Seguridad Política: Participación política, cuotas electorales, retos y desafíos

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Seguridad Política: Participación política, cuotas electorales, retos y desafíos

2019-07-22T09:46:15+00:0022 julio, 2019|Artículo Nacional|

Por: Juan Carlos Pérez

El ejercicio de los derechos políticos por parte del ciudadano es sin duda el elemento fundamental en el que se sostiene todo sistema democrático, pues el ejercicio democrático se materializa en la participación de los electores para escoger a sus autoridades temporales entre sus miembros.

 

Todas las naciones cuyo sistema político es democrático, en sus respectivas constituciones, disponen de normas que buscan delinear su sistema electoral a fin de que exista un parámetro general, por medio del cual se hará efectiva la participación política; y existan bases lógicas y jurídicas que permitan al legislador y al organismo electoral desarrollar el proceso electoral.

 

La seguridad del éxito de la participación política y la renovación de autoridades públicas no se garantiza con la existencia de normas, sino también mediante acciones y procedimientos que en su conjunto cumplan con los estándares que permiten calificar como real, efectivo y válido a un proceso electoral.

 

Estos parámetros son:

 

  • Existencia de un registro electoral confiable.
  • Legislación electoral cierta y anterior al evento.
  • Voto secreto.
  • Organismo electoral independiente, autónomo e imparcial.
  • Capacidad real para que la oposición pueda ganar.
  • Justicia electoral.

 

La existencia de estos ítems y su correcto funcionamiento en un sistema electoral garantiza la validez del proceso electoral que, como hemos indicado, se fundamenta en la participación del cuerpo electoral en su doble vertiente: como elector y como candidato.

 

Con ello, podemos llegar al primer concepto de la ponencia, que es la seguridad política, que sin duda es novedoso ya que no es usual en el mundo electoral referirnos a dicho concepto.

 

Lo anterior no significa que el mismo no exista, pero es conocido principalmente como el derecho a una efectiva participación política.

 

Por consiguiente, podemos definir la seguridad política como la existencia de normas e instituciones, así como la ejecución de buenas prácticas, dirigidas a garantizar la celebración de elecciones en los términos y tiempos dispuestos en la Ley, con énfasis en la inclusión y la participación política del cuerpo electoral.

 

Sobre el particular, la seguridad política permite darle continuidad segura al régimen democrático de un Estado, pues asegura que el ejercicio electoral se verifique conforme a las pautas legales, con las condiciones idóneas y fundamentales para que el relevo de las autoridades públicas se verifique en los momentos oportunos.

 

De igual manera, la seguridad política conlleva el ejercicio efectivo no solo del sufragio, sino también del resto de los derechos políticos de la ciudadanía, como la asociación política, el credo político y la participación directa.

 

No solamente es necesario que existan condiciones jurídicas (normas) que así lo permitan, sino organizaciones que velen por su cumplimiento y garanticen su efectividad, es decir, que existan organismos electorales que hagan realidad el derecho de participación política.

 

La existencia de un organismo electoral independiente y autónomo es garantía fundamental para hacer efectiva la seguridad política de la Nación.

 

Otros temas que facilitan la validez del concepto son la existencia de un proceso institucionalizado de reforma a la Ley electoral, la organización y planificación de todo evento con dos años de antelación, la supresión del control previo durante el proceso electoral y la independencia jurisdiccional de las decisiones del Tribunal Electoral, entre otros.

 

La suma de todos estos componentes permite asegurar la estabilidad del proceso electoral en Panamá, tal y como ha venido sucediendo en los últimos 30 años, permitiendo que los eventos eleccionarios se hayan ido consolidando cuantitativa y cualitativamente.

 

Todo lo descrito se practica en Panamá, lo que permite mantener el punto referente en el ámbito continental de tener una democracia estable y consolidada, así como de un organismo electoral garante del derecho de participación política.

 

Uno de los puntos fundamentales en esta seguridad política es el derecho de participación, es decir, que todos sin exclusión puedan ser partícipes del proceso de renovación de autoridades públicas en ambas acepciones.

 

La participación política es el eje motor de todo procedimiento electoral, pues mientras exista la diversidad de corrientes políticas en juego, y la mayor cantidad de electores sumados al proceso, los resultados gozan de mayor legitimidad.

 

Es importante señalar que participación política no debe entenderse como el simple hecho de acudir a las urnas, sino como el conjunto de elementos que permiten a los ciudadanos expresarse políticamente y competir por cargos electivos.  Se trata de un concepto amplio que incluye a ciudadanos, propuestas, instituciones y que se unen a través de un hilo conductor que es la inclusión.

 

Mientras más sectores del cuerpo electoral entren en la dinámica del sistema, este se fortalece, pues da legitimidad a los resultados de la renovación, habida cuenta de que la representación de las mayorías encuentra espacio en la oferta electoral y su conclusión puede representar la imagen socio política del conglomerado.

 

Ahora bien, ¿cómo se logra mejorar esta participación política?

