La dignidad, pilar de la democracia sostenible

//La dignidad, pilar de la democracia sostenible

La dignidad, pilar de la democracia sostenible

2021-01-27T10:34:07-05:0027 enero, 2021|Artículo Nacional|

Juan Cristóbal, desde su más temprana  edad, demostró inusuales dotes de comprensión de las dinámicas del mundo que lo rodeaba. Desde antes de caminar, observaba e intentaba, por emulación y convicción, entender y hacer suyas las tareas más propias de sus hermanos mayores. Creció en el seno de una familia de pescadores artesanales, quienes, apercibidos de su precoz curiosidad, intentaban lidiar con las preguntas cada vez más difíciles, que a veces no contestaban, por pudor o quizás por un poquitín de vergüenza, al no haberse planteado temas tan profundos como con los que el chiquitín les ‘bombardeaba’. –¡Joo!- decía el papá riendo, en las cenas familiares, -aún no se sabe ni amarrar los zapatos, pero ya nos tiene enredada la cabeza como trasmayo trasmallo enmarañado por la marejada de una tormenta-. Le querían y apoyaban. Estaban orgullosos de él y no se cansaban tanto al faenar, ni sentían el ardor del sol: Todo esfuerzo era poco para darle lo mejor al benjamín.

 

Comenzaron a averiguar, entre sus conocidos, posibles respuestas a los ‘voraces’ cuestionamientos. El niño fue creciendo y pudo asistir a la escuelita multigrado, junto al caserío de la playa, donde tuvo acceso a sus primeros libros que el buen maestro Luzardo le prestaba. Aun así, los textos se les fueron quedando cortos para su gran pasión por entender un mundo ilusionante. No imaginaba su familia, en esa comunidad del trópico panameño, que el sol iba a hacerse más pequeño y débil, aunque no había una nube en el cielo de abril, cuando apenas emergían los pequeños, pero bien arraigados, plantones de certezas y conocimientos en ‘Juancri’, como cariñosamente le decían. Se acercaba una noche sin retorno, cuando aún Juan Cristóbal apenas remontaba la primera ola de su ciclo humano vital. En cuestión de días, una ceguera paulatina e irreversible, producida por una caída, le arrebató un mundo de resplandores y ventanas abiertas y lo sumió en un calabozo de sonidos entremezclados que no siempre reconocía, confundiéndole de miedo; pero que más tarde se convertirían en sus guías para orientarse en el mundo. No obstante, esa es otra parte de la historia.

 

Su mamá, quien trabajaba ‘parejo’ con su esposo, tejiendo redes y salando el pescado para conservarlo, dejó sus estampitas y en plena crisis de fe, no vislumbraba un futuro con oportunidades para el crío, y se dijo que esto no era justo ya que no entendía por qué, si habían sido personas honestas, sucedía aquella desgracia a la familia. –Yo quería que fuera doctor… si es que le gusta mucho leer y cuidar a los animalitos… que hiciera lo que nosotros no pudimos-, clamaba. Pero no sabía bien cómo ayudarle y tampoco llegaba apoyo alguno. Ni siquiera podía con ella misma y se alejaba al playón al bajar la marea para que no la oyeran llorar. Aun así no dejó de intentar buscar ayuda, armada con los colores de la esperanza, que casi siempre se estrellaban con muros grises.   Ella no sabía de mecanismos legales, ni burocracias, ni de tratados de derechos humanos, ni  de constituciones con declaraciones de principios: Solo sabía que quería para ‘Juancri’ una vida con dignidad, y no se iba a dejar aplastar.

