SISTEMA ELECTORAL ECUATORIANO, ANÁLISIS COMPARATIVO CON PAÍSES LATINOAMERICANOS

//SISTEMA ELECTORAL ECUATORIANO, ANÁLISIS COMPARATIVO CON PAÍSES LATINOAMERICANOS

SISTEMA ELECTORAL ECUATORIANO, ANÁLISIS COMPARATIVO CON PAÍSES LATINOAMERICANOS

2021-01-26T17:13:13-05:0026 enero, 2021|Artículo Internacional|

RESUMEN

 

El presente trabajo de investigación forma parte del trabajo doctoral (Estado de Derecho y Gobernanza Global en la Universidad de Salamanca) realizado por mi persona, el mismo que abordará exclusivamente las nociones básicas del sistema electoral, con principal énfasis en reconocer elementos comunes o de discontinuidad entre los estados y determinar si hay un solo modelo que pueda aplicarse en la región, así como también los elementos más significativos de cada sistema. Además, abordará los elementos de cada sistema electoral, realizando un análisis comparativo que permita dejar en discusión las fortalezas y debilidades existentes en el Ecuador. Tomará como referencia la situación actual que vive la humanidad (pandemia COVID19), con la finalidad de centrarnos en el voto electrónico como mecanismo alternativo. Por consiguiente, la intención del presente esfuerzo académico es que el lector conozca las características de los sistemas electorales y su nexo causal, en cuanto a la garantía de derechos electorales o de participación de los ciudadanos.

 

 

Palabras claves:

 

Sistema electoral, democracia, análisis comparativo, estructura sistémica de los organismos electorales, derechos de participación.

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El sistema electoral se constituye como el conjunto de principios, procesos y procedimientos, que permite la garantía de los derechos establecidos en el bloque de constitucionalidad, a través del aparataje estatal. Es decir, el sistema electoral nace de la Constitución y la Ley, a fin de establecer condiciones mínimas de convivencia social en el marco de la democracia o del sistema de gobierno que maneje cada país.  Para entenderlo de mejor forma, es necesario describir lo que el autor Francisco Sánchez señala:

 

“(…) El sistema electoral es el componente del entramado institucional que más modificaciones ha sufrido en el periodo que va desde el diseño original, en la época de la transición (a la democracia) hasta la Asamblea Constituyente de 1997. Y agrega que, aunque la teoría no es concluyente al respecto, una razón es que el sistema electoral es el mecanismo a través del cual se pueden generar cambios más inmediatos en distintos subsistemas del sistema político. (…)”.  (Sánchez, 2008: 67).

 

Lo expuesto por el autor deja en evidencia que el sistema electoral está en constante cambio, puesto que, de acuerdo a la lógica evolución del ser humano, las condiciones, estructura y garantías electorales deben adecuarse a las nuevas tendencias de los derechos de participación, y por consiguiente adaptarse a la conducta humana.

 

En cuanto a lo manifestado, es evidente que lo que se requiere es que cualquier sistema electoral, que sea utilizado por los diferentes países, busque mejores condiciones de vida para los ciudadanos, a través de mecanismos de participación que permitan una real intervención de las personas, y no se queden como meros enunciados normativos. En cuanto a esto, Simón Panchano manifiesta: “(…) la característica central de este entramado es la falta de cohesión interna, materializada en resultados inesperados y contrarios a los objetivos relacionados con la consolidación de la democracia y con la gobernabilidad, como debería ocurrir con el marco normativo de un régimen democrático. (…)”. (Pachano, 2007:). Además, eso se corrobora con lo manifestado por el autor Migallón que señala: “(…)  Una cualidad propia de una sociedad, según la cual se estructura sociopolíticamente, de tal modo que todos los actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos. (Migallón, 2006: 34). Lo señalado por los autores antes citados deja en evidencia que no basta que la estructura estatal permita que el Estado proporcione instituciones cada vez más sólidas o mejor conformadas (división de poderes); sino que todos los actores que conforman el sistema electoral confluyan y se relaciones entre sí para hacer efectivos los mecanismos de participación, o, incluso, activen las diferentes garantías normativas para que los cuerpos legales adecuen periódicamente el proceder ciudadano con el ejercicio de derechos. Al principio esto podría sonar un tanto altruista, sin embargo, es posible ya que debemos recordar que un sistema electoral no solo se conforma por la función correspondiente (electoral); sino que emergen todas las funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Transparencia y Control Social y Electoral), a fin de generar una verdadera participación ciudadana.

 

De lo expuesto ya podemos ir definiendo el significado de lo que es un sistema electoral, por lo cual es necesario indicar que “sistema electoral” se considera:

 

“(…)  Reglas a través de las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas, a través de las cuales es posible convertir votos en escaños parlamentarios (en caso de elecciones parlamentarias) o en cargos de gobierno (en caso de elecciones para presidente, gobernador, alcalde, etc.).(…) (…) establece como componente fundamental de la definición, el conjunto de reglas que establecen la vinculación entre votos y escaños. De allí que identifica como elementos del sistema electoral los que influyen en la determinación de los escaños logrados.(…) (…)existe una concepción amplia que considera como parte del sistema electoral a todas las fases del proceso electoral, es decir, que puede ir desde la convocatoria a elecciones hasta la entrega de las credenciales a las personas que resultaron electas; y, que existe otra concepción más restringida que considera “… elementos técnicos que pueden agruparse en cuatro áreas: la distribución de las circunscripciones electorales, la forma de la candidatura y la votación, y la transformación de votos en escaños(…)” (Nohlen, 2004:10).

 

Lo expuesto por el tratadista Nohlen intenta concretar al sistema electoral en una perspectiva netamente electoral, lo cual no dista de la realidad, puesto que si bien es cierto, actualmente existen un sinnúmero de mecanismos de democracia (directa, representativa y comunitaria), todos están vinculados al voto, como factor preponderante al momento de adoptar decisiones. No obstante, no se puede desconocer que el Ecuador (constitución 2008), mediante los mecanismos de democracia directa, permite activar procedimientos que se relacionan con la auditoría electoral e incluso a la pirámide normativa.  Por consiguiente, la constante participación ciudadana se constituye en preponderante al momento de evitar vulneraciones, vacíos y ambigüedades, incluso normativas.

