Si bien es cierto que la corrupción es un mal ancestral, no menos cierto es que ha hecho una especie de metástasis que ha invadido gran parte del tejido institucional de la mayoría de los países latinoamericanos, para referirnos solo a nuestra región, aun cuando es una realidad en el ámbito global. Y si analizamos el concepto de imperio desde la acepción de su significado de “hegemonía en cualquier ámbito”[1] y desde sus sinónimos de “poder, poderío, dominio”, estamos frente a la amenaza de lo que podríamos considerar el imperio de la corrupción, que, de la mano con el crimen organizado, atenta contra la condición de países, otrora seguros y de convivencia pacífica, se conviertan en Estados fallidos.
La corrupción, como la pobreza,[2] es un mal que jamás erradicaremos de la faz de la tierra, pero eso no implica que la única salida sea postrarnos ante ella con la mediocre mentalidad derrotista de que “nada podemos hacer”. En la obra “La Constitución y el combate a la corrupción”[3], Carl J. Friedrich (1961), citado por Antonio María Hernández (2022, p. 1), señala que la corrupción es “un estado de cosas que se repite siempre y que deriva de su propia naturaleza, contra la cual no hay mejor remedio curativo que la constante lucha con diferentes medios para cada forma de gobierno”. Esto lo afirma tras señalar que “la corrupción no es un vicio exclusivo de la democracia, sino de todas las formas de gobierno y de todo orden político”.
El más reciente Informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, de Transparencia Internacional,[4] señala “que la corrupción está prosperando en todo el mundo”. Pero su presidente, François Valérian, 0va más allá cuando afirma que “la corrupción seguirá prosperando hasta que los sistemas de justicia puedan castigar las irregularidades y mantener a raya a los gobiernos”.
Siempre habrá personas codiciosas e inconformes con lo que tienen, que hacen de la avaricia su inspiración de vida, o que se creen por encima de los demás y que, sin importar las consecuencias, pueden violar las normas de convivencia de la sociedad. De allí nace la corrupción en todos los ámbitos. Reiteramos, entonces, la importancia de los sistemas de justicia fuertes y comprometidos con la certeza del castigo.
¿Cuán fuerte puede ser un imperio? No hay en la historia de la humanidad imperio que no se haya derrumbado; el de la corrupción no puede ser la excepción. El intelectual francés, historiador, demógrafo y antropólogo, Emmanuel Todd, en su más reciente obra «La derrota de Occidente», pronostica la caída final de occidente, en alusión a la potencia hegemónica y su zona de influencia que ejerce los Estados Unidos de América visto como el imperio norteamericano. De acertar en su tesis que desarrolla en el libro, Todd nos estaría pronosticando el ocaso de otro poderoso imperio que se sumaría a la lista de los caídos. De acuerdo con el análisis de Raúl Zibechi, en La Jornada (26 de enero de 2024),[5] el historiador concluye que estamos ante la derrota de Occidente que se está destruyendo a sí mismo. Agrega que se trata de “una crisis terminal estadunidense”, que “pone en peligro el equilibrio del planeta.
Cada imperio tiene sus propias y particulares causas que han provocado su decadencia. Aun cuando pudiera parecer lejos de visualizarlas, las del imperio de la corrupción, sin lugar a dudas, serán las de la certeza del castigo y el hartazgo de la población de gobernantes y políticos corruptos.
De eso quizá ya estemos vislumbrando, en el mejor sentido de optimismo, algunos ejemplos en países vecinos de la región que han tenido elecciones recientes, en los que el electorado valientemente, a través del voto, ha defenestrado regímenes por décadas corruptos para darse la oportunidad de una nueva opción que pueda representar un cambio del statu quo imperante por otro que se traduzca en mejores condiciones de vida, seguridad, paz y progreso para la población.
Podríamos citar casos como el de Guatemala, en donde antes de la elección de Bernardo Arévalo, como presidente, se hablaba del “clan de los corruptos” que tenía sometido al país, administración tras administración, y contra el que, a toda costa, tuvo que luchar el entonces candidato Arévalo, y fue contra ese estado de cosas que votó la población.
