Realidad del sistema penal acusatorio en la jurisdicción electoral en Panamá

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Realidad del sistema penal acusatorio en la jurisdicción electoral en Panamá

2021-09-03T13:30:36-05:003 septiembre, 2021|Artículo Nacional|

Aspectos a destacar:

  • Por qué son necesarias las medidas cautelares en la etapa de imputación.
  • Por qué son necesarias las pruebas periciales dentro de una investigación formal.
  • El rol de la oficina jurisdiccional.
  • Creación de una Dirección de Defensa Técnica adscrita al Tribunal Electoral.

 

Antes de desarrollar y analizar el tema, es  preciso tener en cuenta que han pasado cuatro años desde que se implementó el Sistema Penal Acusatorio en la Jurisdicción Electoral en Panamá.

Entre ensayo y error, se ha venido realizando y ajustando, sobre la marcha, todo lo necesario para tener un sistema penal electoral robusto, cumpliendo con todas las garantías y principios procesales establecidas en la Ley 63 del 28 de agosto de 2008.

El Código Electoral, en su artículo 628, expresa taxativamente que el Código de Procedimiento Penal es nuestra norma supletoria, lo cual indica que podemos utilizar no solamente una parte de la ley, sino todo lo que se pueda aplicar y fortalecer en nuestra jurisdicción electoral, hasta tanto se apruebe un Código de Procedimiento Penal Electoral, y que podamos adaptar todo lo necesario en apego siempre a las garantías fundamentales procesales del individuo, brindando así una mayor transparencia en los procesos de investigación en materia penal electoral.

¿Por qué son necesarias las medidas cautelares en la etapa de imputación?

Antes de empezar a desarrollar la pregunta, conozcamos primero la definición sobre medidas cautelares.

Inicio a partir de mi propia valoración al concebir las medidas cautelares como medidas establecidas y reguladas por la ley, que privan la libertad personal o patrimonial del imputado, que decreta el juez de garantías dentro de un juzgado competente, solicitado por la parte interesada ya sea el fiscal o el querellante, con fundamentos fácticos y jurídicos  que justifiquen su aplicación.

Las medidas cautelares son necesarias porque evitan la posibilidad de que el imputado rehúya a la certeza del castigo y al resarcimiento del daño causado.

“Si hay varias opciones de medidas se debe adoptar la menos perjudicial para el imputado. Igualmente, las medidas cautelares podrán ser revocables, es decir, que el juez puede levantarlas a lo largo de proceso, si así lo considera necesario” (Armenta Deu, 2010, pág. 169).

 

Por ejemplo:

Si el fiscal no pudo identificar el delito, o no pudo lograr una vinculación de los hechos con el imputado y de todas maneras hace una acusación en vez de archivar la carpeta, el juez de garantías puede levantar la medida cautelar impuesta, si la defensa lo solicita o si el mismo juez observa dentro de su sana critica que no hay objetividad procesal en la investigación.

Las medidas cautelares personales son aquellas que restringen la libertad de un individuo, siempre y cuando las autoridades consideren que hay apariencia de buen derecho y peligro de demora o peligro de fuga.

El fumus boni iuris” que textualmente significa “humo de buen derecho”, es lo que conocemos como la apreciación de buen derecho.  Radica simplemente en un análisis juicioso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en plena audiencia de imputación  sobre la responsabilidad penal del imputado, permitiendo establecer medidas cautelares provisionalmente hasta que se resuelva la investigación.

Dentro del derecho penal existe la figura conocida como “periculum in mora”  o peligro de demora, la cual se refiere a todos los riesgos que pueden darse como amenaza en relación al cumplimiento efectivo de una sentencia, o el temor a que el imputado pueda evadir la ley dentro de una investigación formal.

Gimeno Sendra (2001, pág. 265) señala que  “Las medidas cautelares son homogéneas, pero no idénticas ya que deberán adaptarse a las circunstancias de cada procesado”.

¿Cómo podemos aplicar estos conceptos en la Jurisdicción Electoral?

Dentro del Código Procesal Penal existe una gran cantidad de medidas cautelares, que tienen el objetivo y la finalidad de cerciorarse para que el imputado comparezca ante las distintas etapas procesales dentro del Sistema Penal Acusatorio, respetando siempre sus garantías fundamentales.