 

En ese sentido, Mario Justo López, en cuanto al Sistema Electoral, define que “la expresión “sistema electoral” es utilizada preferentemente para designar el modo de distribuir y adjudicar los cargos electivos en función de los resultados electorales (…) (López, 2005: 442). En ese mismo sentido, Fernando Serrano Migallón, lo describe como “sistema en que el pueblo ejerce la soberanía y, en nombre de la misma, elige a sus gobernantes”. (Serrano,2006: 23). Los conceptos antes indicados dejan en evidencia que los autores, al momento de definir al Sistema Electoral, lo anclan a la soberanía del pueblo representado en las urnas, o también, al conjunto de garantías para obtener un adecuado resultado electoral. Sin embargo, no podemos olvidar que el sistema electoral va mucho más allá, puesto que incluso abarca la necesaria participación de los ciudadanos en toda circunstancia, es así que en primer lugar debe empoderarse de los sistemas de participación a través de la constante revisión y aplicación de la normativa electoral, puesto que solo así las decisiones serán legítimas y adecuadas.  En ese sentido, Line Barreiro y otras, en el caso concreto de la importancia de los sistemas electorales, identifican que“(…) Los sistemas electorales pueden ser decisivos en los resultados, pues establecen los mecanismos para el registro de las preferencias de los electores. Además, establecen la forma de procesamiento lo que determina la selección de las personas que ocuparán el cargo electivo. (Barreiro, 2004: 43).

 

Siguiendo la misma lógica, para el autor Richard Ortiz, en su acepción amplia al sistema electoral indica que“(…) se le considera como la suma de todas las regulaciones sobre procesos electorales, preferimos en este documento su sentido técnico y restringido. En este sentido, el sistema electoral consiste en el conjunto de disposiciones normativas sobre diversos elementos institucionales que se relacionan entre sí (sistema) y que establecen cómo se eligen cargos públicos (electoral). El sistema electoral, por tanto, regula básicamente dos cosas: 1. El modo como los ciudadanos expresan su preferencia política (votan) por un candidato o partido; y, 2. La forma como (mediante qué cálculo) esos votos se transforman en un cargo público; por ejemplo, presidente de la República o asambleísta.(ORTIZ, 2010).

 

Lo expuesto por el tratadista ecuatoriano deja en evidencia dos componentes importantes del sistema electoral, el primero deja constancia el anclaje al principio de jerarquía normativa, consagrado en el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, puesto que en un Estado constitucional de derecho como en el caso ecuatoriano es indispensable y necesario; y, nuevamente deja constancia de la forma de configurar la preferencia política; y,el segundo, tendiente a explicar por qué dicha preferencia permitirá que una persona asuma un cargo público. Criterio respetable, pero a mi criterio no completo, puesto que deja de lado la conformación de la autoridad electoral, (autoridad administrativa y judicial), mecanismos de democracia directa y comunitaria, y resta importante a la capacidad de impulso normativo que los ciudadanos también mantienen.

 

Por lo expuesto, el presente artículo tiene la finalidad de conocer las nociones generales de los sistemas electorales, su alcance, finalidad y efecto en la consolidación de la democracia en América Latina; así como también las semejanzas y diferencias entre cada uno de ellos. Cabe destacar que el presente esfuerzo investigativo busca llegar a obtener las mejores características de cada sistema electoral, a fin de observar la posibilidad de que emerja un sistema único, que consolide la democracia en la región.

 

 

DESARROLLO:

 

Sistemas electorales desde una perspectiva general

 

Conforme se ha señalado con anterioridad, el sistema electoral es un conjunto de normas y actividades que regulan los derechos de participación de los ciudadanos, así como también garantizan la correcta ejecución de los sistemas de gobierno a través del activo empoderamiento de los mecanismos de democracia. En cuanto a esto, es necesario contrastar dicha definición con la doctrina relevante al tema; por consiguiente, me permito citar lo siguiente: Sistema Electoral es:

 

“(…) el conjunto de reglas y procedimientos destinados a regular las diversas etapas de los procesos de votación por los cuales la voluntad de la ciudadanía se transforma en órganos de gobierno de representación política. A través del sistema electoral se definen funciones básicas como quiénes pueden votar, quiénes ser votados, de cuántos votos dispone cada elector, cómo pueden y deben desarrollarse las campañas de propaganda y difusión electoral, cuántos representantes se eligen en cada demarcación electoral, cómo se determinan y delimitan los distritos y secciones electorales, quiénes y cómo deben encargarse de organizar los comicios, cómo deben emitirse y contarse los sufragios, cuántas vueltas electorales pueden y/o deben realizarse para determinar al triunfador, cómo se resuelven los conflictos postelectorales, entre otras. (…)”.(Bobbio, 2002).

 

Lo manifestado por Bobbio deja en evidencia que el sistema electoral se define como toda acción realizada por cada ciudadano a fin de plasmar su voto, con la finalidad de elegir dignatarios, pero también abarca la fiscalización, promoción y control de gasto, en la etapa preelectoral, electoral y postelectoral; así como también, la administración de justicia en el ámbito electoral, vista por el autor como los conflictos electorales. Sin embargo, esta visión no considera las particularidades de los mecanismos de democracia directa como la iniciativa popular normativa, la consulta popular y la revocatoria de mandato, que, si bien es cierto, también obliga la participación ciudadana a través del voto; implica un sinnúmero de particularidades y actividades propias de cada proceso. Cabe destacar, en cuanto a esto, que si bien la legitimación activa en cuanto a los procesos electorales recaería sobre el estado, como garante de la democracia, en el sentido de que es obligación de las instituciones públicas competentes (art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador) el brindar seguridad jurídica a través de reglas y normas claras, públicas y aplicadas pertinentemente, no es menos cierto que los mecanismos de democracia directa tienen una dinámica mixta, puesto que necesitan del Estado para las reglas previas. Sin embargo, para su activación, necesitan de la ciudadanía y de las autoridades pública, lo que hace que la legitimación en las actividades electorales, puedan construirse en doble vía.

 

Ahora bien, en ese sentido para el mexicano Fernando Valdez, el sistema electoral es:

 

“(…) El sistema electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Las múltiples voluntades que en un momento determinado se expresan mediante la simple marca de cada elector en una boleta forman parte de un complejo proceso político, regulado jurídicamente y que tiene como función establecer con claridad el o los triunfadores de la contienda, para conformar los poderes políticos de una nación. 

