A la sombra de democracias emergentes y establecidas, existen situaciones que desafían la voz popular, las elecciones libres y la construcción de la democracia, siendo una de las más lesivas la violencia electoral que, como una mano oscura, acecha los procesos democráticos, sembrando polarización, miedo y desconfianza en la población y, por ende, en la democracia.
Como sistema político basado en la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y la elección de sus líderes, la democracia promueve la libertad, la igualdad y la justicia.
Sin embargo, a medida que la democracia evoluciona y se expande, enfrenta amenazas a su integridad como sistema político, siendo las manifestaciones de la violencia electoral: coacción, intimidación, desinformación y otras; un tema persistente y preocupante, las que pueden llegar, en casos extremos, a distorsionar los procesos democráticos y socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones electorales.
La sombra de la violencia electoral
Honduras logró disfrutar en las últimas elecciones generales del año 2021 de un proceso electoral confiable y transparente. Esto debido, en parte, a una política de puertas abiertas a los observadores electorales, el desarrollo de campañas de comunicación inclusivas, las capacitaciones a partidos políticos, la implementación de un sistema biométrico, el cumplimiento de la entrega de resultados según mandata la ley y otras acciones que permitieron alcanzar este laurel, en lo que se incluye también la promoción de un “acuerdo de paz” entre partidos políticos para evitar la violencia y campañas de odio.
Si bien este logro en democracias maduras es “normal”, para Honduras constituyó un desafío, tanto para el Consejo Nacional Electoral (CNE), como para otras instituciones electorales, ya que desde hace más de una década la polarización social y política, la desconfianza en las instituciones electorales y el sistema democrático marcaron la tónica de los procesos eleccionarios.
Para comprender esta situación podemos imaginar una nación en víspera de elecciones. Un país donde la ciudadanía debería sentirse empoderada por el derecho a elegir a sus líderes y contribuir al rumbo del país. No obstante, en lugar de un ambiente de esperanza y anticipación, reina un aire de tensión y temor.
Así era Honduras. Las calles estaban marcadas por los graffitis dejados por manifestaciones violentas. Los negocios tenían muros de latas para proteger sus vitrinas. Los candidatos y sus seguidores eran víctimas de ataques físicos y psicológicos, coartados en su capacidad de participar en la contienda política de manera libre y justa. Esta es una imagen cruda, pero tristemente realista, de lo que provoca la violencia electoral cuando se apodera de un proceso democrático.
Pero, con esfuerzo, el CNE contribuyó a cambiar esta situación y el 2021, con diversas acciones, logró que la violencia pre, durante y postelectoral retrocediera. No hubo protestas sociales ni represión porque se confió en los resultados, se registró cerca de un 40% más de sufragios en comparación con las elecciones anteriores, la violencia política homicida fue menor que en los procesos de 2013 y 2017, lo que demuestra que la sociedad hondureña desea avanzar por el camino de la democracia pacífica.
Consecuencias de la violencia para la democracia
¿La violencia electoral se da por una democracia disfuncional o por intereses políticos o particulares? El caso de Honduras, al igual que el de otros países, enfrenta este tipo de interrogantes que se deben analizar para identificar el origen y la solución de la violencia electoral.
Si bien este fenómeno puede manifestarse de diversas maneras, desde amenazas verbales y ataques físicos hasta la manipulación de resultados y la intimidación de votantes; puede provenir de actores estatales o grupos civiles; puede ser motivada por el deseo de mantener el poder o la promoción de agendas particulares. Se debe tener claro que tiene una complejidad intrínseca que hace que su prevención sea un desafío multifacético, el cual requiere enfoques adaptados a cada contexto político para su solución, aunque no por eso tenemos la incapacidad de encontrar alternativas que sirvan de base común.
La democracia es un sistema que depende de la participación ciudadana, el debate público y la libre elección de líderes, y cuando la violencia entra en escena, estos pilares fundamentales se ven amenazados porque la ciudadanía, que teme por su seguridad, se abstiene de participar, lo que socava la representatividad de los resultados.
Además, la violencia puede distorsionar la discusión pública, ya que los debates se ven eclipsados por el miedo y la polarización, lo que es sensible cuando las divergencias no se dan por los temas programáticos de los y las candidatas, sino que en percepciones de “nosotros” contra “los otros”, lo que aumenta la agresividad.