 

La dignidad, específicamente la atribuida a la persona humana, es un concepto utilizado ampliamente a nivel multidisciplinario y en el imaginario popular, científico, humanístico y político social, como un término que se refiere a una condición positiva, que se estima perteneciente por derecho natural a la calidad de la persona per se. Es decir, un atributo que se considera que nace con ella y le acompaña todos los días de su existir. Esto abarca el periodo antes de nacer, e incluso hay opiniones de estudiosos de la sociología y otras corrientes espirituales correlacionadas que la extrapolan más allá de la permanencia del individuo en el plano de la existencia terrenal, utilizando frases tales como ‘muerte o reposo digno’.

 

Nos percatamos, en un primer vistazo al término, que la dignidad puede ser utilizada como un vocablo lanzado al azar para realzar un texto o discurso, o bien, puede encabezar la lista seria de un amplio espectro de derechos interrelacionados, parte integral de los derechos humanos reconocidos por los pueblos vanguardistas de todas las épocas. Su reconocimiento o desconocimiento ha dado lugar a amplias discusiones, tratados e incluso guerras, por tratarse de una concepción que algunos, de buena o mala fe, tildan como difusa o ambigua, a la hora de intentar concretarse políticas humanísticas de protección, tendientes a su inviolabilidad o inalienabilidad.

 

No podemos dejar de poner como ejemplo a priori las disyuntivas y uso de argumentos en pro o en contra, en la praxis, del derecho a una vida digna, en el contexto de grandes conflictos  regionales o universales, tales como la Guerra Civil Norteamericana, en cuyos bandos la esclavitud era de contrastante ponderación; o la Segunda Guerra Mundial que polarizó y horrorizó al mundo ante la mera concepción, con argumentos mesiánico pseudocientíficos, de la primacía de unas razas humanas sobre otras.

 

Planteadas estas generalidades, y sin pretender tener la última palabra o intentar condensar todos los paradigmas que incluyen la dignidad entre su amplio abanico de temas, nos avocamos  abocamos a intentar delimitar, para efectos del mantenimiento de la vigencia de un debate progresivo sobre el tema, que debe ser continuamente enriquecido con datos cuantificables y calificables,  lo que puede entenderse como tal en la era contemporánea.

 

Sus matices y aristas crean debate, vislumbrados por quienes la propugnan, la subestiman, idealizan o la perciben como algo más que un postulado escrito en un catálogo de valores y creen que en la vivencia humana, debe la dignidad ser un vital eje transversal, insustituible, de continuo estudio, crecimiento, reconocimiento y justa reparación o su equivalente, en caso de ser vulnerada.

 

Reconocimiento y ejercicio eficaz

 

Siglos han pasado desde aquella concepción de derecho natural plasmada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que sin ser perfecta, (ya que no contemplaba en igualdad, los derechos civiles de las mujeres y de las personas sometidas al régimen de esclavitud o en situación de pobreza), es considerado un instrumento precursor de los derechos humanos a escala nacional e internacional, en contraste con arcaicos sistemas anteriores: Un hito importante en la historia del reconocimiento de la dignidad.

El desarrollo del tema de la dignidad humana se catalizó, de menos a más, luego del aprendizaje, con creces, de los errores que desembocaron en la Primera Guerra Mundial y el fracaso de la Sociedad de Naciones, que no pudo impedir la brutal segunda conflagración planetaria del siglo XX, con el posterior advenimiento de la Organización Internacional de las Naciones Unidas (ONU) y sus instrumentos jurídicos nacidos de su condición de sujeto de derecho internacional público. Esto sin olvidar la marca indeleble de vergüenza humana, ante las acciones mediocres respecto a las hambrunas y trato deficiente ante pandemias, respecto a significativos colectivos o grandes minorías.

