¿Qué es la paridad?

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¿Qué es la paridad?

2021-01-27T10:32:19-05:0027 enero, 2021|Artículo Nacional|

Buenas prácticas, avances y desafíos

 

Introducción

En la investigación sobre la participación política electoral de las mujeres, nos planteamos que la participación en procesos democráticos solo existe en condiciones de paridad. Simplemente sin ella no existe igualdad en el acceso, por un lado, y equidad en la ocupación de los cargos públicos electos, por el otro.

En ese sentido, en el presente ensayo se aborda la importancia de entender realmente qué implica el concepto de paridad en la política. Con ese objetivo nos basamos en la herramienta ATENEA, “Mecanismo para la aceleración de la participación política de las mujeres”, por su contenido rico en conceptos, datos, experiencias y recomendaciones a los países de América Latina que, a pesar de contar con distintos escenarios políticos, sociales y económicos, comparten la meta común de alcanzar la paridad 50-50 en la representación política y en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

Este mecanismo a su vez permite conocer buenas prácticas o experiencias en la región que pueden guiarnos en ese camino o ruta de acción para alcanzar la paridad política en Panamá, entendiendo que, en esa ruta, muchas son las barreras, techos, obstáculos y desafíos. Finalmente, siempre es útil, presentar algunas de las buenas prácticas que Panamá realiza  para el logro de la meta de la paridad política.

La pregunta que orienta a entender primero este concepto para que se convierte en la meta por alcanzar y base para propuestas y alternativas con enfoque de género en todos los ámbitos de participación política de las mujeres, es la siguiente:

 

¿Qué es la paridad?

En la literatura regional se encuentran muchas definiciones del término paridad. Sin embargo, queremos partir de un punto crucial desde el trabajo que se realiza en la Institución para promover la participación política de las mujeres.

El Tribunal Electoral con el apoyo del PNUD ejecuta por primera vez el cálculo del Índice de Paridad Política (IPP), convirtiéndose en el primer Organismo Electoral en la región en realizarlo, como parte del Proyecto Regional ATENEA “Mecanismo para la aceleración de la participación política de las mujeres”. La primera versión de ATENEA Panamá la realizó el PNUD con datos de las elecciones 2014 esta segunda versión para el año 2020, se trabaja con datos de las elecciones 2019.

La transferencia de esta metodología se realiza en varias etapas donde la primera correspondió a la socialización de los resultados del primer informe y explica la importancia de la medición cada cinco años de los avances y/o retrocesos en los datos sobre participación política de las mujeres en nuestro país.

La metodología y aplicación liderada por el Tribunal Electoral, con el apoyo técnico del PNUD, involucra a las instituciones que conforman los distintos poderes: el ejecutivo, el judicial, el legislativo, también incluye el electoral, local y partidos políticos. Es decir, se contó con la participación de representantes de esas instituciones en esa primera etapa para explicar qué es ATENEA, el contexto en el que se aplica (período poselectoral) y cuál es la meta de la medición, saber qué tanto nos acercamos a través del índice a la paridad y cuánto falta para lograrla.

Las etapas subsiguientes en ejecución incluyen el cálculo del índice de paridad política el cual consiste en la estandarización de una serie de indicadores que abarcan todos los ámbitos del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, redacción del diagnóstico y presentación. Cabe resaltar que la responsabilidad de la realización de este trabajo recae en el personal del Departamento de investigaciones académicas del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá.

Con todo lo expuesto, y utilizando la herramienta que proporciona ATENEA, entendemos que la paridad es un concepto surgido a raíz de la Declaración de Atenas 1992, basada en la importancia del reconocimiento del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, así encontramos lo siguiente para ampliar la definición:

Es un concepto de sociedad integrada a partes iguales por mujeres y por hombres, en la cual la representación equilibrada de ambos en las funciones decisorias de la política es condición previa al disfrute pleno y en pie de igualdad de la ciudadanía, y en la cual las tasas de participación similares o equivalentes de mujeres y hombres (…) en el conjunto del proceso democrático, es un principio de democracia”. (Medina, 2010, pág. 26)

Es decir, el concepto se refiere a la integralidad que debe existir en la sociedad a partir de la igualdad entre ciudadanos(as), donde se comparten de manera equilibrada los deberes y los derechos son iguales para todos(as).

Podría considerarse entonces que el punto de partida hacia la paridad refiriéndonos específicamente en el campo de la política, es precisamente la revisión del concepto de ciudadanía, bajo la premisa de que se compone en forma igualitaria por hombres y mujeres, en consecuencia, ambos tienen los mismos derechos a verse representados(as) en los ámbitos de decisión política.