En Ecuador, pese a todo pronóstico y frente a la amenaza del crimen organizado, gana la presidencia el joven opositor a la corriente oficialista y del correismo, Daniel Noboa, que representa una opción nueva para regir los destinos del país. Aun cuando su mandato no abarca el período completo de gobierno (por causas ya conocidas), puede sentar las pautas para rescatar al país del grado de corrupción y violencia que hereda y que, de hecho, ya hay señales claras al respecto.
Y el caso de El Salvador, por qué no citarlo, donde con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, se les acabó la fiesta a las pandillas del crimen organizado que, en contubernio con los gobiernos corruptos de turno, mantuvieron por décadas a ese país como uno de los más violentos del mundo y próximo a convertirse en un Estado fallido. Su gestión como presidente le ha valido la reelección en el cargo en las elecciones de febrero pasado. Los analistas lo consideran un “premio” a su gestión. Quién mejor que un pueblo para valorar la gestión de sus gobernantes. En El Salvador, no solo premiaron al presidente, sino a su partido, Nuevas Ideas, que logra una abrumadora mayoría en el congreso (54 de 60 escaños). En nota que publica BBC News Mundo,[6] el corresponsal en México y Centroamérica, Marcos González Díaz, señala que “el principal cambio vivido durante el gobierno de Bukele es, sin lugar a dudas, la reducción de homicidios en el que fue uno de los países más violentos del mundo.” Pero el cambio va más allá de la seguridad y ahora, de acuerdo al gobierno, se hacen esfuerzos en materia de turismo y megaproyectos. “Una vez atajada la violencia, los expertos consultados coinciden en que la economía sería uno de los grandes retos para un segundo gobierno de Bukele”, agrega en su nota el periodista de BBC News Mundo, y así también lo ha reconocido el presidente reelecto.
Para no abundar en ejemplos, concluyo con el de Argentina, donde el electorado, 72 horas antes de acudir a las urnas, se decide por el candidato opositor al oficialismo, no por sus simpatías por él, sino por el hartazgo ante un sistema que no daba señales de rescatar a ese país de su crisis económica y que justamente representaba el candidato oficialista y de hecho, la continuidad del peronismo. Esto hace de dudosa aceptación que el deterioro en el país sureño sea principalmente de orden económico.
En materia de corrupción sistémica y estructural, Argentina y Panamá comparten una particular similitud. En su ensayo “La corrupción en Argentina”, del libro “La Constitución y el combate a la corrupción”, Antonio María Hernández, presenta un caso emblemático que dio origen a la “investigación judicial más importante de la historia argentina sobre corrupción”, denominada “Los cuadernos de las coimas o de la corrupción K”. Esta investigación ─relata Hernández─, se inicia a raíz del caso que se originó durante el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner, en el que se “produjo la apropiación y captura del Estado para su saqueo mediante un sistema de corrupción que abarcó todas las esferas de la obra pública, de las concesiones, del transporte, de los subsidios y del juego” (Hernández, 2022, p. 25).
La trama que presenta “Los cuadernos de las coimas o de la corrupción K” en Argentina, con la desarrollada en Panamá que originó en el caso “New Business”, son copia al carbón en cuanto al modus operandi y del mejor ejemplo de corrupción sistémica. Tan parecidos son ambos casos que, al igual que en Argentina, en Panamá un exmandatario ha sido condenado por la justicia por blanqueo de capitales para la compra de las acciones en una editorial de periódicos con fondos públicos. De resaltar aquí que este personaje se convierte en el primer expresidente de la República de Panamá condenado por delito doloso. A este hecho habría que agregar el caso insignia de la corrupción en América Latina, el caso Lavajato, y que en Panamá dio origen a la investigación conocida como el caso Odebrecht (por ser la empresa que generó el entramado corrupto del pago de coimas a varios de los gobernantes latinoamericanos), en el que aguardan turno, además del ya condenado expresidente y sus dos hijos, otro expresidente panameño, un excandidato presidencial, y otros altos exfuncionarios, con audiencia programada para mediados de julio de este año.
La corrupción no es solo eso, sino que trae consigo o engendra una secuela de males que se constituyen en otras amenazas para la sociedad. Hablamos del crimen organizado y la narcopolítica. El primero fecunda y luego se nutre de lo segundo al coludir las instituciones de seguridad, de justicia, autoridades municipales, del poder legislativo y del Ejecutivo.
