Evolución y efectos del voto preferente en América Latina

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Evolución y efectos del voto preferente en América Latina

2019-07-22T10:10:44+00:0022 julio, 2019|Artículo Internacional|

Por: Salvador Romero Ballivián

 

Introducción

 

Poco conocido cuando América Latina inició la transición hacia la democracia a finales de los años setenta del siglo XX, el voto preferente para elegir a los parlamentarios ha ganado progresivamente espacio. Supone, de manera genérica, dos métodos: en uno, el ciudadano puede modificar el orden de la planilla presentada por una organización política; en el otro, incluso seleccionar candidatos de varias listas concurrentes.

 

Varios países lo adoptaron y, en otros, es objeto de intensos debates con sectores activos del sistema político, la sociedad civil o la academia que lo promueven. Paralelamente, donde se aplica, pronto se abre la controversia sobre sus efectos.

 

El artículo presenta la evolución del voto preferente en América Latina. Expone algunas de las razones que impulsaron su adopción y su popularidad en el debate de las reformas electorales. A continuación, destaca algunas de sus ventajas y desventajas, así como sus efectos en el sistema de partidos, el sistema político y la democracia.

 

El voto preferente: una modalidad casi desconocida en el inicio de la transición democrática

 

Cuando América Latina empezó la transición hacia la democracia (Huntington, 1996: 3 – 23), normalmente la primera elección tuvo una característica simple y sencilla: en una sola jornada, los ciudadanos eligieron al presidente de la República en una vuelta y a los parlamentarios con un sistema de representación proporcional en una lista cerrada y bloqueada. Es decir, los electores escogían entre listas partidarias de aspirantes al Congreso, sin posibilidad de modificarlas y, aún menos, de optar entre candidatos de distintos partidos. Al marcar la lista, el ciudadano aceptaba tácita y plenamente la propuesta del partido. Inclusive, en Argentina, Bolivia, Honduras, República Dominicana y Uruguay, la elección parlamentaria se derivaba de la votación presidencial (Nohlen, 1992: 9). Como sucedió en El Salvador, con frecuencia, se trataba del sistema existente antes del ciclo militar.

 

Ese esquema correspondía con naturalidad a una etapa política en la cual los partidos y los dirigentes experimentados jugaron el papel clave, convencidos tanto de que la política transitaba por esas organizaciones, como de las ventajas y virtudes del modelo de “partido de masas” analizado por Duverger.

 

Habitualmente, las listas congresales eran presentadas en una circunscripción que correspondía a una región político-administrativa estable, cuya demarcación era reconocida espontáneamente por la población (por ejemplo, el departamento, provincia, estado). Esa circunscripción era, electoralmente hablando, de tamaño mediano a grande, es decir, con cinco o más puestos a elegir. Por ejemplo, en Argentina en 1983, las provincias eligieron de 5 a 70 diputados cada una (si se exceptúa Tierra del Fuego, 2), para un total de 254. En ese caso, como en la mayoría de los otros países latinoamericanos, la elección se hacía mediante representación proporcional, por lo tanto, al final, se generaba una equivalencia entre el apoyo en las urnas y la fuerza congresal. Para conservar el ejemplo en cuestión, la Unión Cívica Radical (UCR) obtuvo el 49.7% de los sufragios y 50.7% de las diputaciones.

 

Este modelo podría considerarse clásico en la medida que constituía también el esquema frecuente en la época en Europa continental occidental. Sus efectos se encuentran bien estudiados. Sistémicamente, tienden a afianzar el régimen de partidos; en las organizaciones, facilitan la disciplina y consolidan a las direcciones nacionales o departamentales, porque allí se concentra la decisión clave de establecer el orden de los candidatos en una lista. Ese significativo poder determina, en medida importante, las opciones, las perspectivas de carrera de los políticos. Los candidatos en los primeros lugares de la nómina poseen probabilidades muy elevadas de obtener los curules, hasta la certeza cuando se presentan en un bastión partidario o en una región que elige un número significativo de escaños. Los candidatos en los puestos inferiores tienen, al revés, menos opciones de desarrollar una carrera política exitosa.

