El aporte de los organismos al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. La experiencia panameña

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El aporte de los organismos al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. La experiencia panameña

2019-07-29T15:45:34+00:0029 julio, 2019|Artículo Nacional|

Introducción

 

Para el mundo occidental, la vida en democracia sigue siendo una de las aspiraciones más importantes, pues en ella deben imperar las garantías para hacer efectivos los principios de igualdad y libertad entre los seres humanos; además de ser pilar fundamental para la libertad, la honradez y la eficacia del sufragio popular, competencia de los organismos electorales, y a la cual algunos se refieren como democracia procesal, formal o electoral.

 

Subrayo “en el mundo occidental” porque en nuestro hemisferio hemos vivido bajo la premisa de que – solo con un sistema democrático – nuestros países pueden alcanzar un nivel de desarrollo económico y  social  capaz  de  mejorar  la  calidad  de vida de la población, respetando a cabalidad los derechos humanos de los ciudadanos. Y esa premisa queda, cuando menos, “cuestionada” con los logros de países de Asia como la República Popular de China y Singapur. Es evidente que ya no es posible condicionar las relaciones diplomáticas ni económicas entre los países, a que sus regímenes sean democráticos como los nuestros. Los intereses económicos se han impuesto sobre la política de defensa de los derechos humanos.

 

Sin embargo, en Asia también está el caso de Japón, digno de estudio, porque ha podido mantener un sistema democrático estable y con desarrollo económico y social. El actual primer ministro, Shinzo Abe, recientemente reelegido para un tercer periodo, ha permanecido en el puesto por más tiempo que los cinco que lo antecedieran. Dado el amplio margen con el que su partido, el Liberal Democrático, ganó las últimas elecciones, debe terminar su periodo en el 2021, convirtiéndose en el primero en ocupar por más tiempo dicho cargo, desde su establecimiento en 1885. ¿Tiene esto que ver con el hecho de que naciones como Japón planifican sus políticas de Estado con una visión no a corto o mediano plazo como lo hacemos en nuestros países, sino con una proyección, según el caso, de hasta de cientos de años?

 

Estas realidades contradictorias sobre lo que unos países pueden lograr y la mayoría no, garantizando los principios democráticos, ponen a pensar a muchos investigadores sobre el futuro de nuestras democracias occidentales, que en estos momentos se ven agobiadas por la creciente frustración de los ciudadanos ante la incapacidad de sus dirigentes de satisfacer sus necesidades y de mejorar su calidad de vida, o de mantenerla si se trata de un país desarrollado. Y esto, a pesar de la exorbitante cantidad de recursos que han tenido a su disposición, como nunca en la historia. Lamentablemente la corrupción, la negligencia y la incapacidad de los gobernantes han sido, en buena medida, la causa de las astronómicas deudas contraídas, y que ahora agobian a los países, sin haber dado paso a la realización de las promesas contraídas con los votantes. Además, el electorado enfrenta una nueva competencia de inmigrantes que son percibidos como amenaza para su frágil ‘statu quo’. Y esta situación comienza a cambiar el oligopolio de la clase política de la posguerra, que ya de paso casi perdió sus principios filosóficos de gobernanza para dar paso a “reacciones” de nuevos grupos políticos, que ponen en jaque los valores sobre los cuales han descansado nuestras democracias.

 

Los organismos electorales, por principio y definición, son garantes de los derechos de estos nuevos actores en la contienda política que reciben mayor o suficiente apoyo popular, según el caso de cada país, en lugares como Europa, donde primero se hacen de los órganos Legislativo y Ejecutivo, y, a través de estos, del control del Órgano Judicial; a grado tal que afectan la gobernabilidad  de la Unión Europea porque violentan directamente las normas de la comunidad. En la práctica, ya hay varios países miembros con la capacidad de bloquear la aplicación de las medidas sancionatorias previstas en las normas comunitarias. De manera que sus cartas democráticas están resultando ineficaces porque las sociedades de ese creciente número de países han decidido elegir a nuevos dirigentes con los que se sienten más identificados, a pesar de sus ideas de extrema derecha, poniendo en ellos sus esperanzas para la solución de sus antiguos y nuevos problemas y, con los cuales, los partidos tradicionales no han sido capaces de lidiar, lo que los hace perder el respaldo electoral. Estamos ante modelos de gobierno desgastados que no interpretan las nuevas realidades impuestas por el siglo XXI.