 

Un barrido del sistema jurídico internacional en cuanto a la aprobación de normas jurídicas internacionales, vinculantes o sugeridas, a los países parte de organismos internacionales, globales o regionales, nos recuerda que es el Estado nacional, en uso de sus facultades legislativas soberanas, quien debe finalmente incorporar a su legislación interna los avances, no solo en el reconocimiento de derechos de primera y posteriores generaciones, sino en tutela del cumplimiento real y eficaz de estas normativas, garantizando su justiciabilidad en caso de vulneración de la capacidad de acción en democracia, para todos, sin dejar de equiparar los derechos de los colectivos desfavorecidos o violentados.  También amplía el panorama este ejercicio, en cuanto al reconocimiento de la lucha contra los engañosos ‘techos de cristal’, que muchas veces, sutilmente, coartan el ejercicio real de derechos, incluso de aquellos cuya consagración ha sido muy legislada y publicitada, como triunfos de la humanidad.

No se puede dejar de mirar con luces largas y de actuar con efectividad integral, en pro de sociedades donde las personas ejerciten sus derechos con dignidad, en un sistema que garantice sus derechos humanos mínimos, sin ponerse un límite máximo, hacia un avance sostenido, que innove y rompa paradigmas y cree arquetipos respecto a su forma óptima de ejercitarse y/o reclamarse.

 

Para ilustrar un instrumento de continuo estudio, que se aplica, con altas y bajas en los tiempos actuales, no podemos obviar la mención de la Convención Internacional Sobre los Derechos de de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006. Dicho tratado es vinculante para Panamá, desde que por la Ley  25 de 10 de julio de 2007 fuera incorporada a su derecho nacional mediante los mecanismos constitucionales de rigor.

 

No obstante, pese a que nuestra Constitución Nacional señala en su artículo 19, que “no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”; y en su preámbulo expresa que fue decretada por el constituyente, “con el fin supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional”, exaltando literalmente la “dignidad humana”, surge la pregunta: ¿Es un arma de doble filo el concepto de dignidad contenido en nuestra normativa máxima?

 

Matizamos lo resaltado así: Por un lado se observa una consagración de aquello valorado por la sociedad como digno, mas filósofos como el español Francesc Torralba, temen que el concepto dignidad se quede varado en declaraciones de buenas intenciones como ‘concepto ornamento’ , es decir, sin dinámicas de consenso o disenso periódico alguno, que ameriten su discusión y renovación constante, en pro de políticas sociales ajustadas a las necesidades de los nuevos tiempos, que podrían desarrollarse a partir del mandato supremo de la Carta Magna.

 

¿Es posible que la dignidad haya acabado tornándose en una palabra “bella y vacía”, aceptada, pero carente de significado práctico? Queda en el aire el cuestionamiento de quién y sobre todo cómo se decide hoy, a escasos dos años del cincuentenario de haber sido consagrada la citada palabra constitucionalmente, qué es digno o indigno y qué hacer al respecto del cumplimiento de la ley fundamental.

 

No hemos de olvidar que la norma social no estrictamente obligatoria, que la sociedad eleva al rango de norma jurídica coercitiva, tiene como fin salvaguardar un bien jurídico protegido, como  por ejemplo, la igualdad contra la discriminación por discapacidad, género o  pensamiento político o la equiparación de oportunidades. ¿Es por tanto suficiente, la mera mención legislativa o constitucional de la dignidad como derecho humano inherente al individuo, que aunque no necesita demostrarse para que exista, requiere acción, aplicación y defensa, además de su mero reconocimiento? ¿Bastan los mecanismos judiciales o extrajudiciales actuales, de protección ante una merma en la calidad de vida digna que merece toda persona? ¿Estamos construyendo un camino coherente y sistemático de buenas prácticas  que vayan moldeando la sociedad misma, más allá de lo que es obligatorio o sugerido, hacia una convivencia más equitativa y, por lo tanto, progresiva y sosteniblemente digna?

 

¿Qué habrá sido de aquella mujer y su pequeño Juan Cristóbal, en un sistema que muchas veces da prioridad a burocracias y estadísticas macro, sobre la individualidad de la persona? ¿Habrá podido ‘Juancri’ superar, pese a las novedosas leyes existentes, los círculos de miseria, pobreza, el silencio que aniquila esperanzas o la ‘normalización’ de la injusticia y la violencia sistémica o humana?

