Participación política electoral con enfoque de género

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Participación política electoral con enfoque de género

2019-07-22T09:59:13+00:0025 enero, 2019|Artículo Nacional, Destacado|

Por: Tamara Martínez Paredes

El ensayo que presentamos a continuación se constituye en una primera aproximación al marco de teórico de una investigación que desarrollamos como parte del equipo del Departamento de Investigaciones Académicas del Centro de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Nos parece importante   destacar que la investigación se desarrolla bajo la lógica de una propuesta aprobaba para dicho Departamento, en donde se identifican áreas y líneas de investigación pertinentes para el Tribunal Electoral y para el público meta de los diferentes servicios que presta la Institución llamada a garantizar la democracia en Panamá.

En ese sentido, nuestro trabajo se centra en visibilizar el tema de la participación electoral de las mujeres, develando las representaciones sociales que sustentan o no ese nivel de participación, dentro del imaginario social, político del país y su importancia en torno a la democracia; se ubica en el área N.° 3 denominada “Actores electorales y comportamiento electoral”, y la línea 2 de trabajo sobre “Participación política de las mujeres”.

La investigación se encuentra actualmente en desarrollo y forma parte de las actividades planificadas dentro del Proyecto de Fortalecimiento del Centro de Estudios Democráticos, con el apoyo del PNUD, en lo que respecta a tutorías, capacitaciones a los(as) investigadores y a la producción de investigaciones.

Pasando de la anterior explicación, nos parece fundamental para introducir al tema desarrollar un marco conceptual, donde definimos los conceptos claves en el abordaje de la problemática de investigación.

Al referirnos a la participación política de la mujer, primero haremos referencia a la Política como concepto sobre el que se cimentan otros conceptos como política, participación electoral y género y participación política. A continuación pasamos a ofrecer definiciones de dichos conceptos:

  1. Política:

La política como concepto central de esta reflexión teórica se construye sobre la base de las relaciones que se entretejen en torno a ella. Para luego explicar cómo ha sido un medio, que sobre la base de lo que conocemos como las “políticas” públicas y sociales, ha limitado la participación de ciertos actores, en este caso específico, a las mujeres.

En ese sentido, haremos referencia al pensamiento del teórico de la Ciencia Política, Gianfranco Pasquino: “Una concepción desencantada, si no cínica de la política sostiene que no importa por quiénes somos gobernados, importa cómo somos gobernados”. (Pasquino, 2011 p. 259).

Esta definición nos lleva a considerar la política como una actividad, que implica organización, toma de decisiones, objetivos y fines comunes a un grupo de personas.

Teniendo en cuenta esto, la política se trata de la participación de las personas, bien sea de los gobernantes como de los gobernados. Por eso nos parece importante revisar cómo se deriva esa participación, política y electoral.

Según Beatriz Franco Cuervo y Juan Andrés Flores en su “Aproximación teórico conceptual de la participación electoral”…una discusión aún abierta, afirma que no se puede soslayar la participación política, de la participación electoral.

Esta afirmación para estos autores, se representa bajo dos enfoques importantes en cuanto a participación política: el enfoque de reciprocidad que tiene que ver con la interacción entre los miembros de una comunidad política que busca la justicia, entendida como la distribución correcta de las existencias entre los ciudadanos, acorde con los criterios públicos existentes. La participación política aquí no busca un beneficio particular, sino más bien el logro del bien común y el enfoque por competencia que considera a la participación política como un instrumento de acción que busca influenciar a las élites gobernantes, con el fin de proteger ciertos derechos, maximizar ciertos intereses y asegurar legitimidad del régimen.

Este enfoque de participación política afirma una perspectiva racional y pragmática, en donde el fin último que se busca influenciar u obtener es el poder. Ambos se validan según su planteamiento, dentro del proceso electoral, como forma representativa, es decir, que la participación política se manifiesta de alguna u otra manera mediante la participación electoral, a través de los procesos de elegir y ser elegidos.

Estos enfoques nos muestran ciertas distinciones en el funcionamiento de un tipo y otro de participación; sin embargo, no se distancian uno de los otro en cuanto a sus fines y objetivos, la legitimación del poder y la toma de decisiones que afectan intereses comunes.

 

  1. Participación electoral

 

En su sentido pragmático, la participación electoral se concreta a través del ejercicio de voto para elegir a los(as) candidatos(as) a puestos de elección, dentro de lo que se conoce como un sistema electoral. “El voto de los ciudadanos y los mecanismos, es decir, los sistemas electorales con los que ese voto se traduce en escaños en las asambleas y cargos en los gobiernos, constituyen argumentos justamente centrales del estudio de la política”.  (Pasquino, 2011 p. 131).

 

Otros elementos relacionados con la participación electoral como parte de la vida polítca, se observa en dos dimensiones: “la primera mediante el nivel de participación-ciudadanos y ciudadanas que votan o se involucran de alguna u otra manera dentro de su sistema político; y la segunda, el grado de compromiso ciudadano con las formas más demandantes de participación y su nivel de información política”. (Sarabia, 2014).