La situación es compleja en casi todos los continentes. Las democracias siguen siendo afectadas por problemas tradicionales y recientes, como la inmigración. El drama de la presión migratoria no es nuevo en América Latina y seguirá creciendo como ocurre en Europa.

 

Al momento de escribir este texto, una ola migratoria significativa de hondureños avanza hacia Estados Unidos, lo que motivó la advertencia del presidente Trump a sus pares de los países en   la ruta, en el sentido de que si no impiden que atraviesen sus fronteras para evitar que lleguen a territorio estadounidense, se les suspendería de inmediato toda asistencia financiera.

Nuestros propios oligopolios de partidos políticos tradicionales también han desaparecido o están por hacerlo. Menciono solo cuatro casos:

 

En México, el PRI, que gobernara durante largas décadas, se ha visto reducido en las pasadas elecciones de julio a la fracción parlamentaria más pequeña; mientras que los mexicanos, después de ensayar la opción de derecha del PAN, finalmente han optado por la izquierda de López Obrador.

 

En Venezuela,  los partidos ADECO y COPEI, tan destacados  en una época, han sido desplazados y reducidos a su mínima expresión. Los relevos elegidos no han podido mejorar la calidad de vida de la población, que sufre la peor crisis económica y social de su historia.

 

Brasil recorre un camino similar, dando un fuerte giro a la derecha con Bolsonaro, como rechazo a las traumáticas experiencias de sus escogencias previas, tanto de centro como de izquierda.

 

En 1924, en México, el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre lanzaba como movimiento continental la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), como una filosofía de centro izquierda que planteaba la renovación del concepto de “lucha de clases” por una “lucha de pueblos”, la cual vino a ser adoptada por el partido socialdemócrata alemán en 1959, es decir, 35 años después. Muchos creen que la  social  democracia  se  concibe en Alemania, pero un latino la había concebido décadas antes, fundando luego el partido Aprista Peruano en 1930, con una mística militante e irrepetible en nuestro continente, pero que hoy no recibe mayor respaldo en las urnas.

 

Hago esta introducción, porque es importante ubicarnos como países y como continente en el hemisferio occidental, condición que nos define culturalmente. Ocurren cambios profundos que

-considero- estamos obligados a estar pendientes de ellos y a estudiarlos, porque van a impactarnos de una manera u otra en virtud de los tiempos globales que transcurren. En la década de los cincuenta, se impuso el modelo de sustitución de importaciones, cuya idea era producir lo que importábamos. Esto implicaba la compra de maquinaria y know how a los países desarrollados, que nos daban créditos condicionados a la compra de sus bienes y servicios.

 

Agotado ese modelo, nos hacen girar hacia la globalización, y hay que dejar de sustituir importaciones para negociar a nivel mundial, es decir, para comprar a los grandes productores del mundo todo tipo de bienes por sus bajos precios, ya no solamente

 

maquinarias; lo que podría terminar de sepultar la producción local de los países que están al final de la cola en el desarrollo. Pero esto es, como decimos, harina de otro costal.

 

Situémonos entonces en nuestro querido Panamá, de tan solo 4 millones de habitantes, 115 de años de independencia, un producto interno bruto de US$11,250 millones y una deuda pública de US$ 25 mil millones, que representa el 45% de ese PIB.

 

La experiencia panameña

 

Nuestra experiencia de consolidación democrática tiene 28 años, casi tres décadas luego de la invasión del 20 de diciembre de 1989 que cobró no cientos, sino miles de vidas, casi liquidando la economía del país y al sector privado, dejando la institucionalidad del sector público en la peor crisis de su historia como país independiente.

 

El Tribunal Electoral de ese entonces, al estar sometido a los militares que habían tomado el poder veinte años antes, anula las elecciones de mayo del 89 para impedir el reconocimiento de la voluntad popular emitida en las urnas, y en las que Guillermo Endara Galimany, candidato de la oposición, se había impuesto con clara ventaja.

 

Seis días después de la invasión, ese mismo Tribunal decide dejar sin efecto la anulación de las elecciones y reconoce a Endara como presidente electo.

 

Por su parte, el nuevo gobierno expide el Estatuto de retorno inmediato a la plenitud del Orden Constitucional, mediante el cual decide:

 

Todo el poder público será ejercido por el presidente y sus dos vicepresidentes, quienes actuarán por unanimidad, con excepción de aquellas funciones que la Constitución Política le tiene reservadas al presidente.