 

En condiciones de política normal, es decir sin turbulencias, sobresaltos o rupturas, los partidos se acomodan, en mayor o menor grado, a los fenómenos estudiados desde el origen de estas organizaciones: la conformación de “oligarquías” alrededor de la cúpula y una escasa renovación de los liderazgos (este efecto no es exclusivo del multipartidismo de representación proporcional, también se observa en el bipartidismo de mayoría simple. Cf. Ostrogorski, 2008; Michels, 2008; Duverger, 1987). Por lo tanto, los nombres de los principales candidatos tienden a repetirse de una elección a la otra.

 

La elaboración de la lista pertenece al perímetro chico del partido. Para el ciudadano, el voto único por una lista implica respaldar a la organización, sus ideas e ideología, sus políticas públicas y los valores que simboliza, más que individualidades. De buen o mal agrado, la exacta composición de la lista se convierte en un tema secundario para el ciudadano, desprovisto de margen para generar cualquier modificación.

 

El voto preferente: una de las pócimas contra el desencanto con los partidos y la democracia

 

A medida que el ideal de la democracia pasó de ser el anhelo y la ambición movilizadora al régimen cotidiano en América Latina, comenzaron a incubarse los desencantos y la frustración. Las cifras de las encuestas indican un descontento con los partidos, los congresos, la política, con los resultados de la democracia. En muchos países, la participación electoral desciende lejos de los niveles iniciales o crece el escepticismo con el poder transformador del voto. El cuadro se presenta más crítico en América Central (Cf. las encuestas del Latinobarómetro, disponibles en: www.latinobarómetro.orgo de LAPOP).

 

La insatisfacción con la democracia proviene de un complejo cóctel. En una región en la cual muchas expectativas con la democracia se centran en el mejoramiento de las condiciones de vida y la igualdad (Ai Camp, 2007: 29 – 33), existen una elevada y estructural desigualdad, un modesto crecimiento económico per cápita, y por lo tanto reducciones menores de la pobreza, escasas inversiones sociales, limitadas oportunidades laborales y de ascenso social (la década 2003 – 2013, de fuerte crecimiento, marca una pauta atípica). La corrupción, puesta en evidencia en una nueva escala con los mega – escándalos en las licitaciones de infraestructura, lastra la confianza en las instituciones y gobernantes.

 

Estos elementos se tradujeron en una progresiva y creciente insatisfacción en la opinión pública con los actores políticos, las instituciones y los rendimientos de la democracia. Se extendieron las críticas contra el juego partidario, considerado excluyente, con poca renovación, de poder concentrado en las cúpulas, así como contra el régimen democrático. Los parlamentos parecían desfasados de la sociedad, integrados en la mayoría por hombres; abogados, médicos o ingenieros; de los estratos más favorecidos; con extensas trayectorias partidarias. La presencia de mujeres, jóvenes, sectores populares era reducida en los ambientes de toma de decisiones. Por lo menos desde el punto de vista social, el sistema era juzgado poco representativo de la pluralidad de la sociedad. La insatisfacción no se dirigía necesariamente contra el modelo de elección de lista cerrada y bloqueada (al fin de cuentas, un componente técnico y especializado), pero sí lo colocó en la mira.

 

Al mismo tiempo, en América Latina se consolidaron las elecciones locales. Ellas ofrecieron la oportunidad de elegir directamente a los alcaldes, que, por supuesto, tenían un rostro familiar, un apellido reconocido por los ciudadanos. Indirectamente, alentaron el deseo que otros cargos, entre ellos el de los parlamentarios, fuesen escogidos directamente, y así los ciudadanos se sintiesen más y mejor representados, con una relación de mayor cercanía con los congresistas. Esto suponía un tipo de votación distinto que la marca por una lista.

 

Estas evoluciones generaron condiciones propicias para la adopción de reformas constitucionales, políticas y electorales. América Latina es la región del mundo con reformas electorales más frecuentes. Desde el inicio de la transición, se contabilizan más de 250 y la lista se alarga continuamente (Dosek; Freidenberg, 2016: 25). Incluso, Panamá establece la obligatoriedad de encarar una reforma después de cada elección, y, si en otros lugares no existe una disposición semejante, la práctica genera efectos similares. México no ha celebrado dos presidenciales con las mismas reglas desde 1988 y su caso no constituye una excepcionalidad.

