los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral.
Inclusión y género
Uno de los aspectos positivos destacados durante la elección general del año 2021 en Honduras se vincula con los temas de inclusión y de género.
En el aspecto de inclusión, se desarrollaron diversas alianzas con las organizaciones de sociedad civil vinculadas al sector de personas con discapacidad, quienes cumplieron un importante rol en el apoyo en desplazamiento para las personas con discapacidad, en la asistencia para ingresar a los centros de votación, como también para lograr un tratamiento diferenciado que permitiera el sufragio en igualdad de condiciones.
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En el país, el 80% de los centros de votación no cuenta con la infraestructura adecuada de accesibilidad, por lo que el CNE implementó la figura de los “edecanes”, que dispuso de 113 personas a nivel urbano y rural, en 87 centros de votación, para coadyuvar a la participación de las personas con discapacidad. Esta iniciativa permitió apoyar a 8,034 votantes en 21 municipios de 8 departamentos, entre adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
El CNE también impulsó el desarrollo de procesos formativos con respaldo de la sociedad civil y la cooperación internacional, lo que permitió contar con personal experimentado para alcanzar los objetivos de la Oficina de Inclusión del CNE, y sensibilizar y motivar a la ciudadanía que vive en condiciones de vulnerabilidad a ejercer el voto.
También se avanzó en la actualización del censo de personas con discapacidad, lo que permitirá implementar medidas que mejoren la participación de este sector en las próximas elecciones, y se generó un mayor acercamiento con las organizaciones de sociedad civil vinculadas a jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes, LGTBI, adultos mayores, quienes gracias a la política de puertas abiertas impulsada pudieron ser parte activa del proceso electoral.
Las oportunidades siguen existiendo, pero el esfuerzo demostró ser positivo, por lo que el CNE está impulsando el desarrollo de una política de inclusión institucional, con una programación propia, la cual permitirá establecer como eje transversal del proceso electoral la atención a personas con discapacidad, además de realizar campañas masivas para sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de la inclusión a nivel de personas con discapacidad, pueblos originarios, adultos mayores y colectivos de la diversidad.
En materia de género, Honduras ha implementado diversos marcos normativos para fomentar la inclusión de la mujer en política, lo que representa un avance, ya que en el 2002 la representación de la mujer era del 9.4%, en el 2006 fue de 24% y en 2014 de 25.8%. O sea, en cada elección se logra cada vez una mayor integración de la mujer.
En el año 2021 el porcentaje de mujeres electas en cargos de elección popular alcanzó el 27%, una cifra significativa si se compara con las elecciones previas. No obstante, este porcentaje aún no llega al 30% de cuota de género promovido en la legislación.
En el nivel municipal es donde se aprecian mayormente la brecha de género en Honduras. De las 298 alcaldías, solamente 16 son lideradas por mujeres, y en el caso de Vicealcaldías la relación es de 155 mujeres y 143 hombres.
Asimismo, el 89% de mujeres candidatas de un total de 854 que participaron en el proceso, lo hace por partidos minoritarios, aunque las electas pertenecen a los partidos políticos mayoritarios. A nivel de diputaciones, en el 2021 participaron 782 mujeres de un total de 1,704 candidaturas (45.9%).
Si bien las mujeres hondureñas están empoderadas y participan en política, se requiere seguir trabajando para que sean electas, en especial porque la mayoría de votantes en el país son mujeres.
Sin embargo, las leyes y cuotas no son suficientes para promover la participación efectiva de la mujer. “Mientras no abordemos los problemas estructurales que generan la falta de reconocimiento y legitimidad de las capacidades de la mujer, el apoyo familiar, económico y social de la ciudadanía a las candidaturas de las mujeres seguirá estando ausente”.
“Si bien se realizaron campañas de comunicación y se integró la perspectiva de género en las capacitaciones que brindó el CNE, debemos seguir avanzando en la construcción de presupuestos con enfoque de género, registro de indicadores con inclusión, fortalecimiento de los partidos políticos y normas que obliguen el cumplimiento de las cuotas de manera efectiva”.
Para seguir superando las brechas se aprobó para las elecciones generales 2021, el “Reglamento de Inscripción de Candidatos y Candidatas Postulados, a cargos de la Elección Popular por los Partidos Políticos que no participaron en el Proceso Electoral Primario”, donde se aplicó el principio de paridad y alternancia de la misma manera que se ejecutó en el proceso Primario e Interno 2021. Además, se promovió el Protocolo contra la Violencia Política de Género, el que se espera establecer como un compromiso voluntario en cada proceso eleccionario.
