El discurso político de la posinvasión en Panamá Una reflexión en el año de la pandemia

//El discurso político de la posinvasión en Panamá Una reflexión en el año de la pandemia

El discurso político de la posinvasión en Panamá Una reflexión en el año de la pandemia

2021-09-06T07:21:39-05:003 septiembre, 2021|Artículo Nacional|

En contra de lo que se repite como sentido común, el discurso político no es solo palabras, ni se lo lleva el viento. El discurso es expresión de un orden social y elemento que lo constituye al mismo tiempo. Discursivamente ocurre la disputa cultural en la que se configuran interpretaciones sobre los asuntos de la vida diaria, en torno a los cuales se construyen fuerzas que disputan el poder político. Aquí la cultura es entendida, no como un objeto externo, identificable, transmisible en su unicidad, sino como espacio de disputa por los significados y las identidades; en consecuencia, como producto histórico, contingente, cambiante y profundamente imbricado con la política, en el sentido que expresa Césaire (1950), que la condición cultural es previa a cualquier forma de equilibrio político en una sociedad.

 

En tanto disputa, es más exacto hablar de discursos, en plural, que acontecen como intervenciones sobre asuntos específicos de interés público, realizados por individuos vinculados a colectividades, en el marco de procesos políticos donde interactúan con otros actores, con la expectativa de influir en un sentido deliberado, sea para conservar o alterar la estructura de relaciones en una comunidad política. Así se observa la referencia a las ideas de determinado personaje del pasado o de la actualidad para interpretar, explicar o proyectar el pasado, el presente o el mañana, en clave política.

 

El fortalecimiento a nivel internacional, y también en el país, de corrientes políticas articuladas en torno a discursos de odio que explotan condiciones de desigualdad social, la existencia de tales condiciones en el país, los indicadores a la baja de apoyo y satisfacción con la democracia, confianza interpersonal y hacia las instituciones, junto al interés por una comprensión más amplia de lo político a través de los estudios del discurso, están en la raíz de la investigación sobre las construcciones discursivas de las élites políticas panameñas en la posinvasión, o la política en el discurso.

 

En el marco de la investigación, el discurso es una práctica social de interacción entre miembros de una comunidad, mientras queel discurso político es una forma de acción política mediante la cual un actor político, actuando como tal en contextos políticos, expresa públicamente una posición sobre objetos de discusión comprendidos como parte de lo político en el espacio y tiempo de su manifestación, delimitándolos discursivamente y contribuyendo a la producción y reproducción de objetos del discurso, significados, conocimientos, subjetividades y actitudes (Van Dijk, 1997, pp. 12-15).

 

La investigación utiliza el método de análisis de textos de Gritti, traducido por Houtart (1996), quien propone una serie de filtros que recorren la superficie del texto para profundizar en su contenido y perfil ideológico, junto al marco teórico de los estudios del discurso de Van Dijk, quien enfoca la relación entre discurso y poder para identificar estructuras cognitivas (conocimientos, ideologías, actitudes) y el sustrato ideológico de las mismas.

 

Estas estructuras cognitivas operan de forma permanente, desde cada individuo, bajo la forma de modelos mentales semánticos y pragmáticos (Van Dijk 2012, pp. 588-589; 2015a, pp. 66-67; 2015b, pp. 5-6; 2015c, pp. 3-4; 2016, pp. 6-8), es decir, representaciones mentales sobre los objetos del discurso y los contextos discursivos, respectivamente. Se forman a través de las experiencias personales y el intercambio a través del lenguaje, son incorporadas de forma continua y modificables. Su función es organizar la información en función de criterios de tiempo, espacio e identidad, roles, acciones y objetivos de los participantes, y permitir una intervención relevante en la situación comunicativa.

Una advertencia, la investigación no se ocupa del problema de la verdad en lo expresado, la intención de quien expresa o la coherencia entre palabra y acción. Trabaja específicamente la articulación entre discurso y acción política, como espacio de producción de significados, articulación y movilización.

