Magistrado Segundo Vicepresidente

Tribunal Electoral de la República de Panamá

La violencia digital engloba actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos privados o difusión de contenido íntimo sin consentimiento, conocida como pornovenganza, perpetrados mediante el empleo de tecnologías de la información y la comunicación. Este fenómeno afecta de manera desproporcionada a mujeres y menores de edad, e incluye modalidades como la sextorsión, el doxing, los deepfakes, la suplantación de identidad y el ciberacoso, cuya finalidad es humillar, intimidar o ejercer control sobre la víctima, con graves consecuencias para su integridad física, psicológica y social.

La Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres de las Naciones Unidas (2018) definió la violencia digital como “todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido, con la asistencia en parte o en su totalidad del uso de las TIC, o agravado por este, como los teléfonos móviles e inteligentes, internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”.

En términos complementarios, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha señalado que la violencia de género en línea constituye una forma de violencia por razones de género contra las mujeres, fundamentada en su pertenencia al sexo femenino, que instrumentaliza los teléfonos móviles, internet, las plataformas de redes sociales y el correo electrónico “como armas por razón de género contra las mujeres y niñas”, invadiendo sus hogares, dormitorios, teléfonos y espacios de trabajo.

1. CONCEPTO Y MODALIDADES DE LA VIOLENCIA DIGITAL CONTRA LAS MUJERES

La violencia digital contra las mujeres puede definirse como cualquier acto de violencia de género cometido, asistido o amplificado mediante tecnologías digitales que cause daño físico, psicológico, económico o reputacional a una mujer.

Este tipo de conductas puede producirse en el marco de relaciones de pareja, entre exparejas o entre personas desconocidas, como ocurre en los casos de sexting sin consentimiento o de la pornovenganza, motivados por un ánimo lucrativo, por odio o por venganza hacia la víctima (Durling, 2025).

En ese sentido, la violencia digital contra las mujeres se manifiesta de múltiples formas, entre las que destacan: el ciberacoso, el ciberhostigamiento¹, el troleo de género, el doxeo², la suplantación de identidad, los ataques coordinados a grupos de mujeres, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento³, la persecución o vigilancia digital (stalking), la extorsión sexual (sextorsión), el discurso de odio basado en género, y el control o la manipulación mediante tecnologías en el contexto de relaciones de pareja.

Tipología de agresiones digitales contra las mujeres

• Acceso o control no autorizado a dispositivos móviles, computadoras u otros equipos, con revelación indebida de información.
• Acoso y ciberacoso.
• Abuso sexual vinculado a la tecnología.
• Afectaciones a canales y espacios de expresión.
• Amenazas de cualquier naturaleza transmitidas por medios digitales.
• Control y manipulación de la información.
• Desprestigio y actos que menoscaban la reputación de la mujer.
• Creación, difusión e intercambio de información personal o íntima sin consentimiento.
• Expresiones discriminatorias, discursos de odio y comentarios ofensivos por razón de género.
• Extorsión, chantaje, sextorsión y pornovenganza.
• Monitoreo, vigilancia y acecho digital (ciberhostigamiento).
• Suplantación y robo de identidad.

A medida que la tecnología media cada vez más en nuestra vida cotidiana, también se está utilizando como arma para dañar a mujeres y niñas de maneras nuevas y alarmantes. Si bien no es un fenómeno nuevo, la violencia facilitada por la tecnología contra mujeres y niñas ha aumentado rápidamente en los últimos años, lo que representa una grave amenaza para la seguridad y el bienestar de mujeres y niñas en todo el mundo. Lo que comienza como acoso en línea puede rápidamente convertirse en un peligro que trasciende las pantallas y las fronteras, haciendo imposible que muchas mujeres se sientan seguras en el hogar, en el trabajo o en los espacios públicos (ONU Mujeres, 2025).

Las herramientas que brinda la tecnología han sido empleadas tanto con finalidades benéficas como con propósitos maliciosos, entre los que se destaca este nuevo tipo de violencia contra la mujer denominado “violencia de género digital” (Vargas, 2022).

Una de las características distintivas de la violencia en el espacio virtual es que favorece el anonimato del perpetrador, quien puede fácilmente falsear su identidad. Asimismo, los mensajes lesivos pueden difundirse a través de redes sociales con una velocidad inusitada, alcanzando a un amplio número de personas, lo que facilita el acoso constante, multiplica la cantidad de testigos y genera consecuencias desfavorables de largo alcance en la vida de las víctimas.

Las mujeres más expuestas a este tipo de agresiones son quienes detentan roles de visibilidad pública, como figuras políticas, influentes o activistas. Sin embargo, los ataques no se circunscriben exclusivamente a ellas: con frecuencia se extienden a sus núcleos familiares, incluyendo madres, hijas, hermanas y primas⁴.

La ciberviolencia constituye un fenómeno de atención urgente, dado que crece de forma acelerada al amparo del acceso masivo a las redes sociales; afecta la participación de las mujeres en la política, la educación, el activismo y la vida pública; y genera efectos psicológicos y sociales de gravedad real: miedo, silenciamiento y autocensura. Los marcos normativos tradicionales suelen resultar insuficientes para abordar esta dimensión digital, razón por la cual detener la ciberviolencia debe constituir un compromiso tanto institucional como individual.

En cuanto al procedimiento aplicable en casos de ciberviolencia en Panamá, es de vital importancia que las víctimas conozcan que deben presentar la denuncia ante el Ministerio Público, donde la investigación será atendida por la unidad de informática forense, la cual determina el origen del mensaje mediante el rastreo de la dirección IP o de la firma electrónica. El artículo 193⁵ del Código Penal de la República de Panamá castiga la injuria por cualquier medio, incluidas las redes sociales, con sesenta a ciento veinte días multa; mientras que el artículo 195⁶ sanciona la calumnia con prisión de doce a dieciocho meses o su equivalente en días multa.

1. IMPACTO Y EFECTOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL

Los efectos de la violencia digital contra las mujeres son reales, profundos y duraderos. Su análisis revela afectaciones en diversas dimensiones:

• Afectación a la salud mental: la violencia digital genera miedo, angustia y ansiedad, con consecuencias directas sobre el bienestar psicológico de las víctimas.
• Daño reputacional: el menoscabo de la reputación personal y profesional de la mujer, así como la autocensura y el retiro de espacios públicos digitales, constituyen efectos habituales de este tipo de violencia.
• Invisibilización del fenómeno: las características propias de la tecnología, como la facilidad y el anonimato con que pueden ejercerse determinadas conductas violentas, dificultan su identificación y, en consecuencia, su combate efectivo.

III. MARCO JURÍDICO APLICABLE EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

El ordenamiento jurídico panameño ha avanzado de manera progresiva en la tipificación de las conductas constitutivas de violencia digital. El artículo 138-A del Código Penal establece la figura de la violencia psicológica en los siguientes términos:

Artículo 138-A. Quien incurra en violencia psicológica mediante el uso de amenazas, intimidación, chantaje, persecución o acoso contra la mujer, o la obligue a hacer o dejar de hacer, tolerar explotación, amenazas, exigencias de obediencia o sumisión, humillaciones o vejaciones, aislamiento o cualesquiera otras conductas semejantes, será sancionado con prisión de cinco a ocho años. Si las conductas descritas en el párrafo anterior producen daño psíquico, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad del máximo de la pena.

La Ley 478 de 4 de agosto de 2025, que modifica artículos del Código Procesal Penal y de la Ley 11 de 2015 sobre asistencia jurídica internacional en materia penal, introdujo importantes reformas al Código Penal. En particular, el artículo 151 quedó reformado en los siguientes términos:

Artículo 151. Quien mediante violencia, intimidación o amenaza grave, para procurarse o procurar a un tercero un lucro indebido o cualquier otro beneficio, obligue a otra persona a tomar una disposición patrimonial, a proporcionar información o a tolerar, hacer u omitir alguna cosa que le perjudique o perjudique a un tercero, será sancionado con prisión de cinco a diez años. La sanción se aumentará de un tercio a la mitad cuando se utilicen como medio las tecnologías de la información y la comunicación, y cuando el delito emplee imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo, reales, simulados o generados.

Asimismo, mediante la citada reforma se adicionó el artículo 166-A al Código Penal, cuyo texto dispone:

Artículo 166-A. Quien difunda, produzca o comercialice contenido íntimo, sexual o de desnudez, en el que se expongan imágenes, impresiones gráficas, audios o videos, reales o simulados, de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, así como de cualquier otro medio, será sancionado con pena de tres a seis años de prisión. La pena será aumentada de una tercera parte a la mitad cuando las conductas descritas en el párrafo anterior se cometan: 1. Por una persona que esté o haya estado unida a la víctima por matrimonio, unión de hecho o similar relación de afectividad, aun sin convivencia. 2. Con fines de lucro. 3. Por placer, codicia u odio racial, religioso o político. 4. Contra una persona con discapacidad, adulta mayor o en estado de inconsciencia. 5. Por medio de cuentas falsas para ocultar la verdadera identidad del agresor. 6. Apoderándose u obteniendo dicho contenido indebidamente.

La violencia digital en Panamá está siendo objeto de regulación progresiva, aunque el proceso legislativo aún no ha concluido. Recientemente, su tipificación fue expresamente incorporada al Código Penal, lo que representa un avance significativo en la protección jurídica de las víctimas.

La Ley 478 de 2025 sobre ciberdelincuencia constituye una pieza jurídica fundamental en la lucha contra la violencia digital ejercida sobre las mujeres. Esta norma refuerza el marco legal frente a los delitos informáticos, modifica los códigos procesal penal y penal, facilita la investigación de los delitos digitales y fortalece la cooperación internacional en materia de cibercrimen.

Si bien la Ley 478 no es una norma exclusiva de violencia de género, sirve como soporte legal para la persecución de conductas tales como el acoso digital, la suplantación de identidad y los delitos informáticos vinculados a violencia contra las mujeres.

Por primera vez en la historia legislativa panameña se reconoce la violencia sexual digital como delito, tipificándose conductas como el ciberacoso, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y el sexting con fines de extorsión. La ley define legalmente estos conceptos dentro del sistema penal y ordena la eliminación inmediata del contenido digital lesivo, además de imponer medidas de protección a favor de la víctima, incluyendo la prohibición de contacto con el agresor.

En cuanto a los elementos agravantes y la cooperación internacional, la norma establece:

• Agravantes: las penas se incrementan cuando el delito se comete contra menores de catorce años, por la pareja o expareja de la víctima, o mediante el uso de tecnología para la suplantación de identidad.
• Cooperación internacional: la ley se adhiere al Convenio Iberoamericano de Ciberdelincuencia, fortaleciendo así los mecanismos para la persecución de delitos de naturaleza transfronteriza.

1. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DIGITAL

ONU Mujeres ha formulado un conjunto de recomendaciones orientadas a la prevención y combate del abuso digital, entre las que se destacan las siguientes:

• Fomentar la cooperación entre los gobiernos, el sector tecnológico, las organizaciones de derechos de las mujeres y la sociedad civil, con el fin de fortalecer las políticas de protección y prevenir la violencia desde su origen.
• Abordar las brechas de datos para mejorar la comprensión de las causas de la violencia digital, los perfiles de los perpetradores y los esfuerzos de prevención y respuesta institucional.
• Elaborar e implementar leyes y reglamentos con la participación activa de sobrevivientes y organizaciones de mujeres.
• Exigir responsabilidades al sector tecnológico mediante el establecimiento de estándares de transparencia y rendición de cuentas en materia de violencia digital y uso de datos en plataformas digitales.
• Integrar la ciudadanía digital y el uso ético de las herramientas digitales en los planes de estudio escolares, para fomentar una cultura de respeto y empatía tanto en línea como en la vida real; y sensibilizar a los jóvenes, especialmente a los varones, a sus cuidadores y a los educadores sobre el comportamiento ético y responsable en el entorno digital.
• Capacitar a las mujeres y niñas para que participen y lideren en el sector tecnológico, e influyan en el diseño y uso de herramientas y espacios digitales seguros y libres de violencia.
• Transformar las normas sociales perjudiciales, promoviendo masculinidades positivas y desafiando las narrativas dañinas y misóginas, incluso mediante el aprovechamiento de la tecnología y la inteligencia artificial.
• Garantizar que las entidades de los sectores público y privado prioricen la prevención y eliminación de la violencia digital, mediante enfoques de diseño basados en los derechos humanos, la seguridad desde el diseño y las inversiones adecuadas.

1. GRUPOS EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO

Si bien todas las mujeres y niñas pueden sufrir violencia digital, determinados grupos se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad:

• Mujeres jóvenes y niñas: dado que las niñas y mujeres jóvenes utilizan la tecnología de forma más intensiva para aprender, acceder a información y relacionarse con sus pares, también enfrentan una mayor exposición a la violencia en línea. Un estudio global reveló que el 58 por ciento de las niñas y mujeres jóvenes ha sufrido algún tipo de acoso en línea.
• Mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación: las mujeres con discapacidad, las mujeres negras e indígenas, las mujeres migrantes y las personas LGBTIQ+ enfrentan riesgos amplificados de violencia digital.
• Mujeres en la vida política y pública: las defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y legisladoras están expuestas a mayores índices de violencia tanto en línea como fuera de ella. Un estudio de la UNESCO reveló que el 73 % de las mujeres periodistas ha sufrido violencia en línea en el ejercicio de su profesión. La Unión Interparlamentaria constató, además, que una de cada tres parlamentarias en la región de Asia-Pacífico había sido objeto de ataques en línea.

CONCLUSIONES

La violencia digital reproduce y amplifica las desigualdades de género existentes en el mundo físico, potenciadas por la velocidad y el alcance característicos de internet.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han generado nuevas formas de violencia contra las mujeres y niñas por razón de género, que obstaculizan su empoderamiento, su desarrollo y el pleno ejercicio de sus derechos humanos, entre los que se cuentan la dignidad, la libertad de expresión, la protección de datos personales, el derecho a no ser objeto de injerencias en la vida privada y el acceso a la justicia⁷.

La respuesta a este fenómeno exige una acción coordinada y multidimensional, que integre reformas legislativas, políticas públicas, educación digital, responsabilidad del sector tecnológico y transformación cultural. Panamá ha dado pasos importantes en la dirección correcta con la promulgación de la Ley 478 de 2025, pero el camino hacia la protección integral de las mujeres en el entorno digital continúa siendo un desafío que demanda voluntad política, recursos institucionales y el compromiso decidido de toda la sociedad.

NOTAS

¹ En relación con el ciberhostigamiento, se ha puesto de manifiesto que mediante esta práctica se realizan amenazas y falsas acusaciones, suplantación de la identidad, usurpación de datos personales, daños a los equipos tecnológicos, vigilancia de las actividades y uso de la información privada para chantajear a la víctima, entre otras conductas. Lo característico es que el autor actúa de modo sistemático para restringir la capacidad de decisión de la víctima y afectar gravemente sus derechos personalísimos (Wierzba y Danesi, 2020, p. 1).

² En cuanto al doxing, se ha considerado como una práctica violatoria de la intimidad personal, consistente en revelar en internet datos o documentos personales o de la identidad de la mujer sin su consentimiento, tales como la dirección de su domicilio, del trabajo, números de teléfono fijos y móviles, dirección electrónica, los nombres de sus hijos/as junto a otros datos de estos, entre otros. La finalidad del doxing es causarle pánico y angustia a la víctima (Vaninetti, 2018, p. 2).

³ La difusión no consentida de material audiovisual íntimo no solo debe entenderse como una violación de los derechos a la imagen e intimidad de las víctimas, sino también como una manifestación de violencia digital de género, cuyo desarrollo y revictimización se ven perpetuados en la red (Vaninetti, 2019, p. 4).

⁴ Lía Hernández — Ipandetec, campaña “Ataca en redes sociales”: “Lo peor que podemos hacer es la inacción y quedarnos en silencio. Hay que denunciarlo”.

⁵ El artículo 193 del Código Penal de Panamá sanciona a quien ofenda la dignidad, honra o decoro de una persona mediante escrito o de cualquier otra forma, con una pena de sesenta a ciento veinte días multa. Este artículo tipifica el delito de injuria, previsto entre los delitos contra el honor.

⁶ El artículo 195 del Código Penal de Panamá tipifica la calumnia cometida a través de medios de comunicación social (oral, escrito o sistemas informáticos), consistente en la atribución falsa de un hecho punible a una persona determinada, sancionada con penas de prisión de doce a dieciocho meses o su equivalente en días multa.

⁷ ONU Mujeres, Violencia contra mujeres y niñas en el espacio digital: lo que es virtual también es real.

BIBLIOGRAFÍA

Arango Durling, V. (2025). Violencia de género en línea o digital y política criminal del Estado panameño. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá. Recuperado de: https://facderecho.up.ac.pa/sites/facderecho/files/2024-12/06.%20VIRGINIA%20ARANGO%20DURLING.pdf

ONU Mujeres. (2025). Preguntas frecuentes: abuso digital, acoso cibernético, hostigamiento y otras formas de violencia facilitada por la tecnología contra mujeres y niñas. Recuperado de: https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/digital-abuse-trolling-stalking-and-other-forms-of-technology-facilitated-violence-against-women

Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres, ONU. (2018). Informe sobre violencia en línea y de género. Naciones Unidas.

Vargas, M. (2022). Violencia de género digital.

Autora: Erika Yanori Flores                                                                                                                                                                   Abogada – MBA – Especialista en financiamiento político y prevención de riesgos

Docente universitaria, Panamá, 2026

Resumen ejecutivo

El financiamiento político constituye un elemento esencial para el funcionamiento de los sistemas democráticos, pero también representa un área de riesgo para la transparencia, la equidad electoral y la confianza ciudadana. En el contexto actual, caracterizado por dinámicas financieras más complejas, digitalización y nuevas formas de interacción política, surgen riesgos emergentes que desafían la eficacia de los mecanismos tradicionales de control.

El presente artículo analiza el financiamiento político desde la perspectiva de la integridad electoral, incorporando un enfoque preventivo basado en la gestión de riesgos, inspirado en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales. A partir del análisis del contexto panameño y de las tendencias internacionales, se examinan prácticas que afectan la trazabilidad de los recursos, así como los desafíos institucionales asociados a la supervisión y coordinación interinstitucional.

El trabajo propone avanzar hacia modelos de control más dinámicos y preventivos, orientados a fortalecer la transparencia, promover una cultura de cumplimiento y consolidar la integridad electoral como un pilar fundamental de la democracia.

Sobre la autora

Erika Yanori Flores es abogada y licenciada en Finanzas, con experiencia en cumplimiento normativo, prevención del blanqueo de capitales y financiamiento político. Posee un MBA en Dirección Empresarial por EOBS y la Universidad de Murcia (España). Ha laborado en el sector público y financiero, incluyendo el Tribunal Electoral de Panamá y el sistema bancario. Actualmente es docente universitaria. Es autora de artículos especializados en integridad electoral, transparencia financiera y riesgos democráticos, con publicaciones en la revista Mundo Electoral, la revista Debate de la Asamblea Nacional, el diario La Estrella de Panamá y Foreign Affairs Latinoamérica. Su trabajo se enfoca en el análisis preventivo de riesgos y el fortalecimiento institucional en contextos democráticos.

Introducción

En las democracias contemporáneas, el financiamiento político se ha consolidado como uno de los factores más sensibles para la preservación de la confianza ciudadana y la legitimidad de los procesos electorales. El flujo de recursos económicos hacia partidos políticos y campañas electorales, particularmente cuando proviene de fuentes privadas, plantea desafíos complejos que trascienden el ámbito estrictamente legal y se insertan de lleno en la discusión sobre la integridad electoral.

