Candidaturas por la libre postulación en Panamá: Lecciones aprendidas, retos y desafíos como actores políticos

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Candidaturas por la libre postulación en Panamá: Lecciones aprendidas, retos y desafíos como actores políticos

2020-05-07T15:26:43+00:004 mayo, 2020|Artículo Nacional, Destacado|

 

Candidaturas por la libre postulación en Panamá: Lecciones aprendidas, retos y desafíos como actores políticos.

 

  • La Libre Postulación y el Código Electoral.

 

A través del Acto Legislativo n.° 1 de 2004, se introduce en la Constitución Política la candidatura por la libre postulación en nuestro país para el cargo de diputado de la Asamblea Nacional, y en la reforma electoral de 2006, aprobada mediante Ley 60 de 29 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta oficial 25,702 de 29 de diciembre de 2006 (Texto único publicado en enero 2007), acatando la reforma constitucional citada, incorpora la libre postulación para el cargo de diputado de la Asamblea Nacional y a la vez equipara los requisitos de la libre postulación de diputado a los de alcalde, concejal y representante de corregimiento.

Producto de una acción de inconstitucionalidad, presentada ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por Juan Antonio Jované De Puy contra el entonces artículo 233 del Código Electoral, el cual establecía que “sólo pueden postular candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, los partidos políticos legalmente reconocidos” (el resaltado es nuestro), esta máxima corporación de justicia dictó el fallo del 21 de julio de 2009, declarando que era inconstitucional dicha norma.

El fallo se dictó pasadas las elecciones generales de mayo de 2009, por lo que no fue hasta las elecciones del 2014 que por primera vez se presentarían candidaturas por la libre postulación para al cargo de presidente y vicepresidente de la República.

  • La Constitución Política y la legislación electoral en cuanto a los candidatos por la libre postulación.

 

En ese orden de ideas, debemos destacar que nuestra Constitución Política reconoce en su artículo 17, (introducido a través del Acto Legislativo n.° 1 de 2004) que los derechos y garantías reconocidos en la Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona, lo que concede un significado preponderante a los derechos fundamentales que, a pesar de no aparecer con el texto constitucional, pueden ser incorporados al mismo, siempre que emanen de la dignidad humana o de otros derechos fundamentales.

El resultado de lo anterior es que se pueden anexar a la Constitución aquellos derechos humanos previstos en instrumentos internacionales que incidan o deriven de la dignidad humana o de otros derechos fundamentales contemplados en la Ley fundamental, los cuales pasan a integrar el bloque de constitucionalidad.

 

  • Marco Jurídico Internacional

 

La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificada por nuestro país mediante la Ley 15 de 28 de octubre de1977, en su artículo 23 reconoce los derechos políticos que comprenden el derecho de las personas a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser elegido y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas.

Además, en el numeral 2 del precitado artículo establece los límites a la reglamentación legal del ejercicio de estos derechos, cuando dispone que esta pueden ejercerse “… exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena -por juez competente- en proceso penal”.

Resulta evidente que toda restricción impuesta en nuestro ordenamiento legal al ejercicio de los derechos políticos, exceptuando los casos antes descritos en el numeral 2 del artículo 23, conlleva una vulneración a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Existe un referente jurisprudencial, invocado en muchos foros y textos de derechos humanos.  Se trata de la sentencia de 23 de junio de 2005, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso YATAMA vs NICARAGUA, de la cual se infiere de forma palmaria que, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, todos los ciudadanos de un país tienen derecho a postularse a cargos de elección popular y que la reglamentación del ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el artículo en mención, sería por razones exclusivamente establecidas en ese inciso, y que la restricción debe encontrarse prevista en una ley; no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo y ser proporcional a este objetivo. También señaló, en atención a las limitaciones al derecho a ser elegido, que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas indicó que el derecho de las personas a presentarse a lecciones no deberá limitarse de forma excesiva mediante el requisito de que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan a determinados partidos.

Los países miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hayan aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están obligados a respetar este criterio, toda vez que este instrumento internacional obliga a los Estados Partes a respetar los derechos y libertades reconocidos en el pacto y a garantizar su libre y pleno ejercicio.

 

  • Resultados de las elecciones del 5 de mayo de 2019.