 

Como hemos indicado, la participación política no se trata de ir solamente a las urnas, sino que involucra la generación de espacios para una efectiva dinámica electoral.

 

El medio principal para hacer efectiva la participación es a través de la creación de instituciones legales que faciliten la canalización de las intenciones, opiniones y del pensamiento social, es decir, la búsqueda de una pluralidad ideológica.

 

Sobre el particular, medidas valederas para garantizar el derecho de participación política son:

 

  • Facilidades para el registro y subsistencia de partidos políticos.
  • Mecanismos de participación directa de la ciudadanía.
  • Cuotas.
  • Inclusividad electoral.
  • Procedimientos judiciales.
  • La votación secreta.

 

Resulta indispensable que toda medida dirigida al fortalecimiento democrático y político de una Nación se sostenga en la libertad del cuerpo electoral al momento de emitir su opinión.

 

El secreto al voto es el pilar en el que se sostiene la democracia, pues en este ambiente de libertad total, los ciudadanos pueden hacer efectiva su opinión sin temor a represalias de parte del resto de los actores del proceso.

 

Hablar de un sistema electoral, de una participación política o de un evento eleccionario sin secreto al voto, se trata de una completa falsedad.

 

Como vemos, los ítems arriba señalados están dirigidos a fomentar espacios que permitan a los ciudadanos ejercer su derecho al sufragio y tener medidas eficaces para su protección. Se trata de pues de mecanismos legales que buscan, ante todo, romper los elementos fácticos que existen en toda sociedad y que limitan o circunscriben la toma de decisiones a un grupo en particular.

 

Se trata pues de medidas dirigidas a generar condiciones y espacios para los ciudadanos, a fin de que un pluralismo político e ideológico, tanto de acción como de pensamiento, posibilite el acceso al poder político a todos por igual.

 

Las medidas, ante todo, van dirigidas a visibilizar el espectro ideológico social, de forma tal que las mayorías se hagan parte del sistema, el cual, bajo condiciones igualitarias y equitativas, facilite la discusión y la selección de las mejores propuestas en función de la voluntad del cuerpo electoral.

 

Cada uno de estos elementos debe ser abarcado con responsabilidad, pues así como facilitan las cosas pueden complicarlas, ya sea por contener criterios restrictivos o por el contrario, por generar liberalidades que pueden poner en riesgo la estabilidad política de la Nación.

 

Es decir, la existencia de un derecho de participación política no debe llevar al libertinaje, que conllevaría automáticamente a la ingobernabilidad y a la consecuente inestabilidad social. La justa medida en la aplicación de estos elementos es lo que permite generar el espacio socio político para el pluralismo.

 

Por tanto, el tema de la participación política en efecto implica retos y desafíos que deben ser sopesados al momento de materializarse en los distintos planes diseñados; pues la liberalidad puede generar consecuencias negativas en la calidad del proceso electoral y en la finalidad de la participación política.

 

Los principales retos del organismo electoral para afianzar la participación política está en la dosificación correcta de los planes dirigidos a ella, principalmente en la parte del sufragio pasivo, pues es necesario establecer parámetros justos y correctos para que la participación ciudadana a través de estructuras formales,  sean partidos o movimientos, o a través de la vía directa, se conviertan en verdaderos canales para hacer efectiva la diversidad y pluralidad del espectro político de la sociedad;  y no como caminos para el entorpecimiento del sistema o subterfugios para el aprovechamiento de recursos o la protección ante procesos judiciales.

 

Frente a este escenario, el Tribunal Electoral ha apostado a una flexibilización de los parámetros de constitución y subsistencia de partidos políticos y para la conformación de candidaturas por libre postulación, lo cual, a juicio personal, debe ser nuevamente revisado, pues lejos de cumplir con la finalidad de participación política, resultó traer un relajamiento que demostró la real intención de muchas candidaturas y la conducta ilegal en varias de ellas.

 

Ahora bien, no debemos entender esto como un fracaso, sino como un punto de reflexión, pues demuestra, por un lado, la voluntad del cuerpo electoral de hacerse presente en el proceso, pero por la otra, una pobre mentalidad al momento de utilizarlas.

 

Sin lugar a dudas, la próxima reforma electoral nos llevará a la discusión de la viabilidad y realidad de estas figuras, y al ajuste de las mismas, lo cual es sano para todo sistema electoral, pues el mismo requiere cada cierto tiempo un ajuste y afinamiento en sus estructuras, a fin de mejorar y perfeccionar los mecanismos y depurar aquellas que no funcionan o dejan de ser necesarias, por la evolución cultural de la sociedad.

 

La Ley electoral, en todas sus materias y en especial en esta, la participación política, es una dinámica permanente de cambio, pues no podemos desconocer las realidades actuales, la tecnología, el pensamiento generacional y por ello, su reforma es inacabada y siempre, existirán nuevas discusiones, nuevos retos y desafíos sobre el particular.

 

Otra fundamental importancia en la participación política es la participación efectiva de grupos marginados, aquellos que frente a realidades fácticas se les hace imposible participar en un evento electoral con opciones reales de ganar.