[Referencia] Unsplash (2024). “Ballot box transparency concept”.

Figura 1. Transparencia electoral y confianza democrática.
Urna electoral como símbolo de transparencia y confianza ciudadana. Representa la necesidad de procesos electorales íntegros como base de la legitimidad democrática.

En los últimos años, el debate internacional ha evolucionado de un enfoque centrado exclusivamente en la existencia de normas y controles formales, hacia una visión más amplia que incorpora la identificación y gestión de riesgos sistémicos que amenazan la transparencia y la equidad en la competencia política. En este contexto, la integridad electoral emerge como un concepto clave que articula principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y prevención de conductas que puedan distorsionar la voluntad popular.

En el contexto actual, caracterizado por un renovado impulso a nivel nacional e internacional para fortalecer los marcos anticorrupción y la transparencia institucional, el financiamiento político adquiere una relevancia estratégica. Más allá del cumplimiento formal de la normativa, se vuelve indispensable analizar cómo las dinámicas contemporáneas de financiamiento pueden incidir en la integridad electoral, especialmente cuando se manifiestan a través de mecanismos poco visibles o de difícil trazabilidad.

Panamá no es ajena a esta realidad. Si bien el país cuenta con un marco normativo que regula el financiamiento político y establece mecanismos de fiscalización, los cambios en las dinámicas económicas, el uso creciente de intermediarios y la sofisticación de las estructuras financieras han generado riesgos emergentes que desafían la eficacia de los controles tradicionales. Estos riesgos, cuando no son adecuadamente identificados y mitigados, pueden abrir espacios para el ingreso de recursos de origen ilícito o para la captura indebida de decisiones políticas por intereses particulares.

Desde esta perspectiva, el financiamiento político debe ser analizado como un ecosistema de riesgo que involucra múltiples actores: partidos políticos, candidatos, donantes, proveedores, entidades financieras y organismos de supervisión. La responsabilidad de proteger la integridad electoral no recae únicamente en una institución, sino que exige una acción coordinada y preventiva por parte de todo el entramado institucional.

El presente artículo tiene como objetivo analizar los principales riesgos emergentes asociados al financiamiento político en Panamá y reflexionar sobre los desafíos institucionales que enfrenta el país para fortalecer la integridad electoral. El análisis se realiza desde una óptica preventiva, incorporando criterios propios del enfoque basado en riesgos y de los controles contra el blanqueo de capitales, como herramientas indispensables para anticipar amenazas y reforzar la confianza en el sistema democrático.

Este trabajo se enmarca en una línea de análisis previamente desarrollada sobre los controles preventivos del blanqueo de capitales aplicados al financiamiento político, ampliando en esta ocasión la perspectiva hacia una lectura sistémica e institucional que permita evaluar la suficiencia de dichos controles frente a los riesgos emergentes y a la evolución del entorno político.

Financiamiento político y democracia

El financiamiento político constituye un componente esencial del funcionamiento de los sistemas democráticos, en la medida en que permite a los partidos políticos y a los candidatos desarrollar sus actividades, difundir sus propuestas y competir en condiciones razonables dentro del proceso electoral. Sin embargo, cuando el flujo de recursos económicos carece de adecuados mecanismos de control y transparencia, puede convertirse en un factor de distorsión que debilita la igualdad de oportunidades, erosiona la confianza ciudadana y compromete la legitimidad de los resultados electorales.

En las democracias modernas, el debate sobre el financiamiento político ya no se limita a la dicotomía entre recursos públicos y privados, sino que se centra en la calidad, trazabilidad y origen de los fondos que ingresan al sistema político. La preocupación principal no es únicamente cuánto dinero se utiliza en las campañas, sino cómo se obtiene, quién lo aporta y bajo qué condiciones se realiza dicho aporte. En este sentido, el financiamiento privado, aunque legítimo en muchos ordenamientos jurídicos, representa un área particularmente sensible desde la perspectiva de la integridad democrática.

En el contexto latinoamericano, diversos análisis han advertido que la corrupción estructural tiende a encontrar en el financiamiento político uno de sus principales puntos de entrada al sistema democrático. La utilización de recursos económicos para influir en procesos electorales no solo compromete la equidad en la competencia, sino que puede generar relaciones de dependencia entre actores políticos y grupos de interés, debilitando la autonomía en la toma de decisiones públicas y afectando la confianza ciudadana en las instituciones.

La experiencia comparada demuestra que una regulación insuficiente o una fiscalización débil del financiamiento político puede propiciar escenarios de captura del poder político por intereses económicos, así como el uso del sistema electoral para legitimar recursos de procedencia ilícita. Estas prácticas no solo afectan la competencia electoral, sino que generan impactos estructurales en la formulación de políticas públicas y en la percepción de independencia de los representantes electos.

En el caso panameño, el financiamiento político ha sido objeto de reformas orientadas a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. No obstante, la persistencia de esquemas complejos de financiamiento, el uso de intermediarios y la limitada capacidad de detección temprana de irregularidades evidencian que la sola existencia de normas no garantiza, por sí misma, la protección de la integridad electoral. Resulta necesario, por tanto, avanzar hacia un enfoque que incorpore la prevención de riesgos como eje central de la regulación y supervisión del financiamiento político.

Bajo esta lógica, la relación entre financiamiento político y democracia debe analizarse desde una perspectiva integral que reconozca al dinero como un factor de riesgo potencial, cuya adecuada gestión es indispensable para asegurar procesos electorales transparentes, equitativos y coherentes con los principios del Estado de Derecho.

Tendencias globales en el financiamiento político y riesgos emergentes

En el contexto global, el financiamiento político ha experimentado transformaciones significativas impulsadas por la digitalización, la globalización de los flujos financieros y la evolución de las estrategias de campaña. Estas dinámicas han introducido nuevas formas de interacción entre actores políticos y fuentes de financiamiento, generando riesgos que trascienden las fronteras nacionales y desafían los marcos regulatorios tradicionales.

Entre las tendencias más relevantes se encuentra el uso de plataformas digitales para la recaudación de fondos, la creciente participación de actores no tradicionales en el financiamiento político y la utilización de mecanismos financieros complejos que dificultan la identificación del origen real de los recursos. Estas prácticas, aunque en muchos casos se desarrollan dentro de marcos aparentemente legales, pueden generar zonas grises que debilitan la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo, la experiencia internacional evidencia que los riesgos asociados al financiamiento político no se limitan al ingreso de recursos ilícitos, sino que incluyen la influencia indebida de intereses económicos en la toma de decisiones públicas. En este sentido, la integridad electoral se ve comprometida no solo por la ilegalidad, sino también por la opacidad y la falta de trazabilidad en los flujos financieros que sustentan la actividad política.

Riesgos emergentes en el financiamiento político

El análisis contemporáneo del financiamiento político exige superar una visión estática centrada únicamente en el cumplimiento formal de las normas y avanzar hacia la identificación de riesgos emergentes que, aunque no siempre evidentes, tienen la capacidad de comprometer seriamente la integridad electoral. Estos riesgos no responden necesariamente a esquemas tradicionales de ilegalidad abierta, sino a prácticas cada vez más sofisticadas que aprovechan vacíos regulatorios, debilidades institucionales y limitaciones en los mecanismos de supervisión.

[Referencia] Pexels (2024). “Hidden money and political influence concept”.

Figura 2. El dinero invisible en la política.
Representación conceptual del dinero invisible en la política. Ilustra cómo la opacidad en el origen de los recursos puede influir en los procesos electorales sin ser fácilmente detectada.

Uno de los principales riesgos emergentes está vinculado al uso de intermediarios y terceros para canalizar aportes económicos hacia campañas electorales. La fragmentación de donaciones, el empleo de personas naturales o jurídicas como vehículos financieros y la contratación de proveedores vinculados directa o indirectamente a donantes reales dificultan la identificación del beneficiario final del aporte y debilitan la trazabilidad de los recursos. Estas prácticas, aunque en ocasiones se presentan como formalmente lícitas, generan un alto riesgo desde la perspectiva de la transparencia y del control del origen de los fondos.

Otro riesgo relevante se relaciona con la utilización de estructuras empresariales complejas o de difícil verificación para realizar contribuciones al financiamiento político. El uso de sociedades con actividades económicas poco claras, estructuras sin sustancia operativa o con vínculos transnacionales incrementa la probabilidad de que recursos de procedencia ilícita ingresen al sistema político, particularmente cuando los mecanismos de debida diligencia resultan insuficientes o se aplican de manera meramente declarativa.

Asimismo, el rol de los proveedores de bienes y servicios de campaña constituye un punto crítico dentro del ecosistema de riesgo del financiamiento político. Los pagos inflados, los servicios subvalorados o las donaciones en especie encubiertas a través de contratos aparentes representan modalidades que pueden ser utilizadas para transferir recursos fuera de los canales de control establecidos. La ausencia de controles efectivos sobre estos actores amplía significativamente la exposición del sistema electoral a prácticas opacas.

A estos elementos se suma la limitada capacidad de detección temprana de operaciones inusuales o sospechosas vinculadas al financiamiento político. En muchos casos, la supervisión se concentra en etapas posteriores al proceso electoral, lo que reduce la eficacia de los controles y limita la posibilidad de adoptar medidas preventivas oportunas. La falta de interoperabilidad entre sistemas de información y la escasa coordinación interinstitucional agravan este escenario.

Frente a estos riesgos emergentes, el enfoque basado en riesgos se presenta como una herramienta indispensable para fortalecer la integridad electoral. Este enfoque permite priorizar recursos de supervisión, identificar áreas críticas y adoptar medidas diferenciadas según el nivel de exposición, trasladando la lógica de la prevención —propia de los sistemas de control contra el blanqueo de capitales— al ámbito del financiamiento político. Su aplicación efectiva requiere no solo ajustes normativos, sino también un cambio cultural que conciba la transparencia y la prevención como pilares fundamentales de la democracia.

Digitalización, nuevas tecnologías y financiamiento político

La incorporación de tecnologías digitales en los procesos políticos ha transformado profundamente la forma en que se financian y gestionan las campañas electorales. El uso de plataformas en línea para la recaudación de fondos, la publicidad segmentada y la movilización de electores ha ampliado las posibilidades de participación, pero también ha introducido nuevos desafíos en materia de supervisión y control.

[Referencia] Unsplash (2024). “Digital financial networks and data flow”.

Figura 3. Flujos financieros en entornos digitales.
Representación de flujos financieros en entornos digitales interconectados. Refleja la complejidad del financiamiento político en la era tecnológica y los desafíos para su supervisión.

En particular, la utilización de herramientas digitales permite la fragmentación de aportes, la canalización de recursos a través de múltiples intermediarios y la generación de estructuras financieras difíciles de rastrear. Este escenario incrementa la complejidad de los mecanismos de fiscalización y exige la adopción de capacidades tecnológicas por parte de las instituciones encargadas de supervisar el financiamiento político.

Desde una perspectiva preventiva, resulta fundamental que los sistemas de control evolucionen al mismo ritmo que las dinámicas tecnológicas, incorporando herramientas de análisis de datos, monitoreo en tiempo real y mecanismos de detección de patrones inusuales. De lo contrario, existe el riesgo de que la regulación quede rezagada frente a las nuevas formas de financiamiento.

Integridad electoral y controles preventivos

La integridad electoral no puede entenderse únicamente como el cumplimiento formal de las normas que regulan los procesos electorales, sino como un principio transversal que exige la adopción de mecanismos efectivos para prevenir, detectar y mitigar riesgos que puedan afectar la transparencia y legitimidad del sistema democrático. En este sentido, los controles preventivos adquieren una relevancia central, especialmente cuando se analizan desde la experiencia y las herramientas desarrolladas en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

Los sistemas ALA/CFT han demostrado que la mera existencia de disposiciones legales y sanciones posteriores resulta insuficiente para enfrentar esquemas complejos y dinámicos de ocultamiento de recursos. Por ello, su enfoque se basa en la identificación temprana de riesgos, la debida diligencia de los actores involucrados y la adopción de medidas proporcionales al nivel de exposición detectado. Trasladar esta lógica al financiamiento político implica reconocer que el riesgo no se limita al origen ilícito de los fondos, sino también a su potencial impacto sobre la independencia de los actores políticos y la confianza ciudadana.

En el contexto del financiamiento político, los controles preventivos deben orientarse a fortalecer la trazabilidad de los recursos, garantizar la identificación del beneficiario final de los aportes y promover una cultura de transparencia que trascienda el cumplimiento mínimo exigido por la normativa. Ello requiere que los mecanismos de fiscalización no se activen exclusivamente en etapas posteriores al proceso electoral, sino que acompañen de manera continua las distintas fases de la campaña.

Asimismo, la efectividad de los controles preventivos depende en gran medida de la capacidad institucional para integrar información, coordinar esfuerzos y actuar de forma oportuna frente a señales de alerta. La fragmentación de competencias y la limitada interoperabilidad entre entidades responsables de la supervisión electoral y financiera reducen el alcance de los controles y dificultan una respuesta preventiva adecuada.

Desde esta perspectiva, fortalecer la integridad electoral en Panamá exige una revisión crítica de los controles existentes, no con el objetivo de incrementar la carga normativa, sino de mejorar su efectividad. La adopción de un enfoque preventivo, inspirado en los principios del control del blanqueo de capitales, representa una oportunidad para anticipar riesgos, proteger la transparencia del proceso electoral y reforzar la legitimidad democrática.

Estándares internacionales y buenas prácticas

A nivel internacional, diversos organismos han desarrollado estándares y recomendaciones orientados a fortalecer la transparencia y la integridad en el financiamiento político. Instituciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) han promovido la adopción de enfoques basados en riesgos, la debida diligencia de los actores involucrados y la implementación de mecanismos de supervisión más dinámicos.

Entre las buenas prácticas identificadas se destacan la obligación de revelar el beneficiario final de las contribuciones, el establecimiento de límites claros a los aportes privados, la fiscalización continua durante el proceso electoral y la utilización de herramientas tecnológicas para el monitoreo del financiamiento político. Estas medidas buscan no solo prevenir el ingreso de recursos ilícitos, sino también garantizar la equidad en la competencia electoral.

La incorporación de estos estándares al contexto nacional no implica una simple adaptación normativa, sino un proceso de fortalecimiento institucional que permita responder de manera efectiva a los riesgos emergentes y consolidar la confianza en el sistema democrático.

Desafíos institucionales en Panamá

El fortalecimiento de la integridad electoral frente a los riesgos asociados al financiamiento político plantea desafíos relevantes para el entramado institucional panameño. Estos desafíos no deben entenderse como deficiencias aisladas, sino como áreas de oportunidad para consolidar un sistema de supervisión más efectivo, coherente y alineado con las mejores prácticas internacionales.

[Referencia] Wikimedia Commons (2024). “Public institutional building (Panama)”.

Figura 4. Fortalecimiento institucional y control electoral.
Infraestructura institucional vinculada al sistema democrático. Representa el rol del Estado en la supervisión del financiamiento político y la protección de la integridad electoral.

El Tribunal Electoral de Panamá desempeña un rol central en la regulación y fiscalización del financiamiento político, constituyéndose como garante de la transparencia y la equidad en los procesos electorales. En los últimos años, la institución ha impulsado avances normativos y administrativos orientados a mejorar los mecanismos de control y rendición de cuentas. No obstante, la complejidad creciente de los esquemas de financiamiento y la sofisticación de los riesgos emergentes demandan un fortalecimiento continuo de las herramientas de supervisión, particularmente desde una óptica preventiva.

Uno de los principales desafíos institucionales radica en la necesidad de profundizar el enfoque basado en riesgos dentro de la fiscalización del financiamiento político. La identificación temprana de patrones inusuales, la priorización de áreas de mayor exposición y la adopción de medidas proporcionales permitirían optimizar el uso de los recursos institucionales y aumentar la efectividad de los controles, sin afectar el normal desarrollo de la actividad política.

Asimismo, la coordinación interinstitucional representa un elemento clave para enfrentar de manera integral los riesgos asociados al financiamiento político. La interacción oportuna entre el Tribunal Electoral, las entidades de supervisión financiera y otros organismos con competencias relacionadas puede fortalecer la capacidad del Estado para detectar y prevenir el uso indebido de recursos en el ámbito electoral. La articulación de esfuerzos y el intercambio de información, dentro de los márgenes legales correspondientes, constituyen buenas prácticas reconocidas a nivel internacional.

Por otro lado, los partidos políticos y los actores vinculados a las campañas electorales enfrentan el desafío de incorporar una cultura de cumplimiento que vaya más allá del cumplimiento formal de las obligaciones legales. La adopción de políticas internas de transparencia, controles básicos de debida diligencia y mecanismos de autorregulación contribuiría a reducir la exposición a riesgos y a reforzar la confianza ciudadana en el sistema político.

Abordar estos desafíos desde una perspectiva constructiva y preventiva permite avanzar hacia un modelo de financiamiento político más transparente y resiliente. En este proceso, el fortalecimiento institucional, la cooperación entre actores y la adopción de enfoques modernos de gestión de riesgos se presentan como elementos esenciales para consolidar la integridad electoral en Panamá.

Hacia un modelo preventivo de integridad electoral

La evolución de los riesgos asociados al financiamiento político plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo de integridad electoral centrado en la prevención. Este enfoque implica superar la lógica reactiva basada en sanciones posteriores y adoptar mecanismos que permitan identificar, evaluar y mitigar riesgos antes de que estos se materialicen.

Un modelo preventivo requiere la articulación de múltiples elementos: marcos normativos adecuados, capacidades institucionales fortalecidas, coordinación interinstitucional efectiva y una cultura de cumplimiento que involucre a todos los actores del sistema político. Asimismo, demanda el uso de herramientas analíticas que permitan anticipar comportamientos atípicos y orientar los esfuerzos de supervisión hacia áreas de mayor riesgo.

En este contexto, la integridad electoral se consolida como un objetivo transversal que no solo depende de la regulación, sino también del compromiso ético y la responsabilidad compartida entre instituciones, partidos políticos y ciudadanía.

Reflexiones finales y propuestas

El financiamiento político representa hoy uno de los principales desafíos para la integridad electoral en las democracias contemporáneas. Su adecuada gestión no depende exclusivamente de la existencia de normas formales, sino de la capacidad institucional para anticipar riesgos, aplicar controles preventivos efectivos y promover una cultura de transparencia que fortalezca la confianza ciudadana en los procesos electorales.

El análisis de los riesgos emergentes asociados al financiamiento político en Panamá pone de manifiesto la necesidad de evolucionar hacia enfoques de supervisión más dinámicos y preventivos. En este sentido, la incorporación del enfoque basado en riesgos, ampliamente utilizado en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales, ofrece una herramienta valiosa para identificar áreas críticas, priorizar esfuerzos de fiscalización y reducir la exposición del sistema electoral a prácticas opacas o indebidas.

Asimismo, el fortalecimiento de la integridad electoral exige una responsabilidad compartida entre las distintas instituciones del Estado, los partidos políticos y los actores vinculados a las campañas electorales. La coordinación interinstitucional, el intercambio oportuno de información y la adopción de buenas prácticas de cumplimiento pueden contribuir significativamente a mejorar la efectividad de los controles y a consolidar un modelo de financiamiento político más transparente y resiliente.