 

El Consejo de Gabinete, además de sus funciones propias, ejercerá con carácter provisional todas las que corresponden al Órgano Legislativo en materia legislativa y administrativa, mediante decretos adoptados por unanimidad.

 

Dentro de los primeros quince días del mes de enero de 1990, el Consejo de Gabinete nombrará los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como al procurador general de la Nación, al procurador de la Administración, al contralor y subcontralor general de la República.

 

Al quedar debidamente instalados, los órganos Legislativo, Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia procederán, cada uno, en ejercicio de sus facultades constitucionales, a elegir a su respectivo magistrado para integrar al Tribunal Electoral.

En las circunscripciones electorales en las que, por falta de actas, no se pueda hacer la proclamación del candidato o candidatos elegidos, se celebrarán nuevas elecciones que serán convocadas por el Tribunal Electoral.

 

Así las  cosas,  el Tribunal  Electoral  de  Panamá  se  comienza a reestructurar y reorganizar en junio de 1990, cinco meses después de la invasión, cuando quien les habla llega designado por la Corte Suprema de Justicia como el primero de los tres nuevos magistrados. A fines de agosto los órganos Legislativo  y Ejecutivo designan cada uno su respectivo magistrado.

 

El reto es, a partir de ese momento, darle credibilidad a una entidad carente de ella, y someterla a una reingeniería  casi  total, cambiando a los mandos medios a nivel nacional y regional, así como sus estructuras y sistemas. La entidad carecía de una dirección de recursos humanos, de auditoría interna, de planificación e investigación de la conducta de los funcionarios.

 

A esta última oficina la llamamos del ‘Ombudsman’, concepto de moda en los noventa. Hoy es la Dirección de Integridad Institucional que, además, maneja los temas de transparencia.

 

Para que el Tribunal Electoral pudiese fortalecer nuestra frágil democracia, tenía que comenzar por refundarse él mismo, y ganarse paso a paso, elección tras elección, la confianza de los ciudadanos y de los partidos políticos; demostrando,  además, que  podía  ser independiente; particularmente del gobierno de turno, que históricamente había controlado al organismo electoral. Tarea nada fácil, ya que habían sido los partidos políticos que integraban el nuevo gobierno, los que habían hecho posible la reorganización del Tribunal.

 

La primera medida de los magistrados fue pedir asistencia técnica a CAPEL, dirigido entonces por el amigo Daniel Zovatto, quienes se convirtieron en el vehículo para contar con el apoyo de colegas del hemisferio, de gran experiencia y credibilidad en sus países. Ellos fueron: Gonzalo Brenes y Rafael Villegas, del Tribunal Supremo de Elecciones de esta hermana República de Costa Rica; Mariano Fiallos, del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua; Carlos Urruti, de la Corte Electoral del Uruguay, y Juan Ignacio García, del Servicio Electoral de Chile. Los tres últimos han sido llamados por el Todopoderoso, pero nuestro reconocimiento y deuda los recogerá la historia. Ellos fueron nuestros mentores y asesores permanentes.

 

La primera prueba del Tribunal Electoral, un año después de la invasión, fue la celebración de elecciones parciales en enero de 1991, para elegir un número plural de concejales y legisladores que terminarían de integrar los gobiernos locales y el Órgano Legislativo. Fue el punto de partida para ganar credibilidad y reconocimiento por nuestro aporte al fortalecimiento de la democracia, ya que la mayoría de los candidatos ganadores pertenecían a los partidos removidos de la administración pública con la invasión. No terminaban por creer que se les reconociera el triunfo en aquellos casos en que habían ganado por escaso margen.

 

La segunda prueba fue al año siguiente cuando organizamos el referendo sobre una reforma constitucional propuesta por el nuevo parlamento para eliminar el ejército, entre otros cambios.

 

Los partidos de oposición pidieron el NO, y el 15 de noviembre de 1992 la propuesta es derrotada 2 a 1, con una participación de 40%.

 

Estas dos experiencias fueron consideradas solo ejercicios democráticos porque entonces no estaba en juego el poder político. La primera y verdadera prueba de fuego para la institución serían las Elecciones Generales de mayo de 1994.