Fueron las elecciones del 5 de mayo de 2019 las más participativas con respecto a postulaciones de candidaturas por la libre postulación a los diversos cargos, teniendo una gran acogida de los votantes, al punto de que el candidato a la Presidencia de la República por la libre postulación, Ricardo Lombana, ocupó el tercer lugar en votos, inclusive superó en votos a cinco partidos políticos.

Se postularon un total de 1,570 candidatos por la libre postulación, entre principales y suplentes, en las recientes elecciones, saliendo electos 1 diputado por el Parlacen, 5 diputados de la Asamblea Nacional, 2 alcaldes, 21 representantes de corregimiento, según el “Informe a la Nación” presentado por el Tribunal Electoral.

Nuestra legislación electoral establece que solo clasificarán como postulados los tres aspirantes o listas que al cierre de las inscripciones hayan inscrito la mayor cantidad de adherentes.

  • Algunas ventajas

Analistas políticos nacionales e internaciones han expresado que la entrada en el escenario político de los candidatos por la libre postulación es el resultado de la desafección que crece mundialmente desde hace décadas en la población en desfavor de los partidos políticos. Las causas son múltiples, pero en lo que todos coinciden es que la puerta ha sido abierta por los propios partidos políticos, lo que ha traído un refrescamiento del escenario político tradicional centrado en la partidocracia.

Pensamos que el fenómeno ha provocado, o debe provocar, dentro de los colectivos políticos oportunidades de mejora, de refundación y de cambios profundos hacia la sociedad que representan dentro del actual sistema democrático. Brindar una mirada distinta; saber que estamos frente a una nueva cultura democrática que exige la participación de partidos políticos y de candidatos que no pertenecen a ningún colectivo o por la libre postulación, en conjunto con los representantes de sectores sociales dispuestos a participar del cambio social.

  • Desventajas

La experiencia vivida  en estas elecciones, en la fase de recolección de firmas y su posterior valoración, fue muy demandante, bajo la premisa de que solo los tres candidatos que han recogido más firmas válidas son los que pasan, y dada la magnitud de la cantidad de candidaturas presentadas por la libre postulación, sobre todo al no contar el TE actualmente con un mecanismo o herramienta tecnológica que facilite la labor de valoración de cada firma en el menor tiempo, tema que seguramente se encontrará en la agenda de la próxima Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), buscando la viabilidad de esta tarea y la mayor transparencia e integridad del proceso.

El financiamiento público es otro tema y causa de disconformidad entre los candidatos por la libre postulación, pues sostienen que no es equitativo en relación a los partidos políticos. Los partidos políticos aseguran que no hay tal inequidad, y señalan que los colectivos poseen una compleja estructura a nivel nacional, una vez tienen varios años en la vida política, con locales y personal que deben pagar para su subsistencia, y que por lo tanto deben recibir un financiamiento público acorde.

La falta de representación ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) también fue criticado por muchos candidatos por la libre postulación, pues aseguran que no tienen voz ni voto en esta instancia donde se analizan y debaten cambios a la ley electoral.

Al respecto, el Pleno del Tribunal Electoral acaba de dictar el Decreto 42 de 2 de diciembre de 2019, que convoca y reglamenta la integración de la Comisión Nacional de Reformas Electorales para el 2020, cuya instalación será en enero del 2020, y establece al respecto que un representante de los candidatos electos por la libre postulación tendrá derecho a voz y voto ante esta comisión. Es una de las novedades introducidas en esta nueva reglamentación.

Es preciso recordar que la CNRE-2020 estará integrada por los partidos políticos constituidos, por el Foro Ciudadano pro Reformas Electorales que tiene cuatro áreas y el representante de los candidatos electos por la LP que lo integran, con derechos a voz y voto, así como por otros quince representantes con derecho a voz de otros órganos del Estado e instituciones, partidos políticos en formación y organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar y debatir sobre las reformas electorales.

Algunos candidatos por la libre postulación han advertido que también se les suma otra desventaja, y es el hecho que estos candidatos no cuentan con el mecanismo de primarias porque la legislación electoral no lo contempla. Tampoco podían conformar alianzas entre candidatos por la libre postulación. Esta fue otra limitante que despertó inconformidad.