Desde una perspectiva institucional, resulta fundamental continuar impulsando iniciativas orientadas a la prevención, sin afectar el normal ejercicio de los derechos políticos ni la dinámica propia de la competencia electoral. El equilibrio entre control y participación constituye un elemento central para garantizar que los mecanismos de supervisión refuercen, y no debiliten, la legitimidad democrática.

En conclusión, la integridad electoral debe ser concebida como un proceso en constante construcción, que requiere adaptación permanente frente a los cambios en las dinámicas económicas y políticas. Panamá cuenta con la oportunidad de fortalecer su sistema de financiamiento político mediante la adopción de enfoques modernos de gestión de riesgos y controles preventivos, consolidando así un marco institucional que promueva elecciones transparentes, equitativas y alineadas con los principios del Estado de Derecho.

Conclusiones

El mayor riesgo para la democracia no es solo el dinero ilícito, sino el dinero invisible.

El análisis desarrollado a lo largo de este artículo evidencia que el financiamiento político, cuando no es gestionado adecuadamente, puede constituir una fuente significativa de riesgos para la integridad electoral y la legitimidad democrática. La existencia de marcos normativos resulta indispensable, pero no suficiente, frente a esquemas de financiamiento cada vez más complejos y dinámicos.

En este escenario, el mayor riesgo para la democracia no es únicamente la presencia de dinero ilícito, sino la existencia de dinero invisible: aquel que, aun aparentando legalidad, escapa a los mecanismos efectivos de trazabilidad y control.

Panamá cuenta con bases institucionales sólidas y con una trayectoria relevante en materia de regulación electoral. El desafío actual consiste en continuar fortaleciendo estos avances mediante la incorporación de enfoques preventivos y herramientas modernas de gestión de riesgos, que permitan anticipar amenazas y consolidar la confianza ciudadana. En este proceso, el rol del Tribunal Electoral y de las demás instituciones vinculadas resulta fundamental para garantizar procesos electorales transparentes, equitativos y alineados con los principios democráticos.

En un entorno donde los riesgos evolucionan constantemente, la capacidad de anticipación y adaptación institucional será determinante para preservar la integridad electoral y fortalecer la legitimidad democrática.

Recomendaciones

1. Fortalecer la aplicación del enfoque basado en riesgos en la fiscalización del financiamiento político, priorizando áreas de mayor exposición y desarrollando metodologías de análisis preventivo.
2. Impulsar mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional e intercambio de información entre el Tribunal Electoral, entidades de supervisión financiera y otros organismos competentes, dentro del marco legal vigente.
3. Promover la adopción de políticas internas de cumplimiento, debida diligencia y transparencia en los partidos políticos y actores vinculados a campañas electorales.
4. Desarrollar herramientas de monitoreo continuo que permitan la detección temprana de operaciones inusuales o de riesgo durante el ciclo electoral.

Referencias

1. IDEA Internacional. Financiamiento político y democracia.
2. Organización de los Estados Americanos (OEA). Integridad electoral y transparencia en los procesos democráticos.
3. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Enfoque basado en riesgos para la prevención del lavado de activos.
4. Transparencia Internacional. Índice de percepción de la corrupción y financiamiento político.
5. Banco Mundial. Gobernanza, corrupción y desarrollo institucional.
6. Tribunal Electoral de Panamá. Normativa sobre financiamiento político y rendición de cuentas.
7. Flores, Erika Yanori. Fondos privados en campañas electorales y los controles preventivos del blanqueo de capitales: Un desafío pendiente en Panamá. Revista Mundo Electoral, Tribunal Electoral de Panamá.

“Las referencias utilizadas responden a marcos conceptuales y estándares internacionales en materia de integridad electoral y prevención de riesgos.”

La historia de la democracia induce, cual vaticinio, a un tránsito conductista a través de la historia. Sus orígenes han sido objeto de estudio y de reflexión por parte de distintas disciplinas, entre ellas la Filosofía, el Derecho y las Ciencias Políticas, que han valorado su origen y línea histórica a través de su concepción en la Antigüedad, la Edad Media hasta los actuales períodos, e introduce una línea intelectual conforme a su importancia, y de su relación con el poder del Estado, del Gobierno, y de los ciudadanos.

Hacer referencia a una democracia adjetivizada es abordar lo establecido por Bovero, quien denomina democracia sin adjetivos “donde los hombres y partidos tenían concepciones diferentes y antagónicas de la democracia (democracia con tantos adjetivos contrapuestos, formal, sustancial, liberal, burguesa, social, progresiva, socialista, proletaria y hasta polémicamente fascista” (Bovero, 1995, págs. 9-10).

El planteamiento sobre diversos modelos o adjetivos responde a una diversidad de propuestas que buscan concebir la democracia desde su visión evolutiva e histórica, forjada a lo largo del tiempo, como una forma de organización política, que tiene su sustento en valores, principios y reglas, que buscan preservar un orden legal, el cual todos y todas debemos proteger y tutelar.

TABLA I: ADJETIVOS ESTABLECIDOS PARA LA DEMOCRACIA

Fuente: Elaboración propia conforme a la observancia de modelos o adjetivos otorgados a la democracia.

Es por ello que la concepción de adjetivos a la democracia es polifacética en gran medida, pero su bifurcación deriva del discurrir de significados atribuidos, lo cual subyace en el quehacer de conceptualizaciones equivocadas, propio de un abierto desconocimiento de sus principales postulados, lo cual incide de forma negativa y conduce a posturas anacrónicas en cuanto a la defensa de la democracia, como principio fundamental de un Estado de derecho democrático. La gobernabilidad en democracia desconoce derechos otorgado y promueve falsas dicotomías, lo cual induce al desinterés de sus ciudadanos de conocer las distintas terminologías que se brindan, y aceptan como un hecho fáctico posturas radicales que debilitan la existencia de la democracia.

Los adjetivos que complementan el término democracia, de acuerdo con Bovero, promueven confusión en la mente ciudadana, propio del desconocimiento de los ciudadanos, sobre los términos conceptuales que definen la democracia, logrando en gran medida incidir en la apatía hacia la diversidad de adjetivos constituidos, afectando a una sociedad, cuyo aprendizaje es aprender a vivir en o con democracia, la cual debe fortalecer el diálogo y la resolución de conflictos, permanente. No se debe crear más adjetivos; lo que se debe es normar instrumentos positivos, que tutelen el derecho a la democracia, a partir de una visión humanista, y de consagración de la igualdad y la libertad del ser humano; con normas que tutelen la no discriminación, el derecho a la inclusión y el derecho a la igualdad del ser humano, para lograr así la inclusión de los grupos vulnerables en la sociedad.

No cabe duda de que la democracia ha sido objeto de estudio a profundidad, y su defensa ha sido ampliada en prácticas discursivas o demagogas que muchas veces marcan una diferencia entre teoría y realidad, propiciada por defensores, críticos y utilitaristas en el contexto de la valoración brindada en el pensamiento a la democracia. Pretender elaborar una definición conceptual a partir de distintas adjetivaciones permite distinguir un símil de valoraciones al término democracia, lo cual permite, en su complejidad, solo ser comprendida a través de la filosofía del pensamiento político. Esta percepción permite preguntarse si la democracia sustentada en valores morales es un problema de la filosofía, o si la misma requiere un acto de voluntad, contraviniendo un subterfugio de valoraciones preconcebidas, propio de su interpretación, como un derecho humano positivo y reglamentado en tratados internacionales.

El presente ensayo contextualiza la construcción de la democracia a partir de distintos modelos o adjetivos, que se han establecido en el recorrido histórico del concepto. A su vez, la crítica a su existencia encuentra grandes defensores del declive u ocaso señalando así un plexus de términos sobre una democracia en construcción, una democracia inconclusa, una democracia en riesgo, una democracia en crisis, una democracia bajo presión o, finalmente, una democracia amputada de sus partes esenciales cuyo presagio o vaticinio es el empobrecimiento de los desheredados o desdichados en cuanto a la adquisición de bienes materiales. En fin, se han presentado y teorizado diversas posiciones que denotan la necesidad de preservar y defender la democracia;  o, muy por el contrario, sus críticos se han constituido en grandes detractores de su existencia, es decir, crean un sofisma de distracción en la sociedad, lo cual les permite en principio defender la misma para acceder al poder y luego hacer críticas ante su existencia.

La desafección de la sociedad permite que determinados grupos promuevan discursos de odio, limitando un análisis racional a los debates e ideas presentes que buscan consensos, y generan el acceso a la participación en los asuntos públicos, logrando en consecuencia exigir a los gobernantes políticas públicas que contribuyan al desarrollo humano y a la igualdad de todos en nuestra sociedad. Es decir, el desarrollo de un tejido social encuentra su fortaleza en una democracia consolidada, lo cual incide en el crecimiento y desarrollo de una cultura de paz y de resolución de conflictos, ante los problemas existentes en la actualidad.

Es importante señalar la defensa de la democracia a través de la observancia de la naturaleza de la misma; debe ser concebida como una norma jurídica, la cual brinda la oportunidad de hacer defensa de su concepción como un derecho humano de carácter colectivo que nos beneficie a todos por igual. La misma debe superar los esquemas adjetivos, para alcanzar su preponderancia a través del reconocimiento en el ordenamiento jurídico interno e internacional.

La Carta Democrática Interamericana, prohijada en América Latina el 11 de septiembre de 2001, refleja la voluntad de los Estados que suscribieron la misma de constituir un documento “soft law” que desarrolla el concepto democracia representativa, brindando aportes en calificar la democracia como un derecho humano de los pueblos, cuyos gobiernos tienen la obligación de promover, respetar y garantizar su defensa.

La misma encuentra un límite en el principio proclamado en la Carta de Naciones Unidas, como ha sido el principio del respeto a la soberanía de un Estado y de no intervención en los asuntos internos, representando un avance cristalizador en el desarrollo del derecho a la democracia como un derecho humano de los pueblos, acorde a sus valores y principios.

Estos principios han permitido el desarrollo de un ordenamiento jurídico internacional, que muchas veces es limitado por el ejercicio soberano de los Estados, lo cual afecta, en gran medida, principios, preceptos y valores democráticos que han sido proclamados a través de los principales instrumentos de derechos humanos.

La observancia en muchas de nuestras constituciones del término democracia establecida en su preámbulo o dentro del contenido de la forma de organización del Estado, permite vislumbrar períodos −aún presentes− de difícil inserción en el marco constitucional de hacer presente, conforme a lo dispuesto en la Carta Democrática Interamericana, la democracia como un derecho humano de los pueblos, cuya obligación no sea solo de respeto, sino de protección y de otorgar la garantía en su cumplimiento por parte de sus gobernantes.

Por otra parte, es importante señalar, como la conformación de modelos o adjetivos que buscan construir o fortalecer la democracia, tropieza con valoraciones distintas al determinar la democracia como un valor o principios que regulen la vida en la sociedad. La creación de distintos modelos propicia una deconstrucción de los fundamentos o características que revisten al término democracia, y conduce a sus ciudadanos −cual velero sin dirección− a interrogarse ¿en qué adjetivos de democracia nos encontramos?.

Si bien es cierto, las élites política y las relaciones de poder encuentran su origen en la preservación de prácticas paternalistas, clientelistas y partidocráticas; las cuales han marcado esquemas de una profunda desigualdad en América Latina, producto de una pobreza multidimensional y de una brecha social galopante que debilita el tejido social, y por ende el capital humano, cuyo resultado ha sido producto de una herencia colonial, que ha contribuido en la “preservación” de una cultura clientelista, paternalista, cuyo corte de caciquismo político solo ha beneficiado a determinados sectores de las élites políticas, quienes ejercen el control del poder político y fomentan un debilitamiento de los cimientos de la democracia, así como de  un desarrollo humano y un capital humano competitivo. Este proyecto político tradicional ha marcado en la región sesgos de cómo garantizar la igualdad política en un continente de profunda desigualdad económica.

Es importante valorar el índice de la democracia (The Economist Intelligence Unit) y el índice Freedon House (FH) sobre libertad en América; así como los análisis de IDEA, PNUD y de otros organismos que presentan, a través de la aplicación de metodología cuantitativa, resultados que detallan las distintas valoraciones que los ciudadanos y ciudadanas de la región de las Américas hacen a la democracia, permitiendo en sí determinar si nos encontramos en períodos del alcance de una plenitud democrática o, todo lo contrario, seguimos  con mesianismos populistas o la conformación de un nihilismo personal que produce, en consecuencia, fracturas o debilidades; haciendo imposible que la democracia deje de ser valorada como un término semántico y se logre la consolidación de una verdadera democracia en América Latina.

Si hacemos un análisis de una visión retrospectiva de la democracia, quizás la misma represente para sus ciudadanos y ciudadanas una expresión de ideas proporcionadas por la burguesía liberal, donde sus cimientos contravienen la igualdad de todos, haciendo a la democracia inoperante ante la sociedad propiamente. Por otra parte, aún a pesar de que la corrupción, el clientelismo y la partidocracia constituyen una forma de manifestación de desviación social y, por ende, promueven factores que determinan a largo plazo un resquebrajamiento de las institucionalidad democrática, se hace necesario fortalecer el vínculo entre democracia y justicia distributiva conforme a la ética discursiva, lo cual no debe ser establecida como un valor universalmente aceptado, sino como un derecho al cual todos los pueblos deben gozar y beneficiarse del mismo.

El alcance de grandes libertades y derechos, como ha sido la libertad de expresión, de pensamiento, de circulación, de culto, de participación, así como el respeto a la dignidad de cada ser humano, constituye un funcionamiento eficaz de la democracia. Como expresa Rubén Galleguillo “la civearquía se constituye en una alternativa promisoria que, respetando la rica tradición de la democracia en cuyo jardín florecieron la libertad y la igualdad, está en condiciones de albergar las complejas realidades presentes y cristalizar los desafíos de emancipación de los nuevos tiempos” (Galleguillo, 2016, pág. 54).

Si bien es cierto, somos un continente de desafíos y de esperanzas, América Latina emerge después de los procesos de independencia de forma distinta a otras regiones del planeta, con sus particularidades culturales y de prácticas nefastas, heredadas de la época colonial, siendo propicio mencionar entre sus males el caciquismo y el paternalismo, lo cual incide en sesgos de inequidad y de una brecha social permanente, que hace imposible −casi doscientos años transcurridos desde la independencia de la región− que el anhelo de una América unida, con sentido de identidad latinoamericana, supere los viejos “conceptos culturales” de rasgos o de creencias, que demuestran distorsiones mentales de “superioridad de determinados grupos sociales sobre otros”, propio de nuestra conformación social, política y económica, cuya idiosincrasia es el resultado de la construcción del Estado – Nación.

La transformación digital debe enfocarse en reforzar la democracia y la protección de derechos fundamentales, generando nuevos o integrando de manera efectiva las nuevas modalidades en los formatos ya existentes. Por lo tanto, el sistema debe asegurar que estos derechos puedan ser ejercidos en el entorno digital con la misma efectividad que en el mundo físico, lo que plantea el reto de cómo garantizar su protección, considerando las particularidades inherentes al mundo digital (Barrio, 2023, págs. 19 – 20).

La irrupción de la inteligencia artificial no solo afecta derechos concretos o la democracia, sino también a los pilares estructurales de un Estado constitucional, como forma de organización política. De este modo la IA genera controversias y dificultades para el concepto de soberanía, el equilibrio de poderes y el principio de legalidad, elementos funcionales que deben reinterpretarse a la luz de las tecnologías disruptivas (Castellanos Claramunt, 2025, pág. 99).

Es importante señalar, conforme a la evolución de los derechos humanos fundamentales, como los derechos civiles y políticos aparecen ampliamente referidos en las constituciones. Los derechos sociales, económicos y culturales, han sido invisibilizados en cuanto al ejercicio de garantías que debe brindar la Constitución. El derecho humano a la educación de calidad es uno de los principales derechos que permitirá en el futuro hacer a las generaciones X, Y o Z mejores ciudadanos, con conocimientos para preservar los valores, principios y derechos democráticos, que han sido establecidos a lo largo de la historia. Esta falta de compromiso de los gobiernos para fortalecer el tejido social en nuestras sociedades, haciendo más competitiva a su población, evitaría la recurrencia de los mismos a buscar mejores oportunidades en otros países, y así debilitar un capital humano competitivo y de calidad. Esta falencia educativa promueve en los ciudadanos seguir siendo víctimas permanentes de las prácticas de clientelismo y de corrupción, y de seguir así seleccionando políticos que jamás contribuirán con el crecimiento personal y profesional de sus ciudadanos.

Frente a estos grandes desafíos, se puede avizorar escenarios apocalípticos cuya contribución es consolidar hacia el futuro la deconstrucción de la democracia, propio de la debilidad institucional, de la incertidumbre, de los actos de corrupción y de la emergencia de una violencia estructural, que emerge cual leviathan, consumiendo así los cimientos forjados por valores y principios en los cuales descansa nuestra democracia.

O muy por el contrario, podemos avizorar las asimetrías en la organización político – social, lo cual incide en el descontento con la democracia de establecer −de acuerdo con sus críticos− que la misma responde a los males que aquejan a la sociedad, olvidando, en gran medida, que la democracia es una construcción histórica, que debe ser resiliente ante los cambios presentes, e intentar seguir preservando la existencia de valores, reglas y principios que contextualizan un orden que debe prevalecer en toda sociedad democrática.

Es importante abordar la defensa de la democracia a través de la observancia de su naturaleza propiamente, y de ser concebida como una norma jurídica, que permite que su cristalización alcance a través de su conceptualización que sea promovida como un derecho humano colectivo cuyo objeto de tutela es el pueblo, como sujeto titular de derechos. Es decir, la misma debe superar esquemas de viejas concepciones establecidas que definen la democracia como valores y principios, logrando así establecer su reconocimiento en el sistema de tratados internacionales, con respecto al cumplimiento de lo allí establecido.

Como expresa Altavilla, la primera vez que se mencionó la palabra democracia en un instrumento internacional fue dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Resolución XXVII que estableció la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, celebrado en Buenos Aires en 1936 (Altavilla, 2023, pág. 32).

El reconocimiento del término democracia descansa en gran medida en declaraciones internaciones, así como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana de Derechos Humanos (1969). Este reconocimiento, de describir la preponderancia de la democracia en un sistema político o jurídico, no aparece debidamente inserto en otras declaraciones como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), la Carta Árabe de Derechos Humanos (2004) y la Carta Asiática de Derechos Humanos (1998).

Destacada importancia en el sistema político internacional, han tenido dos declaraciones en períodos distintos, y una Carta Democrática Interamericana que marcan ese hito de progresividad en el derecho internacional de hacer una sociedad más justa. En 1945, el Dr. Ricardo J. Alfaro presentó, por Panamá, ante la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU), una propuesta de Declaración de Derechos Humanos Esenciales. Este documento tuvo especial importancia frente a la coyuntura internacional en aquel momento, y mucho de los derechos allí propuestos han quedado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

El otro documento −de significativo valor− ha sido la Declaración de Derechos Humanos Emergentes (2007), un documento de avanzada, propuesto por la sociedad civil global, que destaca en su contenido valores, principios y seis títulos donde amplía una serie de aspectos relevantes, con respecto al derecho a la democracia. La misma es incorporada en la presente Declaración a través del derecho a la democracia igualitaria, el derecho a la democracia plural, el derecho a la democracia paritaria, el derecho a la democracia participativa, el derecho a la democracia solidaria y el derecho a la democracia garantista.