También, los candidatos que se enfrentan a amenazas y ataques pueden verse obligados a retirarse, lo que limita las opciones de los votantes y socava la competencia política. A esto se suma el acoso, discriminación o exclusión por razón de género o etnia y las campañas de odio.
Estas manifestaciones motivan una pérdida de fe en la integridad de los procesos electorales y las instituciones que la respaldan, socavando el tejido democrático, lo que genera consecuencias tan nefastas para el desarrollo de los países, tales como:
- Apatía política: donde la ciudadanía considera que su voz no cuenta.
- Polarización: en el cual la población cree que las elecciones solo benefician a ciertos grupos en detrimento de otros.
- Falta de representatividad: generando insatisfacción en el modelo y provocando carencia de respaldo a las decisiones de quien sea electo para gobernar, generando ingobernabilidad.
Analizando estas consecuencias podemos afirmar que la violencia electoral no es solo un ataque a individuos y candidatos, sino un ataque a los valores fundamentales de la democracia, ya que distorsionan sus valores y principios
Un camino arduo hacia la integridad democrática
La democracia se considera un tipo de gobierno positivo en la mayoría del mundo, siendo los procesos electorales confiables y transparentes esenciales para esta percepción. Esto motiva a celebrar “fiestas democráticas” en cada votación, pudiendo la ciudadanía acudir a las urnas sin temor, con expectativas de que su voto contribuya a respaldar el modelo de país que desea.
Este proceso establece una conexión auténtica entre la voluntad popular y los resultados electorales, como también entre los candidatos elegidos sin violencia, quienes pueden representar la voluntad popular y trabajar libremente en beneficio del bien común.
Para alcanzar estos estadios de madurez democrática se requiere un trabajo constante, permanente y enérgico, tal como el realizado por el Consejo Nacional Electoral de Honduras en los últimos años para avanzar en la integridad de los procesos eleccionarios.
Entre las acciones que contribuyen con la integridad se cuenta el fortalecimiento de la participación ciudadana, la construcción de la confianza en las instituciones electorales, la reducción de las tensiones sociales, entre otras.
Sobre la participación ciudadana, no solo implica promover la asistencia al voto, sino que también incentivar la participación de los sectores excluidos para que presenten candidatos y candidatas, reducir la discriminación por género e implementar mecanismos de pesos y contrapesos para instaurar leyes de cuotas que obliguen a lograr la representatividad necesaria.
En el caso de las cuotas, estas son necesarias para poder integrar a mujeres, jóvenes, adultos mayores, etnias, comunidad LGBTI en los procesos democráticos, no solo asegurando su participación en el voto, sino que su elección para lograr la representación efectiva de la sociedad.
Si bien la cuota parece una imposición, estas iniciativas son necesarias mientras madura la democracia, pues integra un componente de reducción de conflictos al asegurar una base de representación más amplia, tanto de votantes como de candidatos y candidatas.
Si se impulsa este tipo de iniciativas, la ciudadanía genera un sentimiento positivo vinculado a reconocer que sus voces son valoradas y que su voto cuenta, estando con una disposición mayor a involucrarse en los procesos y vida política del país.
En el caso de la confianza en los organismos electorales, sumado a la transparencia que deben mostrar estas instituciones, son de los pilares que permiten mantener unida a una sociedad, brindando eficiencia y legitimidad al funcionamiento democrático.
Si la ciudadanía evalúa que los procesos electorales son confiables y transparentes, se mostrarán más dispuestos a respetar los resultados y a aceptar las decisiones tomadas por los liderazgos elegidos.
Esto demuestra que se toma en consideración la protección de los derechos civiles y políticos, como la seguridad de la ciudadanía, que es una base sólida para promover la prevención de la violencia electoral, lo que enriquece el proceso democrático al salvaguardar las diversas perspectivas que se presentan en una contienda electoral, además de garantizar que las decisiones políticas reflejen las necesidades y deseos de la población en su conjunto.
Con respecto a la reducción de las tensiones políticas y sociales, este es un elemento complejo de abordar porque reviste diversas formas y procedencias, siendo un terreno fértil para la violencia electoral.