Muchas de las bandas criminales en América Latina surgen al amparo de gobernantes corruptos y con la complicidad de autoridades que, precisamente, tienen que velar por la seguridad y la administración de justicia; burlan las leyes y extienden sus tentáculos a prácticamente a todos los países de la región y allende. El portal digital de noticias msn.com, publica una nota del The Daily Digest que bajo el título: “El Tren de Aragua: así es la temida banda criminal venezolana que está en toda Latinoamérica”,[7] da cuenta de los orígenes, desarrollo y expansión de esta organización delincuencial en Colombia, Ecuador, Chile, Perú, y que aparte de esos países, también se ha advertido de sus operaciones en Panamá, Brasil y Bolivia, destaca la nota.
La Estrella de Panamá, en una publicación del pasado 23 de enero, titulada “Las señales que Panamá debe ver para evitar una crisis de seguridad”,[8] nos brinda la opinión de especialistas “sobre la situación de Ecuador y las debilidades de Panamá para contener el crimen organizado”, de la cual rescato, por un lado, la del sociólogo Danilo Toro, que indica que ocurren siete síntomas que dan cuenta cuando el crimen organizado ha plantado bandera. Entre estos, menciona “la toma del mando en las cárceles por parte de las pandillas, al punto que pueden provocar asesinatos o actividad ilegal fuera de ella” y “la aparición de personajes del crimen organizado o del narco mundo en la política, sin corrección del Estado”, lo que les da rienda suelta para continuar sus operaciones desde el poder, agrega la nota que suscriben las periodistas Adelita Coriat y Marlene Testa.
Pero también interesa la opinión expresada, en la nota aludida, por el mayor retirado de las extintas Fuerzas de Defensa, Felipe Camargo, cuando afirma que “se ha descuidado la guerra interna”. Y en esta menciona la “que se centra en la prevención, en la inteligencia para ganar terreno a los delincuentes y en la contra inteligencia para identificar las manzanas podridas dentro de los uniformados y otras instituciones clave que colaboran con el crimen organizado.” (Nuestro el resaltado). “Cuando se compra la justicia o se interfiere políticamente, es el pueblo el que sufre”, nos dice el presidente de Transparencia Internacional en el (IPC) 2023.
Y esa colaboración que desde las instituciones clave del Estado se le brinda al crimen organizado no tiene otro nombre que no sea el de la corrupción. Cómo se entiende que, de nuestros puertos, en el caso panameño, salgan contenedores “preñados” con droga, si no es con la complicidad de algunos de los funcionarios o quizá autoridades encargadas de la seguridad de esas instalaciones portuarias. En enero pasado se informaba del “arresto de siete trabajadores portuarios en las provincias de Colón y Panamá Oeste mediante la Operación Lepanto, por delitos relacionados con drogas”.[9] Pero resulta que, de acuerdo a la información, estos trabajadores desempeñaban posiciones como operadores de equipos y estibadores en los puertos. Obviamente, no son los autores intelectuales del trasiego ni los dueños de la carga. El diario La Prensa, por su parte, también publica información sobre la incautación de mil 193 paquetes de droga que es confiscada en Punta Mala,[10] y del arresto de dos hombres a bordo, pero no de los cabecillas del ilícito.
De igual manera, se informa de estadísticas anuales de confiscación de droga por parte de las autoridades, pero casi no se conoce de la desarticulación de las bandas que operan en el país, ni mucho menos de los que están detrás del entramado delincuencial. Sí, es plausible el actuar de las autoridades de policía en los esfuerzos (llámense operativos) que despliega contra el crimen organizado, pero si, por el contrario, confronta un sistema judicial poroso, falta de voluntad en la aprobación de leyes como herramientas de disuasión o, inclusive, funcionarios de alta jerarquía cómplices que protegen a estos delincuentes, estamos arando en el desierto, toda vez que, como ha dicho la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, si bien es necesario establecer los autores materiales, también los es llegar a los autores intelectuales.
