Juzgados electorales: una experiencia innovadora en Panamá en las elecciones del 2019

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Juzgados electorales: una experiencia innovadora en Panamá en las elecciones del 2019

2019-11-26T08:31:47+00:0026 noviembre, 2019|Artículo Nacional|

En cumplimiento de la Ley 29 de 29 de mayo de 2017, mediante la cual se reforma el Código Electoral, publicada el 30 del mismo mes y año en la Gaceta Oficial 28289-A, que modifica, adiciona y deroga artículos de dicho texto legal, se instaura en la República de Panamá la novedosa figura de los jueces electorales, con jurisdicción en todo el territorio nacional, dentro de la jurisdicción especial electoral, en atención a la ejecución del Plan General de Elecciones, conocido como Plagel.

 

Posteriormente, a través del Acuerdo del Pleno 82-2 de 27 de noviembre de 2017, el Tribunal Electoral aprueba el texto único del Código Electoral, divulgado el 11 de diciembre de 2017 en la Gaceta Oficial 28422 y,  el 13 de diciembre de 2017, en el Boletín 4179 del Tribunal Electoral.

 

Para ser juez electoral, al tenor del artículo 523 del Código Electoral, se requiere tener los mismos requisitos exigidos a los jueces penales electorales, que se enumeran en el artículo 633 del cuerpo legal en mención. Son estos:

 

  1. Ser panameño.
  2. Haber cumplido treinta años de edad.
  3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
  4. Tener diploma de Derecho y poseer certificado de idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia para ejercer la profesión de abogado.
  5. Haber ejercido la profesión de abogado, por lo menos, durante cinco años o haber desempeñado por igual lapso un cargo público para el cual la ley exige tener diploma de Derecho y certificado de idoneidad en esta profesión.

 

Como lo detalla la ley, el nombramiento de los encargados de los primeros juzgados, en calidad de operadores de justicia electoral, emanó del Pleno del Tribunal Electoral, para entrar a conocer de manera temporal, es decir mientras ejercieran el cargo, en virtud de las actividades propias de las elecciones generales, las siguientes polémicas:

 

  • Las impugnaciones al Padrón Electoral Preliminar.
  • Las que se originen en los partidos políticos producto de los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular.
  • Las impugnaciones a las postulaciones a cargos de elección popular.
  • Las inhabilitaciones de candidaturas al amparo del artículo 31 del Código Electoral.
  • Las demandas de nulidad de elecciones y proclamaciones.

La primera de estas controversias, es decir las impugnaciones al Padrón Electoral Preliminar, se circunscribían ahora al conocimiento de los jueces electorales y contra sus decisiones procedía el recurso de reconsideración.

 

En cuanto al resto de las mencionadas competencias (provenientes de los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular de los partidos políticos, las impugnaciones a las postulaciones a cargos de elección popular, las inhabilitaciones de candidaturas y las demandas de nulidad de elecciones y proclamaciones), estos innovadores despachos abren el compás a una primera instancia, siendo el Tribunal Electoral la segunda, al admitirse recurso de apelación contra los fallos proferidos por los jueces electorales, instituyéndose la garantía procesal de la doble instancia, indispensable en todo estado de derecho, fortaleciéndose así el ámbito electoral.

 

Con el fin de crear y reglamentar los juzgados electorales, el 11 de mayo de 2018, el Tribunal Electoral de la República de Panamá expidió el Decreto 26,  publicado el 12 de mayo de 2018 en el Boletín Electoral 4260-A. Es así como  se introducen los seis primeros Juzgados Electorales para el proceso eleccionario del 5 de mayo de 2019, dejando abierta la posibilidad a la organización de juzgados adicionales si fuese necesario, contando cada despacho como mínimo con un juez, su respectivo suplente, un secretario judicial, un asistente administrativo y un abogado.

 

Como dato curioso destacamos que las seis designaciones recayeron sobre profesionales del Derecho de sexo femenino, siendo ellas: Linda Domínguez, Mónica Guardia, Edmara Jaén, Elvia Rengifo, Jossira Rojas y mi persona, Raquel María Núñez Ferrer.

 

Asumí el cargo de juez cuarta electoral, en el que me correspondió decidir las causas sometidas a este despacho, perfeccionando los correspondientes y oportunos trámites que la normativa electoral panameña consagra, apegados siempre al respeto de los derechos de todos los involucrados, en condiciones de igualdad y cumpliendo con el debido proceso.

 

Durante el proceso electoral, prácticamente todas las actividades pueden dar lugar a refutaciones, por lo que debe disponerse de herramientas, recursos y facultades suficientes para responder de modo oportuno, eficaz y efectivo, dado que los términos son impostergables.

En la primera etapa, marcada por constantes traslados a diferentes sitios de nuestra geografía, a fin de atender las reclamaciones de aquellos que impugnaron entre el 16 de mayo y el 15 de junio del 2018 el Padrón Electoral Preliminar, tuvimos que aplicar no solo conocimientos propios del puesto de juzgador, sino logística en cuanto al desplazamiento, proyección y seguridad que debía y reinó en cada audiencia.

 

La primera de este tipo de audiencias la celebramos a principios del mes de julio del año 2018. Las mismas se caracterizan por ser una especie de cabildo abierto, al permitirse la participación directa de los habitantes en cada circunscripción. La última se llevó a cabo en septiembre de ese año, cerrándose este ciclo con los resultados de la gestión de los seis juzgados electorales, que se describen a continuación:

 

 

 

En algunos lugares tuvimos que permanecer por varios días, ya que las diligencias se extendieron debido al número plural de impugnados.