Por ende, es relevante implementar mecanismos de inclusión, participación, diálogo y resolución de conflictos como mecanismos para la prevención de la violencia, lo que gestionado de manera asertiva permitirá que las diferencias pueden ser debatidas y resueltas a través del diálogo y el compromiso, en lugar de la confrontación violenta.
La promoción de un ambiente de respeto mutuo y tolerancia permite disuadir la escalada de la hostilidad, y permite que las sociedades se centren en la construcción de consensos y soluciones que beneficien a todos.
En esto, el rol de los medios de comunicación y las redes sociales cumplen un papel preponderante, ya que son los instrumentos por los cuales se puede llegar a un grueso de la población para incentivar la paz, además de orientar el debate público por esta vía.
Aunque vale destacar que las redes sociales son una espada de Damocles, pues si bien logran ampliar los canales de participación, por otra, son fuentes de desinformación, ya que permiten que las personas utilicen el anonimato para promover la confrontación y, con esto, lograr la polarización de la sociedad.
Desinformación: un tema especial con las redes sociales
Las redes sociales son una herramienta para compartir y comunicarse, pero los partidos políticos también han encontrado una herramienta que permite manipular, incidir y promover la violencia electoral.
Si bien la desinformación y noticias falsas son tan antiguas como la humanidad, las redes sociales las han dotado de una capacidad de viralización que antes no existía, además de operar con “filtros burbuja”, el cual nos expone a publicidad y comentarios similares a nuestras ideas, invisibilizando posiciones contrarias, lo que afecta nuestra capacidad de comprensión del entorno en toda su complejidad y, por ende, refuerza la polarización.
A esto se suman los “bots”, los cuales buscan engañar a los usuarios aprovechándose del sentimiento de formar “comunidad”, lo que permite manipular la agenda setting, pues tienen capacidad de incidir en las tendencias de las redes sociales mediante el uso de palabras clave, lo que aumenta la posibilidad de ser recogido por los medios de comunicación y generar noticias, dotando de “plausibilidad” ciertos temas.
Esta mezcla de viralidad, plausibilidad y comunidad hace que la práctica racional de la democracia se vuelva más emocional, lo cual no es negativo, pero si es de tener en cuenta porque ejerce influencia en el sensacionalismo de las campañas electorales y en la agitación mediática, lo que al final crea ambientes polarizados, que son un caldo de cultivo para la violencia electoral.
En situaciones más extremas, pero cada vez más comunes, las redes sociales también han permitido el irrespeto a las normas electorales, la propaganda encubierta como publicidad, la difusión de encuestas sin metodología ni autoría, las campañas de desprestigios y odio, entre otras que parecen pequeñas acciones en el universo de una elección, pero que tienen un rol estratégico en las conversaciones en línea.
Ejercer un control en las redes sociales debe evaluarse en contraste con los derechos de Opinión y Expresión, aunque sí es recomendable que los organismos electorales avancen en medidas de solución.
Entre ellas podemos indicar que crear comisiones multidisciplinarias para analizar y proponer medidas de abordaje, promover y fiscalizar una mayor transparencia de la publicidad en redes sociales, financiar grupos de verificación y difusión serían algunas medidas atingentes.
Una hoja de ruta para la prevención de la violencia electoral
El camino hacia la prevención de la violencia electoral comienza con la educación y la sensibilización.
Fomentar mediante campañas de comunicación, procesos de capacitación, formación en línea, alianzas con partidos políticos, charlas y similares permite elevar la conciencia pública para reconocer los riesgos y las consecuencias de la violencia electoral, lo cual es esencial para movilizar el apoyo en contra de esta amenaza, pues “un pueblo informado, es un pueblo invencible”, como decía Gandhi.
El contenido de estos mecanismos es también relevante, por eso integrar información que destaquen ejemplos históricos de violencia electoral y sus efectos perjudiciales, nuevas formas de incentivar la violencia, como las noticias falsas, buenas prácticas de campañas de candidatos y candidatas, entre otras pueden ayudar a crear un entendimiento más profundo de la importancia de prevenir este fenómeno.
El fortalecimiento de las instituciones electorales también juega un papel crucial en la prevención de la violencia, por lo que es recomendable fomentar las inversiones en capacitación, tecnología y recursos para mejorar su capacidad de llevar a cabo procesos electorales transparentes y confiables.