Y aquí es necesario volver la mirada a este país sureño, porque, en línea con el titular antes mencionado de la Estrella de Panamá, y según declaraciones de la fiscal Diana Salazar, en entrevista a CNN en español,[11] Ecuador, a diferencia de Panamá, ya cuenta con una Ley de Extinción de Dominio. Pero no conforme con esto y a raíz de la guerra interna declarada por el gobierno contra las bandas del crimen organizado, ahora denominadas terroristas, se propone una reforma a dicha ley, que de acuerdo a la fiscal Salazar, “plantea básicamente la posibilidad de la extinción de los bienes sin la sentencia ejecutoriada” ya que la actual exige contar con una sentencia condenatoria por un tipo de delito. El proyecto ha sido planteado por el Ejecutivo que dirige el presidente Noboa, y la fiscalía va a apoyar ese proyecto –señala la fiscal-; “que tengamos la posibilidad de la extinción y, sobre todo, del congelamiento de los bienes justamente cuando se los identifica”, toda vez que “siguen en poder de las organizaciones criminales y eso es lo que les permite contratar a los sicarios y es lo que les permite ordenar las muertes desde las cárceles. Entonces tenemos que ir a la fuente, al origen al financiamiento”, sostuvo la “dama de hierro”, como la califica el medio Ecuador Noticias.
(AQUÍ LA FOTO DE DIANA SALAZAR)
Según la fiscal Salazar, la operación Metástasis presenta una radiografía clara de cómo el crimen organizado permeó a las instituciones del Estado. “Y si el crimen organizado permeó a las instituciones, la respuesta del Estado tiene que ser contundente, conforme lo estamos viendo ahora,” acota la funcionaria.
En otro aspecto de su entrevista a CNN en español, la fiscal Diana Salazar se refirió a la necesidad o no de reformas al sistema de justicia en su país. En ese sentido, recordó que Ecuador cuenta con un Código Orgánico integral Penal moderno, que incluye técnicas especiales de investigación por lo que la forma como se está administrando justicia no tiene que ver con reformas, ─señala─, “porque si tenemos un sistema judicial fuerte, pero los operadores de justicia, por ejemplo, a través del abuso de garantías benefician a los procesados, a los sentenciados, de nada nos sirve. A juicio de la fiscal, aquí está la oportunidad de caminar hacia una “verdadera depuración del sistema de justicia, del sistema penitenciario, del sistema de seguridad” y de cómo se está ejerciendo la profesión de abogados, “porque también forman parte de esta trama, lastimosamente, abogados en el libre ejercicio que corrompen al sistema de justicia, sentenció.
(AQUÍ LA FOTO FACHADA FISCALÍA GENERAL DEL EDCUADOR)
Se necesitan más Diana Salazar en Latinoamérica, pero en asocio con presidentes dispuestos a enarbolar la bandera de la lucha frontal contra el flagelo del crimen organizado y de la corrupción.
Panamá no es ajeno a este tipo de prácticas que señala la alta funcionaria ecuatoriana y que rayan en la falta de lealtad procesal. Para frenar estas perniciosas tácticas dilatorias, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, esbozó la idea de sancionar abogados, que, según sus palabras, abusan de la presentación de recursos. «Si un abogado, de manera reiterativa, interpone un mismo recurso de 10 hasta 20 veces denominándolo de otra forma, está entorpeciendo el servicio de la administración de la justicia. Eso, además, no es ético», señala la magistrada, ante lo cual y en apoyo a este pronunciamiento, el diputado de la Asamblea Nacional por libre postulación, Juan Diego Vásquez, la conminó a presentar la respectiva propuesta de reforma a la ley en esa materia, toda vez que, según dijo, ella tiene iniciativa legislativa.
Recientemente, los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ─Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú─ concretaron una serie de medidas bajo la denominación de «red andina de seguridad», cuyo fin es lograr más cooperación para detener el crimen organizado. Un compendio de acciones para «luchar contra el flagelo de la criminalidad organizada transnacional», indica la agencia de noticias DW, que cita la CAN en una nota de prensa.[12] Pero según analistas, la iniciativa no pasa de ser un documento de buenas intenciones, “toda vez que no genera objetivos en líneas de acción claras».