 

Pero, ¿acaso importa el discurso? ¿Importa hoy, lo que se dijo hace más de 20 años? ¿Son solo palabras, sin mayor importancia? ¿Importará mañana lo que se diga hoy?

 

Sí importa. Y esta importancia se explica teóricamente porque en la realidad política que describen estos conceptos, distintos actores políticos tienen niveles desiguales de acceso o control sobre distintos contextos de producción del discurso, que también son de importancia variable, lo que se traduce en mayor capacidad para intervenir sobre las estructuras cognitivas de la población, y junto a otros recursos políticos también distribuidos desigualmente, condicionar, dirigir o controlar, aunque sea de manera indirecta y nunca en su totalidad, las acciones políticas de la población.

 

Situada la teoría sobre la realidad del istmo, la importancia adquiere una dimensión, quizás mayor, seguramente más concreta, pues la década de los noventa contiene procesos políticamente significativos que enlazan la primera etapa de la república en el istmo con el siglo XXI que habitamos, a través de una forma particular de resolución -en sus acepciones de decidir o determinar el resultado de algo, no en el sentido de solucionar- sobre el principal eje articulador de la política panameña durante el siglo XX, el problema de la soberanía.

 

Ese período de enlace, que inaugura lo que en este trabajo se denomina posinvasión, inicia con el hecho de violencia, la intervención militar estadounidense del 20 de diciembre de 1989. En el intermedio se produce la transición desde un régimen autoritario hacia una democracia electoral, los acuerdos entre élites (1992-1996) que siguen siendo la base del sistema político hasta la actualidad, dos reformas constitucionales (1993 y 1994),  una reforma a la legislación laboral (1995), hasta concluir con el acto de reversión del Canal de Panamá, el 31 de diciembre de 1999.

 

Foto acto de reversión del Canal de Panamá, el 31 de diciembre de 1999.

 

La fecha indicaba la recuperación del control del Estado panameño, sobre todo el territorio del istmo, la entrada masiva de activos a la economía del país y la necesidad de establecer el marco institucional y legal para gestionar la ruta interoceánica, hasta entonces bajo administración estadounidense.

Los hechos que constituyen estos procesos están acompañados de construcciones discursivas que pretenden explicarlos desde distintas visiones, intereses y posiciones de diversos actores. Este trabajo se enfoca sobre el discurso de las élites, fundamentalmente en torno a la economía y el trabajo -aunque necesariamente incursiona en el discurso sobre la resignificación de la relación entre país y ruta interoceánica- porque ambas categorías reúnen algunos de los cinco “problemas más importantes” en Panamá, identificados en los informes Latinobarómetro entre 2004 y 2018, como pobreza, aumento de precios, salario y desempleo, entre otros.

Los hallazgos principales de la investigación son: un posicionamiento privilegiado de la economía como sitio de enunciación del conocimiento en la política; el desplazamiento del trabajo y las organizaciones de trabajadores; y redefiniciones en la relación entre país y c anal.

Es necesario recordar que la distinción entre problemas y en los resultados que se presentan a continuación, es el producto de una estrategia de análisis y no implica, de ninguna manera, la existencia de, por ejemplo, economía y trabajo, canal y modelo de país, como espacios separados de la realidad, sin relación e interdependencia.

Economía, el lugar privilegiado. El punto de partida en materia económica durante el período en estudio es, por un lado, las consecuencias de la crisis política, las sanciones económicas y la intervención militar estadounidense; y por el otro, la perspectiva de incorporación total de los activos comprendidos en la antigua Zona del Canal de Panamá, de una magnitud no vista en la historia del país. En ese escenario se producen una serie de diálogos: Santa María La Antigua, Bambito y Coronado, entre actores sociales y políticos, entre los años 1992 y 1996.

En las reuniones de Bambito I (agosto de 1993) y Bambito II (abril de 1994) se establecen y ratifican acuerdos, respectivamente, cuyos contenidos son producto de conversaciones entre poco más de treinta representantes de partidos políticos y sociedad civil, dirigidos a integrar un programa común en los partidos políticos, previo a las primeras elecciones generales del período posinvasión.