La misma encuentra un límite a través de la proclamación de principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas, como ha sido el principio del respeto a la soberanía de un Estado, y de no intervención en los asuntos internos. A través de la proclamación de estos principios del derecho internacional, se buscaba evitar la injerencia en los asuntos internos o de intervención en el respeto a la soberanía de los Estados, por parte de otros Estados con mayores recursos, y de gran poder militar. Sin embargo, la aplicación práctica de los gobiernos es recurrente ante la violación de derechos humanos fundamentales, como son los derechos colectivos.

Aún a pesar de los obstáculos presentes, el derecho humano a la democracia representa un avance cristalizador del desarrollo de derechos colectivos, como ha sido el establecimiento en la Carta Democrática Interamericana para establecer la democracia como un derecho humano de los pueblos, acorde a principios y preceptos democráticos.

Estos principios han permitido desarrollar un ordenamiento jurídico internacional, que muchas veces es limitado por el ejercicio soberano de los Estados, lo cual afecta en gran medida los principios, preceptos y valores democráticos, que han sido proclamados en los principales instrumentos de derechos humanos.

La observancia en muchas de nuestras constituciones del término democracia, establecida en su preámbulo o dentro del contenido de la forma de organización del Estado, permite vislumbrar períodos aún presentes de difícil inserción en el marco constitucional de incluir lo dispuesto en la Carta Democrática Interamericana, es decir, lo preceptuado en su artículo 1 que dispone a la democracia como un derecho humano de los pueblos, cuya obligación no sea solo de respeto, sino de protección y de otorgar la garantía en su cumplimiento por parte de sus gobernantes.

En el mismo sentido, la democracia instrumentalizada en documentos jurídicos ha sido debidamente establecida desde una posición o valoración de la importancia que los gobiernos brindan a la democracia representativa como modelo o forma de gobierno, que aún sigue presente en el desarrollo de los pueblos. Los principales instrumentos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, hacen referencia directa a la democracia representativa, la cual dispone el ejercicio del derecho al sufragio, como mecanismo de participación de los electores, para fortalecer los cimientos de un Estado de derecho democrático.

Constituir la democracia como un derecho humano colectivo representa desafíos para muchos Estados, en cuanto al “deber” modificar sus constituciones, muchas veces caracterizadas por su rigidez constitucional, lo cual no permiten fácilmente  adecuar la condición de derecho humano a la democracia, principalmente en cuanto a su inserción como un derecho humano de los pueblos, y generando en su efecto la oportunidad de cualquier ciudadano o ciudadana para que pueda demandar al Estado por incurrir en responsabilidad, o a sus gobiernos por afectar el derecho a la democracia, como un derecho humano o derecho colectivo de la sociedad.

Se hace presente a lo largo del ensayo, no solo abordar la imprecisión conceptual de la democracia a través de los distintos adjetivos establecidos a la misma, siendo relevante elaborar un análisis del contenido del artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana que nos promueve la democracia como un derecho humano de los pueblos y de sus gobernantes a protegerla y defenderla. Por ello se hace necesario defender su pensamiento, superando los adjetivos establecidos y valorando su existencia a partir de una realidad que nos hace pensar en qué le ocurriría a la sociedad o la humanidad propiamente al estar sin democracia. Pensar en una “sociedad sin derechos”, donde la anarquía y la violencia acabarían el sueño de la humanidad, de alcanzar el desarrollo humano y la competitividad de todos y todas, en las mismas condiciones de igualdad y de libertad, propio de la condición de seres humanos que anhelan vivir bajos estándares de calidad democrática.

Construir la democracia como un derecho humano de los pueblos representa desafíos para muchos Estados, en cuanto al “deber” de modificar sus constituciones, las cuales han sido construidas −en muchos estados− sobre la base de una rigidez constitucional, lo cual afecta en gran medida la inserción de derechos humanos fundamentales, siendo el derecho a la democracia, como derecho humano de los pueblos, el que brinda la oportunidad a cualquier ciudadano o ciudadana, en el ejercicio de sus derechos, de demandar al Estado por haber incurrido en responsabilidad internacional, o a sus gobiernos propiamente por afectar el derecho a la democracia, como un derecho humano o derecho colectivo de la sociedad.

La emergencia actual de regímenes mesiánicos, neopopulistas y autoritarios, brinda grandes desafíos y pocas esperanzas de fortalecer los cimientos democráticos, al exponer los mismos lenguajes agresivos y descalificativos hacia quienes se oponen a sus mandatos. Desde que la política se convirtió en el objeto más preciado de las élites políticas, el retroceso de la democracia en los últimos años se hace evidente, lo cual conduce a su población a luchar o hacerse resiliente para poder sobrevivir a los períodos de violencia e incertidumbre que nos agobian, siendo la misma necesaria como base fundamental de toda sociedad, para evitar así caer en un sesgo de metáfora al señalar a la misma, como una enfermedad crónica que no logrará subsistir en los nuevos y actuales períodos históricos del siglo XXI.

Es importante valorar el índice de la democracia de Vdem, Polity, The Economist Intelligence Unit, Freedon House (FH), BTI,  sobre el desarrollo y evaluación de la democracia en América Latina y del universo propiamente; así como los análisis de IDEA, PNUD y de otros organismos que presentan a través de aplicación de metodología cuantitativa, resultados que detallan las distintas valoraciones que los ciudadanos y ciudadanas de la región de las Américas, hacen a la democracia, permitiendo en sí determinar si nos encontramos en períodos del alcance de una plenitud democrática o, todo lo contrario, seguimos  con mesianismos populistas o la conformación de un nihilismo personal, que produce en consecuencia fracturas o debilidades, haciendo imposible que la democracia deje de ser valorada como un término semántico y se logre la consolidación de una verdadera democracia en América Latina.

Si hacemos un análisis de una visión retrospectiva de la democracia, quizás represente para sus ciudadanos y ciudadanas una expresión de ideas proporcionadas por la burguesía liberal, cuyos cimientos contravienen la igualdad de todos, haciendo a la democracia inoperante ante la sociedad propiamente. Por otra parte, aún a pesar de que la corrupción, el clientelismo y la partidocracia constituyen una forma de manifestación de desviación social y, por ende, promueven factores que determinan a largo plazo un resquebrajamiento de las institucionalidad democrática, se hace necesario fortalecer el vínculo entre democracia y justicia distributiva conforme a la ética discursiva, lo cual no debe ser establecida como un valor universalmente aceptado, sino como un derecho al cual todos los pueblos deben gozar y beneficiarse.

El alcance de grandes libertades y derechos, como han sido la libertad de expresión, de pensamiento, de circulación, de culto, de participación, así como el respeto a la dignidad de cada ser humano, constituyen un funcionamiento eficaz de la democracia.

Si bien es cierto, somos un continente de desafíos y de esperanzas, América Latina emerge después de los procesos de independencia de forma distinta a otras regiones del planeta, con sus particularidades culturales, y de prácticas nefastas heredadas de la época colonial, siendo propicio mencionar entre sus males el caciquismo y el paternalismo, lo cual incide en sesgos de inequidad y de una brecha social permanente, que hace imposible casi doscientos años transcurridos desde la independencia de la región, que el anhelo de una América unida, con sentido de identidad latinoamericana, supere los viejos “conceptos culturales” de rasgos o de creencias, que demuestran distorsiones mentales de “superioridad de determinados grupos sociales sobre otros”, propio de nuestra conformación social, política y económica, cuya idiosincrasia es resultado de la construcción del Estado – Nación.

Frente a estos grandes desafíos, se puede avizorar escenarios apocalípticos cuya contribución es consolidar hacia el futuro, la deconstrucción de la democracia, propio de la debilidad institucional, de la incertidumbre, de los actos de corrupción y de la emergencia de una violencia estructural, que emerge cual leviathan consumiendo todos los cimientos forjados en valores y principios sobre los que descansa nuestra democracia.

O muy por el contrario, podemos establecer como las asimetrías en la organización político – social incide en el descontento con la democracia, de establecer de acuerdo a sus críticos que la misma responde a los males que aquejan a la sociedad, olvidando en gran medida que la democracia es una construcción histórica, que debe ser resiliente ante los cambios presentes, e intentar seguir preservando la existencia de valores, reglas, y principios que contextualizan un orden que debe prevalecer en toda sociedad democrática.

Para concluir, se hizo presente a lo largo de la obra, no solo abordar la imprecisión conceptual de la democracia, a través de los distintos modelos o adjetivos establecidos para la misma, siendo relevante elaborar un análisis del contenido del artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana que nos promueve la democracia como un derecho humano de los pueblos y de sus gobernantes a protegerla y defenderla. Es por ello que se hace necesario defender su pensamiento, superando los adjetivos establecidos y valorando su existencia a partir de una realidad que nos hace pensar en qué le ocurriría a la sociedad o la humanidad propiamente al estar sin democracia. Es importante sustituir y fortalecer los procesos democráticos electorales para sustituir una “sociedad sin derechos”, donde la anarquía y la violencia controlan el poder, por la legitimidad de gobernantes democráticos, que promuevan el diálogo, la negociación y una cultura de paz, que permite un desarrollo humano de su población, y el anhelo de todos y todas de crecer en condiciones de igualdad y de libertad, como seres humanos que anhelan vivir bajos estándares de calidad democrática. Como expresa un viejo refrán, en fecha 1971: “La cura para los males de la democracia es más democracia”.

BIBLIOGRAFÍA

Altavilla, C. (2023). Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos en América Latina. Escenarios y Perspectivas a 20 años de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana. Argentina: Ediciones Olejnik.

Barrio, A. M. (2023). Los Derechos Digitales y su regulación en España, la Unión Europea e Iberoamérica. La Coruña, España: Colecciones: Cuadernos de la Cátedra de Relaciones Privadas Internacionales.

Bovero, M. (1995). Los Adjetivos de la Democracia. México: Instituto Federal Electoral.

Castellanos Claramunt, J. (2025). Democracia. Un Análisis en Clave Constitucional. Madrid, España: Dykinson, S.L.

Galleguillo, R. E. (5 de Mayo de 2016). Ciudadanía y Democracia: los nuevos desafíos. Más Poder Local. Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina: Asociación Latinoamericana de Investigación en Campañas Electorales.

1. Formación cívica temprana y cultura de paz: aprendizajes desde las Elecciones de la Niñez y la Adolescencia (ENA) 2024 en Panamá

Una niña, un niño, toman una boleta, buscan una mampara, marcan una decisión y la depositan. No solo es un gesto escolar: es un ritual público mínimo. Allí está la democracia en su forma más simple y más exigente: decidir bajo reglas comunes. Esta escena, repetida en el contexto panameño durante la Elecciones de la Niñez y la adolescencia 2024, fue el punto de partida de mi participación como ponente en el VII Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia «Educar para la Paz», realizado del 20 al 28 de noviembre de 2025 y convocado por Laboratorio Internacional de Promoción de Buen Trato y Participación Infantil (INFLAB).

Mi presentación se sostuvo en el artículo que publiqué en el libro Educar para la paz (Dykinson, 2025) titulado «Elecciones de la niñez y adolescencia en Panamá, 2024: experiencia, propuesta didáctica y reflexiones pedagógicas».  El propósito del artículo y mi exposición fue doble: narrar un caso institucional concreto y, al mismo tiempo, interrogar sobre lo que ese caso nos dice sobre la participación protagónica infantil, cultura política temprana y construcción de paz.

I.I. Marco conceptual: ciudadanía de Niñas, Niños y Adolescentes y ciudadanía temprana.

La Ley 285 de 15 de febrero de 2022, al establecer el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Panamá, se inscribe en una concepción de la niñez como sujeto pleno de derechos y no meramente como objeto de tutela. Esta perspectiva dialoga directamente con los planteamientos de Alessandro Baratta (1995), quien cuestiona la tradicional exclusión de niños, niñas y adolescentes del análisis democrático y subraya la necesidad de interpelar a la democracia desde los derechos de la infancia. En este sentido, la Ley 285 no solo fortalece los mecanismos de protección, sino que introduce el principio de participación como un componente estructural, reconociendo a la niñez y adolescencia como actores relevantes en la construcción democrática. Así, la norma responde al llamado de Baratta al ampliar el horizonte democrático e incorporar a la infancia como categoría política indispensable para la legitimidad y profundización de la democracia.

1. Participación infantil y formación democrática: más allá del discurso

La participación infantil suele ser celebrada en el discurso y restringida en el diseño de políticas públicas y privadas. El Congreso del 20 al 28 de noviembre del 2025 fue un espacio propicio para discutir esta paradoja: se pide a niñas y adolescentes que “sean líderes”, pero se les niegan instancias reales de decisión. En contraste, la ENA ofrece una experiencia organizada con formalidad institucional. Fue convocada por el Tribunal Electoral de Panamá (TE) mediante el Decreto 14 del 1 de marzo de 2024, que reglamentó la jornada electoral del 5 de mayo de 2024.

Aquí el punto no es solo “hacerles votar”, sino hacerles comprender qué significa votar: qué se protege (secreto), qué se garantiza (igualdad de acceso), qué se controla (integridad) y qué se reconoce (resultado). Esa estructura, cuando es transparente, educa para la paz, reduce la arbitrariedad, limita la violencia simbólica del “yo decido por ti” y produce reconocimiento del otro como parte de la comunidad.

El proyecto Elecciones de la Niñez y la Adolescencia 2024 fue, más que una actividad paralela a la jornada electoral, un laboratorio cívico: una manera de recordar que la democracia no se hereda por decreto, sino que se aprende viviéndola. Impulsado y realizado por el Tribunal Electoral a través del INED, estuvo dirigido a niñas, niños y adolescentes (5 a 17 años) y se llevó a cabo el 5 de mayo de 2024, en simultáneo con la elección general, como una experiencia formativa de participación, decisión y sentido de pertenencia. Su alcance territorial buscó que el aprendizaje no quedara encerrado en la capital del país: se habilitaron 30 centros de votación en 15 regiones, incluyendo las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, con el acompañamiento de familias, comunidad educativa y actores comunitarios. La arquitectura del proyecto se sostuvo también en una red de aliados estratégicos:

Ministerio de Educación (MEDUCA), Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familias (SENNIAF), Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), IDEA Internacional, Club Activo 20-30, Asociación de Muchachas Guías, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Asociación Panameña de Debate (ASPADE), entre otros, aportaron legitimidad social, capacidad operativa y mirada especializada. En términos de participación, se registraron 6,435 votantes infantiles y adolescentes; y, en resultados, el valor más respaldado fue ‘el Respeto’ (2,774 votos), seguido por ‘la Honestidad’ (1,741), Igualdad (1,044) y ‘la Tolerancia’ (561). Leído con cuidado, este orden no es un simple conteo: es una declaración temprana sobre qué tipo de convivencia esperan y reclaman quienes están entrando con voz propia al espacio público.

III. Del voto simbólico al aprendizaje cívico: deliberar antes de elegir valores

En la Elecciones de la Niñez y la adolescencia, 2024, se votó por los valores democráticos cómo el respeto, la igualdad, la honestidad y la tolerancia.  En el congreso, tuve la oportunidad de explicar por qué se realizó la votación por valores y el porqué de estos valores.

La votación por valores se diseñó como dispositivo pedagógico en busca desplazar el foco hacia fortalecer el aprender a deliberar (razonar y contractar prioridades) antes de decidir; de modo que el acto electoral no solo sea simbólico, sino que sea una herramienta de formación hacia la ciudadanía.

Esto permite que surja la pregunta ¿es posible “elegir valores” sin caer en moralidad excesiva? Mi respuesta fue que sí, pero con una condición: debe existir un proceso didáctico que convierta el valor en problema discutible y no en palabra sagrada.

1. Preguntas de deliberación previas:

• ¿Qué significa “el respeto” cuando pienso diferente?
• ¿Puede haber tolerancia sin límites?
• ¿Qué es igualdad en mi escuela/comunidad: trato igual o trato justo?
• ¿Cómo se ve la honestidad en lo pequeño (tareas, juegos, redes)?

Sin ese momento deliberativo, el voto corre el riesgo de convertirse en una encuesta emocional. Con deliberación, en cambio, se vuelve aprendizaje cívico.

En la Elecciones de la Niñez y la Adolescencia 2024, el aprendizaje cívico no ocurrió “después” del proceso electoral, sino dentro de él: en la mesa, en el instructivo de mesa, en la fila y en la conversación entre pares. Bajo la premisa de que la democracia se aprende practicándola (Dewey, 1938; Pateman, 1970), este artículo se sustenta en los hallazgos de un grupo de enfoque realizado con jóvenes miembros de mesa que participaron en la jornada electoral del 5 de mayo, provenientes de once regionales. El objetivo fue conocer sus experiencias y recoger oportunidades de mejora para futuras ediciones.

En el informe «Resultados de los grupos de enfoque con los miembros de mesa de las Elecciones de la Niñez y la Adolescencia, 2024» se presenta información de primera mano obtenida a partir de dichas reuniones, en las que se aplicó la metodología de cuestionario. El proceso contó con un equipo de evaluación conformado por el personal técnico del Departamento de Formación Ciudadana en Democracia.

Los testimonios destacan, por un lado, una valoración positiva de la organización, la calidad de la capacitación, la claridad de los materiales y el sentido formativo de “ser escuchados” y comprender el voto informado. Por otro lado, señalan nudos críticos bien concretos: tiempos insuficientes de sensibilización en escuelas, bajo acompañamiento docente, participación limitada de votantes estudiantiles y desafíos logísticos (alimentación, viáticos, ubicación de recintos), lo que abre un campo de recomendaciones prácticas para robustecer la experiencia sin quitar contenido de su dimensión pedagógica.

1. Aprender democracia haciendo: formar ciudadanía desde el proceso

Una elección enseña mediante lo que hace. Por eso, se miró a la ENA desde el ciclo electoral: planificación, formación, capacitación, jornada, escrutinio, comunicación de resultados y evaluación. En cada etapa hay una lección cívica posible:

• Formación: construye criterios y valores.
• Capacitación: adquiere habilidades para ejecutar tareas.
• Jornada: habilita autonomía o reproduce dependencia.
• Conteo: transparente.
• Resultados: se devuelven con sentido o se archivan como cifra.

En la revista Mundo Electoral, número 50 (2024), se destacó la ENA como una innovación pedagógica dentro del proceso electoral panameño, subrayando el valor del respeto como fundamento práctico de la democracia (Guerra Morales, 2024). Esta lectura coincide con la noción de ‘paz procedimental’: no la ausencia de conflicto, sino la existencia de reglas legítimas que permiten tramitarlo sin exclusión ni violencia.

1. Aprendizajes: lo que funcionó y lo que aún debe fortalecerse

La ENA tiene logros claros: instala una consulta democrática, traduce procedimientos y abre conversación pública sobre ciudadanía temprana. Pero su potencial aumenta si se consolidan tres aspectos:

1. Poselectoral pedagógico: devolución y conversación del resultado

(en el aula e instituciones y comunidad).

2. Indicadores de aprendizaje: medir comprensión cívica, no solo asistencia.
3. Continuidad formativa: que la elección no sea un evento aislado.