El sistema electoral recibe votos y genera órganos de gobierno y/o de representación legítimos. En ese sentido, es una estructura intermedia del proceso a través de la cual una sociedad democrática elige a sus gobernantes. Los extremos que lo enmarcan, a su vez, forman parte de complejas realidades que en sí mismas ofrecen un vasto universo de análisis.  Con la generalización del sufragio en el mundo, se puso en marcha la costumbre social según la cual los gobernados intervienen en la selección de sus gobernantes. Así, la democracia adquirió su actual adjetivo funcional: democracia representativa. En ese sentido, se dice que es el mejor (o el menos imperfecto) de los sistemas de gobierno que ha inventado el hombre. Los actores y los elementos del fenómeno electoral moderno son múltiples y variados: los electores, los candidatos, los partidos, los medios de comunicación, las autoridades que organizan el proceso; también lo son los procedimientos para la conformación de la lista de electores, la realización de las campañas de difusión, la instalación de los lugares de votación, la emisión y conteo de los sufragios y, finalmente, la resolución de los conflictos que se puedan presentar durante y después del acto electoral. 

Entre ese cúmulo de procedimientos y en contacto con todos los actores referidos, el sistema electoral juega un papel de especial importancia. Debe responder a múltiples cuestionamientos de manera clara y equitativa. Por tal motivo todo sistema electoral tiene asignadas determinadas funciones.(…)”.- (VALDEZ, 1998)

 

De este tratadista destacamos la relación que existe entre dignatarios, representantes y órganos de gobierno, puesto que si bien es cierto son autoridades designadas por votación popular, son autoridades propias de la administración de gobierno, puesto que en los países latinoamericanos como en el Ecuador, las autoridades son producto de elecciones representativas, donde el voto, en unos casos, y la representación a través del método de adjudicación de escaños, en otros, nos determinan las personas que ocuparán los más altos cargos públicos. Además, es rescatable el hecho de que gran parte de la ciudadanía conoce superficialmente la dinámica electoral, pensando en que el ejercicio de votación es un proceso simple, que implica ir votar y conocer los resultados. Sin embargo, en la práctica convergen un sinnúmero de actividades, planificación y tareas que provocan, en esencia, legitimidad en la participación.

 

Otro tema relevante es que comúnmente los actores que participaban en los procesos electorales eran los ciudadanos y las organizaciones políticas, incluso en la conformación de la autoridad electoral, puesto que en Ecuador y algunos países de América Latina, conformaban sus órganos de administración y justicia electoral con representantes de las organizaciones políticas más votadas, lo que implicaba que todo gire alrededor de dichas personas jurídicas de derecho público. Sin embargo, en la actualidad la tendencia moderna del sistema electoral es que conformen la autoridad electoral representantes de la ciudadanía a través de concursos de méritos y oposición, lo que ciudadaniza al Estado y, por consiguiente, genera independencia en los organismos de control electoral. Lo expuesto provoca que los actores electorales se hayan multiplicado, ya que los ciudadanos dejaron de cumplir un rol de meros votantes mecánicos y pasaron a, incluso, conformar algunas de las funciones del Estado, pero, además, a través de la participación ciudadana, a partir de observaciones, voluntarios, veedurías y actividades de seguimiento, han permitido que el verdadero control electoral, y lo que comúnmente se llamaba el cuidado del voto,  se de a través de las organizaciones sociales principalmente.

 

Ahora bien, con relación a lo antes manifestado y para analizar comparativamente a los sistemas electorales, es necesario citar lo manifestado por el tratadista Julián Pérez Porto, que dice:

 

“(…) El sistema electoral, por lo tanto, es la estructura compuesta por las normativas y los procesos que, fijados por la ley, permiten que los ciudadanos intervengan en las decisiones políticas a través del voto. Podría decirse que mediante el sistema electoral los individuos se convierten en electores y seleccionan a los dirigentes que ocupan diversos cargos públicos en el gobierno. La actividad de los partidos políticos, los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos emiten su voto, el recuento de los sufragios y la distribución de los cargos de acuerdo a los resultados de la elección son algunas de las cuestiones que se vinculan al sistema electoral vigente en un determinado territorio. Veamos un ejemplo simple y ficticio para comprender el funcionamiento de un sistema electoral. En un país X, el sistema electoral establece que todos los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 75 años deben votar obligatoriamente en las elecciones presidenciales que se realizan cada cuatro años. De acuerdo a lo definido por este sistema, el voto es secreto y se emite a través de boletas electorales que se introducen en urnas. El presidente es aquel candidato que obtiene más votos: si no logra establecer una diferencia mayor al 10% respecto al segundo u obtiene menos del 50% de los votos, se realiza una segunda vuelta de votación entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos. En España, por ejemplo, votan los ciudadanos de 18 años en adelante para elegir no solo a sus alcaldes, sino también a los presidentes de las distintas comunidades autónomas y, por supuesto, a los diputados y senadores que darán forma al Congreso y al Senado. De ahí que, por tanto, existan elecciones locales, regionales y generales. Otra de las bases del sistema electoral español, en el caso de lo que son los comicios generales, es que se sustenta en el llamado sistema d´Hont, que data del siglo XIX y que viene a establecer un cálculo proporcional. Así, a la hora de conocer, por ejemplo, los escaños de cada partido hay que seguir estos pasos: -Se realiza el escrutinio de los votos obtenidos y se ordenan de mayor a menor en una columna, lo que son las cifras de votos conseguidas por cada candidatura. (…)”.(PEREZ PORTO, 2016).

 

Es interesante la visión del tratadista Pérez Porto, puesto que su visión se adecua a la realidad ecuatoriana y latinoamericana, en cuanto a que en los estados constitucionales de derecho, las garantías y características básicas nacen de la norma, lo que viene íntimamente ligado al Derecho público como es el Derecho Electoral y al principio de juridicidad en el Derecho positivo que obliga a que se cumpla estrictamente lo escrito y mandado por la ley, es decir que cada persona y miembro del Estado, cumpla exclusiva y privativamente con sus propias competencias. La ruptura de dicho principio obliga a que los actos administrativos y electorales carezcan de validez jurídica.