En la Declaración de Bambito, el discurso sobre economía en sentido estricto aparece en dos de los seis acuerdos. Primero, en aquel que plantea lograr eficiencia en la administración y fortalecer la independencia judicial que garantice “la acción vigorosa de la iniciativa privada, como fuente de creación de riqueza y generación de empleo”.

El discurso permite identificar dos relaciones en las cuales el sector privado ocupa una posición central, frente a la institucionalidad del Estado y en la relación capital trabajo. En la primera, la institución judicial es medio y garantía de la acción privada, en función de su posición superior; en la segunda, donde se plantea que riqueza y empleo dependen, y son producto, de la iniciativa privada.

Aparece por segunda ocasión en el acuerdo de crear “con prontitud” el marco legal e institucional que asuma la reversión del Canal de Panamá “a partir del 31 de diciembre de 1999, a las 12:00 meridiano hora de Panamá”. Las dos referencias temporales caracterizan como urgente el objetivo, el cual es alcanzado al adicionar un título sobre el Canal de Panamá a la Constitución Política en 1994 y mediante los desarrollos legales posteriores que crean o modifican, entre 1995 y 1997, la Autoridad de la Región Interoceánica, la Autoridad del Canal de Panamá, el plan de desarrollo de la región interoceánica y  el plan de uso, conservación y desarrollo del área del Canal.

Después de las elecciones de mayo de 1994, el discurso de toma de posesión de Ernesto Pérez Balladares también proyecta una serie de estructuras relevantes hasta la actualidad. La economía se caracteriza en una doble vía, primero desde el pasado y hasta ese momento como “ineficiente”, con rendimiento de capital “pobre”, y luego hacia el futuro, como  “abierta y libre”.

Se posiciona, además, como conocimiento y marco de referencia para la educación, calificada como “deficiente y desligada de la realidad económica”, requerida de una “modernización” que prepare «a los jóvenes para los puestos de trabajo del futuro”. Igualmente es marco de referencia para el trabajo, ámbito en el cual la legislación laboral es caracterizada como causa de “estancamiento” entre 1990 y 1994, anunciando como “puesta al día” y ajuste “a las nuevas realidades del mercado”, el proceso de reformas al Código de Trabajo que se ejecuta en 1995.

En lo anterior, queda fijado el criterio de mercado como principio organizador de la actividad del Estado y el lugar privilegiado de la economía, mejor dicho, de un modelo económico que se legitima discursivamente al plantear opciones excluyentes:

No hacer nada y contemplar la agudización de los problemas económicos del país, con su secuela de desempleo y pobreza, o afrontar la modernización de la economía, hacerla eficiente y competitiva, para atraer inversiones como vía eficaz para crear empleos, para crear riqueza (Pérez Balladares, 1994, p. 4).

El argumento es la “modernización”, asociando modernidad con valores de eficiencia, competitividad y cambio, necesarios para captar y retener el interés de capitales extranjeros, requeridos para “reducir el desempleo” y crear riqueza. El otro lado del mismo argumento es “ajustarse a las nuevas realidades del mercado” o “contemplar la agudización de los problemas… con su secuela de desempleo y pobreza”. En resumen, la inexistencia de alternativas: modernización o caos.

Ya en clave retrospectiva, este discurso se repite a finales del período de gobierno, en la inauguración de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa, el 27 de marzo de 1998:

Algunas personalidades (…) llegaron a considerar la posibilidad de que existiera cierto margen de decisión individual de cada país. O sea, que cada cual tenía más o menos determinado espacio para seleccionar su propio camino, para escoger el rumbo que mejor se adecuara a sus necesidades o que chocara lo menos posible con sus preocupaciones. Sin embargo, no había alternativas (Pérez Balladares, 1998a, párr. 4).

El impacto de estructuras cognitivas como cierre de alternativas, modernización o caos, y otras similares, debe ser considerado en el contexto de las condiciones sociales y psicológicas de la población de aquel momento, en cuya memoria estaba fresca la crisis política, económica y social de finales de los ochenta, la invasión militar de 1989, los primeros conflictos de la década de los noventa y la expectativa largamente alimentada respecto al cumplimiento de los Tratados Torrijos Carter, socializados en el último cuarto del siglo XX como punto de inflexión en el problema de la soberanía, cuya compatibilidad con una situación de inexistencia de alternativas, es, por decir lo menos, problemática.