Combate a la desinformación
Las fake news no fueron ajenas al proceso electoral. Por una parte, el CNE tuvo que implementar campañas para combatir la desinformación y el miedo generado por redes sociales por el tema de la pandemia.
Por otra, las noticias políticas falsas para manipular la intención de voto supusieron un desafío que aún debe abordarse porque las estadísticas apuntan que 1.2 millones de hondureños y hondureñas se ven permeados por estas a través de las redes sociales.
Como mecanismo de información, el CNE implementó campañas de publicidad de educación al votante a nivel nacional, las que fueron útiles para mitigar en cierta medida el impacto de las noticias falsas, construyendo un mensaje unificado de cara a la sociedad para evitar la desinformación.
Las relaciones públicas también fueron relevantes en el proceso de combate a la desinformación, por lo que mediante apariciones públicas se generaron más de 4,000 noticias vinculadas al proceso electoral.
Asimismo, se desarrolló un manual de medios de comunicación con la guía del proceso eleccionario, se incorporó la actualización de los portales de transparencia como eje central de toda gestión del CNE para mantener informada a la ciudadanía sobre los procesos de contratación, gestión y administración del Consejo, y se fomentó la acreditación de más de 2,000 periodistas para que estuviesen dando cobertura al proceso de elecciones, ya que una mayor cobertura noticiosa de fuentes oficiales permite combatir las fake news.
A nivel de sociedad se apoyó desde el CNE la participación en 24 procesos de elecciones colegiadas, lo que facilitó ubicar en el centro de procesos de votación al CNE, el cual brindó confianza, transparencia y calidad a estas iniciativas, estrechando los vínculos con la ciudadanía.
Educación electoral
Durante mi gestión se implementó el Instituto Nacional de Formación Política Electoral (INFPE), el cual permitió avanzar en la profesionalización de los servicios electorales al permitir brindar capacitaciones de calidad para lograr un desarrollo adecuado de las elecciones, en especial con las nuevas tecnologías que se emplearon para asegurar la transparencia de las votaciones.
El INFPE logró capacitar a 600 instructores de partidos políticos, los que replicaron la capacitación en sus estructuras, lo que permitió formar a 182,930 miembros de Juntas Receptoras de Votos, representativos de los 18 departamentos del país.
Asimismo, se capacitó a 12,171 operadores técnicos del TREP, propietarios y suplentes, quienes cumplieron con la responsabilidad asignada, permitiendo que los resultados de la elección se conocieran en los tiempos que establece la Ley.
Por otra parte, la Ley Electoral creó la figura de los custodios electorales, una iniciativa que permitió a los partidos políticos nombrar representantes que acompañaron la distribución de los materiales electorales y brindaron asistencia en los centros de votación, contribuyendo a aumentar la seguridad y transparencia del proceso electoral.
Para que su rol fuese ejecutado correctamente, el CNE acreditó a 22,389 custodios electorales de centros de votación y a 90 custodios para el transporte de maletas electorales, kits tecnológicos y de bioseguridad, quienes fueron capacitados por el INFPE, además de colocar a su disposición un instructivo que detalla sus funciones antes, durante y después de las votaciones.
El INFPE cumplió con su función durante el proceso electoral, siendo relevante para los procesos de capacitación. Sin embargo, los procesos formativos deben ser continuos para desarrollar una formación cívica y electoral adecuada, por lo que se aboga para seguir fortaleciendo esta entidad de manera continua.
Logros y lecciones aprendidas
No se puede pretender que los avances alcanzados fueron algo sencillo. El 2021 fue un año de importante trabajo, desde lo legislativo con la aprobación de la nueva Ley Electoral, hasta la regulación del gasto y el financiamiento electoral, el desarrollo de los procesos y logística de las Elecciones, las que sentaron las bases del proceso democrático, así como también de importantes reflexiones para dictar las normas, instrucciones y protocolos que entregaron las garantías de procesos impecables”.
“Trabajar con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, medios de comunicación, partidos políticos, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y diversas Secretarías de Estado para coordinar de la mejor forma, transparentemente, las actividades de nuestra Institución fue clave para alcanzar unas elecciones confiables y transparentes”, expresó Aguirre.
“Abrimos las puertas para que el Consejo Nacional Electoral sea un garante de la democracia frente a todas las ciudadanas y ciudadanos, lo que permitió generar una confianza histórica en nuestra institución”, agregó.
Pese a los desafíos, las elecciones 2021 fueron de las más confiables y transparentes de la historia democrática de Honduras, y esto se debió a diversas iniciativas y procesos que marcaron los logros y lecciones aprendidas de la entidad.