 

Cabe destacar que un tema que no desarrollado profundamente es lo referente a la obligatoriedad del voto y las características del mismo, situación que también tiene que ver con el sistema electoral, ya que de acuerdo a cada país se establece una edad mínima para sufragar y las condiciones de dicho sufragio, es decir, si el voto es obligatorio o facultativo. Situación que dista en cada país, y que por consiguiente se constituye como un elemento propio de cada sistema electoral.

 

Además, de lo manifestado debemos considerar la variedad de formas de adjudicar escaños, puesto que es otro elemento básico en un sistema electoral, y un tema muy discutido en el campo del Derecho Electoral y la participación política, puesto que para algunos especialistas solo debería existir la mayoría simple para elegir a un dignatario,  y para otros, los métodos de adjudicación de escaños permite una mayor diversidad y representatividad por parte de partidos de minoría.

 

Lo antes expuesto se ve corroborado con lo señalado por el tratadista Lijphart, quien sostiene:

 

“(…) En sentido estricto, los sistemas electorales constan de cuatro dimensiones fundamentales en términos del potencial de impacto político que contienen: fórmula electoral, magnitud de la circunscripción, umbral electoral y tamaño de la asamblea. Existen, además, otras cuatro dimensiones con menor impacto sobre el sistema de partidos y sobre la desproporcionalidad, pero igualmente relevantes y dignas de consideración a la hora de realizar cualquier descripción o valoración: la estructura del voto, la desigualdad del voto, el ciclo electoral y la posibilidad de unión de listas. (LIJPHART, 1995).

 

Es interesante lo señalado por el tratadista enunciado, puesto que en pocas letras resume el componente de un sistema electoral completo, puesto que abarca como elemento el tamaño de la asamblea, y añade que se refiere no solamente al órgano legislativo, sino al Estado en su conjunto, puesto que en las reglas electorales, sin duda, debe existir a detalle las dignidades a elegirse e, incluso, el método que se utilizará en dicha elección. Además, cita lo referente al ciclo electoral que, ampliándolo, se constituye en todas las distintas fases que se deben seguir en un proceso electoral, como por ejemplo, la preelectoral, donde la institución o instituciones competentes se encargan de planificar cada una de las actividades electorales, las particularidades en la conformación de la institución. Esto debido a que en toda Latinoamérica la autoridad electoral aumenta su tamaño (personal) durante periodo electoral. Además, se coordina la cooperación interinstitucional con diferentes funciones del Estado para la inclusión social, actualizar el padrón, registro electoral e incluso la elaboración del material electoral. Cabe señalar en esta etapa que para garantizar la seguridad jurídica, como principio elemental del derecho de participación, normativamente muchas legislaciones establecen un candado electoral, que evita reformas electorales un año antes de las elecciones, lo que obliga que en la etapa preelectoral se estudien posibles reformas legales.  Esta etapa concluye con la declaratoria de periodo electoral, donde inicia la etapa electoral propiamente dicha, donde se organiza los días electorales, puesto que existen elecciones anticipadas (voto de personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, personas con discapacidad, etc.) y el día de las elecciones generales, donde participan todos los ciudadanos mayores a 16 años de edad. Esta etapa concluye el día de las elecciones, luego de terminado el escrutinio, donde pasamos a la etapa poselectoral, donde transitamos al proceso de adjudicación de escaños, resolución de recursos y el control de la propaganda y gasto electoral.

 

Podríamos pensar que el interés por los sistemas electoral es reciente, o al menos su conocimiento y nuevas tendencias han sido producto de estudios actualizados; sin embargo, su estudio data de la década de los noventa, donde ya autores hablaban de la importancia del sistema electoral y su aplicación en las garantías ciudadanas. Es así que Sartori manifiesta:

 

“(…) Buena parte de los primeros trabajos sobre sistema electoral se centraron en destacar las funciones y la importancia política de esta institución. Numerosos trabajos han subrayado el papel de los sistemas electorales en la conformación del sistema de partidos y en la determinación de su capacidad de supervivencia al proporcionar diferentes oportunidades de acceso al poder político. Los sistemas electorales contribuyen además al manejo de las divisiones políticas, sociales, económicas y étnicas. Diferentes sistemas electorales proporcionan diferentes mecanismos de inclusión y exclusión para la participación y la representación parlamentaria, afectando así la naturaleza de la competición política, ya sea haciéndola más cooperativa o acentuando el conflicto. Estructuran las alternativas que los votantes confrontan durante las elecciones, ya sea restringiendo la elección de los votantes o extendiéndola a una amplia gama de posibilidades. Los sistemas electorales ejercen, por tanto, restricciones sobre la elección de los votantes e impactos “reductores” sobre el número de partidos políticos. (…) (Sartori, 1996).

 

Esto deja claro que, si bien es cierto, la discusión en la década de los noventa giraba alrededor de las organizaciones políticas por la propia constitución de las autoridades electorales latinoamericanas, no es menos cierto que desde ese tiempo se ha buscado que los sistemas electorales, no solo garanticen la participación política a través del voto, sino que también se creen mecanismos de pluralismo, multiculturalidad e inclusión en las diferentes circunscripciones electorales.  Eso da lugar a las primeras discusiones de democracia comunitaria como mecanismo de representación, que si bien es cierto no se encuentra regulado profundamente por ningún cuerpo normativo latinoamericano, tiene sus primeras nociones en las legislación es ecuatoriana y boliviana.

 

Cabe destacar de la autora que tiene una visión restrictiva de los sistemas electorales, pues analiza las condiciones mínimas en las elecciones, una obligatoria limitación y regulación de normas, y las condiciones que permitan la participación a los diferentes actores, tanto políticos como sociales; lo que no dista de la realidad, puesto que desde la positivización del Derecho, desde una visión kelseniana, los derechos deben ser condicionados, sin que esto se constituya como una limitante a la participación de la colectividad y del electorado.