La construcción discursiva de este lugar privilegiado de la economía, o mejor dicho, de un modelo económico donde lo público y lo colectivo cede a lo privado y lo individual, es paralela y complementaria al segundo hallazgo.

El desplazamiento del trabajo

La principal coyuntura en este tema durante la década de los noventa es el proceso de reformas al Código de Trabajo de 1971, que se concreta en las modificaciones introducidas mediante Ley 44 de 1995.

Ya se ha visto la evaluación que recibe la legislación laboral desde la posición privilegiada de la economía y la posición del trabajo en la relación con el capital, expresada en la Declaración de Bambito, en la cual el trabajo también aparece en el acuerdo para buscar “desarrollo económico y social orientado hacia la calidad humana, mediante la lucha contra el desempleo”.

La caracterización negativa de la economía como preámbulo de la necesidad de ajuste, actualización o puesta al día del Código de Trabajo, permite deducir que los derechos laborales son un obstáculo para la eficiencia y la productividad,  objetivos declarados del plan económico.

El concepto de modernización en el ámbito del trabajo opera a partir de una visión sobre la relación empleador-trabajador, observable en el mensaje semanal de Ernesto Pérez Balladares, del 29 de abril de 1998, donde plantea que  “el antagonismo entre patronos y trabajadores estaba dado… por la creencia, según la cual, el deber de los primeros era explotar el máximo a los segundos, y el deber de los sindicatos era precisamente el contrario: impedir esa explotación y obtener los mayores beneficios para los trabajadores” (Pérez Balladares, 1998b, párr. 2).

En este discurso se fija como pasado y creencia el antagonismo entre las partes de la relación laboral. La estructura cognitiva “creencia” remite a aquello que no es conocido de manera directa, carente de demostración o comprobación; como una opinión epistemológicamente situada en oposición a la estructura cognitiva “conocimiento” que, como se ha visto, es ocupado por una forma específica del pensamiento económico.

La “modernización” vincula a los liderazgos de las organizaciones de trabajadores con la figura de creencia, a partir de una definición por negación del líder sindical “moderno” como aquel que no está “a la búsqueda de conflictos para confrontarse con los patronos”, es decir, caracterizado como un agente problemático activo que opera en base a una creencia de antagonismo.

De igual forma opera la caracterización de la organización sindical, como aquella que “no le “conviene amparar con su manto protector la ineficiencia”, concepto utilizado anteriormente para describir el estado de la economía, es decir, estudiando el discurso y siguiendo sus consecuencias lógicas, se establece una equivalencia entre acción sindical, economía en mal estado y consecuencias sociales como desempleo y pobreza.

El sitio privilegiado de la economía como conocimiento, el sentido de las asimetrías en la relación capital-trabajo y la serie de connotaciones negativas sobre la legislación laboral, los sujetos individuales y colectivos del sector trabajador, así como la afirmación de que “mucho menos (conviene a los sindicatos) aprovechar el liderazgo sindical para propósitos políticos”, hace visible una estructura discursiva de polarización, es decir, una representación positiva del grupo al que se pertenece y representación negativa del otro (Van Dijk, 2015a, p. 73).

El 27 de marzo de 1998, en la inauguración de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa, Ernesto Pérez Balladares expresa que el evento:

Me permite conocer de primera mano las orientaciones e inquietudes que siempre surgen de un evento tan importante como este, vinculado a los quehaceres más trascendentes de la nación. Sus aportes son bien conocidos, porque desde distintos ángulos han contribuido a la formación de una verdadera conciencia nacional… Tenemos la mente y el estado de ánimo abiertos al cruce de ideas y de las propuestas que, de seguro, saldrán de aquí (Pérez Balladares, 1998a, párr. 1).