 

En las subsiguientes etapas del proceso, hubo muchas refutaciones que dispusimos rechazar, al no cumplir con los requisitos mínimos exigidos para que pudiesen prosperar. Pero en cada decisión procuramos hacer docencia, para explicar a los gestores las razones por las que se negaban sus aspiraciones y dejar un legado a las futuras generaciones, siempre que las reglas se mantengan vigentes, pues debemos recordar que el derecho electoral evoluciona constantemente, y ello es lo que en definitiva conlleva a que los actores, al no actualizar sus conocimientos, se vean abocados a rechazos.

 

Incluso, en esta contienda del año 2019, todos los intervinientes debimos prepararnos y adecuarnos a los cambios que la ley nos impuso, lo que en definitiva requería tenacidad y esmero, aunado a que se laboró ininterrumpidamente ante la habilitación de todos los fines de semana, días nacionales y festivos para que el proceso no se viera interrumpido.

 

Con relación a las audiencias por impugnaciones a proclamaciones, una vez culminadas la elección general del 5 de mayo de 2019, fueron programadas en la ciudad de Panamá.

 

La más concurrida fue la que se realizó el 16 de junio de 2019, producto de la acumulación de los expedientes 040-2019-NEP-EG, 041-2019-NEP-EG y 042-2019-NEP-EG, todos con un elemento común: que fue la circunscripción electoral en la que se desarrolló el torneo electoral cuestionado, así como el ente a cargo de la proclamación, es decir la Junta de Escrutinio del Circuito Electoral 8-7.

 

Aquella en la que se aportó mayor número de pruebas para evacuar en el acto oral, testimoniales en su mayoría, fue la que correspondió a la demanda de nulidad de elección y proclamación del elegido el 5 de mayo de 2019, al cargo de representante (principal) del corregimiento El Higo, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, ya que se admitió la declaración de 15 personas.

Recordemos que el fin de la justicia electoral es garantizar que cada fase del proceso electivo se ajuste a la normativa vigente, preservándose los derechos de todos los involucrados, interesados y actores de la contienda.

 

Es por ello que todo aquel que crea tener derecho puede demandar, accionando el mecanismo judicial, para que su impugnación sea resuelta, dentro de los parámetros que la legislación señala.

 

En Panamá, la justicia electoral se encarga de regular las actividades que anteceden a la elección general, como lo son el registro en el padrón electoral y las postulaciones de los candidatos a cargos de elección popular, entre otras. Además se prevé las que provienen del propio ejercicio eleccionario, que surgen del escrutinio, al igual que las subsiguientes acciones, tales como las reclamaciones propuestas contra el cómputo de votos, la proclamación de resultados y la elección en sí.

 

Esta gran oportunidad laboral nos ha permitido desarrollar nuevas habilidades y descubrir otros horizontes en el campo del derecho, dado que la materia es especializada y el hecho de tener que aplicar nuevas reglas al proceso, convertía cada diaria labor en un nuevo reto por superar, con entusiasmo y empeño, trabajando siempre en equipo.

 

Por nuestra parte, ha sido un honor poder servir a la Patria.

Esta experiencia ha sido extraordinaria, sumamente enriquecedora, adelantando audiencias públicas, imparciales; ante la celebración de elecciones, libres y justas; haciendo valer los derechos electorales que se encuadran dentro de la categoría de los derechos humanos e incluso, en ocasiones, surgen de la jurisprudencia.

Sugerimos la proposición de un cambio en nuestra legislación electoral,  con miras a que en el futuro esta doble instancia se establezca de forma permanente y no transitoria, como lo fue en esta primera oportunidad, tal como rige en materia penal electoral, con lo que se afianzaría la democracia y la confianza en la institución jurisdiccional, ya que a diferencia del resto de los juzgadores, el contexto político y social incide, de algún modo, en las consideraciones que  deben tomar los jueces electorales, que son presionados, intimidados e inclusive amenazados por las partes, que hasta se atreven a pretender sobornarlos.  Por lo que su nombramiento y remoción debe estar sometido, como mínimo, a la comprobación de su amplia experiencia en el ramo, carencia de vínculos partidarios,  imparcialidad, probidad e integridad.

 

Raquel María Núñez Ferrer

 

Graduada de la Universidad de Panamá con licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, posgrado en Mediación, diplomado en Ciencias Forenses con Énfasis en Peritaje, maestría en Derecho Procesal; Columbus University, diplomado del Sistema Penal Acusatorio; Universidad Latina de Panamá, certificación – Experto en delitos informáticos e informática forense; Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, diplomado en Derecho Laboral; Universidad de Castilla-La Mancha, maestría en Derecho Electoral.

 

Se desempeñó como oficial mayor, asistente legal, asistente de magistrado y defensor de oficio en el Órgano Judicial.

 

Fue consultora del “Proyecto Juzgado Modelo de Efectividad y Transparencia de Panamá” y elaboró un manual operativo denominado ¿Cómo poner en ejecución el Manual de Buenas Prácticas Judiciales?

 

Ingresó al Tribunal Electoral en el año 2007, donde ha ocupado los cargos de secretaria judicial y juez suplente especial del Juzgado Segundo Penal Electoral, subsecretaria general, juez suplente de Juicio de Descarga y juez cuarta electoral.

 

Actualmente es la subsecretaria general del Tribunal Electoral.