Además, es esencial que estas instituciones sean imparciales y estén dispuestas a abordar cualquier irregularidad o amenaza de violencia de manera eficiente y efectiva, por lo que un marco legal y regulatorio confiable es necesario.
En el caso de Honduras, la confianza y transparencia que se le reconoció al CNE por parte de la ciudadanía se basó, en parte, por implementar un sistema de biometría que prevenía el fraude electoral, por entregar los resultados en tiempo y forma a nivel presidencial, por integrar tecnologías que permitían el seguimiento público del escrutinio, entre otras que fortalecieron la insitucionalidad, pero también la confianza ciudadana.
A nivel de la legislación, la implementación de leyes claras y sanciones efectivas es un paso relevante en la prevención de la violencia electoral. Las normas deben definir claramente qué constituye violencia electoral y establecer sanciones proporcionales que disuadan a los individuos y grupos de participar en actividades violentas.
Sumado al marco legal, se requiere que exista una aplicación coherente y justa de estas leyes para transmitir el mensaje de que la violencia no será tolerada y que, de perpetrarse, se enfrentarán consecuencias.
En esto, el trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad del Estado es un paso recomendable, como también el efectuar reuniones de coordinación con las fuerzas del orden público, generando confianza entre estos y los organismos electorales para ejercer un trabajo colaborativo en beneficio de la sociedad.
Otro paso necesario en la hoja de ruta para prevenir la violencia electoral es fomentar el diálogo interpartidista e integrar a los medios de comunicación, quienes desempeñan un papel crucial.
Generar los canales necesarios para fomentar el diálogo constructivo entre los partidos políticos puede reducir la polarización y crear un ambiente propicio para la resolución de conflictos.
Una alarma que debe motivarnos a establecer este tipo de mecanismos es cuando el debate se centra en el “nosotros contra los otros”, ya que se dejan por fuera las ideas y planteamientos objetivos para dar paso a la confrontación destructiva de ideas.
En esto, los medios de comunicación deben asumir la responsabilidad de informar de manera objetiva y equilibrada, evitando la difusión de discursos incendiarios que puedan alimentar la violencia y la desconfianza.
Esto es un tema peliagudo, ya que una mala gestión puede afectar la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa en procesos eleccionarios, revelando complejos conflictos jurídicos que deben ser abordados por los órganos electorales, los que deben asegurar siempre las libertades y limitar la proliferación de propaganda encubierta, polarizante, engañosa, que tienda al odio, entre otras.
Al respecto, se debe fortalecer el periodismo de calidad para combatir la desinformación; se deben evaluar las alianzas con la academia y sociedad civil para implementar mecanismos de verificación de noticias; se puede explorar la regulación de las redes sociales en época electoral, entre otras medidas que recuerden el rol de los medios de comunicación como catalizadores del debate público y su rol en la construcción de la democracia.
Un abordaje regional e internacional para prevenir la violencia electoral
Honduras posee una relación cercana y una historia común con los países hermanos de Centroamérica, haciendo que las iniciativas de colaboración sean diversas en materia electoral.
Las acciones de acercamiento, vinculación y cooperación entre órganos electorales regionales e internacionales, como con organismos de la comunidad internacional especializados en temas político-electorales, forman parte de la globalización, y la prevención de la violencia electoral no queda por fuera de este fenómeno.
De este modo, el intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas es uno de los mecanismos que se deben tener presentes para coadyuvar al fortalecimiento y desarrollo de la vida democrática de los países.
Si bien los procesos de vinculación revisten cierto tiempo, los órganos electorales debemos invertir los esfuerzos necesarios para desarrollar y consolidar relaciones de colaboración en áreas de interés común, y en el caso del CNE de Honduras, estas relaciones se han plasmado en:
- Asistencia técnica: basado en el intercambio de experiencias, recursos y conocimientos en diversos temas electorales.
- Misiones de observación electoral: a nivel de participantes y receptores, ha permitido conocer la aplicación de la legislación en otros países, entender cómo se llevan a cabo los procesos electorales, adquirir conocimientos de regulaciones nacionales, entre otras.
- Foros internacionales: nos permite el posicionamiento y proyección como órgano electoral, además de adquirir nuevos conocimientos, reflexiones y análisis actuales.
