Elecciones en Estados Unidos y medios digitales

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Elecciones en Estados Unidos y medios digitales

2021-01-27T10:31:37-05:0027 enero, 2021|Artículo Nacional|

La política está en las redes, las respuestas están en las sociedades

 

Las elecciones en los Estados Unidos de América son un hecho político que genera consecuencias e interés más allá de sus fronteras, dado su carácter de potencia global.

 

El último proceso electoral se puede considerar una síntesis, siempre provisional, como todo en la historia, entre dos momentos caracterizados, a grandes rasgos, por los estilos de los presidentes Obama y Trump.

 

Ambos han sido lo más visible de la política estadounidense durante los últimos años, aunque vale recordar, lo visto siempre implica una perspectiva que deja fuera del campo de visión alguna parte del objeto observado.

 

Conflictos de mucha mayor duración y profundidad, como el racismo y la desigualdad en la sociedad estadounidense, no logran expresarse en toda su complejidad en los individuos o los partidos a través de los cuales acceden al gobierno, aunque sean parcialmente canalizadas en el proceso electoral y puedan tener un reflejo en figuras como “el primer presidente negro” y otro que defiende o no condena expresiones del supremacismo blanco, o propone equivalencias entre estas y movilizaciones antirracistas.

 

La pandemia ocupó inevitablemente la coyuntura electoral desde el segundo trimestre del año y con mayor fuerza en las semanas previas a la fecha de elección, a causa del aumento de casos. Así fue configurado el debate en torno a la contradicción entre salud y economía, entre interpretaciones de los principios de responsabilidad y libertad, pausando temas como el comercio internacional y la inmigración, para traer al primer plano la desconexión entre líneas políticas, territorios y niveles de gobierno en la gestión del problema sanitario; el número total de contagiados y muertes, el más alto en el mundo, y por supuesto, las desigualdades estructurales y su traducción en efectos identificables dentro de las estadísticas generales de infectados, además de los casos de violencia racista que movilizaron a las poblaciones de varias ciudades, a pesar del riesgo de salud.

 

También profundizó la tendencia hacia la digitalización de la campaña electoral, ocupada de manera notable por los dos últimos presidentes y que en el último proceso recogió la polarización y la protesta social.

 

La experiencia acumulada durante los últimos años en esta articulación entre lo digital y la política, principalmente en el proceso electoral estadounidense del año 2016, con sus denuncias de cuentas e informaciones falsas, extracción de datos, hipersegmentación de mensajes y hasta interferencias extranjeras, condujo a una serie de decisiones ejecutadas desde el gobierno y las empresas, consideradas improbables hasta hace poco, que deben ser material de referencia a futuro.

 

Desde lo público, fue considerable la inversión de los organismos electorales en el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas y de seguridad,  la compra de equipos, la mejora de procedimientos y el entrenamiento del personal (IFES, 2020), respondiendo a las amenazas que se desarrollan en lo digital pero impactan en lo social, principalmente, en la confianza de las personas en las instituciones, la integridad de los procesos y la legitimidad de los resultados.

 

Desde lo privado, la decisión de Facebook y Twitter (Fox, 2020), aunque fuese de forma preventiva, temporal y como paso previo hacia la verificación de datos, de obstaculizar la difusión de información extraída irregularmente desde correos electrónicos privados relacionados al candidato demócrata, generó acusaciones de sesgo partidista y mayor interés sobre el contenido de estas publicaciones, lo que condujo a su difusión por otras vías.

 

Otras medidas tomadas por Facebook (2020) prohibiendo la difusión de contenido relacionado a teorías conspirativas, la negación del holocausto judío o mensajes en contra de las vacunas; o el anuncio de cambios en políticas de publicidad luego del cierre de urnas el 3 de noviembre y por tiempo indeterminado para proteger la elección en un eventual escenario de incertidumbre, que en efecto se concretó, si bien son el resultado de la presión de actores externos a la corporación que han denunciado el daño real que se produce a la población al difundir noticias falsas, dejan abierta la discusión, porque no responden, hasta el momento, a una evolución de la empresa en su abordaje del problema de la desinformación o los discursos de odio, sino a ajustes temporales, durante el período electoral en los Estados Unidos de América, frente al peligro de violencia en ese contexto de tiempo y espacio muy específico.