1. De la Ciudadanía social a la Ciudadanía efectiva

El tránsito de la ciudadanía social a la ciudadanía efectiva puede comprenderse como una ruta formativa, gradual y acumulativa, que articula Semilla Ciudadana, Elecciones de la niñez y la adolescencia y Ciudadanía Joven. En su punto de partida, la ciudadanía social se expresa como pertenencia y cuidado: aprender a convivir, reconocer normas compartidas, practicar el respeto y asumir responsabilidades cotidianas en la escuela, la familia y la comunidad. Sobre ese marco afectivo, relacional y procedimental, la Elecciones de la niñez y la adolescencia, 2024, introduce una mediación clave: convierte valores y convivencia en experiencia cívica organizada, donde deliberar, elegir y asumir roles (por ejemplo, en mesas o dinámicas electorales) permite ensayar reglas, responsabilidades y decisiones colectivas. Finalmente, Ciudadanía Joven impulsa el salto hacia la ciudadanía efectiva: no solo “saber” de democracia, sino desarrollar competencia cívica (conocimientos, habilidades y criterios) y, sobre todo, agencia política, entendida como la capacidad real de incidir, organizarse, dialogar con instituciones y participar de forma informada y responsable en lo público. Así, la ruta no es una sucesión de actividades, sino una pedagogía de progresión: de la pertenencia que sostiene, a la práctica que forma, y de allí a la acción que transforma.

La ruta formativa:   la ciudadanía social (pertenencia, cuidado, normas de convivencia) a la ciudadanía efectiva (competencia cívica + agencia política).

(Semilla Ciudadana → Elecciones de la Niñez y la Adolescencia → Ciudadanía Joven).

La consolidación de esta ruta formativa se refleja en los niveles de participación electoral de la población joven, particularmente en el grupo etario de 18 a 25 años. La participación de jóvenes (18 a 25 años) en las Elecciones Generales del 2024, fue la siguiente:

• Participaron 403,602 jóvenes (18 a 25 años), con una participación porcentual del 75.5%, con un incremento del 69% a diferencia al 2019.
• Siendo la participación de hombres de 195,610 (71.8%) y de mujeres de 207,992 (79.3%).

Los datos previos presentados sobre la participación de los jóvenes panameños nos permiten hablar de continuidad formativa, que implica reconocer que la ciudadanía no “aparece” el día en que se obtiene el documento de identidad personal ‘cédula’, sino que se construye como aprendizaje social y moral antes de convertirse en capacidad política. En términos clásicos, se transita de una ciudadanía social a través de convivencia, sentido de pertenencia, reconocimiento del otro, hacia una ciudadanía efectiva, donde esas disposiciones se vuelven competencia para incidir en decisiones públicas (Marshall, 1950). En esa lógica, Semilla Ciudadana es un programa educativo dirigido a niños, niñas y adolescentes, de entre 4 y 17 años, orientado a la formación en valores cívicos y democráticos. Surge como parte del seguimiento a los resultados de las Primeras Elecciones de la Niñez y la Adolescencia, celebradas el 5 de mayo de 2024, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana y la conciencia democrática en las nuevas generaciones. Funciona como alfabetización cívica temprana: no adoctrina valores como consignas, sino que los vuelve experiencia vivida (normas compartidas, empatía, corresponsabilidad).

La ENA añade el componente procedimental y ético del sistema democrático: saber votar como comprensión de reglas, garantías e integridad, y Ciudadanía Joven es un programa dirigido a los jóvenes que adquieren por primera la cédula de identidad personal y a su vez busca empoderar a los jóvenes panameños para que participen de manera informada y activa en la sociedad, con el objetivo de promover una convivencia pacífica y contribuir al bienestar de todos los ciudadanos. A través de este programa se completa el salto decisivo: saber elegir no solo entre opciones, sino con criterios, deliberación y responsabilidad pública. Es decir, convertir el aprendizaje electoral en agencia, organización y participación sostenida. En conjunto, estos programas operan como una escalera pedagógica: de la socialización democrática a la competencia electoral y, finalmente, a la práctica ciudadana capaz de construir paz en lo cotidiano (Dewey, 1916/2004; Freire, 1970/2005; Westheimer & Kahne, 2004).

En tiempos de polarización, esta continuidad no es un adorno: es una tecnología pedagógica de paz democrática, porque vuelve convivible el conflicto al enseñarnos, desde temprano, a decidir con reglas comunes, a reconocer resultados y a construir comunidad sin anular al otro (Dewey, 1927/2012; Marshall, 1950; Westheimer & Kahne, 2004).

Conclusión

La ENA mostró que niñas, niños y adolescentes pueden ejercer ciudadanía con seriedad cuando el Estado y la comunidad educativa crean condiciones de participación significativa.

Pero la pregunta decisiva no es qué ocurre el día de la elección, sino qué ocurre después. En esa bisagra se vuelve fundamental articular la ENA con Ciudadanía Joven, programa dirigido a jóvenes que adquieren por primera vez la cédula de identidad personal, orientado a empoderarlos para participar de manera informada y activa en la vida pública, promoviendo la convivencia pacífica y el bienestar de toda la ciudadanía. Porque allí la experiencia electoral se transforma en trayectoria formativa, en práctica sostenida y en cultura democrática cotidiana. Si la ENA enseña el lenguaje del procedimiento reglas compartidas, respeto, integridad; Ciudadanía Joven lo convierte en hábito, en conversaciones y acciones, donde adolescentes y juventudes deliberan, proponen, se organizan y construyen comunidad. En tiempos de polarización, esa continuidad es, quizá, la forma más concreta de educar para la paz; no como un ideal abstracto, sino como una manera aprendida de vivir juntos.

Agradezco la revisión de este artículo a la Mgtr. Tamara Martínez, investigadora del Instituto de Estudios Democráticos (INED), y al Prof. Carlos González, activista en formación y participación ciudadana, presidente del Ágora CGMx de Panamá e integrante del Instituto de Formación Cívica de México.

Referencias:

Guerra Morales, L. A. (2024, 13 de diciembre). Elecciones de la niñez y la adolescencia: el valor del respeto como fundamento de la democracia. Revista Mundo Electoral, edición n.° 51.

Tribunal Electoral de Panamá. (2024, 1 de marzo). Decreto 14: Que convoca a las Elecciones de la niñez y la adolescencia del 5 de mayo de 2024 y aprueba su reglamentación [PDF].

Zambrano Sánchez, A. (2025). Elecciones de la niñez y adolescencia en Panamá, 2024: experiencia, propuesta didáctica y reflexiones pedagógicas. En A. S. Jiménez Hernández et al. (Coords.), Educar para la paz (pp. 1706–1714). Dykinson. https://doi.org/10.14679/3930

Bellido, Y. (2024). La ciudadanía de los niños. Mundo Electoral, (50), 26–35.

Baratta, A. (1995). Infancia y democracia. Bogotá: Temis.

Dewey, J. (2004). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education (Edición original publicada en 1916). Dover Publications.

Dewey, J. (2012). The public and its problems (Edición original publicada en 1927). Ohio University Press.

Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido (30.ª ed.; Edición original publicada en 1970). Siglo XXI Editores.

Marshall, T. H. (1950). Citizenship and social class and other essays. Cambridge University Press.

Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. American Educational Research Journal, 41(2), 237–269.

Introducción

Adolfo Hitler llegó a convencer a una nación de la superioridad de la raza y de que era imperioso eliminar a los judíos.  Con los avances actuales, nos podríamos hacer las siguientes preguntas: ¿Qué pasaría si Adolfo Hitler y su equipo hubieran utilizado la neurociencia? ¿Qué tal si hubiera usado las redes sociales para esparcir su influencia?

Estas interrogantes nos llevan a preguntarnos qué podemos hacer para que los avances de la neurotecnología no actué en nuestra contra en unas elecciones.

Los avances de la tecnología presentan constantemente desafíos para el mundo jurídico, especialmente el relacionado con los derechos humanos.

Se puede considerar que tiene 2 caras:  por un lado, su enorme potencial en el área médica; por otro, la inquietante posibilidad de que unas pocas empresas o personas con acceso a esta tecnología puedan conocer, analizar e incluso influir en los pensamientos, emociones y comportamientos humanos  (Sundblad & Salaya, 2026).

Los neuroderechos son un conjunto de principios diseñados para proteger las facultades mentales fundamentales frente a los riesgos que plantean las neurotecnologías avanzadas  (Calcedo, 2025).

Si bien la neurotecnología empezó como una forma de curar enfermedades, luego se ha extendido a otros campos (Rodrigues, 2024) .

En este sentido, hicimos la siguiente pregunta  Gemini “¿Qué amenazas representa la neurociencia para la manipulación cerebral de los votantes? “y está fue la respuesta:

A continuación, se detallan las principales amenazas de esta manipulación:

1. Explotación de los Procesos Inconscientes

El cerebro humano toma muchas decisiones antes de que seamos conscientes de ellas. Los estudios muestran que regiones como el estriado ventral (relacionado con la recompensa) o la amígdala (miedo) se activan ante ciertos líderes o mensajes mucho antes de que el votante pueda razonar su elección.

2. Refuerzo de Sesgos Cognitivos

La neurociencia permite identificar con precisión sesgos como el de confirmación (priorizar información que valida lo que ya creemos) o la disonancia cognitiva (bloquear datos que contradicen nuestra opinión).

• Amenaza: Mediante algoritmos e IA, se puede alimentar a un votante con mensajes que refuercen sus prejuicios, encerrándolo en «burbujas cognitivas» que fragmentan la sociedad y eliminan el debate saludable.

3. Microsegmentación Psicográfica

A diferencia del marketing tradicional, la neurotecnología, combinada con el análisis de datos, permite la microsegmentación. Se pueden crear perfiles basados en la reactividad emocional de grupos específicos.

• Amenaza: El uso de datos para «apuntar psicológicamente» (como ocurrió en casos mediáticos de manipulación de datos) permite enviar mensajes que activen miedos específicos en poblaciones vulnerables, incentivando la abstención o el voto por impulso.

4. El Riesgo de los «Neuroderechos»

A medida que avanzan las interfaces cerebro-computadora y el escaneo cerebral, surge la preocupación por la privacidad mental.

Amenaza: Si los datos neuronales de los ciudadanos (cómo reaccionan involuntariamente a ciertos estímulos) son recolectados por empresas o gobiernos, se pierde la última frontera de la libertad individual: la autonomía de pensamiento (Gemini, 2026).

I.               ¿Qué es neurociencia y la neurotecnología?

Empecemos por entender qué es la neurociencia. La neurociencia tiene como función estudiar los distintos aspectos del cerebro, su estructura, sus funciones, sus lesiones, sus patologías, su fisiología y cómo interactúan cada uno de los elementos que lo componen, con el fin de comprender su comportamiento (Fisher, 2019).

La neurociencia permite entender cómo nuestro cerebro procesa la información política y cómo esto influye en nuestras decisiones    (Reiventor Republic, 2023).

Se entiende por neurotecnología cualquier tecnología que registre información procedente de la actividad cerebral o interfiera con ella (Iberdrola, s.f.) .

En este punto, también es necesario hablar de la optogenética, una tecnología que permite activar o desactivar voluntariamente, en tiempos muy precisos, las neuronas que hacen posibles estados mentales particulares (Morgado, 2016).

Según un artículo del New York Time, los avances en optogenética podrían permitir a los científicos “escribir” también el cerebro, alterando potencialmente la comprensión y el comportamiento humanos (The New York Times, 2025) .

II.             Derechos humanos y neurociencia

Cuando hablamos de derechos humanos y neurociencia debemos enfocarnos en proteger la actividad cerebral contra manipulaciones o lecturas no consentidas.

La propuesta relacionada con los neuroderechos tiene como primera premisa la necesidad de proteger la actividad cerebral de los individuos frente a las amenazas de la tecnología (Rollnert, 2024)

La Constitución Política señala, en su artículo 135, que el voto es libre. Es decir, un voto que es manipulado y que lleve al elector a votar de una manera diferente a lo que haría sin dicha manipulación, no es un voto libre.

III.            Neuroderechos y los pilares básicos

La defensa de los neuroderechos está relacionada con la protección legal de la privacidad de nuestra mente, frente a una ciencia que puede llegar a almacenar nuestros pensamientos más íntimos (Yuste, 2025).

Hay cinco principios básicos que se mencionan recurrentemente cuando se habla de neuroderechos  (Instituto de Innovación digital más ciudadanIA, 2025):

1. La protección de la identidad personal
2. El derecho a la privacidad mental
3. El consentimiento informado para el uso de tecnologías cerebrales
4. La equidad en el acceso a las neurotecnologías
5. La protección contra la manipulación de la actividad cereb

IV.           Regulación de los neuroderechos

En esta sección revisemos algunas regulaciones avanzadas en cuanto a los neuroderechos.

IV.1 Organismos Internacionales

• Parlatino

El Parlatino ha diseñado una ley modelo cuyo objetivo es posibilitar a los países que, de forma progresiva, se comprometan en la promoción y desarrollo de los neuroderecho dentro del marco de la neuroética.

Los principales derechos que defiende este modelo son los siguientes:

1. a) Derecho a la privacidad mental (los datos cerebrales de las personas).
2. b) Derecho a la identidad y autonomía personal.
3. c) Derecho al libre albedrío y a la autodeterminación.
4. d) Derecho al acceso equitativo a la aumentación cognitiva o al desarrollo cognitivo.
5. e) Derecho a la protección de sesgos de algoritmos o procesos automatizados de toma de decisiones.
6. f) El derecho inalienable a no ser objeto de cualquier forma de intervención de las conexiones neuronales o cualquier forma de intrusión a nivel cerebral mediante el uso de neurotecnología, interfaz cerebro computadora o cualquier otro sistema o dispositivo, sin contar con el consentimiento del usuario.
7. g) En general, el derecho a no ser sujeto involuntario o no informado, de cualquier proceso o actividad que pueda de alguna manera interferir en los procesos cognitivos del individuo.

1. 2 Otras legislaciones

• Chile

En Chile se realizó una reforma Constitucional que incorporó un nuevo inciso final al numeral N.° 1 del artículo 19 de la Carta Magna que establece:

“El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”.

Este país ha llegado a sancionar una empresa por violación a los neuroderechos. El caso Emotiv Insight surgió cuando el exsenador chileno Guido Girardi denunció que un dispositivo de neurotecnología almacenaba y utilizaba sus datos cerebrales sin garantías adecuadas, pudiendo incluso ser transferidos a terceros. La Corte Suprema de Chile falló a su favor, ordenando modificar las políticas de privacidad, eliminar sus neurodatos y suspender la venta del dispositivo en el país hasta cumplir estándares constitucionales.

VI. El peligro de la neurociencia en las campañas electorales

El celular se ha convertido en el mayor espía de nuestros movimientos, gustos, impulsos e intereses. Google sabe dónde nos movemos y a qué hora. A través del App del Banco, hay información de lo que gastamos, compramos y con qué frecuencia. Si además, contamos con un reloj, nuestro ritmo cardiaco, cuanto caminamos (si somos sedentario o no), la presión arterial, se convierten en datos. Por supuesto, con quien nos comunicamos a través de las llamadas y de la mensajería es información valiosa para conocernos.

Todo un coctel perfecto para conocer qué estamos dispuestos a gastar, en qué momento, qué y quiénes nos mueven. Para las grandes compañías, que se manejan con el “data driven”, somos predecibles en un alto porcentaje y también manipulables. Algo similar ocurre con nuestras decisiones políticas, mientras más datos existan disponibles sobre nosotros, más previsible puede ser a quien le demos el voto en las urnas.

Mientras más datos existan sobre el ciudadano, más susceptible queda a la persuasión subconsciente.

La neurodata, la cual consiste en información recogida directamente de la actividad cerebral (Auditta, s.f.), tiene que ser debidamente protegida para evitar la manipulación de nuestro cerebro.

En este sentido, si bien, la neurodata no puede decidir lo que la gente puede pensar, sí puede llevar a la violación de la privacidad en cuanto a nuestros pensamientos y las decisiones que tomamos  (Organización de las Naciones Unidas, 2025).

En esta oportunidad es importante hablar de los sesgos algorítmicos. Estos pueden ser utilizados para crear mensajes personalizados que adapten los discursos a los miedos, deseos o prejuicios de los electores.

Los sesgos algorítmicos también pueden ser utilizados estratégicamente para alimentar los sesgos cognitivos.  Los sesgos cognitivos son atajos mentales que todos usamos para interpretar el mundo que nos rodea (Correa, 2025).

Algunos sesgos podrían ser los siguientes:

• El sesgo de anclaje (dar una referencia inicial para influir en tu juicio). Ocurre cuando la primera información que recibimos (un dato, una cifra o una promesa) condiciona todos los juicios posteriores.
• Sesgo de confirmación (mostrarte solo información que refuerce tus creencias) El sesgo de confirmación nos impulsa a buscar, interpretar y recordar información que valide nuestras creencias previas, mientras ignoramos activamente cualquier dato que las contradiga.
• Sesgo de correspondencia (error de atribución): Tendencia a explicar el comportamiento de los demás basándose en características personales internas, subestimando las influencias situacionales externas (Correa, 2025).

Los sesgos cognitivos tienen algunas características como: automático (se activan sin que el votante lo perciba), universales (se activa en todos los ciudadanos), emocionales (se basan más en la emoción que en la razón) y persistentes (aunque lo percibamos caemos en ellos)  (Informarket, s.f.).

Si bien estos atajos, también llamados heurísticos, nos puede evitar el agotamiento mental, también puede llevarnos a errores de juicio.

Daniel Kahneman señalo que la mente del ser humano funciona a través de dos sistemas de pensamiento:

• Sistema 1 (pensamiento rápido): rápido, automático, intuitivo y cargado de emociones. Opera con poco o ningún esfuerzo consciente.

Sistema 2 (pensamiento lento): lento, deliberativo, lógico y analítico, pero más costoso en términos de atención y esfuerzo cognitivo.

La mayor parte de nuestras decisiones cotidianas son gestionadas por el Sistema 1, precisamente porque requiere menos recursos y nos permite responder con rapidez. Por esto, Kahneman señala que somos irracionales y tomamos decisiones en pocos segundos, lo que, muchas veces, nos conduce a errores.   (Redondo, 2025).

El conocer a las personas con información vital puede llevar a influir en sus conclusiones y, por tanto, persuadirla en cuanto a sus decisiones política o en las urnas.

V.             ¿Cómo proteger nuestro cerebro de la manipulación de la neurociencia en las elecciones?

Nuestra Constitución señala, en el artículo 135, que el voto es libre, igual, universal, secreto y directo.

Indudablemente, un voto que es ejercido bajo la manipulación y no bajo la conciencia no es un voto libre.

Si bien nuestro ordenamiento no señala ni define los neuroderechos, sí contamos con un derecho consagrado en nuestra Carta Magna que es la libertad de pensamiento.

El indebido uso de la neurotecnología puede violar dos grandes derechos constitucionales como lo son el voto libre y la libertad de pensamiento.

Estos derechos no solamente se encuentran protegidos en nuestra Carta Magna, sino que también se encuentran en la Convención Americana de los Derechos Humanos, cuanto consagra en el artículo 13 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.   Por su parte, el artículo 23 establece que los ciudadanos pueden elegir y ser elegidos a través del voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

Indudablemente, si bien existen estos derechos, se requiere regular adecuadamente los neuroderechos, tanto en la Constitución como en las leyes.

Por otro lado, los bots y trolls cada vez son más avanzados, desde el punto de vista tecnológico. En este sentido, es importante poder separar las acciones de los bots del ejercicio de libertad de expresión de los ciudadanos (Ceballos, 2024).

Una combinación estratégica de la inteligencia artificial y de las neurotecnologías, con fines maquiavélicos, pueden ser letales para la democracia.