 

Pero para este reto, el Tribunal Electoral se había preparado con tres medidas históricas en nuestro país:

 

Propició y gestionó con el Ejecutivo, que tenía mayoría legislativa, la adopción de una ley para crear el Cuerpo de Delegados Electorales, basándonos en la experiencia ejemplar del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.

 

Promovió y convocó a una Comisión Nacional de Reformas Electorales, logrando aprobar, en 1993, la primera reforma al Código Electoral con un modelo innovador de participación, que introdujo una multiplicidad de cambios. Destaco los más importantes para efectos de esta conferencia. Son ellos: el traspaso, por parte del Órgano Ejecutivo, del mando de la Fuerza Pública al Tribunal Electoral desde 7 días antes de  las elecciones; la eliminación del derecho del Tribunal de decretar de oficio la nulidad de las elecciones; la adopción de la boleta única de votación por tipo de elección; la eliminación del derecho a voto por parte de los partidos y candidatos en las corporaciones electorales, quedando con derecho a voz. El derecho a voz y voto lo retuvieron solo las personas reclutadas de la sociedad civil y designadas por el Tribunal Electoral; y, finalmente, se aumentó de, 3 a 6 meses, el periodo previo a las elecciones en el cual tienen que renunciar los funcionarios de alto rango nacional o local que quieren postularse a un cargo de elección.

 

En el encuentro de Bambito, en agosto de 1993, con apoyo del PNUD, se logró convocar a todos los máximos dirigentes de los partidos, así como a la Iglesia católica y a líderes sindicales y empresariales, para generar un espacio de diálogo entre personas que ni siquiera se miraban desde hacía mucho tiempo y a quienes la invasión  había  distanciado aún más, para ponerlos a conversar sobre temas de Estado por encima de sus diferencias político-partidistas. Al éxito de este encuentro contribuyeron, de manera decisiva, los expresidentes Belisario Betancur de Colombia y Julio María Sanguinetti de Uruguay. Desde entonces, los dirigentes políticos panameños se ven como adversarios y no como enemigos.

 

Así llegamos a las Elecciones Generales de mayo de 1994, cuando entraba en juego de manera muy concreta el poder político del Estado, y triunfa el Dr. Ernesto Pérez Balladares, principal candidato de la oposición y quien representaba los intereses de los partidos depuestos con la invasión. Pérez Balladares recibe el 33.3% de los sufragios y gana por 44,935 votos. El resultado fue transparente y la victoria reconocida por los demás candidatos, lo que consolida los primeros aportes del Tribunal Electoral a la institucionalidad democrática al demostrar que puede honrar el mandato constitucional, superando los intereses de carácter político, tanto de gobierno como de oposición, para mantenerse neutral como el árbitro de la justa comicial.

 

 

Desde entonces, el Tribunal Electoral honra su  mandato sin  que los cambios registrados con el relevo periódico de sus magistrados, altere su compromiso con la independencia e imparcialidad.

 

En esto ha incidido el hecho de que, a nivel presidencial, siempre ha ganado la oposición, y se ha dado la alternabilidad mediante una transición democrática y transparente, sin traumas; tomando en cuenta que en Panamá no se permite la reelección inmediata del presidente de la República. En cuanto a los demás cargos, otra ha sido la realidad al permitirse la reelección inmediata e indefinida.

 

Entre 1994 y 2014, la reelección de los diputados ascendió de 15.3% a 54.9%. A nivel de los alcaldes, que comenzaron a elegirse en 1999, la reelección subió de 4.1% a 16.9%. Y entre los representantes de corregimiento, que integran los consejos municipales, la reelección se incrementó ligeramente de 24.5%  a 29.4%.

 

El clientelismo es el mayor enemigo de la democracia en el tercer mundo, y su preponderancia en las zonas rurales y barrios pobres urbanos es elevadísima, especialmente cuando los gobiernos invierten en políticas paternalistas que generan una dependencia castrante. Esta realidad ha desatado en Panamá una campaña cívica contra la reelección cuyos resultados veremos en las próximas elecciones. Dado que se ha iniciado una política de descentralización de una parte del presupuesto de inversión para empoderar más a los gobiernos locales, cabe esperar un incremento importante en el porcentaje de reelección de los candidatos que ejercen cargos a nivel local, que hasta ahora no han podido reelegirse en la misma proporción de los diputados.

