PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO ELECTORAL

//PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO ELECTORAL

PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO ELECTORAL

2019-11-26T10:01:08+00:0026 noviembre, 2019|Artículo Internacional|

Sin duda alguna, las democracias como hipérboles de la idea del consenso de la mayoría, presuponen que los actos democráticos toman en consideración la opinión de todos los ciudadanos e imponen la voluntad de la mayoría, sin dejar de tomar en cuenta las necesidades, opiniones y la participación de las minorías. Sin embargo, para lograr que este concepto resulte una realidad, se requiere todo una maquinaria estatal que viabilice y garantice la participación directa o indirecta de la ciudadanía. Esta maquinaria está compuesta por seres humanos, que día a día ponen sus habilidades al servició del Estado, a los fines de operar en el marco de la democracia, principalmente cuando nos referimos a los servidores públicos de los órganos electorales.

 

En palabras de MAURICIO MERINO y MARCO ANTONIO BAÑOS, que realizaron un gran acercamiento a la profesionalización de los servidores electorales, en la obra Tratado de Derecho Electoral comparado:

 

El servicio profesional busca, en suma, que la función pública se cumpla con el mayor profesionalismo y la mayor regularidad y neutralidad posibles; al margen de intereses partidarios y de los vaivenes propios de la contienda por el poder, de ahí que su énfasis esté puesto en los métodos que se emplean para reclutar, evaluar, controlar, capacitar y promover al personal profesional del Estado. Un sistema de carrera está más o menos desarrollado en la medida en que la función pública se realiza, en efecto, a través de cuadros profesionales reclutados, capacitados, evaluados y administrados mediante procedimientos estables y ajenos a la distribución temporal del poder político.[1]

 

Sin embargo, como bien aclaran los autores, en América Latina los sistemas de carreras instaurados en los distintos sistemas electorales son escasos, constituyéndose como la excepción y no la regla.[2] Un ejemplo de este sistema se encuentra en la República Dominicana, donde tenemos un sistema electoral descentralizado, con plena autonomía gerencial y financiera de los demás poderes del Estado. Tanto en el órgano administrativo como el contencioso electoral, sus miembros titulares son seleccionados directamente por órganos representativos con rango constitucional. Por mandato del artículo 16 de la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral de la República Dominicana, promulgada el pasado 18 de febrero de 2019, se le atribuye a nuestra Administración Electoral, la Junta Central Electoral, el nombramiento de sus propios funcionarios y empleados, fijar su remuneración, aceptar o rechazar sus renuncias o removerlos, con excepción de ciertos directores los cuales son designados previa consulta a los partidos políticos. Lo mismo ocurre en el Tribunal Superior Electoral (TSE), con la diferencia de que el TSE no tiene ningún tipo de restricción para la contratación de su personal a todos los niveles.

 

En adición, la reciente Ley de Régimen Electoral regula la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC)[3], (preexistente a la ley), como el órgano educativo para la instrucción académica en la formación electoral y del Estado Civil. Por demás, en el artículo 22 de la referida Ley Orgánica de Régimen Electoral se incluyó la mención de la carreara administrativa electoral, la cual aún no ha sido reglamentada por nuestra Junta Central Electoral, pero que deberá hacerse por el propio mandato de la misma ley. En otro tenor, no podemos dejar de resaltar que en la República Dominicana constitucionalmente existe una separación de la función de administración electoral a cargo de la Junta Central Electoral y lo contencioso electoral, por el Tribunal Superior Electoral, donde también el órgano de lo contencioso electoral ha creado el Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia (CICJED), encargado de los procesos de capacitación y planes de educación de cuarto nivel para su personal, los servidores de la administración electoral, miembros de la sociedad civil, miembros de los partidos políticos y público interesado, con la meta de que cada día existan más personas facultadas para tomar la riendas del mundo electoral. En el Sistema Judicial Ordinario, también el Ministerio Público y del Poder Judicial han implementado sus respectivas escuelas de formación y capacitación, lo que ha tenido un impacto positivo en la profesionalización del Sistema de Justicia en General.

 

Por lo que, sin duda alguna, podemos indicar que la República Dominicana, se encuentra en vías de desarrollo a un sistema óptimo de carrera de servicio de administración electoral, siendo esta la vía que garantiza la mayor profesionalización de los servidores públicos electorales.

 

Esto es así, porque en nuestra legislación como en otras de la región Latinoamérica y caribeña, se exige arduamente garantizar con objetividad el interés general en sus relaciones con las personas. Todo de acuerdo con los principios de juridicidad, objetividad, racionalidad, igualdad de trato, eficacia, seguridad jurídica, proporcionalidad, imparcialidad, independencia y buena fe, entre otros. Todos estos principios se impregnan en un catálogo de derechos concretizados en el derecho general a la buena administración, donde se imposibilita su garantía sin un servicio público capaz de responder a los deberes constitucionales y legalmente estipulados.