 

Ciertamente, las reformas son de distintos calados, orientaciones y objetivos, pero se disciernen líneas comunes (Romero Ballivián, 2016: 93 – 133). Entre ellas, el propósito de aumentar la representatividad del sistema político, objetivo que pasó por la promulgación de leyes de partidos (Zovatto; Orozco, 2008: 143 – 192) para que las organizaciones tengan estructuras más democráticas, renueven más fácilmente sus liderazgos, rindan cuentas claras de sus financiamientos. La obligación de elecciones internas fue común y, en varios países, se acompañó de la exigencia de primarias simultáneas para seleccionar candidatos, incluso en un esquema de padrón abierto (con variantes, en Honduras, Uruguay y Argentina).

 

También, en especial desde finales del siglo XX, se cambió la modalidad de elección de los parlamentarios. Una reforma emblemática fue la cuota de representación femenina, que, en Bolivia, Ecuador, Costa Rica y México ya se convirtió en paridad y alternancia. Aunque aún hay caminos importantes por recorrer, los resultados son nítidos: América Latina es, solo por detrás de Escandinavia, la región con mayor proporción de parlamentarias (IDEA, Unión Interparlamentaria, Universidad de Estocolmo, 2013). Para generar una mayor cercanía entre los representantes, los diputados y los ciudadanos, varias legislaciones quebraron la lista cerrada y bloqueada, tan frecuente al inicio de la democracia.

 

Tres grandes fórmulas se han utilizado. La primera es la creación de distritos uninominales, en los cuales los ciudadanos escogen un diputado por mayoría simple. Ningún país la adoptó de manera generalizada porque ello implicaría el cambio radical de sistema electoral, a uno mayoritario. Se combinó siempre con alguna modalidad de lista plurinominal cerrada y bloqueada, lo que permite conservar una dinámica proporcional, conforme con el pionero modelo alemán de la “representación proporcional personalizada”. Con matices, se aplica en México, Venezuela (1993) y Bolivia (1997).

 

El ciudadano dispone de dos votos: uno para la lista de postulantes de una unidad territorial amplia (un estado, por ejemplo), el otro para su distrito, donde elige directamente y por mayoría simple a un parlamentario (habitualmente la unidad territorial amplia es dividida en circunscripciones uninominales, siendo acostumbrado que en esos distritos se elija aproximadamente la mitad de los cargos). Sin ser una regla, los diputados uninominales suelen ser en promedio más jóvenes, con menos recorrido partidario, incluso con menos experiencia política, como ilustra el caso boliviano (Romero Ballivián, 2018).

 

La segunda fórmula es la lista cerrada y no bloqueada en circuitos o distritos plurinominales. Este mecanismo le permite al ciudadano definir únicamente en la lista presentada por el partido de su preferencia (cerrada), una preferencia o un cierto orden entre los candidatos (no bloqueada). En claro, el orden propuesto por el partido político es referencial y el ciudadano tiene la última palabra.

 

Panamá fue pionero en esta modalidad, incluso usada antes de la transición democrática. Perú estableció el doble voto preferencial, que brinda el derecho al ciudadano de realizar dos marcas dentro de la lista partidaria. Por último, Colombia implantó la lista cerrada y no bloqueada para la elección del Senado, que se realiza en circunscripción nacional, con cien postulantes por organización.

 

Finalmente, la tercera fórmula es la lista abierta. El ciudadano puede elegir simultáneamente y sin restricciones candidatos de varios partidos, normalmente vota por tantos diputados como cargos a elegir. Es el modelo extremo, con el menú más abierto de todos y la máxima libertad para el votante. Lo aplica Brasil, Honduras desde 1993, Ecuador luego del referéndum de 1997 (Ardaya; Verdesoto, 2019: 36 – 37) y El Salvador desde 2015 (FUSADES, 2015).

 

El voto preferente se vincula sobre todo con la segunda y tercera fórmula (lista cerrada y no bloqueada, lista abierta respectivamente), y eventualmente concierne aspectos de la votación en una circunscripción uninominal cuando se combina con la elección de una lista cerrada y bloqueada. Posee efectos y consecuencias importantes para el régimen de partidos, el sistema político y la democracia.