 

En cuanto a esto, cabe destacar que el concepto de sistema electoral es un concepto imperfecto y en constante evolución como la vida misma, puesto que va modificándose conforme evoluciona el ser humano, es así que todos los sistemas electorales latinoamericanos han perfeccionado, a través de la norma, los procesos y mecanismos de participación ciudadana. En cuanto a esto, Colomer señala: “(…) Sin embargo, la literatura en torno a la interacción entre sistemas electorales y sistemas políticos no está equilibrada; destaca la insistencia en poner el acento en la capacidad de supervivencia y estabilidad de los sistemas electorales, menospreciándose así el análisis del cambio. La respuesta a cuándo, cómo y por qué se reforman los sistemas electorales es todavía una asignatura pendiente en la Ciencia Política contemporánea. Las reglas del sistema electoral, durante décadas consideradas como estables e inmutables, se han vuelto cada vez más politizadas. Reformas de envergadura han desafiado una de las generalizaciones más conocidas en torno a los sistemas electorales: su estabilidad y resistencia al cambio. Solo algunos trabajos muy recientes comienzan manifestar interés sobre el sistema electoral como variable dependiente. (…)”.-(Colomer, 2004). Debido a esto, es que los sistemas electorales se han modificado, priorizando a la ciudadanía en los poderes del Estado, a través del voto como procedimiento directo e indirecto de gobierno, otorgándole un segundo plano a las organizaciones políticas, puesto que, si bien es cierto, son las únicas que pueden postular candidatos, y ven desde la ciudadanía, limitado su espectro y poder. Sin embargo, no se puede desconocer que el contexto político de los sistemas electorales es primario, ya que dichas organizaciones han manejado antojadizamente a la autoridad y por consiguiente al sistema electoral, ya que la organización política de turno es la que establece las reglas de juego, y por consiguiente manipula el sistema electoral a su antojo. Eso, sin duda, provoca que se debiliten los mecanismos de participación y, por consiguiente, la ciudadanía confíe menos en los actores políticos, incluyendo a la autoridad electoral. Es lógico que mientras más tiempo se maneje un idioma consolidado en materia electoral, y, por consiguiente, profundicemos la búsqueda de una mejora constante (no cambiar) de las condiciones en las cuales se desarrollan los procesos electorales, generaremos estabilidad política y, por consiguiente, un sistema electoral mucho más sólido.

 

Adentrándome al análisis comparativo, cabe destacar lo que indica la doctrina, que en cuanto a los sistemas electorales dice:

 

“(…) Una de las líneas de investigación más recientes es la relacionada con el análisis empírico y las implicaciones teóricas de los denominados sistemas mixtos. La tendencia sobresaliente a la adopción de sistemas mixtos en la actualidad ha hecho que se llegase  a hablar de estos sistemas electorales como el objeto de “la reforma del siglo XXI”, habiendo sido la del sistema mayoritario la característica del siglo XIX y la proporcionalidad la del siglo XX Rusia, Hungría, Japón, Italia, Nueva Zelanda, Croacia, Bolivia, Venezuela, México, Alemania o Israel forman parte de la larga lista de democracias y países en vías que han adoptado este tipo específico de reglas del juego. (…)” (Shugart y Wattenberg, 2001).

 

Desde el término “reglas de juego”, ya hablamos de un contexto de sistema, que si bien no ha sido utilizado adecuadamente como lo hemos manifestado anteriormente, si se ha constituido como un pie de lucha en algunos países de la región, donde la reforma estructural del Estado, y por consiguiente del sistema electoral, ha sido el camino e incluso la oferta de campaña de muchos de sus gobernantes. Por ende, cabe reflexionar en que la única forma de reformar la estructura estatal, es mediante una reforma constitucional (Asamblea Constituyente), lo que desde el año 2010 se ha constituido como un proceso permanente de supuesta mejora para los países latinoamericanos. No obstante, el problema no radica ahí, el problema es de las personas, que por más reformas reciban y mejores condiciones normativas obtengan, siguen manteniendo un nivel de información reducido, lo que termina incidiendo en el ámbito cultural y de falta de educación en la región. Sin duda, las reglas de juego son necesarias para solidificar al sistema electoral; sin embargo, para que surtan los efectos esperados, tenemos que fortalecer el sistema electoral desde la difusión de los elementos constitutivos, planes de trabajo y la hoja de vida de los candidatos (componentes también del sistema electoral), puesto que un voto consensuado e inteligente es el mejor remedio para la democracia.

 

De lo antes expuesto es relevante el conocer que el afán de establecer un sistema electoral más sólido es menester de toda la ciudadanía, sin embargo el rol del poder legislativo es relevante, puesto que en Latinoamérica los sistemas electorales nacen de un régimen democrático, y, por consiguiente, el poder del pueblo se activa a través de las urnas. En ese sentido, en el Ecuador, así como en el resto de países de Latinoamérica, existe un sistema mixto de administración electoral, donde las funciones administrativas y jurisdiccionales se han separado con la finalidad de mantener independencia y brindar legitimidad en las decisiones. Sin duda el tema de la legitimidad es fundamental, ya que no basta con que las decisiones en materia electoral sean adoptadas por la mayoría de los ciudadanos, sino que es importante que los electores (y el resto de ciudadanía) confíe en el resultado electoral, y por consiguiente respete a los dignatarios y representantes de las diferentes instituciones. Esto no puede ser un proceso aislado, sino debe confluir para que las organizaciones políticas gocen de representación ciudadana, que permita una oposición con resultados.

Para corroborar lo antes señalado, Pedro de Vega, en un artículo publicado en la colección WorkingPapers de la Universidad Autónoma de Barcelona-España, señala que “(…) mientras en la mayoría de los sistemas constitucionales occidentales existen fuertes cuestionamientos a la legitimidad de ejercicio; no existe en cambio esa opinión acerca de la legitimidad de origen de los mandatos, cuando los mismos provienen de procesos electorales limpios, con reglas de juego claras. (…)”. (DE VEGA, 2020). Dicho artículo distingue dos tipos de legitimidades: la primera de ejercicio (La legitimidad de ejercicio se refiere al modo de ejercer el poder. Genéricamente, podemos decir que si, objetivamente, el fin de todo estado radica en la realización del bien común o valor justicia, la legitimidad de ejercicio se obtiene siempre por la gestión gubernativa enderezada a aquel fin, y, viceversa, se pierde por el apartamiento o la violación del mismo.), entendida como las condiciones y actividades cumplidas hasta el proceso electoral, por consiguiente tiene un vínculo intrínseco con la observancia de la norma y de los reglamentos que regulan cada contienda partidaria. También esta legitimidad se relaciona a la conducta del electorado, en conocer adecuadamente la posición política a la cual va a favorecer con el voto, o a su vez haber abstraído un conocimiento detallado del candidato que recibirá el voto. No obstante, esta legitimación es de doble vía, puesto que implica la responsabilidad del elector y la responsabilidad de transmitir de manera adecuada las ofertas programáticas de cada lista. Recordemos en cuanto a esto que la difusión de la campaña electoral, su control y rendición de cuentas, corresponde al Estado, por consiguiente su labor de fiscalización, si bien es cierto es poselectoral, sin duda  ratifica una adecuada legitimación de ejercicio.