Si esto es así, la participación política no limita a ningún género, más la necesidad de la implementación de medidas afirmativas como las cuotas de género y la paridad, surgen por las condiciones de la escasa presencia de mujeres en niveles decisorios, lo que se observa mediante los obstáculos que se presentan para su desarrollo humano al no incorporar las demandas e intereses de las mujeres en todos los aspectos de la vida social, cultural y económica de la sociedad. Esto genera una serie de problemas que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hasta su autonomía económica,  su desarrollo personal y social con derechos adquiridos. Medina (2010) en ese sentido dice lo siguiente:

Por ello la paridad más que un concepto cuantitativo, es la expresión de la redistribución del poder en tres ámbitos específicos: el ámbito del trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar” (pág. 26).

En este punto se destaca la equidad como factor importante en la participación femenina en todos los niveles de la vida pública y privada. La distribución de las tareas de cuidado del hogar y de los hijos(as) es el mejor argumento acerca de la experiencia de las mujeres, construida desde su propia condición social, la cual merece ser visibilizada.

Desde la justicia, las mujeres al representar la mitad de la población tienen derecho a ocupar la mitad de los espacios de decisión, esto incluye cargos públicos y puestos por designación en Ministerios, Viceministerios, juntas directivas de entidades públicas y privadas. Excluir a las mujeres de esos espacios significa desconocer las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, y al mismo tiempo que estas deben ser atendidas en base a las propuestas y defensa de la agenda construida por las propias mujeres.

El argumento de por qué es necesaria la paridad en la política pasa por la creación y modificación de normas, lo cual no es posible sin las mujeres. Para esto se requiere cambiar patrones, usos y costumbres que todavía, en muchos de nuestros países y a pesar de existir acciones afirmativas en favor de las mujeres, son insuficientes para transformar la política.

Hace falta impulsar como pilar fundamental la educación ciudadana a fin de lograr cambios en las estructuras de poder, en los partidos políticos y en los patrones culturales que se transmiten por generaciones.

Y es que una democracia paritaria lo que exige es la participación tanto de mujeres como de hombres de forma equilibrada en todos los aspectos del desarrollo social y humano de un país.

¿Qué hacer para alcanzar la paridad?, buenas prácticas, avances y desafíos

Una de las tareas que implica el desarrollo del mecanismo ATENEA para la aceleración de la participación política de las mujeres en Latinoamérica, es realizar el diagnóstico de la situación del país frente a la paridad, pero también en relación con otros países de la región, es decir, saber dónde estamos.

Este ejercicio nos debe llevar a mirar no solo la posición que ocupa actualmente la mujer sino cuál es la meta a alcanzar y cuánto falta para ello.

En ese sentido también importa el reconocimiento de los esfuerzos realizados para alcanzar la paridad por medio de leyes aprobadas, aumento en el número de mujeres nombradas en puestos como ministras y viceministras, juezas, así como en el número de ellas que ganaron una curul en la Asamblea Nacional de Diputados el poder local y la alta participación en el  ejercicio del derecho al voto. A partir de allí la experiencia y buenas prácticas que conllevan a ese incremento en las acciones que nos colocan más cerca de alcanzar la paridad. De allí que hay que reconocer cómo se ha llegado a ese lugar y cuáles son los factores que favorecieron dicho cambio, susceptible de ser replicado de forma sostenible.

Pero a ¿qué se llama buenas prácticas?

Desde el mecanismo ATENEA, las buenas prácticas se evidencian a través de las iniciativas que promueven los países para el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres en alguna de las ocho dimensiones seleccionadas para la medición:

I.               Compromisos nacionales con la igualdad en la constitución y el marco legal.

 

II.              Ejercicio del derecho al sufragio.

 

III.            Cuota/paridad

 

IV.            Poder ejecutivo y administración pública

 

V.             Poder legislativo (cámara baja/ única)

 

VI.            Poder judicial y poder electoral

 

VII.          Partidos políticos
VIII.        Gobierno local (Municipal)

 

Las buenas prácticas o experiencias según el documento de “Criterios de valoración de la convocatoria de buenas prácticas para el “mainstreaming” de género”, disponible en el sitio del PNUD-América Latina genera, deben cumplir ciertos requisitos como los siguientes:

-Legitimidad, lo que implica ser reconocida como exitosa y contar con la participación de hombres y mujeres.

-Pertinencia ya que se trata de un proceso estratégico y no una acción puntual.

-Impacto demostrable, pues logra objetivos y resultados a corto plazo y a través de algún tipo de indicador se puede mostrar que ha reducido visiblemente las desigualdades de género.

-Sostenibilidad, pues está orientada a producir cambios duraderos y su apropiación por parte de los actores implicados.

-Replicabilidad, es decir, posible de ser adaptada a otros contextos nacionales. (PNUD América Latina genera).