VI.           Lo positivo de la neurociencia en la política

No todo en la neurociencia es negativo y puede utilizarse para fines positivos, aportando tanto a la democracia como a los partidos políticos.

Al final, la neurociencia no es mala por sí sola, sino cuando se usa de forma contraria a la ética.

La neurociencia puede contribuir a entender a los ciudadanos que se encuentran cada vez más desilusionados de la democracia y de la política.

Bibliografía

Auditta. (s.f.). Neurodatos: el futuro de la tecnología y sus desafíos. Obtenido de https://auditta.es/neurodatos-y-neurotecnologia/

Calcedo, A. (12 de marzo de 2025). ¿Qué son los «Neuroderechos»? Obtenido de https://www.alfredocalcedo.net/post/neuroderechos

Ceballos, M. (diciembre de 2024). La influencia de la inteligencia artificial en las agencias de astroturfing político. Mundo Electoral.

Cornejo- Plaza, I., & Cippitani, R. (2024). Los Neurodatos y su protección frente a la inteligencia artificial y las neurotecnologías. Obtenido de https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/1289/1652

Correa, L. (3 de octubre de 2025). ¿Qué son los sesgos cognitivos y cuál es su importancia? Obtenido de https://adipa.cl/noticias/que-son-los-sesgos-cognitivos-y-cual-es-su-importancia/

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Iberdrola. (s.f.). ¿Qué son los neuroderechos y por qué son vitales ante los avances en neurociencia? Obtenido de https://www.iberdrola.com/conocenos/nuestro-modelo-innovacion/neuroderechos

Informarket. (s.f.). Sesgos cognitivos en política. Obtenido de https://infomarket.es/cursos/sesgos-cognitivos-comunicacion-politica/leccion/los-sesgos-cognitivos-en-el-neuromarketing-politico/

Instituto de Innovación digital más ciudadanIA. (17 de abril de 2025). Neuroderechos: la nueva frontera legal de la inteligencia artificial. Obtenido de https://institutodeinnovaciondigital.ar/neuroderechos-la-nueva-frontera-legal-de-la-inteligencia-artificial/

Morgado, I. (12 de mayo de 2016). ¿Avanza la neurociencia hacia el control de la mente humana? Obtenido de https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/avanza-la-neurociencia-hacia-el-control-de-la-mente-humana-1345680342040.html?noticiaid=1345702313691

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Redondo, A. (30 de julio de 2025). esumen de “Pensar rápido, pensar despacio”, de Daniel Kahneman. Obtenido de https://www.elclubdeinversion.com/pensar-rapido-pensar-despacio/

Reiventor Republic. (2023). La neurociencia de las campañas electorales. Kindle.

Rodrigues, A. (16 de marzo de 2024). Agencia Brasil. Obtenido de Senadores proponen ley para proteger los datos y privacidad mentales: https://agenciabrasil.ebc.com.br/es/geral/noticia/2024-03/senadores-proponen-ley-para-proteger-los-datos-y-privacidad-mentales

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Leyes e instrumentos internacionales:

• Ley Modelo del Parlatino sobre neuroderechos
• Constitución Política de Panamá
• Constitución Política de Chile
• Convención Americana de los Derechos Humanos
• Consultas a la inteligencia artificial
• Google, 2026. ¿Qué amenazas representa la neurociencia para la manipulación cerebral de los votantes? [Generative AI Chat] Gemini https://gemini.google.com/app/9ec3bab5a1ea9a1f

En el 2022, por primera vez en la comarca indígena Ngäbe-Buglé, la más extensa y poblada de la República de Panamá, se logró establecer la paridad de género en las elecciones de las autoridades comarcales tradicionales. Esta medida representa un avance fundamental de esta comunidad indígena, al cumplir con el derecho universal a la igualdad y no discriminación, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Las mujeres de Panamá y el mundo han logrado fortalecer su liderazgo y una mayor participación en campos como la política, un espacio que por décadas fue dominado por hombres. Este esfuerzo ha tenido un impacto importante en los procesos electorales en todo el país. Pero también ha empezado a generar cambios en la organización política de la comarca Ngäbe-Buglé, la única de las seis comarcas reconocidas en el país que elige a sus autoridades principales y regionales mediante elecciones.

La comarca indígena Ngäbe-Buglé, cuyo territorio abarca áreas de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, fue creada con derecho a autonomía indígena mediante la Ley 10 de 7 de mayo de 1997. Desde su constitución celebra elecciones comarcales para la escogencia de sus autoridades principales y regionales, supervisadas por el Congreso General y el Tribunal Electoral de Panamá.

Tradicionalmente, las mujeres de esta comunidad tenían una participación limitada en las decisiones relevantes. Sin embargo, demostraron un cambio trascendental,

particularmente en los comicios del domingo 13 de febrero de 2022, en los cuales fueron escogidos los delegados de corregimiento para el Congreso General, para los tres Congresos Regionales y los nueve Congresos Locales, así como para la consulta popular para escoger a un cacique general, tres caciques regionales y nueve caciques locales de la comarca Ngäbe-Buglé.

En estas elecciones, según el padrón electoral, estuvieron habilitados unos 160,968 electores para votar en 337 centros de votación y 493 mesas ubicadas en tres regiones electorales de esta comarca indígena, de los cuales 78 mil 491 eran mujeres y 82 mil 477 hombres.

Durante esta contienda electoral resultó electa para el cargo principal de cacique general una mujer, Elena Cruz Guerra, junto a dos suplentes varones, para un periodo de seis años, como lo establece la norma de la comarca. Es importante mencionar que anteriormente, en la elección de septiembre de 2011, la población también escogió, entre las candidaturas, a una mujer como la primera cacique de ese territorio indígena.

En las elecciones del 2022, igualmente fueron electos tres caciques regionales, nueve caciques locales y 384 delegados al Congreso General, de estos últimos, 192 son mujeres y 192 hombres, cumpliendo de esta manera con la paridad de género.

Gracias a su persistencia en este y en procesos anteriores, las mujeres han abierto un camino hacia la justicia y la equidad en la elección de las autoridades tradicionales, convirtiendo a la comarca Ngäbe Buglé en un modelo de paridad y representación inclusiva en el país.

A través de sus luchas para fortalecer su liderazgo femenino, las mujeres indígenas de esta comarca se han convertido en protagonistas de este proceso electoral comarcal, alcanzando significativas posiciones.

Myrtha Varela de Durán, secretaria general del Tribunal Electoral de Panamá, señaló que la propia comunidad de la comarca fue la que decidió realizar la elección

de manera igualitaria, para elegir a las autoridades tradicionales, iniciativa que quedó reglamentada con el Decreto 26 de 13 de octubre de 2021, a través del cual se hizo la convocatoria oficial para esta votación.

En el artículo 10 de este Decreto se aborda el tema de la «paridad de género, para la integración de las nóminas», señalando que «se regirá la participación de mujeres y hombres, de manera igualitaria en las postulaciones a los distintos cargos que integrarán los congresos. Todas las nóminas utilizarán el mecanismo de alternancia (mujer-hombre u hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no pueden estar en forma consecutiva en la nómina».

Según Varela, en esas elecciones comarcales, que fueron convocadas, reglamentadas y supervisadas por el Tribunal Electoral, junto con la Comisión de Elecciones del Congreso General Ngäbe-Buglé, por primera vez se dio un resultado de 50 % mujeres y 50 % hombres, lo que representó un ejemplo importante para Panamá y Latinoamérica, especialmente por considerar que se trata de autoridades tradicionales de una comarca indígena. «La participación femenina en estos cargos políticos demuestra el empoderamiento de la mujer indígena, su trabajo constante y su mensaje a los hombres sobre la importancia de la igualdad. Las mujeres, al pensar en sus hijos y luchar por la comunidad y la familia, contribuyen a una mejor calidad de vida para todos», manifestó.

La conciencia de la comarca sobre la importancia de la igualdad en postulaciones y resultados, en este caso, quedó demostrada y dejó como resultado la elección de muchas mujeres, incluyendo a la cacique actual, que es mujer, destacó la secretaria general del TE, al tiempo que agregó que la paridad se considera esencial para una democracia verdadera, ya que las mujeres aportan una perspectiva única basada en sus necesidades y las de sus hijos, lo cual a menudo no se toma en cuenta. Dado que las mujeres representan más de la mitad de la población y son una gran parte del electorado, es fundamental que ocupen cargos de decisión para representar esta visión distinta y lograr un balance equitativo de participación, subrayó.

La comarca Ngäbe-Buglé se constituyó en ejemplo para el país y la región al lograr la paridad en sus autoridades tradicionales, demostrando que la igualdad de género es necesaria para la democracia y el desarrollo comunitario.

Fiscalía General Electoral

Con la entrada en vigor del Código Procesal Penal, fundamentado en el Sistema Penal Acusatorio, fueron implementadas una serie de variaciones con relación al sistema procesal penal que se derogaba, iniciando con la precisión de las garantías, principios y reglas rectores del proceso penal.

Las garantías fundamentales en realidad ya existían, en convenios y tratados internacionales, pero la necesidad de alinear el procedimiento de una manera clara de conformidad al grado de jerarquía de normas, hizo necesario el plasmar, de manera ordenada y comprensible, las garantías fundamentales relacionadas con el debido proceso, del cual se derivan la mayoría de los principios rectores del proceso penal, además de incorporarse los principios propios del sistema acusatorio, como lo serían la oralidad, inmediación, concentración, contradictorio, igualdad de las partes, economía procesal, entre otros.

Otro de los cambios significativos lo representó el diseño de la fase de investigación, cuando se abrió la posibilidad de investigación mientras exista la acción penal, o sea, mientras no haya prescrito el delito y no hayan sido afectados derechos fundamentales, recordando que los actos de investigación están sujetos al control de legalidad por parte del juez de garantías, inclusive antes de la imputación (art. 286 cpp).

Es en este marco contextual, la formulación de imputación aparece como el acto procesal que marca el límite entre la investigación preliminar o informal, que se adelanta por parte del Ministerio Público o la Fiscalía General Electoral, ya sea por denuncia, querella o de oficio, y la investigación preparatoria que se inicia a partir de la formulación de imputación y está sujeta a un plazo legal de 6 meses, o al plazo judicial otorgado por el o la juez de garantías a solicitud de las partes.

Excepcionalmente, también existe el denominado plazo extendido en aquellos casos en que se solicite y se valide la causa como compleja (arts. 502, 503 y 504 cpp).

Una de las características del Sistema Penal Acusatorio es que se contemplan una serie de audiencias previas al juicio, las que son evacuadas ante el juez de garantías durante la fase de investigación, y entre los propósitos de estas audiencias, denominadas o conocidas como de control, está el lograr la autorización judicial para la práctica de diligencias investigadas como el allanamiento (control previo), y en otros casos se pretende que se controle la legalidad de determinado acto de investigación ya ejecutado (control posterior).

Además de las situaciones indicadas, de igual forma se producen audiencias previas destinadas a resolver solicitudes diversas de las partes, sustentadas en la probable afectación de algún derecho o garantía fundamental, como lo sería, por ejemplo, la solicitud de revisión de medidas cautelares personales o reales ya asignadas, además de audiencias de afectación de derechos, entre otras.

La audiencia de formulación de imputación  no entra dentro de en este conjunto de audiencias de control previo o posterior, y se entiende como tal al acto mediante el cual el fiscal, en su condición de titular de la acción penal por asignación constitucional al Ministerio Público y a la Fiscalía General Electoral, comunica en audiencia a una determinada persona que se adelanta una investigación preliminar en su contra, detallando los hechos que se estima encuadran dentro de uno o varios tipos penales o delitos determinados, el tipo penal que se estima vulnerado por el hecho y los elementos de convicción con que se cuenta hasta el momento para acreditar el extremo objetivo (el delito) como el extremo subjetivo que es la vinculación de la persona al hecho que se estima punible.

Esta audiencia reviste tal importancia que se exige la presencia de la totalidad de los intervinientes, fiscal, persona a imputar, defensor, juez de garantías y la víctima del delito si la hubiera, dando cumplimiento así al principio de concentración, y es a partir de esta formulación de imputación cuando hay vinculación formal proceso.

Para llegar a la imputación se requiere que haya ocurrido un suceso previsto como delito en la normativa penal electoral, y para determinar esto la fiscalía respectiva deberá haber adelantado una investigación preliminar de verificación de hechos y circunstancias que deberán ser establecidos de manera clara, precisa y relevante, describiendo conductas que encajen sin complicación dentro de una norma penal electoral, haciendo los hechos susceptibles de prueba durante el desarrollo del proceso.

El concepto de que la audiencia de formulación de imputación se limitaba a una mera comunicación a la persona indiciada, sobre que en su contra se adelantaría de manera formal una investigación por su relación a determinado delito, fue superado ampliamente cuando reiterados fallos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con motivo de Amparos de Garantías llegados en grado de apelación, han dejado establecido que se requiere que el o la fiscal en la audiencia exponga que existe suficiente evidencia de la comisión de un hecho que encuadre dentro de un tipo penal determinado, destacando los hechos relevantes  que fundamentan la imputación y los elementos de conocimiento que la sustentan.

De manera más amplia, la formulación de imputación es el acto mediante el cual el fiscal, a quien le corresponde el ejercicio de la acción penal por asignación constitucional,  comunica en audiencia a una determinada persona que se adelanta en su contra una investigación en fase preliminar, detallando los hechos identificados como delictivos, el tipo penal que se estima vulnerado, electoral en nuestro caso, y los elementos de convicción que se tienen hasta ese momento para acreditar a la persona que se imputa al aludido hecho.

En esta audiencia deberán estar presentes el fiscal, el imputado, su defensor y el juez de garantías.

Como titulares de la acción penal, tanto los fiscales electorales como los del Ministerio Público, requieren que una vez cumplido con las condiciones arriba indicadas, se tenga por presentada la imputación, con la consecuente interrupción de la prescripción de la acción penal, el inicio de los plazos para la investigación formal y la apertura de la posibilidad de la aplicación de los denominados criterios de oportunidad, celebrar acuerdos y suspender condicionalmente el proceso, además de la exploración de las formas alternas de solución del conflicto previstas en la ley.

Intervención de la defensa  En la audiencia de imputación se permite la intervención de la defensa únicamente para la aclaración sobre cualquiera de los extremos que se presentan, o sea, los hechos, el derecho aplicable o los elementos de convicción con los que se cuenta.

Estas aclaraciones resultan sumamente importantes debido a que pudiera resultar que la imputación no cuenta con base suficiente como para que el juez de garantías la considere como debidamente formulada.

Rechazo de la formulación de imputación

Definitivamente que no es lo usual, pero ocasionalmente se ha dado el caso de que los jueces de garantías han considerado que los elementos planteados por el fiscal no alcanzan el mérito suficiente para considerar formulada una imputación y la han rechazado.

Recurso

La decisión que apruebe o niegue la formulación de imputación no es recurrible en apelación, es atacable únicamente vía amparo de garantías constitucional en la jurisdicción ordinaria penal, por el fiscal o la defensa, y la controversia llegará a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia.

Posibilidad de reformular la imputación

Se entiende que una vez fijados los hechos los mismos no podrán ser variados o modificados, y deberán ser replicados tanto en la audiencia intermedia como en el juicio oral; para ello la fiscalía deberá plantear los hechos de manera tal que permita la opción de incluirse posteriormente agravantes del caso.

Posibilidad de adicionar la imputación ante el surgimiento de nuevos hechos durante la fase de investigación

Queda abierta la posibilidad de formular imputación por hechos adicionales si durante la investigación surgen nuevos elementos que materialicen algún delito adicional. En estos casos se podrá ampliar la imputación o dar apertura a nueva carpeta de investigación para procesar la situación adicional de manera individual, sin perder de vista que en algún momento deberán atenderse las reglas de unidad y pluralidad de delitos, previstas en los artículos 83 a 87 del Código Penal.

Para finalizar en lo relacionado a con temas relacionados afines con la formulación de imputación, resulta de importancia señalar que:

• En una etapa tan incipiente del proceso como lo es la fase previa al inicio de la investigación penal formal, no es dable exigir a los fiscales más allá que el detalle de los cargos atribuidos que ciertamente deben tener un carácter delictivo, con el respaldo de elementos claros, precisos, comprensibles y jurídicamente relevantes para ser entendidos por la persona a quien se le formula la imputación, con expresión de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, todo lo cual lleva a preservar el derecho de defensa a partir del conocimiento claro y concreto del acto que se endilga al imputado.
• Bajo la fórmula de “aclaraciones”, los jueces de garantía no deben promover o permitir un debate sobre los elementos de convicción expuestos por el fiscal, salvo que de manera evidente no sean suficientes para determinar el hecho punible invocado en imputación, para lo cual bastaría una sencilla intervención de la defensa para advertirlo con precisión y esta oportunidad de “aclaración” no deberá convertirse en cuestionamientos tipo alegato a las consideraciones reveladas por el fiscal;  si posteriormente la investigación formal no arroja mayores elementos para avanzar hacia la siguiente fase procesal, o sea la fase intermedia o de acusación, el fiscal podrá – y deberá – solicitar el sobreseimiento de la causa cuando no haya méritos para acusar (art. 350 cpp).
• En la audiencia de imputación no hay lugar para invocar los conceptos de “pruebas”, “valoración probatoria”, “presunción de inocencia”, “culpabilidad”, propios de la fase final del proceso penal como lo es el juicio, y no en una formulación de imputación preliminar derivada de acciones preliminares de verificación, conocida como la investigación preliminar.
• El rechazo de una imputación por parte del juez de garantías deberá ser preciso y conciso, teniendo siempre presente que un exceso de cuestionamientos en la investigación del fiscal podría caminar peligrosamente por los límites del principio de separación de funciones.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha sido consistente en la unificación de los criterios aquí expuestos, en su mayoría, por vía de Amparo de Garantías en segunda instancia.

Finalmente, es necesario anotar que la investigación, procesamiento y juzgamiento de los delitos electorales se surten bajo las reglas y trámites del sistema penal acusatorio, contenidas en el Código Procesal Penal, salvo puntuales excepciones en materia de recursos cuando solo contamos con el recurso de apelación para la objeción de decisiones judiciales, incluida la sentencia, en materia de procesos especiales la jurisdicción electoral penal contempla únicamente el procedimiento directo; en materia constitucional se nos está vedado la importante herramienta de la Acción de Amparo de Garantías constitucionales, siendo viable el recurso o demanda de inconstitucionalidad, según lo prevé  el párrafo final del artículo 143 de nuestra Constitución política.

Sobre este último punto no estamos de acuerdo, pero las razones ameritan ser expuestas y analizadas en otro artículo de opinión.

Platón

Como abogado joven, panameño, quien ha tenido la oportunidad de trabajar dentro de la esfera pública, he presenciado de cerca cómo se toman decisiones que impactan directamente la vida de los ciudadanos. Me ha sorprendido ver cómo personas razonables, preparadas o incluso desinformadas, emiten su voto motivadas por factores que poco tienen que ver con propuestas o programas de gobierno. Fue en ese punto cuando algo despertó en mí una inquietud personal por entender qué realmente impulsa a una persona a votar como lo hace.

La politica siempre me ha llamado poderosamente la atencion, no solo por su influencia evidente en la estructura del Estado, sino por su gran dimension humana y emocional, según diversos testimonios, vivencias y lecturas, pude notar que el voto no siempre es un acto racional; muchas veces es una respuesta visceral una herencia familiar, una promesa o inclusive una ilusion netamente renovada. Esta mezcla de percepciones y emociones es precisamente lo que me llevó a explorar y a escribir un poco sobre la psicología del voto.