 

Ventajas y desventajas: el debate sobre las consecuencias del voto preferente

 

La sección aborda los beneficios que destacan sus promotores antes de plantear las críticas de los detractores. Ciertamente, las virtudes y defectos coexisten y se presentan en mayor o menor grado según los países.

 

El primer mérito que se destaca del voto preferente es el vínculo más directo que crea entre el parlamentario y el ciudadano, en contraposición con la lista cerrada y bloqueada, en la cual la prioridad del diputado sería la buena relación con las instancias que establecen la lista (o controlan el bolígrafo, en la jerga colombiana). En una elección con listas no bloqueadas o abiertas, el candidato necesita una cercanía especial con los electores, por encima de la buena relación con la dirección nacional o departamental. Por lo tanto, crea o cultiva un vínculo que no necesariamente existía antes, y que lo obliga a estar atento a los requerimientos y las preocupaciones de los electores. Esta exigencia es evidente para el debutante y también para el candidato que aspira a la reelección y que debe demostrar que su gestión tuvo en cuenta las demandas del electorado de la circunscripción.

 

Este mecanismo genera satisfacción en el ciudadano, que siente, por supuesto en relación con lo que efectivamente sucede, que él elige y define específicamente a los parlamentarios. Se refuerza el sentimiento de poder ciudadano.

 

Los datos peruanos muestran que entre 27% y 44% de los congresistas han sido elegidos gracias al voto preferente (Tuesta, 2013: 209 – 210); en otros términos, del 27% al 44% de los diputados obtuvieron el escaño, ocupando un lugar en la lista que no les hubiera dado esa posibilidad si la nómina era cerrada y bloqueada. En Panamá, el porcentaje ha oscilado del 25% al 31% (Valdés, 2013: 188). En El Salvador, la primera experiencia, en 2015, dejó 21% de parlamentarios en esa situación.

 

El voto preferencial tiende a favorecer una mejor consideración de las demandas regionales y sectoriales. Además de las promesas específicas de los candidatos, los congresistas, aspirantes naturales a la reelección, pretenden presentarse en las campañas con un balance halagador y resultados concretos de la gestión. Con la lista cerrada y bloqueada, la necesidad o la presión para ofrecer ese tipo de resultados disminuye: finalmente las opciones de la (re)elección recaen sobre todo en la dirección del partido.

 

Este escenario implica también una erosión del control de la dirección partidaria, nacional o regional, sobre los candidatos o los electos. Eventualmente permite el surgimiento de liderazgos sin un aval firme de la dirección, lo que hace que el juego político sea menos jerarquizado, menos vertical que en los otros esquemas (una dinámica próxima ocurre con alcaldes populares). Un candidato en un lugar poco privilegiado de la lista podría superar a conmilitones mejor ubicados si resulta lo suficientemente carismático o hábil durante la campaña.

 

Ese margen de autonomía tiene como límite la obligación de figurar en la lista del partido, así sea en un puesto poco favorecido. Es improbable que un dirigente muy enfrentado con la dirección sea inscrito, salvo que el establecimiento de la nómina sea resultado de un proceso de elección interna. La elección con listas abiertas y la democracia interna o las primarias son realidades distintas, que pueden o no converger en un sistema político dado.

 

Al mismo tiempo que el voto preferente ofrece esas oportunidades y ventajas, tiene también características que presentan riesgos.

 

En efecto, no solo debilita a las direcciones nacionales, tiende a fragilizar a los partidos, sobre todo en los países con sistemas de partidos endebles. En otras palabras, los impactos varían según el contexto. Un sistema robusto encaja mejor los costos asociados con las listas abiertas, como se observa en Honduras. En cambio, en el desestructurado sistema de partidos de Perú, se agravan las tendencias centrífugas, se diluye el vínculo entre los parlamentarios y el partido. El congresista siente que ha sido elegido gracias a sus virtudes personales (que incluyen sus recursos), y que debe poco o nada al partido; por lo tanto, la línea que fija el partido adquiere un carácter referencial. En Ecuador, la lista abierta debilitó a los partidos por la “vía de la multiplicación de los actores políticos y la reducción de un buen número de listas a espacios subnacionales muy específicos, los únicos lugares donde pueden obtener puestos” (Pachano, 2011: 236 – 237).