 

Se requiere la implementación de las mejores prácticas, probadas en diferentes países, respecto a la superación de los retos en diferentes ámbitos socioeconómicos y políticos, más allá de la de algunas veces idealizada, clásica permeabilidad de pactos internacionales traducidos en ordenanzas nacionales. Este modelo, aún generalizado en el mundo, parte de la comentada generalidad normativa, en dirección vertical, hasta la ejecución y cumplimiento de las políticas públicas, mediante leyes y reglamentos, dando cumplimiento a estipulaciones constitucionales, cuando se logra.

 

Es preciso un cambio radical en cómo percibimos y combatimos la desigualdad, que se contrapone a la dignidad, reforzando los pactos sociales y comunitarios, comprometiendo a gobernantes y gobernados hacia el modelo de país que queremos, sin improvisaciones cortoplacistas, siguiendo una coherente agenda de Estado equiparable a una visión, con una vigencia más larga y estable que la que se puede vislumbrar con los saltos de los diferentes planes de gobierno. El tema no es nuevo, más el que haya sido abordado con mejores o peores resultados, no lo hace menos importante.

 

El Dr. Bernardo Kliksberg, considerado por muchos estudiosos, como el padre de la ética para el desarrollo, destaca en un informe homónimo, el caso noruego. Distingue las políticas públicas de este avanzado país, que ocupa el primer lugar en el Ranking de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Esta tabla mide a todos los países de acuerdo con indicadores que significan, por ejemplo, si la gente vive dignamente, si tiene la posibilidad de autorrealizarse y un libre acceso a la cultura, a la educación y a la salud. Este índice, consideran los especialistas, “revolucionó los índices económicos, ya que contempla como parte del desarrollo lo que pasa con la vida de la gente”, afirma Kliksberg. Indica además este estudioso que en un país con altas aspiraciones sociales se debe cultivar la ética desde las escuelas, hasta las más encumbradas posiciones del poder, siempre a través del ejemplo, hacia adentro y en las relaciones con los demás países. No es una cuestión solo de riqueza. Los cambios en la forma de hacer las cosas y los motivos que las inspiran, valen más que los billetes. Ir con paso firme hacia adelante y no enquistarse en los errores del pasado parece ser la filosofía de Kliksberg, quien sostiene que “es mejor encender una vela, que maldecir la oscuridad”.

 

Todos los actores nacionales, deben ser incluidos en procesos de concertación, en los que se intente con todos los medios, a través de las prioridades de rigor, cumplir los objetivos de las visiones nacionales a largo plazo, acordes a los objetivos de desarrollo internacionales, más allá de los retos de corta y mediana necesidad de solución, que se afrontan en cada mandato.

 

Todos han de analizar, respecto a las experiencias positivas y negativas locales y de democracias afines,  en qué porcentaje y contexto las falencias en el acceso equitativo a los recursos y a la igualdad de oportunidades tratan, no solo de asuntos económicos de bajo ingreso per cápita, (lo que no parece ser el mayor de los problemas de las economías punteras emergentes latinoamericanas), sino más bien de modelos caducos, la polarizada distribución de la riqueza y otras falencias que lastran el desarrollo económico, más allá del simple crecimiento, en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos.

 