 

Es importante destacar que existen razones teóricas que sirven como categorías de análisis sobre el concepto de participación política: “la primera de tipo sociológico y democrático, la segunda es de tipo político y la tercera de carácter sistémico”.  (Franco Cuervo, 2010).

 

La primera se centra en la democracia participativa dentro del proceso; la segunda nos muestra que se estrecha a través del proceso una vinculación entre el político electo y se legitiman las preferencias de la mayoría como parte del mismo; la tercera razón, también muestra un vínculo entre el electo y el electorado, pero en ella va implícito el (input) como entrada o impulso al concretarse el proceso mismo y el (output) que tiene que ver con el resultado que esperan los electores se materialice en las políticas públicas que deben implementar los elegidos.

 

En cuanto a una visión de la participación política como derecho y como función, se entiende como derecho la participación electoral, la  posibilidad de los ciudadanos que tienen opción a negarse a utilizarla;  es el ciudadano quien  tiene la facultad de decidir si participa o no. La participación como función es una característica del sistema, y por tanto adquiere un carácter de compromiso y deber ciudadano, pasando a un segundo plano el sentido de sufragio como derecho en democracia.

 

Para los efectos del presente escrito, podemos indicar que no existe una definición en sí de participación electoral, puesto que se halla dentro del proceso mismo de la representación política, en donde surgen otros conceptos que no trataremos como por ejemplo el abstencionismo, como fórmula o mecanismo utilizado para explicar ambos conceptos: participación política y participación electoral.

 

  1. Género y participación política.

La cuestión de género y participación política es fundamental en esta construcción teórica, pues nos lleva a reflexionar en torno a los derechos y la experiencia práctica, histórica y retórica, en cuanto a las implicaciones de la mujer en sus luchas por alcanzar cuotas de participación en política en América Latina y Panamá.

 

La participación política de la mujer en una verdadera democracia, debe darse en condiciones de equidad, que no se hallen reducidas a los llamados “techos de cristal”, la acumulación de “masas críticas” o las meras “acciones afirmativas”, ya que ello parece colocar límites de mediano y largo plazo a procesos donde las mujeres no deberían avanzar en forma gradual, sino tener pleno acceso a las instituciones y medios para lograr un adecuado desenvolvimiento en sus actividades diarias, específicamente en planos legales y gubernamentales”. (Granados Aguilar, 2010).

 

Afirma que existe necesidad de construir una cultura democrática que no excluya a las mujeres, aunque considera que los elementos de los que disponen hoy  para el logro de su participación política, siguen siendo muy custionados aún desde la teoría que los sustenta.

 

Esto nos lleva a entender que en nuestros países, esta decisión de participación no se cumple en las mejores condiciones. Nos falta avanzar en la práctica sobre el logro de esa equidad en la participación en política de las mujeres con respecto a los hombres, en igualdad de condiciones y derechos, lo que pasa por el propio reconocimiento del rol de la mujer en la sociedad y su aporte al equilibrio social y político. Y es parte de la tarea que desde este espacio buscamos desarrollar contando con el concurso de las diversas agrupaciones de mujeres políticas, instituciones y organizaciones involucradas en el desarrollo de este tema.

 

Una visión ampliada, reconocida en países como México y el resto de América Latina, se atribuye la participación política de la mujer al resultado de un proceso en el que primero fue importante su reconocimiento como actores(as), con derechos y capacidades políticas plenas, hasta llegar al plano en donde sus demandas se expresan en el acceso a la equidad plena en los espacios públicos.

 

Para la Organización de Estados Americanos, en el caso de la mujer, la participación política de “esta abarca una amplia gama de acciones y estrategias, las cuales se dan no solamente a través de la afiliación a partidos políticos, sino de todas aquellas acciones que intervienen en un proceso electoral, a saber: “El voto y la educación de las votantes; la candidatura en elecciones nacionales y locales y el apoyo a candidatas/os que impulsan una agenda sensible al género.

Del mismo modo, la integración a movimientos sociales que buscan el bienestar de la población en general o de grupos poblacionales que comparten rasgos o necesidades particulares, orientadas a conseguir transformaciones de diversa índole en el marco del poder social y con grados variables de organización, puede considerarse una forma de participar activamente en la política.

 

En miras de incrementar la participación política de las mujeres en cualquiera de las formas anteriormente señaladas, diversas legislaciones han implementado un conjunto de estrategias entre las cuales se  pueden citar:

 

  • Las cuotas de género que otorgan a las mujeres entre el 30 y el 50 por ciento de los puestos de toma de decisiones;
  • Estrategias de transversalización del género que promueven una cultura de sensibilidad al género en el gobierno; a través de instancias que se encarguen de monitorear dichas estrategias de transversalización de la temática en la sociedad;
  • Presupuestos de género o de mujeres que asignan un porcentaje del presupuesto nacional para la transversalización del género;
  • Buenas prácticas orientadas al avance de las mujeres.