 

El efecto más común, visible aún con un sistema de partidos sólido, es que, con el voto preferente, la campaña proselitista se dirige menos contra el adversario político que contra el compañero de partido que aspira al mismo cargo. En la lista cerrada y bloqueada, los candidatos promueven la sigla partidaria, las propuestas de la organización y las contraponen a las externas. Todos los aspirantes comparten un mismo objetivo, cualquiera sea su lugar en la lista: aumentar los votos. Cada candidato es un aliado natural pues a más votos por el partido, más opciones para el conjunto, para todos los aspirantes de la lista. Los rivales se encuentran siempre en el partido contrincante.

 

El voto preferente desplaza la lucha, parcial o completamente, hacia adentro. Los candidatos de una organización buscan conseguir individualmente el favor de un mismo público: el elector bien predispuesto hacia ese partido. Cada uno requiere convencerlo que él es la mejor opción. El adversario principal está dentro de la misma formación, pues es quien puede quitarle votos. Los candidatos de los otros partidos se vuelven secundarios pues, en principio, no disputan el mismo segmento de mercado electoral. El objetivo no es diferenciarse de los otros partidos sino de los compañeros de la misma lista.

 

El encono político se transfiere de la competencia entre partidos al seno del partido, y, por lo tanto, allí se concentra la dureza de la campaña y de la litigiosidad. Ilustrativa es la elección panameña de 2009: el 100% de las impugnaciones en los circuitos plurinominales, “consistieron en disputas en torno a la proclamación del candidato que representaría al partido político en la Asamblea Nacional; es decir, se trató de impugnaciones entre copartidarios y compañeros de lista” (Valdés, 2013: 189).

 

Otro efecto frecuente es el encarecimiento de las campañas. Con la lista cerrada y bloqueada, el partido o los candidatos buscan un financiamiento para desplegarla propuesta colectiva y los recursos convergen en un solo objetivo, con poco espacio para la promoción individual de los candidatos parlamentarios. Por su parte, el voto preferente coloca a todos los candidatos en una feroz competencia de todos contra todos para asegurarse un campo en el corazón o la memoria de los votantes.

 

A manera de ejemplo, en Honduras en 2012, para 23 cupos disponibles, un candidato a diputado en la primaria parlamentaria del Partido Nacional (PN) en el departamento de Francisco Morazán disputó su puesto de manera directa contra otros 160 aspirantes de la misma organización, en un esquema de listas abiertas. Si ganó uno de los cupos, en los comicios generales de 2013, tuvo que repetir el proselitismo para lograr la preferencia frente a más de 200 candidatos, de su partido y de los otros, nuevamente para llevarse uno de los 23 curules departamentales. En otras palabras, cualquiera de los 8 diputados del PN de Morazán elegidos en 2013 dejó en el camino a aproximadamente 350 rivales entre 2012 y 2013 (Romero Ballivián, 2014: 60).

 

Con las listas desbloqueadas o abiertas, cada candidato procura singularizarse. La única forma es mediante una campaña propia, con inversiones fuertes, que le brinde notoriedad. Esto supone propaganda en medios masivos de comunicación, vallas, visitas a comunidades y barrios, e incluso el desarrollo de mecanismos clientelistas, como sucede a menudo en Colombia. El desembolso en campaña adquiere una lógica exponencial: el candidato que más gasta fija el estándar y obliga a sus rivales, de su partido y de los otros, a seguirle el paso. Resulta más costoso ser aspirante en un esquema de voto preferente que en uno de lista cerrada y bloqueada, y peor si, además, se pasa antes por las primarias, como en Honduras o Panamá. La política se encarece.

 

De hecho, en la elección general hondureña de 2013, algunos candidatos a diputados en la capital gastaron más en propaganda que los candidatos presidenciales de los partidos pequeños… (Meza, 2014). Este efecto se vuelve menos nítido si los partidos consiguen que la prioridad sea la campaña colectiva e imponen la disciplina a los postulantes. Sucedió en El Salvador en 2015 por la insistencia de los partidos en promover el “voto bandera”, es decir por el conjunto de candidatos en el orden fijado por ellos. Fue la respuesta a una modalidad de voto que no deseaban y fue impuesta por una decisión de la Sala de lo Constitucional. También se produjo en Honduras en 2017, cuando el PN convocó al “voto en raya” y restringió al mínimo las iniciativas individuales, en una campaña marcada por la polémica reelección de Juan O. Hernández. Son coyunturas excepcionales, difíciles de sostener en el tiempo.