Un cambio de rumbo podría implicar estrategias punteras tales como: La lucha efectiva contra la corrupción y el evitar las prácticas de este tipo que vinculen al país internacionalmente en este flagelo; una apuesta por actividades económicas tradicionales y novedosas, que no reviertan el avance de otras en una dinámica de ganar-ganar; una inversión creciente en educación y salud gratuitas, abarcadora y de calidad competitiva y en actividades de generación de recursos que no agoten los no renovables y que incorporen el potenciamiento del capital humano. Todo esto en aras de una participación activa y no selectiva, en la equiparación de oportunidades para todos; el mejoramiento continuo de la calidad de vida integral, manteniendo e incrementando las buenas normativas y prácticas en los temas cívico democráticos, para garantizar los mejores niveles de gobernabilidad, gobernanza y legitimidad de las autoridades. Pero sobre todo, una revolución ética en positivo, que fomente, incentive y dé mérito a las buenas prácticas que den el ejemplo en el país y respecto a este en la comunidad internacional. Esto incluye procesos autocríticos y de realimentación y fiscalización de resultados;  entre otros importantes temas que han sido tratados en concertaciones que fenecen y no culminan en resultados destacables y medibles. Estas dinámicas deben involucrar a los gobiernos, a las empresas y a la sociedad civil organizada, en un marco de respeto a la opinión, a la acción y a la crítica propositiva.

 

Haciendo nuestra parte y no mirando a un lado; involucrándonos en acciones de incorporación del todo para todos y eliminando las distinciones y privilegios que merman a otros, ya sea por corrupción o por viejas malas prácticas que promueven el desbalance social, estaremos pavimentando un camino quizás condicionado por sus propias realidades, que no será siempre fácil, ya que cada población, país y región tienen sus propias fortalezas y debilidades, pero sí bien orientado en la ruta de consagrar los mayores esfuerzos y recursos a la buena senda que constituye la lucha por la dignidad.

Corre el año 2034 y el señor Juan Cristóbal, no solo ejercerá en mayo, su derecho activo al sufragio, constituido por su capacidad de votar, sino que ha sido postulado para competir en esas elecciones, luego de su destacada trayectoria al frente de la Secretaria Nacional, en Pro de las Personas con Discapacidad del partido político en el que milita.  Aspira así a presidir el municipio en el que creció. Su afán de saber y ayudar a todas las personas, incluyendo a los que como él afrontaron retos de exclusión, y su empoderamiento como ciudadano políticamente activo, le permitieron hacer suya y real la  legítima aspiración ciudadana de optar a un cargo de elección popular, catalizada por las capacitaciones recibidas en temas sociales y electorales, a través de medios informativos y didácticos, acordes y modernos, que le equipararon al resto de los contendientes en las primarias. Se ha convertido en más que una promesa, también en un triunfo de la equidad, sea cual sea la tendencia de voto, porque puede competir sin desventajas.

Tenemos el capital humano para crear, la fe para soñar y los recursos para construir. ¿Estamos listos para actuar y cambiar las bases de un nuevo futuro, alejado de las proyecciones pesimistas y de cara a un salto evolutivo social de calidad? La pregunta vuela por el aire de estos nuevos tiempos y se la formulan cada vez más personas de todos los sectores de la sociedad, informadas y comprometidas con su entorno. La respuesta parece ser: Un mañana igualitario se construye con voluntad, pero se concreta y se mantiene en una sociedad que consagra, practica y defiende la dignidad.

 

Yahir Eduardo Leis Alvarado

Abogado en la Oficina de Equiparación de Oportunidades del TE.

 

Jurista por la Universidad de Panamá. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana, por la U. Francisco de Vitoria y posgraduado en gestión de oenegés (U.SanPablo-CEU), becado por Fundación Carolina (España). Estudió Comunicación Política y Campañas Electorales en la U. Complutense de Madrid y Docencia Superior en la U. Interamericana. Profesor de licenciatura y maestría, fue director fundador del Instituto para la Consolidación de la Democracia de Ulatina. Obtuvo para Mundo Electoral el Premio Nacional de Periodismo 2018, del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información. Fue facilitador del Diplomado Internacional de Gobernabilidad y Gerencia Política, de George Washington University, instructor en la Procuraduría de la Administración, exasesor del CED, moderador en foros del TE y panelista en medios. Coautor de ‘El Tercer Sector en Iberoamérica’. Fue periodista de ‘La Prensa y gestor de contenidos en ECO-TV.