Tomando en cuenta que el Código de Procedimiento Penal es nuestra norma supletoria, el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General Electoral, al momento de ejercer la acción penal en una investigación dentro de la cual haya encontrado elementos de convicción que vinculen a un individuo, debería solicitar ante el juez de garantía, en la etapa de imputación, una medida cautelar personal.

Estas pueden ser:

  • La prohibición de salir del ámbito territorial que se determine.
  • La suspensión del ejercicio del cargo público o privado, cuando se le atribuya un delito cometido en su ejercicio.
  • El juez de garantía podrá decretar que el imputado no abandone el territorio de la República sin autorización judicial.

(Artículos 229, 222 numeral 1 y 224 numerales 2 y 6 del C.P.P.)

 

En la jurisdicción electoral, la víctima es el Estado; pero dentro de una etapa de investigación, el querellante coadyuvante tiene la facultad de promover la persecución penal en colaboración con el fiscal y recomendar alguna medida cautelar personal.

Pero si en caso tal, el fiscal no encuentra elementos de convicción que puedan llevar a que el imputado reciba una sanción, el fiscal tiene toda la facultad de archivar la causa, independientemente de la pretensión o insistencia del querellante de que el imputado sea sancionado (Artículos 85 y 275 del C.P.P.).

¿Por qué son necesarias las pruebas periciales dentro de una investigación formal?

Primeramente, conozcamos el significado de perito.

En mi concepto, el perito es una persona confiable, con un  amplio conocimiento en técnicas o habilidades, capaz de conceptuar o resolver una situación de manera acertada.

“La peritación tiene como objeto introducir en el proceso un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos”  (Houed Vega, 2007). Esto vendría siendo como las características que determinan una auténtica prueba pericial.

Todas estas técnicas y conocimientos científicos o artísticos no podrán contradecir las reglas de la lógica; el juez de garantías apreciará cada elemento probatorio de acuerdo con la sana crítica.

Ejemplo de algunas pruebas periciales:

  1. Pruebas de áudito realizado por un auditor.
  2. Pruebas caligráficas realizada por un grafólogo.
  3. Pruebas de medios electrónicos realizadas por un ingeniero en sistema.

El Código Electoral tipifica algunos delitos que pueden ser esclarecidos a través de una prueba o informe pericial.

Todos los delitos electorales que tengan el verbo rector alterar, modificar, falsificar o autenticar necesitan, esencialmente, el informe de un perito para lograr una explicación clara y precisa de la punibilidad de los hechos.

El fiscal, ejerciendo la acción penal, solicita ante el juez de garantías la autorización para requerir, de las instituciones correspondientes, las pruebas periciales necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

El fiscal no puede practicar o solicitar pruebas periciales sin la autorización de un juez de garantías, porque es un acto de investigación que requiere control previo.

El artículo 304 del Código de Procedimiento Penal señala que el fiscal podrá solicitar de las instituciones públicas o privadas uno o más peritos para que, bajo su dirección, concurran como auxiliares para el mejor esclarecimiento de los hechos.

También la Ley 63 del 28 de agosto de 2008, en el artículo 17, nos señala que solo tienen valor las pruebas obtenidas por medios lícitos y practicados ante los organismos jurisdiccionales.

 

El rol de la oficina jurisdiccional

Evidentemente, el Sistema Penal Acusatorio, dentro de la Jurisdicción Penal Electoral, es un sistema totalmente antagonista o adversarial, en el cual las partes (Fiscalía General Electoral, el querellante si lo hubiere, defensa y el imputado) son escuchadas en una audiencia, ante un juez de garantías totalmente imparcial e independiente, que tomará una decisión de absolución o de condena.

En un proceso simplificado, el juez de garantías puede tomar la decisión del caso y dictar sentencia.

Dentro de una Audiencia de Validación de Acuerdo de Pena, el juez dicta sentencia en conformidad a lo que hayan expuesto o establecido las partes.

Todos estos procesos, dentro de los diferentes tipos de audiencia que se realizan en el Sistema Penal Acusatorio, son preparados y orquestados a través de la Oficina Jurisdiccional del Tribunal Electoral, que cumple las mismas inherencias que la Oficial Judicial del Órgano Judicial.