 

Más allá del costo, las campañas se fragmentan pues los candidatos requieren singularizar su mensaje, agregarle una nota distinta y suplementaria al discurso general del partido. Cada uno busca ser asociado con “su” tema, machacado a lo largo de la campaña. Todos plantean algo para descollar, alcanzar notoriedad, ser recordados por el elector cuando este se encuentre frente a cientos opciones en la papeleta en el recinto de votación (en Ecuador en 2017, 225 candidatos a asambleístas nacionales disputando 15 escaños; en Colombia en 2018, 949 para los 100 curules del Senado).

 

El resultado es cacofónico para el ciudadano, sometido a decenas de propuestas específicas, de candidatos obligados a intentar distinguirse en medio de la masa. El impacto es notorio en las circunscripciones grandes, como el país, o las capitales, y se atenúa en los distritos con menos escaños.

 

El sufragio y el cómputo de votos registran dificultades logísticas suplementarias con el voto preferente. Suele crecer la cantidad de votos blancos y nulos, incluso en la elección parlamentaria uninominal, en el cual el ciudadano solo requiere hacer una marca. El impacto es relevante en áreas rurales, donde los electores normalmente tienen menos información, capacitación, y dan un menor seguimiento a los asuntos políticos. En Bolivia, en varias elecciones, en los casos extremos de circunscripciones rurales con muy bajos niveles de desarrollo humano, los votos blancos superaron al candidato más apoyado.

 

El cómputo también plantea dificultades y retos. En Panamá, entre un mínimo de 0.3% y un máximo de 1.2% de las actas de los circuitos plurinominales no han sido computadas por muy graves inconsistencias en el llenado, que hacían imposible conocer cuáles fueron las verdaderas intenciones de los ciudadanos o reconstruir lo que pasó en la junta receptora de voto (Valdés, 2013: 191 – 192). En el caso peruano, del 24% como mínimo a un 39% como tope, de las actas de las diputaciones con voto preferente han tenido observaciones, muy por arriba del acta presidencial (Tuesta, 2013: 212 – 213). En la parlamentaria de El Salvador de 2015, se constataron dificultades similares, con “defectos o problemas administrativos y organizativos en el 72% de las JRV observadas, cifra particularmente alta” (Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, 2015).  Pese a los esfuerzos de capacitación, los electores y los miembros de mesa tienen confusiones que se traducen en el llenado de las actas. Se añade el riesgo de manipulaciones, sobre todo cuando hay muchos votos que contar. Por las muy tardías horas en las cuales finaliza el cómputo, a veces los fiscales de los partidos se retiran y dejan con escasa supervisión la fase final del recuento y el llenado de las actas.

 

En un ámbito distinto, la lista abierta vuelve difícil la aplicación de las cuotas de género (u otras), a diferencia de la cerrada y bloqueada, que conlleva un orden inmodificable, y que la legislación puede indicar cómo debe ser elaborado. En efecto, las posibilidades de aplicación son limitadas, aun si se impone al partido cumplir con un determinado porcentaje de candidatos de un sexo y se fije los parámetros de la presentación. La palabra final le corresponde al elector. No obstante, cuánto más elevada es la cuota, más se refuerzan las oportunidades de elección femenina. En Honduras, la cuota de 40% aplicada por primera vez en 2013 derivó en la mayor presencia de diputadas de la historia del país (Funes, 2014).

 

En un campo igualmente diferente, el voto preferente induce a enfoques localistas de la gestión parlamentaria. La lista abierta, la orientación clientelista de las campañas y la disponibilidad de partidas presupuestarias sobre las cuales los diputados deciden con bastante libertad y que los hace entrar en competencia con los alcaldes, inducen en los diputados hondureños hacia una visión y un comportamiento localistas en comparación con otros parlamentarios de la región (Martínez, 2010: 184). Justamente porque los congresistas desarrollan la mencionada cercanía con los electores, y aspiran a la reelección, tienden a descuidar los problemas nacionales que, se supone, se discuten, se debaten y se deciden en el Congreso, para privilegiar la respuesta a los nichos electorales que han permitido la elección.