Ahora bien, en cuanto a la legitimación de origen (La legitimación de origen hace al título del gobernante, y depende concretamente del derecho positivo de cada Estado, como que consiste en el acceso al poder mediante las vías o los procedimientos que ese derecho tiene preestablecidos. En el Estado democrático se dice que el acceso al poder y la transmisión del poder operan mediante la ley y no por la fuerza), existen dos aristas, la primera,  desde una percepción netamente normativa,  desde la teoría pura de derecho de Kelsen, se refiere al ius positivismo, es decir, a la norma escrita. Por consiguiente, esta legitimidad radica en la existencia de normas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridad competente (seguridad jurídica). Además, se refiere a que no solo existan derechos, sino también la existencia de garantías idóneas y necesarias para que se respeten dichos derechos. En cuanto a eso, si bien es cierto las constituciones de Latinoamérica han establecido garantías normativas, de políticas públicas y jurisdiccionales en materia electoral; en sede administrativa es fundamental que se fortalezca las acciones cautelares y se considere las especificidades de cada caso.  También a la legitimidad de origen la podemos analizar desde la construcción propia de la norma, es decir, que las autoridades con poder legislativo, gocen de la suficiente legitimidad en el cargo, que permita que las leyes se adecuen a las necesidades ciudadanas, y, por consiguiente, mientras evolucione el ciudadano, perse evolucione el derecho y por consiguiente la norma.

Ahora bien, en esencia al derecho comparado, el Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, compilado por DieterNohlen junto a un grupo de importantes autores y publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2007, demuestra que no todas las constituciones de nuestra región otorgan el mismo alcance a la expresión «sistema electoral», en ese sentido el tratado en mención señala:

“(…) En América Latina el concepto de “sistema electoral” se emplea de manera sumamente diferente y confusa. En términos generales, se puede distinguir SISTEMAS ELECTORALES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIOS 295 entre un uso amplio y uno específico. El uso muy amplio es común en el habla cotidiana. Este uso a veces se extiende también al mundo académico e incluso a textos legales o constitucionales. La Constitución peruana de 1993 ofrece un buen ejemplo. En su artículo 176, que abre el capítulo XIII, titulado “Del sistema electoral”, se define al sistema electoral de la siguiente manera: El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas; y el registro de los actos que modifican el estado civil.(…)” -(Nohlen, 2007).

El autor es claro en manifestar que el término Sistema Electoral es una definición imperfecta y en constante cambio, puesto que depende de la legislación de cada país y, por consiguiente, de la percepción de cada ciudadano. Es así que la legislación peruana, en cuanto a delimitar el alcance del término Sistema Electoral, (la ecuatoriana en su artículo 4 numeral 1 únicamente nos dice: La presente Ley desarrolla las normas constitucionales relativas a: El sistema electoral, conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres. Además, determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país😉 hace un resumen de las diferentes actividades electorales y la necesidad de que las votaciones sean la expresión del electorado, así como también describen la planificación electoral e, incluso, vinculan al padrón electoral como un componente fundamental en los procesos electorales. En cuanto a esto, el mismo autor señala:

“(…) En casi todas las constituciones latinoamericanas se hace referencia al sistema electoral. El rango, la extensión y la precisión de dichas referencias difieren empero considerablemente entre sí. Solo en México (arts. 52-54) y Panamá (art. 141) el sistema electoral está descrito de manera acabada y en detalle en la Constitución. En todos los demás países, una ley electoral contiene importantes reglamentaciones adicionales o las reglamentaciones decisivas. En Costa Rica, El Salvador y Honduras el sistema electoral está incluso determinado exclusivamente por una ley electoral. No es frecuente que se establezca el principio de representación en las constituciones. En Paraguay, sin embargo, se menciona en el artículo 118 el “sistema de representación proporcional”, de acuerdo con el cual deberá elegirse, junto a los principios del sufragio (universal, igual, directo y secreto). En contraste, en la Constitución peruana de 1993, el principio de que en todas las elecciones pluripersonales se deberá emplear la representación proporcional se halla esbozado en un lugar más bien secundario (art. 187). Además, en la constitución también se nombra de tal forma la representación proporcional que, en realidad, se establece simultáneamente el tipo de sistema electoral: la representación proporcional en circunscripciones plurinominales de tamaño variable. Se da a entender que los estados, provincias o departamentos forman las circunscripciones electorales, en las que se aplica el sistema de representación proporcional como fórmula de decisión; tal es así en Bolivia (art. 60), Brasil (art. 56), Ecuador (art. 99), Nicaragua (art. 132), Uruguay (art. 88), Venezuela (arts. 63 y 186). En total, en siete países se menciona en la constitución la representación proporcional como principio de representación o fórmula de decisión. En las constituciones de dos países se nombra la representación por mayoría como sistema electoral (Haití, art. 89s.; Argentina, art. 45); sin embargo, en Argentina se elige según la representación proporcional. (…)(…)Con mayor frecuencia que sobre el principio de representación o la fórmula de decisión, las constituciones se pronuncian sobre las circunscripciones electorales: determinan su trazado territorial y en parte también establecen cómo ha de procederse a la distribución de los escaños en las circunscripciones electorales (Argentina, art. 45; Colombia, art. 176; Haití, art. 52-54; Nicaragua, art. 132; Panamá, art. 141; República Dominicana, art. 24; Uruguay, art. 88; Venezuela, art. 186), mientras que en Brasil se fija, asimismo, el mínimo constitucional por circunscripción electoral. Por el contrario, las constituciones no hacen referencias específicas a los sistemas de candidatura y votación, exceptuando los dos casos en que el sistema electoral se halla descrito de forma exhaustiva y exacta (México y Panamá).” (Nohlen, 2007).