- Convenios: permite establecer relaciones de colaboración para el desarrollo democrático.
A nivel macro, estas relaciones permiten trabajar para la protección de los derechos humanos, incluyendo la prevención de violencia electoral, y en el nivel operativo, estas vinculaciones regionales e internacionales se traducen en el desarrollo de acciones que beneficien a ambos países, tales como: procesos de formación, regulaciones de gestión electoral, diálogos e intercambio de información, entre otras que colaboran con la prevención de la violencia.
El efecto de lograr intercambios eficaces es permitir que las experiencias de cada país contribuyan a fomentar procesos electorales más efectivos y pacíficos en el futuro, con una dinámica de mejora continua, partiendo de las experiencias de otros países.
Otro beneficio de las relaciones internacionales, en especial con organismos de cooperación internacional, es que se pueden movilizar recursos técnicos y financieros que pueden colaborar con la eficiencia, transparencia y credibilidad de los procesos electorales, lo cual tiene un impacto en la prevención y mitigación de la conflictividad electoral, como en el combate a la desinformación y los discursos de odio entorno a los procesos políticos y electorales.
Beneficios de la prevención de la violencia electoral ante el mundo
Si logramos un compromiso cada vez mayor con la prevención de la violencia electoral, esto será beneficioso para nuestros propios conciudadanos, pero también para la imagen del país.
Por ejemplo, las naciones que demuestran un compromiso mayor con la prevención de la violencia electoral proyectan una imagen de estabilidad política y económica mayor, además de demostrar su compromiso con los valores democráticos.
Esta estabilidad tiene un beneficio positivo en las relaciones diplomáticas, en el Estado de derecho y en la percepción internacional sobre el país, lo que se traduce en la capacidad de atraer mayor inversión extranjera, acceder a préstamos internacionales a mejores tasas, lograr acuerdos comerciales beneficiosos, promover la colaboración en investigación y desarrollo y, por ende, en generar mayores oportunidades de empleos e ingresos para el país.
Asimismo, los países que exhiben formas activas de prevenir la violencia mejoran su reputación a nivel regional e internacional, pudiendo convertirse en líderes de la promoción de prácticas democráticas sólidas y seguras, fomentando la construcción de relaciones más estables y cooperativas.
Colaborar con la prevención de la violencia electoral no solo contribuye con la estabilidad interna de las naciones, sino que también con la estabilidad global, ya que al originar paz y tranquilidad, existen menos condiciones para generar una diáspora de connacionales, mitigando, en cierta medida, los impactos negativos de la migración.
Además, la promoción de elecciones confiables y transparentes es una señal de buena gobernanza y liderazgo responsable, lo que sienta las bases para una cooperación entre países más fructífera, que sobrepasa el nivel de lo político para permear lo económico, social, tecnológico, ambiental y legal.
Estos beneficios demuestran que cuando un país se compromete con la protección de los derechos políticos y la promoción de la participación ciudadana, envía un mensaje poderoso sobre la importancia de estos valores en el contexto global.
Este compromiso puede inspirar a otros países a seguir el ejemplo y trabajar en la promoción de la democracia y los derechos humanos en sus propias sociedades, lo que finalmente beneficia a las personas y pueblos en su conjunto.
Consideraciones finales
Desde la preservación de la integridad democrática hasta la construcción de relaciones internacionales sólidas, los beneficios de prevenir la violencia electoral son significativos.
Disponer de una hoja de ruta clara para este fin, adecuada a la realidad de nuestra propia nación, es necesaria para contribuir con la construcción del tejido democrático, el cual debe reflejar la diversidad, promover la participación y rechazar la coacción.
Esta no es simplemente una lucha interna, sino un compromiso con la paz y la colaboración a nivel global. Los países que abrazan la prevención se convierten en líderes que ayudan a edificar un futuro más seguro y cooperativo.
En última instancia, la prevención de la violencia electoral es una inversión en la democracia y en la humanidad. Al abordar este desafío con determinación y compromiso, podemos tejer un futuro donde las urnas sean lugares de empoderamiento, los debates sean arenas de diálogo constructivo y los ciudadanos sean los artífices de un mundo más justo y pacífico.
Bibliografía
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