Este articulo busca explorar y aportar a la literatura académica panameña una perspectiva que mezcla teoría, contexto sociopolítico y elementos culturales propios de idiosincracia democrática y en donde renacen algunas preguntas inclusive ya hechas por estudiosos de la materia ¿Qué papel juegan el miedo, la esperanza o el desencanto? ¿hasta qué punto influyen los liderazgos carismáticos, la desinformación, los incentivos económicos o el clientelismo? A partir de estas preguntas, se abre un camino de análisis que no solo explica el voto como fenómeno individual, sino también como reflejo colectivo de nuestras aspiraciones, frustraciones y creencias.

En cada eleccion, muchas personas acuden a las urnas con la esperanza de influir en el rumbo o dirección de un país. Pero ¿qué motiva realmente a una persona a votar por un candidato y no por otro? ¿Es acaso una decision racional, emocional, heredada o simplemente impulsiva? Como un ciudadano panameño, observador y parte de la realidad política, siempre me ha inquietado lo poco que se habla en términos científicos y psicológicos de lo que realmente ocurre detrás del acto de votar. No basta con entender la mecánica electoral, es necesario comprender al votante.

El proceso de decisión electoral es un complejo ajedrez psicológico de emociones y aspectos racionales que influyen en las decisiones del sufragio, es por ello que detrás de cada decisión electoral no solo hay razonamientos lógicos o propuestas concretas, sino tambien un cúmulo de emociones, percepciones, ideas y razonamientos, lo que en psicologia se conoce como heurística, que no es más que atajos mentales que nos permite resolver problemas y emitir algún criterio con plena eficiencia, en donde en este caso en concreto se alinean a las esferas políticas. La psicología del voto explora cómo los ciudadanos procesan la información, evaluan a los candidatos y terminan inclinándose por una opción que muchas veces responde más a impulsos inconscientes que a un análisis racional. En este articulo abordaremos los principales factores psicológicos que influyen en el comportamiento electoral, desde la identidad grupal y los sesgos cognitivos, hasta la influencia del miedo y la esperanza en tiempos de incertidumbre.

Es propicio dedicar unas lineas sobre el cómo nace, se desarolla y se entrelaza el concepto de la heurística junto el tema central de este artículo y es que según data en la década de 1950, por el cognitivo Herbert Simon se introdujo el concepto en el que, si bien las personas se esfuerzan por tomar decisiones racionales, el juicio humano está sujeto a limitaciones cognitivas, ya que las decisiones racionales implicarían sopesar los posibles costos y beneficios de cada alternativa.

Según estudios, las heurísticas enmarcan un rol fundamental tanto en la toma de decisiones como en la solución de problemas, ya que recurrentemente nos avocamos a atajos mentales cuando estamos necesitando una solución rapida o en el momento. Existen a su vez, diversas teorías que respaldan la confianza que se le brinda a la heurística como por ejemplo:

Elaboración propia

Es muy interesante cómo se entrelaza la psicología y la rama del derecho en la esfera electoral, evolucionando a una psicología con investidura jurídica y es que no podemos dejar de lado el hecho de que se complementan entre sí, ya que juega un papel fundamental el raciocinio psicológico a la hora de tomar una decisión, transportándonos así al bosquejo de decidir en un paraguas netamente político en donde hay muchos factores en común ya sea por una preferencia visiblemente marcada o análisis y/o estudios de los planes de gobierno que muy atinadamente dan a conocer los candidatos desde el cargo presidencial hasta el concejal.

Ahora bien, las heurísticas, entendidas como mecanismos cognitivos simplificadores, constituyen recursos utilizados por los individuos para tomar decisiones en condiciones de información limitada o de incertidumbre. Aunque favorecen la eficiencia en el razonamiento práctico, también generan el riesgo de incurrir en sesgos sistemáticos. El siguiente cuadro resume algunos de los principales tipos de heurísticas identificados en la literatura psicológica y su aplicación en situaciones cotidianas.

Elaboración propia

Visto lo anterior, se sintetizan los principales tipos de heurísticas, descritos con base en un ejercicio de elaboración propia. Cada definición ha sido formulada procurando resaltar los elementos esenciales que caracterizan a cada heurística y diferenciarlas entre sí. Este recurso busca no solo sistematizar la información, sino también facilitar un análisis comparativo que permita comprender su utilidad práctica en los procesos de juicio y toma de decisiones.

Ahora bien, el proceso de toma de decisiones constituye un aspecto fundamental en distintos ámbitos de la vida personal y profesional. Con el fin de organizar y aclarar algunas estrategias que pueden contribuir a elegir de manera más consciente y efectiva, he elaborado el siguiente cuadro. En él se presentan diversos enfoques y consideraciones que permiten analizar alternativas, reducir sesgos y alcanzar decisiones mejor fundamentadas.

Elaboración propia

Como puede observarse, el cuadro resume de manera sistemática distintas pautas orientadas a optimizar la toma de decisiones. Cada una de las estrategias expuestas ofrece un aporte específico: desde el análisis racional de la información hasta la valoración de la experiencia previa y la intuición. En conjunto, estas herramientas permiten comprender que decidir mejor no depende de un único método, sino de la integración equilibrada de distintos criterios que se ajustan a la situación concreta.

En síntesis, las heurísticas representan recursos cognitivos valiosos que facilitan la toma de decisiones en la vida cotidiana, ya que permiten reducir la carga mental y agilizar procesos que de otro modo serían más complejos. Sin embargo, es fundamental reconocer que estos atajos mentales no están exentos de riesgo, pues su uso excesivo puede derivar en conclusiones erróneos o juicios poco racionales. Por ello, frente a decisiones relevantes, resulta recomendable dedicar un espacio adicional para reflexionar sobre las alternativas disponibles y considerar distintas perspectivas. Este ejercicio de análisis deliberado contribuye a disminuir sesgos y aumenta la probabilidad de adoptar decisiones más adecuadas.

En otro plano, es preciso agregar que en los inicios del American National Election Studies (Estudios Electorales Nacionales), se destacaron dos ideas clave de la psicología social: por una parte, la identificación con grupos sociales y la necesidad de coherencia personal. El libro The American Voter (1960) fue crucial al afirmar que la conexión con un partido político, adquirida en la infancia, suele mantenerse en la adultez y guía cómo las personas interpretan la política. Otro estudio contemporáneo mostró que las campañas políticas raramente cambian la decisión del votante, ya que este tiene ideas formadas antes de que comiencen.

Si bien la psicología política ha desarrollado ejemplares contribuciones a la explicación de la participación política y del comportamiento electoral, es importante señalar que las mismas se centran principalmente en investigar las razones que explican la participación electoral, más que las preferencia electorales en sí mismas, así como el análisis y estudios en cuanto a la intención del voto de los ciudadanos centrándose inclusive en variables críticas como la ideología política, confianza institucional, eficacia política, democracia, conocimiento político, entre otros.

En la actualidad, el estudio del comportamiento electoral ha alcanzado una notable amplitud y profundidad, dado que los votantes y los procesos electorales han de ser fenómenos meramente coyunturales para convertirse en objeto de análisis sistemático y multidisciplinario. Diversas investigaciones han puesto de relieve que las preferencias de los electores frente a los candidatos pueden agruparse en dos grandes categorías: internas y externas.

Las primeras se relacionan con factores intrínsecos al individuo, como su ideología, valores, identidad política o predisposiciones emocionales, mientras que las segundas responden a elementos contextuales, tales como la situación económica, la influencia de los medios de comunicación o el desempeño de las instituciones. Esta doble dimensión permite comprender con mayor rigor las motivaciones que orientan la decisión de voto y explica la complejidad inherente al comportamiento electoral contemporáneo.

En suma, la psicología del voto revela que la decisión electoral no es un acto aislado ni puramente racional, sino el resultado de una compleja interacción entre factores internos y externos que configuran la percepción del votante. Las emociones, los valores, la identidad social y la memoria colectiva inciden tanto como las condiciones económicas, el contexto político o el papel de los medios de comunicación. Este entrelazamiento explica por qué el voto no responde únicamente a programas o propuestas concretas, sino también a símbolos, narrativas y representaciones que generan adhesión o rechazo en el electorado.

De esta manera, el análisis psicológico del voto permite comprender que los ciudadanos no solo eligen representantes, sino que expresan, a través de las urnas, su pertenecia, expectativas y temores frente a la realidad social. Reconocer la influencia de estos elementos resulta indispensable para interpretar las dinámicas democráticas contemporáneas y para fortalecer el diseño de estrategias políticas y jurídicas que promuevan una participación más consciente e informada.

CONCLUSIONES

El análisis de la psicología del voto permite advertir que la decisión electoral es un fenómeno multifacético, en el que se entrelazan motivaciones internas, como la ideología, los valores y las emociones, con factores externos relacionados con el contexto económico, político y social. De esta forma, el voto deja de concebirse como una simple elección racional y se entiende como una manifestación de percepciones, identidades y expectativas colectivas.

Este enfoque ofrece un aporte relevante al estudio jurídico y político de los procesos electorales, pues pone de relieve la importancia de comprender al ciudadano no solo como sujeto de derechos, sino también como antor influido por variables psicológicas que moldean la democracia contemporánea. A partir de ello, se abre la necesidad de impulsar investigaciones interdisciplinarias que profundicen en estas dinámicas y permitan diseñar mecanismos institucionales y comunicacionales que fomenten una participación electoral más consciente, informada y representativa.

Finalmente, la psicología del voto nos recuerda que detrás de cada elección existe un entramado de percepciones, emociones y contextos que trascienden la lógica puramente racional. Comprender esta complejidad no solo enriquece el estudio del derecho y la ciencia política, sino que también contribuye a fortalecer la calidad de la democracia, en la medida en que permite reconocer al votante como un sujeto integral cuyas decisiones reflejan tanto convicciones individuales como realidades colectivas.

En definitiva,  este articulo académico no agota la vastedad del campo de la psicología del voto; más bien ofrece algunas pinceladas que buscan iluminar cómo los ciudadanos deciden en las urnas, con la intención de abrir el debate y motivar nuevas aproximaciones desde distintas disciplinas.

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El desarrollo de la tecnología digital ha marcado una nueva era en la historia de la humanidad, y uno de los avances más significativos en este proceso ha sido la inteligencia artificial (IA).

Esta tecnología, que alguna vez fue concebida como una aspiración futurista, hoy se relaciona casi con todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, desde los teléfonos inteligentes hasta los servicios de salud. No obstante, uno de los ámbitos donde su influencia es más reciente, compleja y crítica es el electoral.

En contextos democráticos, donde el ejercicio del sufragio y la garantía de elecciones libres y justas son fundamentales, la incorporación de la IA plantea oportunidades y desafíos únicos. En primer lugar, promete mejorar la eficiencia de los procesos, optimizar la logística y fortalecer la comunicación con los votantes, pero, por otra parte, abre la puerta a riesgos relacionados con la manipulación informativa, la desinformación automatizada y la intervención de actores maliciosos.

Sin embargo, ¿realmente tiene alguna relevancia para el mundo electoral? Para poder responder a esta pregunta debemos primero comprender de forma sencilla de qué se trata este fenómeno de la IA.

La IA puede entenderse como una rama de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Estas tareas incluyen la resolución de problemas, la toma de decisiones, el aprendizaje, la comprensión del lenguaje natural, la percepción visual y la planificación estratégica.

En términos generales, la IA no es una tecnología única per se, sino un conjunto de metodologías y herramientas que permiten a las máquinas procesar información, identificar patrones, adaptarse al entorno y realizar acciones autónomas, pero en su mayoría semiautónomas. Entre las principales áreas que conforman la IA se encuentran el aprendizaje automático (machine learning), la lógica computacional, el procesamiento del lenguaje natural (natural language processing NLP), la visión artificial y la robótica.

El machine learning y su impacto en la vida cotidiana

El aprendizaje automático (ML) es un área de la IA centrada en el desarrollo de algoritmos que permiten a las computadoras aprender y realizar predicciones o tomar decisiones basadas en datos, sin estar programadas explícitamente para realizar una tarea específica.

Uno de los elementos más importantes de la IA contemporánea es su capacidad de aprendizaje. A través del análisis de grandes volúmenes de datos, los sistemas pueden mejorar su desempeño sin intervención humana directa, generando predicciones o recomendaciones más precisas con el tiempo. Esta característica la convierte en una herramienta extremadamente potente, especialmente cuando se aplica en contextos con grandes flujos de información, como los procesos electorales.

Usos comunes del machine learning

• Clasificación y detección: Ejemplos de esto es reconocer correos electrónicos como spam, detectar fraudes bancarios o clasificar imágenes médicas.
• Predicción: La IA puede estimar precios de propiedades, proyectar ventas futuras o anticipar el mantenimiento necesario de una máquina industrial.
• Procesamiento de lenguaje natural (NLP): Es uno de los usos más comunes hoy en día, y con ello la IA es capaz de traducir textos, generar resúmenes o, inclusive, analizar emociones en comentarios.
• Sistemas de recomendación: Como aplicación comercial, la IA puede hacer sugerencias sobre productos  como libros, películas, videos o canciones basándose en los gustos del usuario, estableciendo estos de acuerdo con su comportamiento en buscadores en línea.
• Automatización inteligente: La IA puede manejar de forma automatizada, desde chatbots para la atención al cliente hasta sistemas de lectura y análisis de documentos legales para extraer información clave.

El machine learning   tiene un impacto enorme y cada vez más profundo en la vida cotidiana, aunque muchas veces pase desapercibido; convierte datos en decisiones útiles, y esas decisiones están detrás de casi cada pantalla que tocamos.

A diferencia del software tradicional que sigue instrucciones rígidas, un modelo de machine learning se entrena por sí solo de forma que recibe ejemplos, analiza resultados y mejora su precisión progresivamente.

Su relevancia e impacto se debe a que vivimos en una era de datos. Todos generamos información a cada segundo, desde los clics que damos en línea hasta decisiones financieras que tomamos. El machine learning de la IA convierte esa avalancha de datos en intuiciones útiles: detecta patrones que un humano difícilmente vería, y actúa en tiempo real. Su valor no está solo en automatizar, sino en mejorar lo que hacemos, desde la precisión de un diagnóstico hasta el diseño de una estrategia de negocio.

¿Dónde podemos ver el impacto del machine learning en nuestra vida cotidiana? En muchas actividades en las que a veces pasa por completo desapercibido:

• Teléfonos inteligentes: Cada vez que desbloqueamos con nuestra cara, dictamos un mensaje por voz, o la galería de fotos organiza imágenes clasificando por personas o lugares, estamos usando algoritmos de aprendizaje automático.
• Salud: Se usa a menudo para analizar imágenes médicas como radiografías o resonancias, para anticipar brotes epidémicos y para personalizar tratamientos en medicina preventiva.
• Finanzas: Se utiliza en la detección de fraudes en tiempo real, analiza patrones de gasto y hace sugerencias personalizadas en apps bancarias o de inversión.
• Transporte: Optimiza rutas en aplicaciones como Waze o Google Maps, coordina tiempos de transporte público, e incluso ayuda a los sistemas de navegación de vehículos autónomos.
• Compras y comercio: Se utiliza en la elaboración de promociones personalizadas hasta en la predicción de inventario. Machine learning permite que comercios ofrezcan justo lo que el cliente podría necesitar, antes de que lo busque.
• Redes sociales: Los algoritmos deciden qué contenido aparece en el feed, qué publicidad llega, e incluso detectan lenguaje ofensivo o contenido inapropiado.
• Educación: Existen plataformas de aprendizaje adaptativo basado en IA que ajustan el contenido de los cursos según el ritmo, estilo de aprendizaje y áreas de dificultad del estudiante.

Entender qué es la IA implica reconocer tanto su potencial de mejora institucional como los dilemas éticos y políticos que puede generar. Desde el análisis de patrones de la votación hasta la automatización del contacto con los electores, la IA se presenta como una alternativa que, correctamente utilizada, puede fortalecer la democracia.

Sin embargo, sin regulación ni supervisión también puede poner en peligro la integridad del proceso electoral. No nos equivoquemos. En estos momentos la IA es dependiente de un ser humano que controle la forma en que es utilizada y, por consiguiente, está sujeta a las intenciones, vicios y virtudes de la condición humana.

Tipos de Inteligencia Artificial.

La IA se puede clasificar desde distintos enfoques, y cada uno revela una dimensión diferente de cómo funcionan y evolucionan estos sistemas. Podríamos definir, sin que esta sea la única forma de clasificación, tres grandes categorías: por capacidad, por funcionalidad, y por enfoque de diseño.

Clasificación por capacidad

Esta clasificación se basa en el nivel de inteligencia que puede alcanzar un sistema de IA en comparación con la humana:

• IA débil o estrecha (ANI): Especializada en tareas específicas. No tiene conciencia ni razonamiento general. Ejemplo: asistentes virtuales o filtros de spam.
• IA general (AGI): Capaz de aprender y razonar en múltiples contextos, como un humano. Esta se encuentra aún en desarrollo.
• IA superinteligente (ASI): Hipotética. Superaría la inteligencia humana en todos los aspectos. Implica riesgos éticos y filosóficos, y en estos momentos no existe.

Clasificación por funcionalidad, según Arend Hintze

Esta clasificación considera cómo opera y toma decisiones la IA:

• Máquinas reactivas: No tienen memoria ni aprendizaje. Solo responden a estímulos actuales. Ejemplo: Deep Blue de IBM (1997), que venció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov.
• Memoria limitada: Aprenden de datos recientes, pero no almacenan experiencias a largo plazo. Ejemplo: Tesla Autopilot y asistentes como Siri o Google Assistant, que solamente recuerdan interacciones recientes para mejorar sus respuestas.
• Teoría de la mente: Busca comprender emociones, intenciones y pensamientos humanos. Aún se encuentra en etapa de desarrollo. Ejemplo experimental: ToMnet de DeepMind, que intenta predecir el comportamiento de otros agentes inteligentes.
• Autoconciencia: La IA tendría conciencia de sí misma y emociones propias. Pertenece a un futuro especulativo todavía incierto.

Clasificación por enfoque de diseño

Esta clasificación toma en cuenta cómo se construyen los sistemas de IA:

• IA simbólica: Es aquella que usa reglas lógicas y símbolos para representar conocimiento. Ejemplo: Sistemas expertos médicos como el MYCIN de la década de los 70, que diagnosticaba infecciones bacterianas usando reglas lógicas. Utiliza una lógica formal y conocimiento codificado por el ser humano.
• IA conexionista: Está basada en redes neuronales artificiales. Es ideal para el reconocimiento de patrones, imágenes y lenguaje natural. Aprende patrones complejos a partir de grandes volúmenes de datos y es el tipo de IA de uso común en este momento de la historia. Ejemplo: ChatGPT-4 de Open AI, AlphaGo de DeepMind o DALL·E.
• IA evolutiva: Emplea algoritmos genéticos para simular evolución y mejorar soluciones. Su utilidad puede verse en modelos de optimización y simulaciones. Simula la evolución natural para encontrar soluciones óptimas a problemas complejos. Ejemplo: Algoritmos genéticos usados en optimización de rutas logísticas o diseño de antenas espaciales utilizadas por la NASA. Un algoritmo genético es una técnica de búsqueda y optimización inspirada en la evolución biológica. Se basa en la idea de que, al igual que en la naturaleza, las soluciones a un problema pueden “evolucionar” y mejorar con el tiempo mediante procesos como selección, cruzamiento y mutación.