 

El alcance global de la red social y su utilización como canal para distribuir este tipo de contenidos en todo el mundo, no solamente en el país de origen de la corporación, significa que, aunque podría ser discutible la conveniencia  o no del carácter temporal o permanente de las medidas, no debería restringirse el territorio de aplicación, pues el riesgo que se genera sobre la convivencia, la seguridad, la salud o incluso la vida, es el mismo para todas las personas en cualquier país.

 

También en Twitter se han observado cambios recientes dirigidos a reducir la circulación de noticias falsas, como el etiquetado de cuentas “afines a gobiernos”, tuits cuyo contenido es posiblemente falso, la adición de enlaces con información sobre el tema, cambios en la forma de compartir tuits, en el mecanismo de recomendaciones de contenido y en la lista de tendencias. La compañía también aplicó precauciones especiales en el contexto electoral estadounidense, respecto a tuits que incitaran a la violencia o a interferir en el proceso de votación, sus resultados o que anuncien triunfos electorales antes de ser reconocidos por autoridades y medios de comunicación reconocidos (Gadde y Beykpour, 2020).

 

Por su parte, Google actualizó la política sobre discurso de odio, incitación a la violencia, manipulación y desinformación en Youtube (Miller, 2020), además de mejoras en la página de inicio y en los videos, dirigidas a la provisión de contexto, verificación y promoción de contenido informativo, también tras las presiones externas para que contuviera la difusión de contenidos que promueven y justifican la violencia en contra de determinados grupos de personas.

 

Las medidas, a primera vista, pueden aparecer positivas. Sin embargo, la discusión que aparece en el fondo trata sobre la legitimidad de actores privados para decidir qué se puede decir y conocer en el contexto de un proceso electoral, o sobre la política en general, en un lugar determinado, y no en otro. Es decir, si los avances en materia de derechos y libertades constitutivas de un régimen político democrático se han sostenido sobre el acuerdo de que la información de interés público no debe ser controlada por gobiernos, en   el momento actual se deduce que tampoco debe estar subordinada a intereses y decisiones corporativas.

 

El punto de interés no es quién se beneficia o perjudica con la difusión de un contenido específico en el escenario estadounidense, sino plantear el problema fundamental de la dimensión actual del poder discrecional de corporaciones, ahora también en los medios digitales, en alguna medida superior a las instituciones del Estado y organismos internacionales, empresas que no son solamente “plataformas” tecnológicas neutrales a disposición de las personas o cualquier actor político, sino actores económicos, culturales y políticos per se, en todo sentido, con una posición dominante en el ecosistema de comunicación a nivel global, agenda e intereses propios.

 

Al igual que cuando la censura es producida desde el Estado y no es justificable simplemente por el ejercicio del poder, estas discusiones no pueden resolverse por la vía fácil, con argumentos desde lo privado como “ellos son los dueños de la red social y pueden hacer lo que quieren”, pues tratan, hay que insistir, sobre asuntos de interés público, en el marco de un proceso electoral, con posibles consecuencias todavía no medibles, sobre la situación de la libertad de expresión y derechos conexos, y la democracia.

 

Lo anterior demuestra la necesidad de retomar con seriedad la discusión sobre todos los componentes de la libertad de expresión como derecho humano, las relaciones y tensiones entre este y la libre empresa, así como la responsabilidad principal del Estado respecto a las obligaciones de respetar, proteger y garantizar derechos a todas las personas, considerando también las limitaciones legales, razonables, proporcionales, legítimas y excepcionales, a ser aplicadas en casos concretos.

 

También en Panamá la política ha ido ocupando los medios digitales, pasando de un “papel secundario como medio de información” (Luna, 2012), luego utilizado como vía de escape al Pacto Ético Electoral para el desarrollo de campañas sucias (Luna, 2014), hasta convertirse en espacio estratégico de actividad política permanente, que se debate entre su potencial como herramienta de participación o aislamiento, desinformación y distorsión de la realidad (Brown, 2019; Uribarri: 2020).