En cuanto a esto, actualmente las legislaciones latinoamericanas se refieren de una u otra forma al sistema electoral, es decir, luego de catorce años en que el autor comparó las legislaciones latinoamericanas, todas han logrado abordar temas que involucran al sistema electoral, no obstante, no todas las normas definen al sistema electoral ni lo tipifican en su máximo cuerpo normativo.  Es así que en el caso ecuatoriano, el artículo 116 de la Constitución no define al sistema electoral; sin embargo, establece que para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país; es decir, lo que determina es las condiciones mínimas de la contienda electoral, y establece los principios rectores de dicho proceso. Además, en su artículo 113.4, otorga rango de orgánicas a las leyes relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral. Esas son las únicas referencias constitucionales en materia del sistema electoral en Ecuador. Sin duda eso amerita una enmienda o reforma constitucional de manera inmediata, puesto que en un Estado constitucional de derechos y justicia como el ecuatoriano es fundamental que nuestra carta magna defina a profundidad el termino y alcance del sistema electoral, puesto que eso permite una legitimidad de origen adecuada y, por consiguiente, el cumplimiento del principio de jerarquía normativa. Cabe destacar que es necesario dejar constancia que los elementos propios del sistema electoral sí se han regulado mínimamente en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Sin embargo, por ausencia de un reglamento de aplicación de la norma eso ha obligado a que los vacíos normativos se vean llenados con reglamentos, lo que, sin duda, vulnera el principio de seguridad jurídica.

Cabe destacar, incluso, que en cuanto a lo antes descrito, las autoridades electorales, han visto la necesidad de modificar o reformar dichos reglamentos incluso meses antes de los procesos electorales, lo que, sin duda, se constituye como una práctica no adecuada, pues vulnera el candado constitucional descrito en párrafos anteriores que indica textualmente: Art. 117 de la Constitución de la República del Ecuador. Se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones.

Lo expuesto deja una de las grandes interrogantes en América Latina, la necesidad de interrelación entre los diferentes sistemas, ya que, sin duda, la existencia del sistema electoral y político en la actualidad se agrupan en uno solo, por consiguiente, la necesidad de una adecuada interacción con otras instituciones (la forma de gobierno, instituciones federales versus unitarias, bicamerales versus unicamerales, etc.), permitirán que se robusteza la democracia.

También es necesario considerar que nos hemos referido a las conceptualizaciones generales y ampliadas del sistema electoral, sin embrago, actualmente existen concepciones equivocadas que restringen la propia denominación de dicho sistema. En ese sentido, algunos aspectos de dicho sistema, que conforman variables o modalidades, suelen ser confundidas con fórmula electoral mayoritaria o proporcional, o con la forma en que se realiza la elección dentro de la fórmula mayoritaria, ya sea directa o indirecta, etcétera. Esto sin duda minimiza la importancia de los elementos y principios en el ámbito de los derechos de participación, y por consiguiente se deja expuesto que las condiciones varíen de acuerdo a cada interés.

 

Para finalizar, no podemos desconocer que a pesar de que la normativa electoral se ha adecuado a la Carta Constitucional –con lo cual se ha dado cumplimiento a la necesaria separación de funciones–, aún existen imprecisiones al momento de determinar las competencias de cada institución. Por ejemplo, en el Ecuador existe la ambigüedad al momento de resolver las infracciones electorales en cuentas de campaña electoral, puesto que existe duplicidad de control por el órgano administrativo (Consejo Nacional Electoral) y el jurisdiccional (Tribunal Contencioso Electoral). Por consiguiente, el poder legislativo es la autoridad encargada de velar por el cumplimiento del principio constitucional de seguridad jurídica, garantizando que estos silogismos se vean solucionados desde la base legal existente. En este sentido, Jesús Orozco Henríquez (2016), señala:

 

“(…) A la justicia electoral se la puede ver desde una perspectiva amplia y desde una restringida; la primera se refiere al manejo de técnicas y mecanismos para garantizar que los procesos electorales se lleven con transparencia y apego restricto a la ley; y la concepción restringida hace referencia al establecimiento de medios de impugnación tendientes al restablecimiento del orden jurídico electoral y a la reparación de los daños ocasionados en caso de que se hayan producido errores o vulneraciones a las normas electorales y a los derechos de participación política. (…)”.(Orozco, AÑO, pág 27).

 

Es evidente, en atención a lo indicado, que la visión de la justicia e institucionalidad electoral ecuatoriana busca un sentido amplio, puesto que la necesidad de la división de actividades se generó en función de mantener una independencia de las organizaciones políticas, pero, sobre todo, garantizar el principio de especialidad, en cuanto a las actividades administrativas y jurisdiccionales. Finalmente, en cuanto a lo antes indicado, el expresidente del Ecuador, Rodrigo Borja Cevallos (2002), en su Enciclopedia de la Política señala:

 

La independencia se puede traducir en que las resoluciones del órgano jurisdiccional no se resuelvan conforme al principio de oportunidad política (es decir de acuerdo con los intereses del grupo o de la organización política que conformaban el órgano electoral y ante quienes se ejercía presiones políticas para obtener una resolución favorable), sino que se resuelvan de acuerdo a principios de constitucionalidad y legalidad, satisfaciendo, de esta manera, los requisitos jurídicos y procesales. La tramitación de las causas se convierte en verdaderos procesos jurisdiccionales en donde se formulan los agravios, se evacúan las pruebas y se ejerce el derecho a la defensa. (Borja, 2002).

 

Lo expuesto deja en evidencia que el sistema electoral es mucho más que las reglas de juego de un proceso electoral, sino aborda la independencia de poder, la preparación de los funcionarios, la difusión de las candidaturas e, incluso, los mecanismos de impugnación y justicia electoral. Por consiguiente, el engranaje electoral debe adecuarse a los cuerpos normativos con la finalidad de garantizar procesos electorales transparentes, y por consiguiente legitimidad de origen y de ejercicio.