 

El clientelismo socava los principios constitucionales que están llamados a garantizar los organismos electorales en materia de libertad del sufragio, porque los electores  llegan  a  depender  de los que ejercen cargos de elección, a base de donaciones, subsidios o dádivas, generando, además, una condición de inequidad al alterar las condiciones de igualdad de oportunidades entre los candidatos. Por eso, en áreas marginales que viven del clientelismo, se dice: “El que no da, no va”. Una de las opciones que se plantea en Panamá, para romper este círculo perverso,   es prohibir la reelección inmediata, porque tan pronto llegan al puesto, lo primero que hacen es planificar cómo reelegirse. Sin embargo, esto implica un cambio constitucional.

 

Todos somos conscientes de las imperfecciones de la democracia y de los abusos que se cometen en su nombre. También sabemos de la  frustración de quienes  ven  insatisfechas  las  promesas  de prosperidad y desarrollo escuchadas durante las campañas políticas, por más libres y eficaces que logremos organizar los torneos electorales. Por ello, resulta obvio y quizás innecesario, decir que la legitimidad ganada en las urnas con unas elecciones dotadas de integridad, no es ninguna garantía de la eficacia que tendrán los elegidos a la hora de cumplir sus promesas. La póliza representada por la legitimidad electoral no es endosable como fianza  de  cumplimiento  de  las  ofertas hechas durante  la contienda política.

 

Subrayo el concepto de elecciones “íntegras” para referirme al término “integridad electoral”, acuñado en 2013 por la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad, impulsada por la Fundación Kofi Annan, el ex secretario general de la ONU, fallecido recientemente.

 

Uno de los objetivos mantenidos por el Tribunal Electoral desde su reorganización en 1990, con el fin de contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia, ha sido el constante perfeccionamiento del sistema electoral para lograr que nuestros comicios sean cada vez más transparentes y más equitativos, en los que se rindan cuentas con reglas transparentes, para acercarnos lo más posible, al concepto de integridad electoral.

 

La eliminación de las imperfecciones  del  marco  legal  que  rige los procesos electorales, sus actividades previas, durante     y después, han sido nuestro norte a lo largo de estas tres décadas. Si bien se ha avanzado sustancialmente y tenemos que seguir afinando el sistema y aprendiendo  con  cada  reforma. No comparto, por supuesto, el gasto pardismo que plantean algunos, según los cuales “se han cambiado muchas cosas para no cambiar”. El sistema electoral actual no se parece en nada al que prevaleció en el país hasta 1989. Se ha eliminado cualquier cantidad de imperfecciones. Tener reformas pendientes, seguir sufriendo del clientelismo y tener democracias frustrantes para los electores, no puede cegarnos para desconocer los avances logrados paulatinamente para tener más integridad electoral. Con todas las críticas de que son objeto los diputados, ha sido la Asamblea Nacional la que ha aprobado, cada cinco años, con la rotación de sus integrantes, buena parte de las reformas que hemos propuesto, con excepción de la de 2012, impuesta al margen del consenso logrado con la Comisión Nacional de Reformas.

 

A diferencia de lo que sucede en otros países del continente, desde 1990 la reforma electoral en Panamá no es un tema de agenda política, sino de concepción institucional del propio Tribunal, que ha logrado que se acepte la validez del principio “los temas calientes se discuten en momentos fríos”. Mientras más lejos estemos de las elecciones, mejor será el ambiente para discutir las reformas.

 

Aprovechando las experiencias que sin  duda  se  obtienen  de un proceso eleccionario, y tan pronto se posesiona el nuevo gobierno, se instala una Comisión convocada por el Tribunal Electoral, integrada por los partidos políticos constituidos y en formación, la academia, el sector empresarial, laboral y la sociedad civil interesada en el tema. Se trabaja una vez por semana durante todo un año para elaborar un proyecto de ley con base en la iniciativa legislativa del Tribunal, inspirado en los principios de EQUIDAD, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y JUSTICIA EFECTIVA, como ejes transversales de todas las etapas del proceso electoral.

 

Ahora bien, ¿por qué sostenemos que el mecanismo de reforma electoral panameño constituye un aporte a la institucionalidad democrática? Consideramos que su carácter inclusivo y profesional propicia el consenso, en un ambiente de neutralidad, garantizado por el Tribunal Electoral como director del debate a lo interno de la Comisión.