 

Como bien ha expresado el magistrado y doctrinario dominicano FRANKLIN E. CONCEPCIÓN ACOSTA, al indicar que De nada sirve la formulación de un derecho si quienes han de facilitar su ejercicio proceden de manera inadecuada o impropia. Para hablar de buena gobernanza es imprescindible un debido proceso administrativo que fomente la tutela administrativa efectiva.[4] Y aunque esta aclaración del magistrado hace alusión a faltas de los servidores públicos, son el reclutamiento, la capacitación, y la evaluación eficiente, los que aseguran que los servidores ejerzan sus funciones, sin arbitrariedades o impases en los procesos electorales.

 

Otro punto que afecta la profesionalización del servicio electoral, es la intermitencia de ciertos órganos electorales como lo son los Colegios Electorales y los Órganos Municipales Electorales, cuyos nombramientos de personal y su funcionamiento se circunscriben únicamente al periodo electoral, no así al periodo no electoral o preelectoral, lo que no fomenta la continuidad del servicio electoral, ni la profesionalización o la existencia de una verdadera carrera administrativa electoral. 

 

No obstante lo anterior, es importante resaltar que tanto en la República Dominicana, como en Ecuador, México y Perú,[5] se están realizando grandes esfuerzos para mermar las carencias de los sistemas de gestión pública y fortalecer la profesionalización del servicio público electoral. Una de las medidas que se están implementando que consideramos muy relevante para la solución de las referidas carencias, es la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad avalados por organismos internacionales como la Organización Internacional de Estandarización o ISO por sus siglas en inglés.

 

Según la Organización de los Estados Americanos (OEA), respecto a sus consideraciones de la norma ISO Electoral, la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad incentiva la profesionalización de la función pública y permite un mejor desempeño de los órganos electorales al introducir incentivos que impactan positivamente sobre el desempeño del servicio que se brinda a la ciudadanía.[6] En este mismo sentido, indica que:

 

El establecimiento e implementación de un Sistema de Gestión de Calidad resultan en la profesionalización del servicio público, al permitir que: • Cada funcionario público tenga un papel fundamental dentro de una cadena de obligaciones, lo cual facilita ejercer un mayor y mejor control sobre la calidad del trabajo. • A través del empoderamiento de los empleados por medio de la capacitación, alineamiento de procesos y procedimientos y provisión de herramientas, se logra tener un mayor control sobre el trabajo y mejor capacidad organizacional y fomenta un cambio de actitud del personal en la organización.[7]

 

A modo de conclusión, somos de opinión que aún se mantiene la tesis planteada por  MERINO y BAÑOS, mediante la cual, se debe cada día garantizar más la neutralidad del servicio público, la selección por competencias de los funcionarios y el mantenimiento y ascenso por el mérito.[8] Y estos criterios se pueden lograr a través de la implantación del Sistemas de Gestión de Calidad, basados en estándares internacionales, que bien podrían ser traducidos en el Buen Gobierno, sin dejar de lado que estos sistemas pueden llegar a su perfeccionamiento con la implementación de la carrera de servicio electoral, lo cual garantizaría, sin duda alguna, la profesionalización del servicio electoral.

 

[1] Nohlen, Dieter, et al. (comps.) Tratado de derecho electoral comparado de América Latina / comps. Dieter Nohlen, Daniel Zovatto, Jesús Orozco, José Thompson. — 2ª ed. — México : FCE, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, 2007, pp. 439-440.

[2]Ibíd. p. 440.

[3]Cfr. Artículo 23 de la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral de la República Dominicana. La Junta

Central Electoral contará con un órgano educativo que será, la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil para la instrucción académica en estas materias, dirigida a funcionarios y empleados de la institución, miembros de partidos políticos y público en general, mediante la ejecución de programas de formación, y cuyo funcionamiento operacional será reglamentado por el Pleno del organismo.

[4] Concepción Acosta, Franklin., Apuntada, Ley No. 107-13 Sobre los Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, Santo Domingo: Impresora Soto Castillo, 2016, p. 251.

[5] International Electoral Accreditation Body. List of Results for Who Is Certified. [Consultado en 18/03/2019] Disponible en:  https://www.oas-ieab.org/index.php?area=02&lvl=01&sub=177

[6]SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS («SG/OEA»). “Sistemas de Gestión de Calidad en Autoridades Electorales de América Latina” (2012). [Consultado en 18/03/2019] Disponible en: https://www.oas.org/es/sap/deco/docs/qualitymsys_s.pdf

[7]Ibídem. 

[8] Nohlen, Dieter, et al. (comps.) Op. Cit., p. 439.

 

 

Santiago S. Sosa Castillo.

Graduado de doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Abogado en ejercicio por más 35 años. Fungió como presidente de la Junta Electoral del Distrito Nacional desde el 2011 al 2017. Ha tenido una importante práctica y gestión como técnico especializado en formulación, seguimiento y evaluación de proyectos financiados por Cooperación Internacional y Ejecutados por las ONG Dominicanas. En adición, ha dirigido la formulación de más de 63 Proyectos de Intervención Social presentados por varias ONG Dominicanas y Agencias de Cooperación Internacional. También ha participado como expositor en paneles, conferencias y charlas en la República Dominicana y en el extranjero. En la actualidad es juez titular del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana, al cual ha representado en diversas misiones de observación electoral en el extranjero.