Foto del expresidente Pérez Balladares

 

La estructura de polarización queda así definida, cuando en sentido contrario a la advertencia de no aprovechar la organización sindical con fines políticos, el tono hacia el sector empresarial, respecto a la misma posibilidad, es positivo, de respeto, apertura y reconocimiento.

Tiempos de redefiniciones

Las prácticas discursivas sobre el “asunto canalero” en la década de los noventa ocupan el campo simbólico de mayor importancia en Panamá durante el siglo XX y generan resignificaciones en las figuras discursivas utilizadas para representar, desde la ausencia y la expectativa, la relación entre el país, quienes habitan en el istmo y la ruta interoceánica.

Una de ellas, la frase “el uso más colectivo posible”, articulaba en alguna medida los objetivos de “lucha generacional” por la recuperación del territorio. Proviene del discurso pronunciado por Omar Torrijos el 19 de agosto de 1977, ante la Asamblea Nacional de Corregimientos, con el objetivo de movilizar el voto hacia la ratificación de los Tratados Torrijos Carter:

¿Qué sucederá ahora? Yo sé que es una pregunta que en todas las mentes del pueblo funciona. Recuperamos esa extensión para cambiarla de dueño. ¿Para cambiar amo blanquito por amo chocolate? Esa es la gran pregunta y el gran interrogante que quiero dejarles claro ahora mismo.

 

No vamos a cambiar esa gran extensión de nuestro suelo que hoy es incorporado  a la soberanía de nuestra geografía por amor. Vamos a hacer de estas instalaciones recuperadas y de esos kilómetros cuadrados el uso más colectivo posible, les estoy manifestando aquel uso en que la mayor parte del pueblo panameño pueda disfrutar del esfuerzo de su lucha (Torrijos, 1977, p. 307).

 

Foto del General Omar Torrijos

 

El discurso de Torrijos recoge la interrogante sobre el resultado final de una lucha que había sido colectiva, con protagonismos populares, en un contexto de desigualdades sociales, incluyendo en la expectativa la variable racial y de clase.

 

Veinte años después, el 2 de julio de 1997, Ernesto Pérez Balladares reajusta el significado de la frase, aen la víspera de la esperada resolución del asunto canalero, en eldiscurso por la aprobación de los planes de uso del área del Canal y la región interoceánica, cuando expresa que a los bienes revertidos “se les va a dar un uso productivo… se le va a dar a esta área tan valiosa el mayor uso colectivo posible” (Pérez Balladares, 1997, párr. 3).

 

La resolución del asunto canalero ha experimentado un desplazamiento. Ya no se enuncia desde lo político, en clave de recuperación de la soberanía y relación directa entre pueblo y territorio, sino desde el lugar privilegiado de la economía, en una relación indirecta, donde la relación pueblo-territorio está mediada por el supuesto de derrame de beneficios de la acción privada, como se observa en el momento “precisar ese concepto”:

 

Las áreas revertidas constituyen un patrimonio de inmenso valor potencial para todos. Pero ese valor no es absoluto ni inmutable, depende del uso que se le dé. Así como esas áreas pueden tener valor incalculable, también pueden desvalorizarse muy rápidamente. Por eso resulta demagógico asignarles usos que en apariencia sean de beneficio social pero que en el fondo implican una disminución de su valor. El mayor uso colectivo posible significa hacer de esas áreas emporios económicos, cuyos frutos se trasladen después a la sociedad en su conjunto (Pérez Balladares, 1997, párr. 4).

 

Entre ambos momentos se observan tres desplazamientos interrelacionados: la visión colectiva cambia desde un sentido positivo hacia un sentido negativo, el tránsito de un ideal de uso colectivo hacia una realidad de usos privados, y la relación con el territorio cambia desde su incorporación a la soberanía hacia su incorporación a la economía.

 

Identificar estos desplazamientos tiene relevancia actualmente, en tanto sus estructuras cognitivas lograron hegemonía y siguen siendo proyectadas por actores políticos, con acceso y control sobre contextos relevantes de producción discursiva, constituyendo en buena medida el “sentido común” a través del cual una parte significativa de la población interpreta su realidad y actúa.