Conocer los distintos tipos de IA es crucial para entender sus posibilidades reales y sus límites, especialmente en contextos como el electoral, donde la precisión, la transparencia y la responsabilidad institucional son valores fundamentales.

Aplicaciones de la IA en el contexto electoral

La inteligencia artificial tiene un potencial significativo para fortalecer la transparencia, eficiencia y credibilidad de los procesos electorales. Existe un sinnúmero de actividades dentro de estos procesos, entre aquellas que son repetitivas y proclives al error humano hasta aquellas que requieren del análisis de cuantiosas cantidades de datos y por lo tanto requieren de cierto grado de capacidad analítica que usualmente se reserva al ser humano, pero que bien podría realizarse de manera rápida y eficiente por la IA.

Algunas de las actividades a las que me refiero podrían ser:

1. a) Automatización del registro y verificación de votantes:

La IA puede analizar documentos de identidad, imágenes biométricas y otros elementos para validar la identidad de un ciudadano sin intervención humana. Esto mejora la eficiencia y reduce el riesgo de errores o suplantación.

1. b) Procesamiento inteligente de datos electorales:

Los sistemas de IA permiten analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, desde padrones electorales hasta resultados preliminares, ayudando a detectar inconsistencias, duplicidades o patrones sospechosos que requieran verificación.

1. c) Logística electoral optimizada:

Mediante algoritmos de aprendizaje automático, los organismos electorales pueden prever demandas de recursos, asignar mejor el personal electoral y optimizar rutas de distribución de material electoral. Esto se traduce en un uso más eficiente del presupuesto público y una mejora en el servicio al ciudadano.

1. d) Simulación de escenarios:

La IA permite construir modelos predictivos de comportamiento electoral, participación ciudadana o posibles contingencias. Esto es clave para realizar simulacros, prever riesgos de abstención y planificar mejor las estrategias de comunicación.

1. e) Chatbots para atención ciudadana:

A través de aplicaciones de IA conversacional se puede brindar orientación a los votantes sobre su centro de votación, cómo sufragar o qué documentos llevar. Estas herramientas pueden estar disponibles 24/7 y manejar múltiples idiomas, mejorando la accesibilidad.

1. f) Traducción automática:

En países con múltiples lenguas oficiales o minoritarias, los sistemas de traducción basados en IA pueden facilitar la difusión de información electoral en varios idiomas de manera automática, inclusiva y costo-efectiva.

1. g) Auditoría de resultados:

Modelos de IA pueden validar de manera autónoma las sumas de votos y detectar anomalías estadísticas que podrían sugerir fraude, errores humanos o problemas técnicos, sirviendo como una herramienta de control adicional.

Riesgos y amenazas del uso malintencionado de la IA en elecciones

Hemos visto las bondades y ventajas que puede representar el uso de la IA en el contexto electoral, sin embargo, también presenta riesgos significativos cuando se emplea sin supervisión ética o con fines manipulativos. Algunos ejemplos de los peligros que podremos encontrar son:

1. a) Automatización de la desinformación:

Modelos generativos pueden crear noticias falsas, artículos persuasivos o memes manipuladores de manera masiva y rápida. Esto dificulta la detección por parte de votantes o fact-checkers.

1. b) Deepfakes:

La generación de videos falsos donde se muestra a candidatos diciendo cosas que nunca dijeron ha sido usada para desacreditar figuras públicas, sembrar confusión o modificar percepciones del electorado.

1. c) Microsegmentación y manipulación emocional:

La IA permite identificar preferencias, miedos y emociones de los votantes para enviar mensajes hiperpersonalizados. Esto puede cruzar la línea entre persuasión legítima y manipulación emocional encubierta.

1. d) Manipulación algorítmica de tendencias:

Bots coordinados pueden influir en los algoritmos de plataformas como Twitter o Facebook, elevando artificialmente ciertos temas en las tendencias o comentarios, creando la ilusión de consenso popular.

1. e) Censura algorítmica:

Los algoritmos de recomendación pueden ser usados para invisibilizar ciertos candidatos, discursos o enfoques, alterando la percepción pública sin intervención humana directa.

Casos de estudio: usos negativos de la IA en procesos electorales

1. a) Caso Cambridge Analytica (EE.UU. y Reino Unido):

La consultora utilizó datos de millones de usuarios de Facebook para crear perfiles psicológicos y enviar propaganda electoral hipersegmentada durante el referéndum del Brexit y la elección presidencial de 2016 en EE.UU. Si bien no se trataba de IA avanzada, sí se emplearon algoritmos predictivos y modelos conductuales basados en IA.

1. b) Elecciones en Brasil (2018 y 2022):

Se identificó el uso masivo de WhatsApp para difundir noticias falsas sobre los candidatos. Bots automatizados replicaban mensajes en grupos segmentados. Además, se usaron herramientas para alterar videos (deepfakes leves) y manipular encuestas.

1. c) Elecciones en India (2019):

El uso de inteligencia artificial para producir mensajes de voz personalizados en distintos dialectos y para distintos perfiles de votantes; fue ampliamente documentado. Algunos de estos mensajes contenían información engañosa.

1. d) Intervención rusa en elecciones de EE.UU. (2016 y 2020):

Grupos vinculados al Kremlin utilizaron IA para generar contenido polarizante, administrar redes de bots, crear sitios falsos y manipular la agenda digital durante el proceso electoral.

1. e) Ucrania (2019):

Durante las elecciones presidenciales circularon videos manipulados de candidatos mediante tecnología de deepfake, lo cual generó preocupación sobre la autenticidad de los discursos y la capacidad de los votantes para discernir lo real de lo falso.

Recomendaciones para un uso ético y seguro de la IA en procesos democráticos

Para aprovechar los beneficios de la IA y mitigar sus riesgos en procesos electorales, se deben considerar las siguientes recomendaciones:

1. a) Elaborar marcos regulatorios específicos:

Es urgente que los países adopten leyes o reglamentos que definan qué usos de IA son permitidos, cuáles son éticamente cuestionables y cómo se fiscalizarán.

1. b) Promover la transparencia algorítmica:

Las plataformas digitales y las campañas deben declarar cuándo están utilizando IA, qué datos recolectan, y cómo toman decisiones automatizadas.

1. c) Fortalecer las capacidades de auditoría de los organismos electorales:

Estos deben contar con personal capacitado en tecnologías digitales e IA para identificar malas prácticas y desarrollar medidas de respuesta.

1. d) Fomentar la cooperación internacional:

La naturaleza transnacional de los riesgos requiere de acuerdos regionales o multilaterales para compartir alertas, herramientas y experiencias frente a amenazas comunes.

1. e) Implementar campañas de alfabetización digital:

Los ciudadanos deben estar informados sobre el funcionamiento de los algoritmos, los riesgos de los deepfakes y la importancia del pensamiento crítico frente a contenidos virales.

1. f) Establecer estándares éticos para el desarrollo y uso de IA electoral:

Incluir principios de no discriminación, privacidad, transparencia, rendición de cuentas y supervisión humana, especialmente en procesos de toma de decisiones que afecten derechos políticos.

La inteligencia artificial, bien utilizada, puede ser un gran aliado para fortalecer la democracia, mejorando la transparencia, eficiencia y accesibilidad de los procesos electorales. Desde asistentes virtuales hasta auditorías automatizadas, las aplicaciones positivas son numerosas y están ya al alcance de muchos países.

Sin embargo, la misma tecnología puede ser instrumentalizada con fines dañinos, socavando la confianza en las instituciones, manipulando a los votantes y generando climas de polarización y desinformación. Por ello, el desafío central radica en establecer un equilibrio entre innovación y protección de los principios democráticos.

La combinación de regulación proactiva, supervisión institucional, alfabetización digital ciudadana y cooperación internacional será clave para garantizar que la IA funcione al servicio de la democracia y no en su contra.

En esta era digital se hace cada vez más imprescindible el uso de herramientas tecnológicas, que nos permitan fomentar la participación ciudadana en nuestras democracias.

Para la Elección General del 5 de mayo de 2024, el Tribunal Electoral (TE) de Panamá apostó nuevamente, a través de la campaña “Voto Informado”, por organizar y producir los Debates Regionales para acercar el proceso electoral a la juventud y a los votantes de gobiernos locales. Un espacio donde candidatos a diputados, alcaldes y representantes de corregimiento tuvieron la oportunidad de presentar y debatir sobre sus propuestas.

Pero esta vez, a diferencia de 2019, con cambios sustanciales en la metodología que permitiera un mayor debate entre los candidatos, basados en sus propuestas, la inserción de preguntas de la ciudadanía en el formato, previamente enviadas, y una producción con tecnología de punta, atractiva y al nivel de quienes participaban en la contienda electoral por los partidos políticos y la figura de la libre postulación.

Estos debates regionales, organizados y producidos por el Tribunal Electoral, se transmitían en vivo por nuestro canal de YouTube @TEPANAMA y de forma simultánea a través de nuestras plataformas en instagram, facebook, equis y tiktok.

Este proyecto, que inició de la mano del magistrado Alfredo Juncá Wendehake en 2019, surgió de una iniciativa que pudiera abarcar un nuevo sistema de participación ciudadana. En aquel momento, el reto era enorme y las expectativas estaban al máximo, ya que era la primera vez en la historia democrática del país que llevábamos a cabo un proyecto de esta magnitud.

«Con los debates regionales, la institución llega a la raíz de la democracia, no solo dándole la oportunidad a los candidatos, sino también a la ciudadanía, para que pueda escuchar un debate de altura en las circunscripciones locales, de la oferta electoral que convive con ellos a diario», expresó el magistrado Juncá Wendehake.

Experiencia y alcance

Los desafíos fueron enormes. Primero definir las circunscripciones que serían tomadas en cuenta de acuerdo con la población electoral, pero sobre todo enmarcarnos en el Código Electoral que define claramente el periodo de campaña de 90 días.

En ese periodo el equipo coordinador, liderado por el compañero Ricardo Baruco, debía establecer las estrategias, la cantidad de debates por día y las rutas para atender a las 10 provincias y a dos de las 6 áreas comarcales de la República de Panamá (Ngäbe Buglé y Guna Yala).

«En 2024, el proyecto continuó, y nuevamente fui convocado, pero esta vez con la responsabilidad de liderar el equipo; un desafío aún mayor para mí. A nivel personal, me propuse elevar el nivel del proyecto y desarrollar una plataforma que permitiera, a la mayor cantidad posible de ciudadanos, conocer de manera integral a sus candidatos y sus propuestas», nos comenta Baruco.

Para lograrlo, se estableció la meta de ampliar la cobertura a más circuitos, distritos y corregimientos. «Presenté la propuesta de aumentar la cantidad de debates regionales de 40 en 2019 a 122 en 2024, brindando así la oportunidad de debatir y presentar sus propuestas a más candidatos».

La idea era superar el piloto de los debates regionales organizados y producidos por el TE en las elecciones 2019, abriendo una ventana y ofreciendo una valiosa herramienta de alcance para todos los candidatos en igualdad de condiciones, sobre todo para aquellos que no contaban con los recursos que les permitieran llegar a su electorado.

Estamos hablando de candidatos y líderes naturales de regiones apartadas del país que, a través de este instrumento que le ofrecía el organismo electoral, lograron visibilizarse como parte de la oferta electoral.

Otro aspecto fundamental en esta nueva versión del proyecto fue la estructura de los debates. Una de las interrogantes clave que manejó el equipo fue: ¿Cómo lograr que los candidatos debatieran y presentaran propuestas alineadas con sus cargos? Esta inquietud surgió a raíz de la experiencia en los debates regionales de 2019. Para responderla, se tuvo que estudiar tanto la Constitución Nacional como el Código Electoral, lo que permitió diseñar formatos de debate personalizados según cada cargo. Esto garantizó que el electorado pudiera escuchar propuestas concretas y relevantes para cada puesto de elección popular.

La proyección para la elección de 2024 era aumentar la participación de los candidatos, así como del electorado dentro del proceso electoral, buscando el sano desarrollo antes de las elecciones. Así como llevar a cabo un proyecto con los más altos estándares de producción digital nunca vistos.

Con estos objetivos, el equipo se apoyó en los directores regionales y sus equipos en cada provincia o región, quienes captaban a los candidatos interesados en participar de estos debates, además de otros detalles de la logística que implicaba un proyecto como este.

Fueron debates “históricos”. La producción se incrementó en más del 200%, en comparación con los del 2019, con un formato más inclusivo; se incorporó a una moderadora y dos intérpretes de lengua de señas.

Con dos moderadores en el set se logró un mejor desarrollo de los nuevos formatos de debate y permitió aumentar la cantidad no solo de participantes, sino también del volumen de eventos por día.

Las intérpretes de lengua de señas que se sumaron al proyecto eran parte de la institución, y con su trabajo en pantalla se dio un impulso importante a los debates para incluir a ese segmento de electores. Ambas se alternaban por evento para atender e interpretar cada palabra y propuesta de los candidatos.

Fue un trabajo titánico, con jornadas diarias de más de 16 horas; debates con hasta 12 candidatos por episodio; una participación ciudadana masiva y un despliegue de seguridad impecable; en coordinación con el Cuerpo de Delegados Electorales. Con este esfuerzo, logramos posicionar al Tribunal Electoral de Panamá como pionero a nivel regional en la implementación de debates para candidatos a puestos de elección popular, marcando un antes y un después en la producción de este tipo de formatos.

Se realizaba un promedio de cuatro debates por día, con un equipo comprometido con alcanzar las metas trazadas y con la mística, en medio proceso electoral, de abrir los espacios a la participación, a la presentación de propuestas; todas dirigidas a mejorar su entorno y el país en general.

Durante este periplo como moderador, logramos experimentar un sinnúmero de coloridas anécdotas que reforzaron el compromiso que debemos tener todos los ciudadanos con el fortalecimiento de nuestra democracia.

Escuchar en cada debate las vivencias de situaciones de carencias, dificultades y necesidades en cada región del país, pero también de soluciones, en las voces de hombres y mujeres que aspiraban a un cargo de elección popular era esperanzador.

Aliados estratégicos

Ya lo mencionamos antes, para lograr los resultados como institución se coordinó con aliados estratégicos que nos brindaron su apoyo. En este caso, para establecer los espacios donde realizarían los debates por provincia como, el Ministerio de Educación (MEDUCA), Universidad de Panamá (UP), Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) e ISAE Universidad.

Los medios de comunicación, quienes también forman parte del proceso electoral, tradicionales y digitales, en todo el país, nos ofrecieron los espacios para la divulgación de los debates regionales, generando mucho contenido en torno a esta actividad en positivo que refuerza nuestra democracia.

Incluso, se estableció un acuerdo con el diario La Estrella de Panamá, la decana de los medios impresos del país creado el 24 de febrero de 1849, para incluir una moderadora de su equipo de periodistas que se integraba en los principales debates de alcaldes del país, con trasmisiones en vivo por este medio de comunicación a través de sus plataformas digitales.

Innovación

Uno de los mayores retos fue la producción. Queríamos un formato que integrara las tendencias actuales en televisión y plataformas digitales, con tecnología de punta y una imagen dinámica y atractiva. Pasamos de escenarios con materiales adhesivos a tecnología Smart LED de última generación, lo que permitió una experiencia visual más inmersiva y cómoda, tanto para las audiencias como para los propios candidatos. La prioridad era que el electorado recibiera la información de manera clara, efectiva y atractiva.

Ahora bien, muchos se preguntarán: ¿qué pasó con el público que quería presenciar los debates en vivo? También tomamos esto en cuenta y seleccionamos escenarios emblemáticos en cada provincia, asegurándonos de que fueran espacios cómodos y accesibles. En coordinación con los estamentos de seguridad, garantizamos la integridad de los asistentes, logrando que la experiencia presencial fuera ordenada y enriquecedora, sin afectar la concentración de los candidatos durante el debate.

Ariel Thirwall, jefe de producción del Centro de Estudio y Monitoreo Digital (CEMD), señala que desde el punto de vista operativo, la logística fue un desafío significativo. El montaje y desmontaje de escenografía, la coordinación técnica, el ajuste de tiempos en vivo y la producción de contenido previo exigieron una sincronización impecable. Sin embargo, el esfuerzo valió la pena, asegurando una transmisión eficiente y profesional.

Uno de los cambios más importantes fue la escenografía. En los debates del 2019 eran unos backings rotulados, y en los debates regionales 2024 se les dio un giro digital a pantallas LED, con una pantalla principal de 3×4 metros y 2 pantallas laterales de 2×3 metros, que conformaban la visual principal de los debates.

Para la transmisión, el jefe de proyectos del CEMD, Efraín Santizo, nos amplia que se realizó un upgrade de las cámaras de transmisión. «Contábamos con unas sonyxdcam y se reemplazaron por unas blackmagic studio camera 4k pro g2 con lentes intercambiables. Fue necesario esta actualización ya que las primeras cámaras que utilizábamos no tenían resolución 2k y los lentes tenían limitaciones en cuanto a distancia y enfoque».

Para el mezclador de vídeo se utilizó Atem mini extreme ISO, el cual permitía añadir en la imagen a la intérprete de lenguaje de señas, además de colocar el cronómetro dentro de la señal principal para que la audiencia también pudiera observar el tiempo con el que contaban los candidatos para sus intervenciones.

Un sistema de intercom mantenía la coordinación entre la producción y el personal de sala, lo que facilitaba la comunicación y coordinación para los cambios de cada bloque y del contenido audiovisual que se colocaría en estos tiempos.

Para el público que asistía a apoyar a sus candidatos y no podía ingresar al recinto, se les habilitó una pantalla led de exterior en la cual se le enviaba señal en directo con un sistema de audio de alta fidelidad, generando emociones en cada intervención de sus simpatizantes, afianzando la fiesta democrática que se vivía.

En una logística previa a los debates se adquirieron 20 enlaces de internet en todo el país para la transmisión junto con UFINET, los cuales brindaron una conexión estable y confiable en cada sitio desde las provincias de Bocas del Toro hasta Darién, en cada extremo del país.

El personal técnico se incrementó en un 40%, para más tiros de cámaras, 1 TV de 55¨ montada en una estructura truss, en donde se proyectaba el cronómetro para los tiempos y otro TV 55¨, donde se mostraba una señal en vivo del debate que se utilizaba como un monitor auxiliar para los moderadores y los participantes.

«La sinergia del equipo fue el corazón de este proyecto. Ver a cada uno de los compañeros aportar su talento y dedicación; resolver imprevistos con profesionalismo, y mantener la pasión por lo que hacíamos hizo que todo el esfuerzo superara los costos. Esta experiencia no solo reafirmó la importancia del trabajo en equipo, sino también el impacto que una producción bien ejecutada puede tener en la democracia y en la ciudadanía», reflexionó Santizo.

Sin duda este proyecto no habría sido posible sin el esfuerzo incansable del personal, desde el equipo técnico hasta los presentadores, periodistas y colaboradores del Tribunal Electoral en la geografía del país. Todos desempeñaron un papel clave. Fueron días interminables, pero cada sacrificio se vio reflejado en el éxito de cada debate.

Concluido el proyecto, como equipo sentimos un profundo orgullo de formar parte de esta institución y de haber tenido la oportunidad de pertenecer a un proyecto de este calibre. No solo hicimos democracia; también aportamos nuestro granito de arena al proceso electoral, consolidando un espacio para el debate, la transparencia y la participación ciudadana.