Ejemplos de estas lecciones aprendidas se dieron en el marco legal, donde las lagunas legales fueron superadas por el CNE mediante la elaboración de reglamentos, guías y manuales. También se impulsó junto a RED-H la “Plataforma de Diálogo Político”, un espacio de convergencia multiactores para promover reformas electorales, lo que brinda un espacio de integración de sociedad civil, comisiones electorales, instituciones electorales, el sector privado, la cooperación internacional, con el fin de promover reformas concertadas.
A nivel de gestión, durante el desarrollo del cronograma electoral se logró crear un ambiente institucional de colaboración entre las distintas direcciones del CNE, como con otras instituciones externas, lo que fue particularmente útil en la coordinación con los territorios, lo cual fue valorado positivamente, ya que hubo un traspaso de capacidades útil para el desarrollo de los proyectos electorales.
Las relaciones internas y externas del CNE se consideraron como un ecosistema único, y su desarrollo fue holístico para lograr un ciclo electoral fortalecido, lo que permitió brindar mayor accesibilidad, tiempos de respuesta expeditos y un desarrollo de capacidades mejor.
Con relación a innovación tecnológica, el CNE logró implementar un sistema biométrico de manera exitosa y sistemas web que mejoraron el desempeño de varias áreas del Consejo. Sin embargo, para lograr resultados efectivos y que brinden confianza a la población se identificó la necesidad de consolidar el equipo físico y humano de la Unidad de Sistemas para responder de manera fiable y oportuna a los sistemas tecnológicos que el país decida implementar en las próximas citas electorales.
El uso de herramientas tecnológicas, como el sistema de gestión de almacenes (WMS) en la gestión de almacén logístico, también se identificó como una buena práctica por el personal del CNE. Para que esta Unidad siga desempeñando un buen trabajo, se recomendó al CNE crear un departamento de Centro Logístico Electoral y fortalecer el departamento de Cartografía Electoral, con el fin de consolidar la planificación y ejecución de la Dirección Electoral.
Las nuevas figuras de los Consejos Departamentales Electorales y Consejos Municipales Electorales, creados por la nueva Ley Electoral, cumplieron un rol fundamental para garantizar el ejercicio del voto, encargándose de la logística electoral, reclutamiento y la capacitación del personal que sirvió en los centros de votación.
Si bien estas figuras fueron positivas, se encuentran áreas perfectibles, tales como la vinculada con la coordinación con otras instituciones involucradas en el proceso electoral, lo que tuvo implicancias en la facilitación de recursos materiales para que cumplieran con sus obligaciones legales.
Esto permite sugerir que el CNE debe dotar de una mayor regulación a los Consejos Departamentales Electorales y Consejos Municipales Electorales (CDE/CME) para institucionalizar sus funciones en el proceso electoral y estrechar los vínculos de cooperación con las instituciones públicas.
Reflexiones finales
Como consejero presidente 2021-2022 del CNE, “esta y otra lección aprendida que nos ha dejado el proceso electoral de 2021, y debo colocar en perspectiva los resultados alcanzados”.
“Si bien las acciones fueron diferenciadas, el objetivo principal era generar confianza y transparencia en todo el proceso electoral, y debo decir que lo logramos. La sociedad, la cooperación internacional y los partidos políticos reconocieron el esfuerzo del CNE y se validó como una institución responsable, ajena a intereses partidarios y que promovió un ambiente electoral seguro para participar; lo que mejoró la confianza ciudadana en las elecciones y la transparencia en los proyectos electorales”.
Estos dos aspectos, confianza y transparencia, tuvieron una incidencia en la construcción de la democracia, ya que el informe de Latinbarómetro de 2020 estableció que la confianza en la democracia solo llega a 30%. La institucionalidad electoral también era de las que generaba menos confianza en la población según el informe de Latinbarómetro de 2021, donde solo el 13% creía en los órganos electorales y esto afectaba la validez de las instituciones.
“Esto ha cambiado gracias a una elección apegada a la Ley, y lo digo con orgullo. El equipo del CNE se desveló para poner el grano extra en las elecciones 2021 y, según el informe 2022 del Barómetro de las Américas, el apoyo a la democracia llegó a un 49%, y la indiferencia con la democracia bajó a un 30%”.
Concluyo con un gracias a un trabajo ordenado, riguroso y en un contexto adverso, se logró aumentar la confianza democrática, pero los desafíos siguen existiendo, aunque también existe el deseo de seguirlos superando con el apoyo de toda la población”.