 

Para lograr esta neutralidad, se diseñó un mecanismo de trabajo muy particular que se institucionalizó de hecho por casi tres décadas, hasta que finalmente se logró incluir  en  el  Código con la Ley 29 de 2017, cuando se aprobó la siguiente norma: “Se crea la Comisión Nacional de Reformas Electorales como órgano de consulta permanente del Tribunal Electoral, con el fin de asistirlo en la preparación de un proyecto de ley, cada cinco años, para seguir perfeccionando este Código. La comisión será convocada por decreto del Tribunal Electoral y cada integrante deberá acreditar un principal y dos suplentes, asegurando la representatividad por género. El reglamento interno y todas las decisiones de la Comisión serán aprobadas por mayoría de votos.”

 

Esta inclusión de actores eleva el discurso y lo sustrae de una esfera exclusivamente política, logran una amplia participación a través de los canales que forman la Comisión, para que sus integrantes hagan propuestas, critiquen y ayuden a que las iniciativas – que posteriormente serán sometidas al Legislativo – sean claras, concretas y coherentes, inspiradas en los principios de integridad electoral. Esto nos lleva a la objetividad y profesionalización de la reforma, en el sentido de que las normas por discutirse son objeto de un análisis técnico, que no busca perjudicar a nadie en particular, sino la mejora integral del sistema.

 

La Comisión trabaja con el apoyo de expertos internacionales aportados por IDEA, el Centro Carter y el PNUD, que han brindado asistencia técnica en diversas oportunidades.

 

Las leyes electorales expedidas cada cinco años en Panamá, no solo tienen gran contenido profesional y técnico, sino una legitimidad mayor que si las hubiera producido por su cuenta y riesgo la Asamblea Nacional. No hay ley más consultada y consensuada que la basada en el trabajo de esta comisión externa a la Asamblea. Esto no quiere decir que los diputados aprueben el proyecto sin modificaciones, pero con cada reforma que hemos alcanzado, se han dado pasos significativos hasta llegar a la reforma de 2017, con la cual logramos, finalmente, aprobar temas considerados tabúes gracias -paradójicamente- a los abusos de la pasada administración y al hecho de que ignorara el proyecto de ley presentado por el Tribunal Electoral.

 

Destaco algunos avances: Ahora hay periodos para hacer campaña; hay topes al ingreso y gastos de los candidatos; tope   a las donaciones; tope a lo que se puede gastar en propaganda; controles para el manejo de  los  ingresos  y  gastos; rendición de cuentas con transparencia para conocer los nombres de los donantes y los montos aportados; la publicidad estatal se suspende tres meses antes de las elecciones; los aspirantes a cargos de elección no pueden participar en actos de inauguración de obras públicas desde un año antes de las elecciones; y el Tribunal Electoral debe ahora desarrollar programas permanentes de educación cívica para toda la población y no solo en los centros educativos.

 

Un elemento que ayuda a mantener la vigencia de nuestra institución más allá de los ciclos electorales, al igual que en Costa Rica, es que tenemos el registro civil de las personas naturales y el sistema de identificación nacional, incluyendo a todos los menores de edad, servicios públicos que brindamos a la población todos los días laborables y en todos los distritos del país. También administramos la justicia penal electoral y el importante financiamiento público poselectoral que se distribuye a lo largo de cinco años entre una elección y la otra.

 

Para el mejoramiento de la calidad de vida en democracia, el Tribunal Electoral ha contribuido significativamente para mejorar los servicios que presta. Veamos:

 

En materia de registro civil, ha logrado reducir al mínimo  los niveles de subregistro de nacimiento para garantizar una pronta identidad a  todo  nuevo  panameño, particularmente a los que viven en las comarcas asignadas a las etnias originarias en regiones apartadas, de manera que puedan existir legalmente y reclamar sus derechos como nacionales. A la par, se ha descentralizado la emisión de certificados en línea en cadenas de supermercados a nivel nacional, además de nuestras oficinas regionales y distritales. Se ha trabajado intensamente con nuestros pares de Colombia y Costa Rica, para hacer frente a la necesidad de erradicar la apatridia en nuestras fronteras.

 

En materia de cedulación, se ha evolucionado de un documento de identidad que usaba elementos fotográficos sin ninguna seguridad, a un documento digital que evita la suplantación, utilizando un doble control biométrico: huellas dactilares y el reconocimiento facial. Estamos por lanzar el proyecto piloto de 20 mil cédulas inteligentes multipropósito que servirán, en una primera fase, además de identidad, para pagar el servicio de transporte en el metro y metrobús en la ciudad de Panamá; y de monedero electrónico. Hace años ofrecemos el servicio de verificación de identidad en línea para la comunidad

 

financiera. Ya estamos visualizando la cédula digital que se instala en el celular como lo tiene Estonia.