El artículo 47 del C.P.P. señala lo siguiente:

“El juez o Tribunal será asistido por una Oficina Judicial. Su director deberá organizar las audiencias o los debates que se desarrollen durante el proceso, en especial los de formulación de acusación y los de juicio, así como los sorteos en Juicios con Jurados.

La Oficina Judicial resuelve las diligencias de mero trámite, ordena las comunicaciones, dispone la custodia de los objetos secuestrados, lleva los registros y estadísticas, dirige al personal auxiliar, informa a las partes y colabora en todos los trabajos materiales que el juez o Tribunal le indiquen.

Su conformación estará regulada en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Penal.”

El artículo 47 del Código Procesal Penal se utiliza en la Jurisdicción Penal Electoral de la siguiente manera:

  1. El juez es asistido por la Oficina Jurisdiccional.
  2. El director de dicho departamento organiza las distintas fechas de audiencias, que se presenten a través de solicitud por parte del fiscal o la defensa en la Jurisdicción Penal Electoral.
  3. La Oficina Jurisdiccional del Tribunal Electoral es la única encargada de comunicar o notificar a las partes (juez, fiscal, defensa, imputado)  sobre la realización de las audiencias en las distintas etapas procesales.

 

Creación de una dirección de defensa técnica adscrita al Tribunal Electoral

Desde que se instituyó el Código  de Procedimiento Penal, a través de la Ley 63 de 28 de agosto de 2008, el Órgano Judicial transforma  el Instituto de Defensoría de Oficio, creado en el año 1991, en el nuevo Instituto de la Defensa Pública.

Es necesario que en nuestra Jurisdicción Penal Electoral se  cree una dirección de defensa técnica, adscrita al Tribunal Electoral y que tenga las siguientes funciones:

  1. Brindar asistencia legal de forma gratuita a las personas de escasos recursos en temas de investigaciones electorales.
  2. Los defensores actuarán cumpliendo con el principio del debido proceso.
  3. Fortalecer el Estado democrático y el derecho a la legítima defensa en todo el territorio nacional.
  4. Los defensores acatarían cualquier norma de Derecho Internacional establecida en el artículo 4 de la Carta Magna.
  5. La Dirección de Defensa Técnica del Tribunal Electoral contaría con defensores, asistentes de abogado, psicólogo(a), trabajador(a) social, administrativos, secretario(a), ayudante general, recepción y conductores apegados a los principios y valores de manera íntegra, eficaz y con rendición de cuenta ante el Pleno.

 

Tenemos que seguir adelante con el objetivo de lograr una excelencia en nuestra jurisdiccional penal electoral, ya que internacionalmente países y organizaciones siguen  permanentemente los avances que realizamos y hacemos como institución, buscando siempre el perfeccionamiento para entregarle a nuestras futuras generaciones una democracia totalmente fortalecida.

 

“La perfección no es alcanzable, pero si perseguimos la perfección podemos alcanzar la excelencia.”

Vince Lombardi.

 

Bibliografía

Leyes

  • Ley 29 de 29 de mayo de 2017 que crea el Código Electoral, Gaceta Oficial No. 28289-A
  • Ley 63 de 28 de agosto de 2008 que crea el Código de Procedimiento Penal, Gaceta Oficial No. 26114.

GARRITT GENETEAU REAL


Asesor legal II e investigador académico del Instituto de Estudios Democráticos INED del Tribunal Electoral de Panamá.

Se ha desempeñado como asesor legal en la Dirección de Asesoría Legal del Tribunal Electoral de Panamá.

Ha sido capacitador en la Fiscalía General Electoral.

Ocupó el cargo de fiscal electoral primero de Investigación y Seguimiento de Causa del Primer Distrito Judicial de la Fiscalía General Electoral.

Desempeñó el rol de jefe de asesoría legal de la Fiscalía General Electoral.

Ha sido fiscal adjunto de Cumplimiento a nivel nacional.

Perteneció como enlace operativo y ejecutivo a la Autoridad de Innovación Gubernamental A.I.G., galardonado con el premio “Enlace con más iniciativa”, año 2018.

Actualmente es el vicepresidente de la Comisión Electoral del Colegio Nacional de Abogados.