El crimen organizado es la antesala a la narcopolítica, una de las amenazas más graves a la democracia, y se da cuando este colude las autoridades en etapas que se inician a nivel de los gobiernos locales para luego ascender a las más altas esferas de la administración de gobierno, pasando por las alcaldías, el poder legislativo y el judicial. “En otras palabras, la narcopolítica es una acción por la cual servidores públicos traicionan al Estado para servir otros fines”, advierte una nota publicada por el diario La Prensa bajo el título “La narcopolítica, versión panameña”.[13]
Ya no es un secreto a voces que en Panamá confrontamos el flagelo de la narcopolítica, que de por sí no es nuevo. “Cada gobierno del periodo democrático ha tenido sus escandalitos vinculados al escabroso tema”, suscribe la aludida nota de La Prensa fechada el 12 de abril de 2019. “La narcopolítica vuelve a ocupar el escenario público en Panamá”, señala un titular del diario español Vanguardia, con fecha del 19 de septiembre del 2020. Así también lo reconocen algunas personalidades políticas del patio. A juicio del candidato presidencial Rómulo Roux, “la narcopolítica está infiltrada en nuestro sistema; es uno de los riesgos más grandes que hay. Estamos en el riesgo de quedar como un país fallido”, acotó en entrevista concedida a TVN Noticias (Rómulo Roux, TVN Noticias, 26 de enero de 2024).
De ese mismo medio televisivo, copiamos entrada de nota periodística que suscribe la periodista Tereza Espinoza, del 30 de agosto de 2022:
La narcopolítica volvió a la palestra pública, toda vez que el magistrado del Tribunal Electoral Alfredo Juncá confirmara la penetración del narcotráfico en el sistema político panameño, algo que hasta el expresidente de la República, Juan Carlos Varela, indicó, pero que hasta el momento no existen investigaciones, ni se sabe los nombres de los supuestos involucrados en estas redes.
También es importante dejar aquí plasmado una de las conclusiones que presenta el Resumen Ejecutivo en el análisis de la investigación “Perfiles de la Cultura Cívica en Panamá” (Focus Group Online) para la definición de una Línea Base y propuestas de diseño del Plan Estratégico 2021-2026 y Plan de Acción 2021-2024 del TE, publicado por el Tribunal Electoral de Panamá, IDEA Internacional y el Instituto de Estudios Democráticos (INED) en el documento Estrategia Institucional para la promoción de la cultura cívica y la convivencia en democracia 2021-2026 Comisión Institucional para la cultura cívica electoral CICCE.
La conclusión a la que nos referimos es del tenor siguiente:
En Panamá las personas mayores de edad se reconocen como gene de bien, alegres e ingeniosas; profesan amor por su país, expresan orgullo por las riquezas naturales e históricas de la patria, así como por la diversidad sociocultural y la pluri etnicidad de la nación; asimismo, expresan su repudio y hastío con la corrupción (nuestro el resaltado), la política y la desigualdad social, económica y regional, sentimientos que no socavan su declarada predilección por la democracia como régimen de gobierno (Estrategia Institucional, 2024, p. 105).
Muchos o la gran mayoría de los gobiernos corruptos han sido electos de forma democrática, y de esa forma, a través del voto, también deben ser proscritos, aunque la lucha no sea fácil.
Cada proceso de elección presidencial trae consigo su particular hoja de ruta acorde, a los problemas del momento y necesidades de la población. La de las actuales circunstancias que vive la región, de las que Panamá no escapa, es imperante la de la lucha frontal contra el flagelo de la corrupción en cada uno de nuestros países de América Latina. Se imponte, entonces, una agenda de la integridad, tal como la que describe Delia Ferreira Rubio, (2022, p. XV) [14], “en la que se inscribe la lucha contra la corrupción”, orientada en primer orden hacia la prevención, pero sin descuidar el aspecto de la certeza del castigo. Es decir, ser más proactivos que reactivos. Y esta lucha debería encabezar las propuestas de gobierno de los candidatos presidenciales en contienda.
Panamá está a la víspera de un proceso electoral, que se realizará el 5 de mayo próximo. El Padrón Electoral Final cifra en 3,004,083 los electores habilitados para votar, de los cuales el Tribunal Electoral espera una partición de un 80% en las urnas, lo que superaría la del torneo anterior, que fue de 73%.