A futuro o en las próximas sesiones de la CNRE-2020, puede ser un tema a considerar que pudiera contar con alguna viabilidad teniendo que definir entre otras cosas fundamentales, si serían elecciones  primarias abiertas o cerradas. Así como este tema, habría que incorporar a la discusión una infinidad de detalles y mecanismos procesales a tener en cuenta dentro de una primaria entre candidatos por la libre postulación, lo que reemplazaría el mecanismo de recolección de firmas, pues los que irían a una elección general serían los electos en elecciones primarias, con un régimen parecido al que mantienen los partidos políticos, siendo obligatorias para escoger los candidatos al cargo de presidente de la República. Tema que deja muchas interrogantes en este momento.

 

  • Cambio de Rumbo

Sorprendió a la población panameña el anuncio realizado el 27 de octubre de 2019, ante los medios de comunicación, por el excandidato a la Presidencia de la República por la libre postulación, Ricardo Lombana, cuando manifestó que iniciaría la inscripción de un partido político dando como razones, en gran parte, las desventajas que tiene que enfrentar un candidato por la libre postulación y que fueron esbozadas en párrafos precedentes.

Se tiene conocimiento por los medios de comunicación que actualmente existen varias personas que fueron excandidatos al cargo de presidente de la República por la libre postulación en las pasadas elecciones, y que se encuentran iniciando la recolección de firmas de iniciadores con el objetivo de constituir un partido político.

  • Conclusión

Los retos y desafíos que presenta el escenario político a los candidatos  electos por la libre postulación son enormes, y solo el futuro irá definiendo los matices claro-oscuros conforme se den sus actuaciones y participación dentro del marco democrático. La discriminación, la disconformidad sobre la justicia, la desigualdad de género, la violencia política, el malestar hacia los partidos políticos y la política, el marcado desinterés por participar de alguna manera en el fortalecimiento de la democracia son, entre otros, fenómenos sociales que deben darle impulso a las reformas electorales. Al no aceptar su existencia estaríamos revistiendo nuestra democracia de una mayor fragilidad.

Las últimas reformas electorales, concebidas en el año 2017, cambiaron la cultura política en nuestro país.  Fueron tan importantes y trascendentales que impactaron con mucha fuerza la gobernanza electoral, en donde el papel de los candidatos por la libre postulación en las elecciones de ese año mayo del 2019 fue significativo. Sin embargo, quedan muchos retos que impone y que espera la sociedad; actores cuyas actuaciones revelen honestidad, transparencia, igualdad, integridad, inclusión, y en donde estén abiertos los espacios para  debatir las ideas y donde haya una mayor participación de todos los sectores.

A mi juicio, las próximas reformas no serán menos impactantes.  Todo parece indicar que evolucionarán a la par de la futura reforma constitucional, donde deben ser concebida bajo la creación de espacios democráticos igualitarios y de respeto a los derechos humanos, como una forma de pacto político y social.

El Tribunal Electoral cada cinco años, acompañado de los actores políticos y sociales, está en una búsqueda dirigida a perfeccionar el proceso electoral de cara a preservar la integridad institucional, toda vez que las normas que regulan la actividad política del Estado y de la sociedad se deben adecuar a los cambios estructurales del propio grupo, que innegablemente se reflejan en los esfuerzos de los hombres y mujeres por alcanzar estándares de vida cada vez más dignos, dentro de una convivencia democrática.

Latinoamérica está en crisis.  Debemos estar alertas y alejarnos de esos escenarios que debilitan las democracias. Dediquémonos a construir sociedades más participativas e igualitarias, con instituciones fortalecidas, donde las oportunidades se presenten inacabadas para todos los sectores en condiciones de igualdad, y teniendo claro que la participación política no está cautiva por grupos políticos tradicionales, sino que las actuales sociedades demandan nuevos modelos de representación, que conecten con la población y donde se vea realmente representada la diversidad cultural  y social a la que pertenecemos.

Myrtha Varela de Durán

Secretaria general y magistrada suplente del Tribunal Electoral de Panamá.

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá.

Magíster en Administración de Instituciones de Justicia por la Universidad Santa María la Antigua.

Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España.

Especialista en Derechos Humanos por la American University, Washington D.C., USA.