 

En América Latina y el Caribe, las cuotas fueron adoptadas progresivamente por la mayoría de los países a través de la legislación electoral. El primero en hacerlo fue Argentina en 1991.  Hasta el momento, once países cuentan con leyes de cuotas que obligan a los partidos a incluir entre el 20 y el 40% de mujeres en las listas que competirán a elecciones parlamentarias y, en algunos casos, como el de Paraguay, solamente se refieren a las listas para internas partidarias. Costa Rica es el único caso en que la norma es del 40%. En Ecuador, la ley indica que el porcentaje aumentará progresivamente en cada elección hasta llegar a la paridad.

 

El mencionado documento de la OEA, sobre participación política de las mujeres, realiza una crítica a las barreras y obstáculos socioculturales que enfrentan muchas mujeres los cuales dan origen, sustentan y reproducen la falta de equidad y la exclusión de las mujeres de la vida política y la toma de decisiones por motivos de género, la debilitada posición social y económica de la mujer, en una visión tradicionalista del rol de la mujer en la sociedad.

En el ámbito político, Angélica Bernal (2004) distingue tres tipos de obstáculos que dificultan la participación de las mujeres:

 

  • Obstáculos de partida, que consisten en la carencia de las mujeres de una serie de destrezas, conocimientos y oportunidades para entrar en el juego político en igualdad de condiciones con los hombres, y que son resultado de la socialización diferencial de hombres y mujeres.
  • Obstáculos de entrada, que son los impuestos por la cultura en términos de los estereotipos sobre las esferas de acción y los papeles que deben cumplir las mujeres y que las aleja del mundo de lo público.
  • Obstáculos de permanencia, que encuentran las mujeres una vez han logrado entrar en la política y que son las características y dinámicas mismas del quehacer político con las que estas mujeres, muchas veces, no se sienten identificadas y se constituyen en la razón principal por lo que la mayoría decide retirarse a la esfera privada o al trabajo comunitario”. (Citado por Julie Figueroa Cubillos, 2007).

 

En el año 2015 el PNUD, ONU Mujeres e IDEA Internacional realizan el primer “Diagnóstico sobre las condiciones para ejercer el derecho a la participación política de la mujer en Panamá “Electoras no elegidas”, es el tiempo de las ciudadanas”. Panamá en esta medición obtuvo 37 puntos de 100. Este diagnóstico se basó en la aplicación del índice de paridad política a ocho dimensiones de participación de las mujeres en diferentes esferas de la vida pública como: compromisos nacionales (marco legal), ejercicio del sufragio, cuota/paridad, poder ejecutivo y administración pública, poder judicial y electoral, partidos políticos gobierno local (municipal).

 

A través de este mecanismo, los organismos internacionales reconocen y hacen un llamado a los Estados a acelerar el logro de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en los diferentes espacios en la sociedad. De ahí que en nuestro país se ha avanzado en la construcción de un marco jurídico para la participación política de las mujeres, mediante leyes, decretos, acuerdos, reformas legales.

 

La cuota de participación alcanzada en las últimas décadas, también se mide a través de la ganancia de espacios de participación en los partidos políticos y otros espacios de participación pública. Sin embargo, se apunta a altas y bajas en el nivel de escaños que alcanzan las mujeres en diversos espacios de participación a lo interno de los diversos colectivos políticos. Se enfatiza en la necesidad de identificar alternativas que permitan lograr una verdadera equiparación en el acceso de las mujeres en todas las instancias hasta llegar a los procesos electorales, como una condición para alcanzar una verdadera democracia en el país.

 

Bibliografía consultada:

-Granados, Aguilar E. (2010)). La participación política de las mujeres como expresión de la ciudadanía democrática. México, Revista Casa del Tiempo (1-3).

-Fernández Poncela, Anna María. (2011). Las cuotas de género y la representación política femenina en México y América Latina. Argumentos (México, D.F.), 24(66), 247-274.

-Franco-Cuervo, B., & Flórez Henao, J. (2010). Aproximación teórico-conceptual de la participación electoral: una discusión aún abierta. Desafíos, 21, pp. 75-95.

-OEA (2006). Breve reseña histórica sobre el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer en América Latina y el Caribe.

-OEA (2011). Manual para las misiones de observación electoral.

-PNUD-ONUMUJERES-IDEA (2015). ATENEA: Mecanismo de aceleración de participación políticas de las mujeres en América Latina y el Caribe.

-Sarabia Ríos, C. (2014). Mujeres y participación política en el proceso electoral federal 2012  en Ciudad Juárez. Nóesis, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 23 (45), 112-139.

 

Licda. Tamara Martínez Paredes

Tamara Martínez Paredes, panameña, egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá.  Posee una Licenciatura en Sociología y Posgrado en Docencia Superior. Además de  Diplomados en Metodología de la Investigación Social, Género y Derechos Humanos. Cursa estudios de Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Teoría y Métodos de Investigación Social, en el  Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá.

Ha trabajado en instituciones públicas en programas de género y derechos humanos, con mujeres privadas de libertad y víctimas de violencia basada en género. Actualmente se desempeña como investigadora del Departamento de Investigaciones Académicas del Centro de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, en el marco del Proyecto de Fortalecimiento del CED, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.