 

El voto preferente provoca dos paradojas. La primera, a menor uso general del voto preferente, mayor peso decisivo de quienes sí lo utilizan (Tuesta, 2013: 212). Un ejemplo hipotético ilustra el punto. En un departamento que elige cinco diputados, al partido A le ha correspondido, por la votación, un diputado; dicha organización política ha tenido 100 electores, de esos 99 votaron por “bandera”, es decir, dieron un consentimiento tácito al orden escogido por el partido político; el único elector que usó el voto preferente se inclinó exclusivamente por el quinto candidato y lo hizo ganador. En otros términos, ante el 99% que dio la conformidad a la lista presentada por el partido, el 1% que usó el voto preferente decidió el diputado del partido A.

 

La segunda es que la mayoría de los electores da su conformidad a la lista establecida por el partido y acepta el orden propuesto. Entonces, al final, la lista de diputados elegidos exhibe un parecido importante con el diseño formulado por el partido: en otras palabras, quienes encabezan la lista, tienen también las mejores opciones de salir electos.

 

Conclusiones preliminares

 

La adopción del voto preferente en América Latina se inscribe en una tendencia amplia de reformas electorales que han buscado resolver el malestar de la ciudadanía con los partidos y los representantes. El atractivo central ha sido la creación de un lazo más directo y cercano entre los congresistas y los votantes. Las ganancias en ese ámbito han tenido, en contrapartida, costos, en particular la generación de tendencias centrífugas en los partidos y el encarecimiento de las campañas.

 

Queda una perspectiva en claroscuro, con ventajas, problemas y retos para un debate que aún no se zanja. En países que eligen a los parlamentarios con la lista cerrada y bloqueada, ciertos sectores miran con interés la apertura de listas, como un mecanismo para solucionar problemas de representatividad. Al revés, en países que lo han adoptado, varias voces expresan el desencanto pues no notan progresos significativos en los déficits que motivaron la reforma.

 

En las propuestas de reformas electorales de 2010, el Tribunal Electoral de Panamá, en alianza con la sociedad civil, propuso la eliminación del voto preferente. El proyecto de ley finalmente no fue aprobado en el Congreso. En Perú, los organismos electorales tienen también una posición crítica, si bien no incluyeron ninguna propuesta modificatoria en su proyecto de reforma electoral, estimando que se trataba más de un tema político que técnico. República Dominicana constituye un caso singular. Lo estrenó en 2001 y lo suspendió tras tres experiencias, considerando que los inconvenientes superaban a los beneficios (Mendoza, 2013: 197 – 202).

 

A pesar del caso dominicano, el voto preferencial es difícil de revertir. Proponer su eliminación da la impresión de que se busca privar al ciudadano de un derecho adquirido en beneficio de las estructuras partidarias, y que se retroceden las fronteras de la democracia. Los sectores de la sociedad civil interesados en asuntos políticos se muestran vigilantes ante cualquier amenaza de “contrarreforma”. Se suma la resistencia de los parlamentarios elegidos con el voto preferente, que además sienten que su legitimidad rebasa la de los elegidos en el orden que puso el partido, porque superaron la barrera de competir desde un puesto menos favorecido.

 

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Salvador Romero Ballivián

 

Boliviano. Licenciatura, maestría y doctorado en sociología política en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences – Po París).​  Profesor investigador de la Universidad Católica Boliviana.

 

Vocal y vicepresidente de la Corte Departamental Electoral de La Paz (1995 – 1998). ​Vocal, vicepresidente y presidente de la Corte Nacional Electoral de Bolivia (2004 – 2008).​  Director del Instituto Nacional Demócrata (NDI) en Honduras (2011– 2014).​ Director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL, 2014 – 2015)​. Secretario ejecutivo del Proyecto de Acompañamiento Técnico al proceso electoral mexicano del IIDH – INE (2018).​

 

Catedrático universitario (desde 1995) y autor de artículos y libros sobre democracia, elecciones y partidos, publicados en una quincena de países de América Latina y Europa. Conferencista en una veintena de países. ​