 

Así, mientras el Tribunal Electoral respondía en el 2018 con el Pacto Ético Digital y la Unidad de Medios Digitales (hoy Centro de Estudios y Monitoreo Digital) para atender la incorporación del internet y redes sociales como medios para la propaganda electoral, según la reforma del año 2017, ya en el 2019 la pregunta era cuál sería el impacto de las redes sociales en la campaña electoral (Brown, 2019) y cómo seguir abordando la intersección entre la política y lo digital, sin desmejorar las condiciones para la expresión de las personas a través de estos medios. El tema tendrá su momento en la discusión de la nueva propuesta de reforma electoral, a sabiendas de que por muy avanzada que sea la ley, el reto que representa la constante actualización en lo digital, seguirá presente.

 

Por este motivo, en medio de la vorágine es necesario detenerse. En efecto, hay que pensar en la participación cada vez mayor de lo digital en todas las actividades humanas, incluyendo la política, y la necesidad de actuar en ese ámbito. Pero también, desde otra perspectiva, hay que seguir pensando en la preexistencia de condiciones sociales y en la extensión de su impacto hacia las posibilidades de acceso, uso y apropiación de estas tecnologías.

 

En los Estados Unidos de América la intersección entre la política y lo digital no puede desvincularse de la realidad de racismo y desigualdad que atraviesa su historia y que encuentra eco en las calles y redes sociales. En Panamá, la crisis sanitaria por el COVID-19 ha aportado evidencias adicionales sobre las desigualdades territoriales, económicas y formativas que atraviesan los indicadores de acceso, uso y apropiación de lo digital, en contraste con la visión, usualmente con mayor presencia entre burbujas de capas medias y altas en zonas urbanas, que afirma que a través de internet y redes sociales se configura un espacio donde todos participan en condiciones de igualdad, con idénticas oportunidades para influir en los procesos de toma de decisión.

 

Estas evidencias apuntan, incluso, en contra de uno de los puntos fuertes del sentido común sobre lo digital, que sostiene que estos medios son el entorno “natural” de los jóvenes y reducían la distancia, en todos los ámbitos, entre las generaciones más recientes y la población adulta.

 

¿Qué hacer? Por supuesto, es necesario aprovechar la experiencia entre la legislación y la autorregulación, el trabajo con las empresas de los medios digitales y los organismos internacionales, lograda con el proceso electoral de 2019.

 

Sin embargo, la democracia no es un asunto exclusivamente técnico electoral. Tampoco la mentira, la manipulación, las tensiones sociales internas y las intervenciones extranjeras en la vida política de otros países son una invención de las redes sociales. Los problemas de la política, tal como realmente ocurre y coloniza los medios digitales, no pueden ser cubiertos por una sola institución con competencias y funciones delimitadas.

 

Evitar que los actores políticos, hecha la norma, encuentren el atajo en la búsqueda del poder, requiere promover un abordaje de largo aliento, coordinado, también indirecto, que incluya programas con efecto a mediano y largo plazo sobre el conjunto de la sociedad, y así sobre la complejidad del problema.

 

Aquí entra lo que parece ser el comodín en todas las discusiones: la educación, ámbito de intervención que tiene la aparente ventaja de no depender necesariamente de la correlación de fuerzas entre un país pequeño y mega corporaciones. Sin embargo, lo importante es plantearse una transformación educativa que atienda aquello que necesita el país, también en lo digital.

 

En Panamá, los indicadores económicos en los últimos 30 años han ido en sentido contrario a los indicadores de apoyo y satisfacción con la democracia, confianza interpersonal y en las instituciones. El sistema educativo necesita alcanzar, quizás recuperar, un equilibrio, entre la visión dominante de educación  como capacitación para las necesidades del mercado impuesta desde los años noventa del siglo pasado y una visión que sin descuidar la capacitación para el trabajo y la alfabetización digital, fortalezca la formación de ciudadanía, el sentido de pertenencia a una comunidad, la apropiación de la ciencia, la ética y el pensamiento crítico.

 

Es eso lo que requieren las personas para habitar lo digital sin ser sometidos por algoritmos de búsqueda, publicidad, propaganda y burbujas ideológicas que invisibilizan las diferencias y anulan la posibilidad de diálogo, con la capacidad de degenerar en extremismos.