 

El voto electrónico continúa como proyecto piloto en un centro de votación, y los panameños residentes en el exterior podrán votar por segunda vez a través de internet para la elección presidencial.

 

Estamos por licitar una solución que utilice la validación biométrica remota por celulares, para hacer trámites con el registro civil y cedulación; además de facilitar la inscripción de adherentes en partidos políticos y en candidaturas independientes.

 

Para la próxima reforma que iniciaremos en enero de 2020, ahora por mandato legal, iniciaremos con los temas pendientes que nos recortaron del último proyecto y ajustes que habrá que hacer a  la reforma que estamos aplicando, pero son muchos menos retos que los que teníamos antes de la Ley 29 de 2017. Uno de los más importantes es hacerle justicia a los que aspiran a cargos de elección como independientes. Estos siguen en abierta desventaja frente a los postulados por los partidos políticos; y haremos un nuevo esfuerzo para convencer a los diputados que integrarán   la próxima Asamblea para que aprueben un rediseño total del mecanismo que existe para su reconocimiento como candidatos, y se eliminen otras desigualdades en materia de precampaña.

 

Habrá que dedicarle un capítulo entero en el Código al novedoso y complicado tema de las redes sociales, porque fue preciso recurrir a la reglamentación para garantizar la libertad de expresión en los periodos de veda.

 

Del mismo modo en que puede utilizarse la tecnología 3D para fines altruistas o fabricar armas en una casa, las redes sociales pueden facilitar la introducción de factores que afecten el ejercicio electoral, al tiempo que perjudiquen a instituciones y los derechos humanos de las personas.

 

Por lo pronto, en el Tribunal Electoral  se ha creado una Unidad de Medios Digitales que se dedica no solo a administrar la propaganda del Tribunal en las redes, sino a monitorearlas para identificar a las personas que están comprando propaganda en periodos de veda, y poder iniciarles un proceso sancionatorio.

 

Mientras tanto, para el actual proceso electoral, hemos puesto en marcha un Pacto Ético Digital para promover la autorregulación entre los que tienen cuentas en las redes, con apoyo del Observatorio Redes Sociales de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Esta iniciativa es en adición al tradicional Pacto Ético Electoral que hemos estado promoviendo y suscribiendo desde 1993, con los partidos políticos, candidatos y medios de comunicación.

 

En conclusión

 

La institucionalidad democrática se logra con acciones puntuales y profundas que requieren, forzosamente, de actores externos a los organismos electorales. Sin embargo, la confianza y la imagen que estos hayan podido consolidar, los podrán convertir en protagonistas irremplazables si deciden liderar e impulsar la institucionalización de un proceso de cambio.

 

Entre todos tenemos que hacer el mejor de los esfuerzos, cada cual en su área, para contribuir a reducir la brecha que separa, cada vez más, a las grandes mayorías de los niveles de progreso del que disfrutan minorías privilegiadas.

 

No se trata, por supuesto, de revivir o agudizar una “lucha de clases”, sino de rescatar la “lucha de pueblos” para promover la equidad en la justicia social, para que la abundancia no haga más vergonzosa la falta de recursos.

 

No cabe duda, los organismos electorales debemos prepararnos para todos estos desafíos, y permanecer atentos a los cambios sociales a nivel mundial, pues nuestro estancamiento bien podría alinearnos con modelos antidemocráticos que pueden dar al traste con lo que hayamos logrado avanzar o no, cada uno, como país.

 

Cada nuevo reto es el punto de partida para otra experiencia, diferente y transformadora.

 

Cada problema tenemos que verlo como una oportunidad para usar nuestra imaginación.

 

La Conferencia Anual de la Cátedra de la Democracia se dicta en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones en San José, Costa Rica, el 7 de noviembre de cada año; en un evento organizado por el Instituto para la Formación y Estudios en Democracia del precitado Tribunal.

 

El 7 de noviembre, desde 1942, se conmemora el Día de la Democracia Costarricense, para honrar a las personas que salieron con armas a defender el proceso electoral de 1889, con la intención de hacer valer la voluntad popular.