 

Tradicionalmente, el tema de cuotas se asocia con la mujer; sin embargo, ya en otros países el tema es mucho más extenso e incluye poblaciones originarias, especiales y migrantes, lo que genera la subdivisión de la temática en otros aspectos más allá del género.

 

No obstante, en Panamá el tema de cuotas se asocia únicamente con el género, aún cuando se habla de diputaciones indígenas en Darién y las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé; sin embargo, estas últimas no entran en el tema de cuotas puesto que no garantizan la participación social, sino una representación territorial.

 

Ahora bien, el tema de cuotas en Panamá empezó en 1997, cuando la reforma electoral de ese año dispuso la existencia de una cuota de género de 30%; sin embargo, inmediatamente estableció un mecanismo para su no cumplimiento, el cual, a pesar de ser concebido como una excepción, se transformó en la regla general.

 

Sobre el particular, se indica que los partidos políticos podrán obviar el cumplimiento de la norma si certifican la no participación de candidatas en los procesos internos y generales, lo cual es muy discrecional y que ha generado el incumplimiento de la disposición.

 

Con el devenir del tiempo la cuota ha desaparecido, pues al establecerse el concepto de 50 y 50, se habla de paridad, lo cual es positivo, pues constituye semánticamente el abandono del sistema de cuotas por una igualdad.

 

No obstante, se mantiene la posibilidad de no cumplir e incluso, se ha limitado únicamente a partidos políticos; es decir, que lejos de interpretar el concepto paridad en un sentido amplio, se ha restringido a la literalidad de la norma, escapándose las candidaturas por libre postulación.

 

Adicionalmente, nuestro sistema opta por la paridad nominal, es decir, que en el binomio deben estar representados los dos géneros, sin exigir la alternancia; es decir, es válido al tenor de la norma que todos los candidatos principales sean varones y los suplentes todas sean mujeres.

 

Lo anterior demuestra que a pesar del avance cuantitativo en el tema, nos queda mucho por recorrer, pues la norma por sí sola no genera realidades, ya que el tema de cuotas guarda relación con situaciones fácticas que impiden el desarrollo normal de las cosas.

 

Importante es señalar que el tema promete un desarrollo integral sin perjuicio alguno, pues la Corte Suprema de Justicia en su fallo de 5 de julio de 2012, sostuvo que el sistema de cuotas no es inconstitucional, es decir, reconoce la existencia de realidades que solo pueden ser resueltas mediante la aplicación de acciones afirmativas.

 

Los desafíos y retos en este tema son muchísimos, pues por un lado debe promoverse, a nivel social, el empoderamiento femenino, a fin de evitar que la válvula de escape siga siendo la normalidad del tema; y por el otro, tener conciencia de que el tema de género es un eje transversal en todo el sistema político, y de esta forma hacerlo extensivos a las candidaturas en general.

 

Aunado, también debe trabajarse en la alternancia al momento de la configuración del binomio y la ubicación en las listas plurinominales, pues el tema no es garantizar la elección debido a que el resultado obedece a la voluntad del cuerpo electoral, pero sí establecer medidas para que las mujeres resulten electas.

 

El desafío requiere de un trabajo colectivo, pues no solo la reforma legal transformaría automáticamente nuestra realidad, sino que debe ser acompañado de alta participación y de apoyo de grupos claves.

 

Tal como expresamos anteriormente, este tema es de obligatoria discusión en toda reforma electoral, y con los resultados de las próximas elecciones generales se tendrán nuevos insumos para la discusión y la recomendación de propuestas dirigidas a mejorar y facilitar el acceso a las mujeres a los espacios electivos.

 

Sin duda, la adecuada gestión en los temas de participación política, con apego a la normativa constitucional y legal, garantiza y hace realidad la existencia de una seguridad política en la Nación.

 

Tener una democracia estable y saludable, con elecciones periódicas y legítimas, es la clave para tener una seguridad política, que nuestras autoridades obedezcan a la voluntad popular y con apego a la temporalidad.

 

La participación de todos es clave en el tema, pues limitar el mismo a la clase política y los organismos electorales nos lleva a la deformación del sistema, pues el mismo deja de obedecer a la realidad social y se transforma en mecanismos para la legitimación de situaciones fácticas.

 

Corresponde a todos sin excepción la continuidad democrática de una Nación, pues la misma no se limita al ejercicio electoral, sino a la creación y mantenimiento de estructuras que permitan la efectiva participación política del cuerpo electoral, mediante acciones positivas, de fiscalización y rendición de cuentas.

 

El tema electoral es de nunca acabar, siempre está en perfeccionamiento, y es por ello que la sociedad debe estar permanentemente involucrada en él para evitar que la realidad expresada en la Ley electoral diste de la existente en la calle.

 

Solamente con el trabajo colectivo de todos, y el correspondiente aporte, la democracia panameña podrá mantenerse saludable y vigente, y podrá mejorarse para su continuidad a través de las futuras generaciones.