 

Esto requiere un sistema educativo cuyos principios, objetivos, métodos y contenidos estén construidos desde el respeto a los derechos humanos de la diversidad que habita sobre el istmo, como un componente dentro de un conjunto de políticas para que esa formación no se reduzca a un proceso de ideologización, sino que encuentre condiciones materiales para desarrollar sus consecuencias en la vida diaria.

 

Es decir, una educación democrática para la democracia, porque ni la educación cívica, ni la capacitación electoral, que ya realiza el Tribunal Electoral, ni la alfabetización digital, son suficientes para contrarrestar las condiciones en que crecen las juventudes panameñas. Así, lo digital es un ámbito de actuación, no desvinculado de la totalidad de lo social, que requiere planes de acción, desde lo más sofisticado hasta lo más básico.

 

Por lo pronto, dejemos claro unos criterios: la libertad de expresión como derecho humano no protege el discurso de odio ni en lo digital ni en ningún otro medio; por tanto se requiere continuar la discusión hacia el establecimiento de recomendaciones y lineamientos claros para la actuación de usuarios, empresas e instituciones, que colaboren en la tarea de convertir el espacio público y las redes sociales, más que canales de colonización y reproducción de violencias, en campos abiertos para la expresión auténtica y libre de ideas.

 

 

Referencias

 

Luna, C. (2012). Sistema de medios de comunicación en Panamá y su relación con el poder económico y político. ¿Qué contribuciones para la consolidación de la democracia?. Revista Panameña de Política (13), 37-68.

 

Luna, C. (2014). Las elecciones presidenciales de Panamá 2014 vistas desde la comunicación y los medios tradicionales. Revista Panameña de Política, (18), 105-118.

Brown, H. (2019). 10 preguntas clave para analizar estas elecciones [Entrada en blog]. CIEPS. Recuperado de https://cieps.org.pa/10-preguntas-clave-para-analizar-estas-elecciones/

FOX, C. (2020). Twitter and Facebook’s action over Joe Biden article reignites bias claims. BBC. Recuperado de https://www.bbc.com/news/technology-54552101

Facebook (2020). Community standards recent updates. Recuperado de https://www.facebook.com/communitystandards/recentupdates/all_updates/

Gadde, V. y Beykpour, K. (2020). Pasos adicionales antes de las elecciones de EE.UU. 2020. [Entrada en blog]. Recuperado de https://blog.twitter.com/es_la/topics/company/2020/pasos-adicionales-antes-de-las-elecciones-de-eeuu-2020.html

IFES (2020). Elections in the United States: 2020 General Elections Frequently Asked Questions. International Foundation for Electoral Systems. Recuperado de https://www.ifes.org/sites/default/files/ifes_faqs_elections_in_the_united_states_2020_general_elections_october_2020.pdf

Miller, L. (2020). Our approach to election day on Youtube. [Entrada en blog] YouTube Oficial Blog. Recuperado de https://blog.youtube/news-and-events/our-approach-to-election-day-on-youtube/

Uribarri, R. (2020). Medios digitales y periodismo: retos para la democracia en Panamá. Agenda Pública, 1 de junio de 2020. Recuperado en http://agendapublica.elpais.com/medios-digitales-y-periodismo-retos-para-la-democracia-en-panama/

 

 

Panameño, investigador académico en el INED, Tribunal Electoral.

 

Egresado de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (2014), de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales en FLACSO-Panamá (2016), actualmente cursa la maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia (2019).

 

Ha trabajado los derechos humanos y la ecología desde distintas organizaciones sociales y comunitarias.

 

Entre sus publicaciones tiene: La política en el discurso.  Construcciones discursivas de las élites políticas panameñas en la pos invasión (2020, en edición), “La libertad de expresión como condición para la democracia” (2019),  “Pensar para la democracia” y “La importancia de la investigación en ciencias sociales para la democratización del país” (2017).

 

Obtuvo reconocimiento por su acción en pro de los derechos humanos y ecológicos de la Red de Defensores de Derechos Humanos de Panamá en el año 2014.