Del total del padrón, un 29% representa el sector etario de la juventud (18-30 años), es decir, 867 mil 681 votantes; de estos, 323,367 son jóvenes que votarán por primera vez. En nuestro vecino Costa Rica el porcentaje es bastante similar,[15] 28%, según el padrón de ese país de habilitados para votar en las recientes elecciones municipales del 4 de febrero pasado. Hay similitud en el peso del voto joven entre nuestros países.
Si se toma en cuenta la expectativa de participación del TE, que ronda los 2,403,266 de electores, y dividimos esa cifra entre la cantidad de aspirantes al cargo de presidente (5 por los partidos políticos y 3 por libre postulación) estaríamos hablando de que el próximo presidente de Panamá podría ganar hasta con un 30%, o sea, una cifra que ronda los 700 mil votos, ya que en este país no existe la segunda vuelta. Si comparamos ese porcentaje o cifra con la del sector etario de la juventud, vemos que la población joven habilitada para votar tiene en sus manos la oportunidad de cambiar el statu quo, imperante en el país por ya tres décadas, y rescatarlo de las garras de la corrupción en que se encuentra sumido.
(AQUÍ EL GRÁFICO PASTEL DE PEF)
De acuerdo al IPC 2023 de Transparencia Internacional, “que clasifica a 180 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, con una puntuación de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio), Panamá bajó un punto más en su nivel de puntuación con respecto a la medición del 2022, con una calificación de 35 puntos, para situarse en el rango 108 de los 180 países medidos. “Es hora de poner fin a la impunidad de la corrupción”, reza el título de dicho informe,[16] en alusión al escalado ascenso de ese flagelo en gran parte los países estudiados.
El secretario general de la Organización de Estado Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, en un evento para jóvenes organizado por el Tribunal Electoral en enero pasado, señaló que “se observa que candidatos jóvenes están ganando elecciones para presidente en Latinoamérica, en su mayoría sin pertenecer a los partidos tradicionales”. Y agregó “la diferencia para realizar estos cambios se debe a una juventud que ahora está participando”.
En la historia de la humanidad existieron imperios que, pese a su gran poderío, se derrumbaron, como el romano, español, persa, mongol, otomano, británico y ruso, por solo mencionar algunos. Los países núcleos que los ostentaron siguen existiendo, pero no como imperios.
Acá, en las manos de nuestros jóvenes está luchar para que, por medio del voto y buenas decisiones, su generación derrumbe el nuevo imperio que se ha erigido y domina América Latina, y que socava la integridad de las democracias. Es cierto, la corrupción seguirá y siempre habrá corrupción mientras exista la avaricia en el ser humano, pero ya no será imperio.
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REFERENCIAS
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Los países andinos buscan blindarse ante el narcotráfico – DW – 23/01/2024
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[1] Diccionario de la lengua española (RAE)
[2] Mateo (26: 10)
[3] Hernández, Antonio María, Valdés, Diego (Coord.) (2022), La Constitución y el combate a la corrupción Universidad Nacional Autónoma de México.
[4] https://www.transparency.org/en/cpi/2023
[5] La Jornada – La «derrota de Occidente» y el incendio del mundo
[6] https://www.bbc.com/mundo/articles/c51vekykvgqo
[7] El Tren de Aragua: así es la temida banda criminal venezolana que ya está en toda Latinoamérica | (thedailydigest.com)
[8] https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/las-senales-que-panama-debe-ver-para-evitar-una-crisis-de-seguridad-HH5933238
[9] http://elsiglo.com.pa/panama/cayo-teja-siete-portuarios-prenar-contenedores-cocaina/24244406
[10]https://prensa.com/judiciales/una-lancha-con-mil-193-paquetes-de-droga-es-confiscada-en-punta-mala/
[11] https://youtu.be/VvH_H4PXpsQ?t=3
[12] Los países andinos buscan blindarse ante el narcotráfico – DW – 23/01/2024
[13] La narcopolítica, versión panameña | La Prensa Panamá
[14] Hernández, Antonio María, Valdés, Diego (Coord.) (2022) La Constitución y el combate a la corrupción Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro
[15] Más de 1 millón de jóvenes votarán en las elecciones municipales (noticiassin.com)
[16] https://www.transparency.org/en/cpi/2023