 

Si los significados y la materialidad en los efectos de estas estructuras cognitivas eran observables en tiempos de “normalidad democrática”, sería pertinente evaluar sus implicaciones en el escenario de pandemia y pospandemia.

 

 

Reflexiones finales

Las prácticas discursivas de las élites políticas panameñas, durante la década de los noventa, contribuyeron a instalar algunas estructuras cognitivas: la economía como conocimiento privilegiado y criterio de evaluación de políticas sociales como la educación y el trabajo; el desplazamiento de los liderazgos y organizaciones de trabajadores hacia una posición marginal en el escenario político, en el marco de una estructura discursiva polarizada entre los actores de la relación capital-trabajo; la redefinición de figuras discursivas sobre la relación entre país y canal, en un sentido que privilegia lo individual, lo privado, frente a la valoración negativa de lo colectivo y lo público; la relegación de problemas como la soberanía y la desigualdad a segundos o terceros planos, que continúan reproduciéndose discursivamente como “sentido común” aplicado a la explicación de la realidad.

El discurso político no es solo palabras. La disputa cultural que subyace a la disputa del poder político ocurre discursivamente. Aquellos actores con acceso y control sobre contextos relevantes de producción del discurso relacionado a asuntos de interés público, como las instituciones del Estado, algunos gremios y los medios de comunicación, tienen mayor capacidad para intervenir sobre las estructuras cognitivas de la población e influir sobre qué es identificado como conocimiento, creencia o ignorancia; como ideológico o puramente técnico y libre de ideologías, siendo esta última, precisamente, una de las más comunes operaciones ideológicas; generar actitudes en relación a aspectos concretos de la realidad, también delimitados discursivamente. Es decir, condicionar, dirigir o controlar, en mayor o menor medida, nunca en términos absolutos, las acciones políticas de la población.

Por eso importa el discurso político, aquí y ahora. No porque la realidad sea solamente un discurso, sino porque las sociedades no son estáticas, la política es dinámica, y los horizontes de sentido y posibilidades se construyen siempre en tiempo presente.

 

Así como el país que sufrió el hecho de violencia en diciembre de 1989 encuentra necesariamente explicación en las prácticas políticas, incluyendo su dimensión discursiva, del período previo. De la misma manera en que el país del siglo XXI, caracterizado tanto por el crecimiento económico como por las desigualdades, se construye durante todo el siglo XX, pero se cristaliza en una forma concreta en la posinvasión, el Panamá de mañana, de la pospandemia, está siendo construido, también discursivamente.

 

Y es parte de la responsabilidad humana sobre el istmo, en este momento, construir otros discursos, generar otros proyectos, lograr otros acuerdos, cuidar que los asuntos de interés público sean problematizados y discutidos lejos de las superficialidades y simplificaciones propias de los discursos de odio, que explotan las condiciones de desigualdad social para acceder al poder político sobre una lista potencialmente infinita de falsos enemigos.

 

Ramón H. Benjamín Miranda

Investigador Académico del Instituto Nacional de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá.

 

 

Referencias

 

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Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento. En El pensamiento del

General Omar Torrijos Herrera (Colección Biblioteca de la Nacionalidad). Autoridad

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Recuperados de http://www.latinobarometro.org/lat.jsp

 

Panameño, investigador académico en el INED, Tribunal Electoral.

 

Egresado de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (2014), de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales en FLACSO-Panamá (2016), actualmente cursa la maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia (2019).

 

Ha trabajado los derechos humanos y la ecología desde distintas organizaciones sociales y comunitarias.

 

Entre sus publicaciones tiene: La política en el discurso.  Construcciones discursivas de las élites políticas panameñas en la pos invasión (2020, en edición), “La libertad de expresión como condición para la democracia” (2019),  “Pensar para la democracia” y “La importancia de la investigación en ciencias sociales para la democratización del país” (2017).

 

Obtuvo reconocimiento por su acción en pro de los derechos humanos y ecológicos de la Red de Defensores de Derechos Humanos de Panamá en el año 2014.