 

Otro tema que es indispensable analizar en un sistema electoral cambiante, es las nuevas tecnologías de la información y comunicación, más aún cuando la democracia no puede estar supeditada a una nueva realidad por la pandemia que nos azota,  es así que la discusión sobre la implementación del voto electrónico debería tomar un impulso sustancial a nivel de la región, donde ya han existido esfuerzos para modernizar al voto a través de la implementación electrónica del mismo; sin embargo, aún como planes pilotos y en determinados segmentos poblacionales.  Sistemas como el voto electrónico desde casa, mediante los sistemas de seguridad que existen en las transacciones financieras, debe ser un  tema sujeto a análisis inmediato, puesto que son tecnologías que ya han sido utilizadas en países del primer mundo, desde la década de los noventa y primeros años del siglo XXI (EEUU). En cuanto a esto, en el Ecuador la discusión ha girado alrededor de la modificación del calendario electoral, la segmentación de la población para ejercer el voto en diferentes periodos, la necesidad de modificar la estructura de las juntas receptoras del voto; sin embargo, la autoridad electoral ni siquiera ha pensado implementar medidas alternativas al voto presencial, lo que se percibe como sorprendente en las condiciones que actualmente se encuentra la humanidad.

 

A manera de idea final, cabe destacar la existencia de componentes del sistema electoral, de acuerdo a cada país, no obstante en el caso ecuatoriano, sus componentes son: Principios Derechos y garantías, estructura de la Autoridad Electoral, Organismos electorales desconcentrados, Resolución de conflictos en materia electoral (justicia) aún no profundizada,  Organismo de Investigación y análisis político electoral, con rango constitucional únicamente en el Ecuador, Los procesos electorales, (sufragio, votación y escrutinio), Votación electrónica (con procesos pilotos en algunas provincias del Ecuador y de Latinoamérica), Circunscripciones Electorales, forma de lista y adjudicación de puestos, Participación, veeduría y observación electoral, Mecanismos de Democracia Directa, Financiamiento y Control del Gasto Electoral, Organizaciones Políticas, Derecho a la oposición (figura no desarrollada profundamente por la legislación electoral). Sin duda, los autores que se han descrito en este artículo, aún no exploran todos los componentes del Sistema Electoral, dejando en evidencia la obligatoria discusión por encontrar un sistema de participación colectivo, que permita que todo un segmento poblacional pueda contribuir a la formación y construcción de un modelo que garantice los derechos de participación a todo el modelo de gobierno que maneje cada estado, en cuanto a Latinoamérica en democracia.  Sin duda, eso permitirá potencializar las fortalezas y desterrar las debilidades desde un contexto universal y colectivo, que enriquezca la participación y la legitimidad ciudadana.

 

 

 

CONCLUSIONES:

 

1.- Los sistemas electorales latinoamericanos guardan relación entre sí, estableciendo las condiciones, reglas, actividades, principios y procedimientos que se deberán seguir en todos los procesos electorales, no obstante, guardan particularidades propias de cada legislación.

 

2.- Todas las condiciones mínimas reguladas por los países latinoamericanos, en cuanto al ejercicio de los mecanismos de democracia directa, representativa y comunitaria, deben estar encaminadas a fortalecer los sistemas electorales y, por consiguiente, generar legitimación de origen y de ejercicio en las decisiones plasmadas a través de las urnas.

 

3.-Los países de Latinoamérica regulan su sistema electoral en diferentes cuerpos normativos, sin que sea el imperativo de su actuar, el regularlos en la carta constitucional, lo que resta jerarquía normativa y violenta el principio de seguridad jurídicaen un estado Constitucional de Derechos como el ecuatoriano.

 

4.- Es fundamental profundizar sobre un tema  poco abordado en el mundo y principalmente en Latinoamérica como es el Sistema Electoral, puesto que es evidente que existen muchas más similitudes que desigualdades en cada uno de los países, lo que obliga a que la discusión se centre en la finalidad de mejorar los sistemas de gobierno y permitir que los mecanismo de democracia que cada Estado mantenga  sean cada vez más difundidos e implícitamente utilizados por los ciudadanos.

 

5.- Los componentes del sistema electoral varían de acuerdo a cada país, sin embargo, la conformación del organismo electoral, el sufragio, las circunscripciones electorales, los métodos de adjudicación de escaños y la justicia electoral, son un común denominador en Latinoamérica.  Los cambios de denominaciones en diferentes elementos no provocan una discontinuidad entre sus procedimientos.

 

6.- Los sistemas electorales latinoamericanos han buscado independizar a los órganos electorales de las organizaciones políticas, con la finalidad de generar un espectro de autonomía y, por consiguiente, garantía teórica del voto ciudadano a través de las urnas. No obstante, las organizaciones políticas aún mantienen un rol protagónico en las actividades político-electorales, por lo que la selección de los miembros debe ser reforzada a través de mayores requisitos en cuanto a la profesionalización del servidor electoral.

 

7.- En Latinoamérica existen algunos componentes del sistema electoral que requieren análisis prioritario, puesto que la humanidad se encuentra en transformación por factores externos como la pandemia (COVID 19); es así que las denominadas TICs (tecnologías de la información y comunicación) toman relevancia sustancial en un sistema de gobierno tecnificado como el nuestro. Por consiguiente, hablar del voto electrónico o los sistemas de votación electrónica (presencial, con boleta electrónica, a distancia como votación por internet) permiten blindar el contagio masivo y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto adecuadamente, sin temor al evidente ausentismo que se pueda dar en las contiendas electorales del año 2021.

 

 

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Ricardo Andrade Ureña

Ecuatoriano – Lojano. Abogado y licenciado en Jurisprudencia, Universidad Nacional de Loja. Phd (c) Universidad de Salamanca, Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, Universidad Técnica Particular de Loja; Especialista en Contratación Pública y Modernización del Estado, Universidad Andina Simón Bolívar; Diplomado Superior en Derecho Notarial y Registral, Escuela Politécnica Ecológica. Docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Universidad Autónoma de los Andes, Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja e Indoamérica. Funcionario Judicial en la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja. Secretario de la Delegación Provincial Electoral de Loja. Vocal y presidente de la Comisión Jurídica de la Junta Provincial Electoral de Loja. Director de la Delegación Provincial de Zamora Chinchipe, asesor de la Coordinación General Administrativa Financiera del CNE. Coordinador general de Asesoría Jurídica y procurador judicial del presidente de la Función Electoral en el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Actualmente juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales del Cantón Loja, Provincia de Loja. Ha aportado con varias publicaciones en materia de Derecho constitucional, electoral y contratación pública. Conferencista en temas relacionados con Derecho administrativo, familia, penal, electoral y participación política.