 

En Panamá, las buenas prácticas van dando muestras y pasos firmes hacia la meta de alcanzar la paridad, se destacan varias de acuerdo con el informe ATENEA 2015 “Electoras, pero no elegidas es el tiempo de las ciudadanas”. El avance se muestra a la vez como el desafío en la regulación del derecho a una vida libre de violencia, mediante la aprobación de instrumentos jurídicos como:

 

La Ley 4 de 1999  por la cual se instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres.

 

-La Ley 38 de 10 de julio de 2001 que reforma y adiciona artículos al Código Penal sobre violencia doméstica y maltrato al niño, la niña y el adolescente.

 

-La Ley 14 del 18 de mayo de 2007, mediante la cual se adopta el nuevo Código Penal de Panamá, que incorpora en su Título V “De los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil, específicamente el Capítulo V “De la violencia doméstica, el maltrato al niño, niña y adolescente.

 

-Ley 82 del 24 de octubre de 2013 por la cual se adoptan medidas de prevención de la violencia contra las mujeres y se reforma el Código Penal para tipificar el delito de femicidio y sancionar otros hechos de violencia contra la mujer  (PNUD, 2015, pág. 23).

 

Estas medidas por sí solas representan un avance, más se destaca que fueron producto de la articulación de la Alianza del Movimiento de Mujeres, el Poder Ejecutivo (Ministerio de Desarrollo Social), Procuraduría General de la Nación, Poder Legislativo (Comisión de Gobierno) y la Defensoría del Pueblo.

 

Se constituye en un desafío porque hace falta empujar otras acciones como la protección y garantía del cumplimiento de estas. La educación y formación para una cultura ciudadana deben ser constantes y permanentes. Solo así podemos aspirar a una sociedad justa y equitativa. De lo contrario las acciones serán vistas como la aspiración de un grupo que se halla en desventaja y no como una condición para la convivencia pacífica, segura y democrática.

 

Otra de las acciones reconocida como una buena práctica en nuestro país es que Panamá cuenta con el Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU), elaborado a partir de las categorías que utiliza el observatorio por la igualdad de género de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

 

A pesar de que el mismo no ha sido elevado a rango ministerial, tiene atribuciones a nivel nacional para:

 

-Coordinar y ejecutar la política nacional de igualdad de oportunidades para las mujeres.

 

-Ser un organismo consultor, proponente y asesor para la promoción y el desarrollo de la mujer en la vida política, social y económica del país.

 

De esta buena práctica y avance, el desafío es abarcador, puesto que incluye contar con los recursos técnicos que requiere el CONAMU, a fin de cumplir con su función de articular iniciativas interinstitucionales cuyo resultado sean políticas públicas con enfoque de género.

 

Por otro lado, es necesario el fortalecimiento del Instituto Nacional de la Mujer como ente rector en la política pública en materia de igualdad de oportunidades para las mujeres, así como las oficinas institucionales de género, que articuladas bajo el Plan Nacional de la Mujer desarrollan los ejes estratégicos que responden a las necesidades de mujeres políticas, trabajadoras, madres, adultas mayores, indígenas, afro descendientes, jóvenes o con alguna discapacidad.

 

El desafío hacia la paridad conlleva un camino que vamos recorriendo con avances y retrocesos, pero con la firme convicción de que es imprescindible para la democracia:

 

-La igualdad de género en el acceso a la participación en la vida política, económica y social del país

 

-La representación política de la mitad de la población en cargos públicos electos

 

-Llevar la agenda femenina en todos los espacios de decisión política del Estado panameño.

 

Referencias bibliográficas

CEPAL. (s.f.). Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe. Obtenido de https://oig.cepal.org/es

LLanos, B. (2019). Surcando Olas y contraolas-una mirada paritaria a los derechos políticos de las mujeres en América Latina. ONU.

Medina, A. (2010). Participación política de las mujeres de las cuotas de género a la paridad. México: Cámara de Diputados LXI Legislatura.

PNUD. (2015). Electoras no elegidas es el tiempo de las ciudadanas. Panamá: PNUD.

PNUD. (s.f.). América Latina genera. Obtenido de http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/repositorio/buenas-practicas-transversalidad/criterios_valoracion_experiencias.pdf

 

 

Licenciada en Sociología, con especialización en Docencia Superior. Maestranda en Ciencias Sociales con énfasis en teoría y métodos de investigación del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. Con diplomados en Investigación, Género y derechos humanos. Inicia labores en el Tribunal Electoral como asistente de investigación dentro del proyecto Tribunal Electoral-PNUD para el fortalecimiento del Centro de estudios democráticos (CED). A partir del 2019 se desempeña como investigadora académica del Instituto de Estudios Democráticos (INED), desarrollando la línea de investigación “Participación política de las mujeres”, que corresponde al área 3 “Actores y comportamiento electorales”.