Participación política de la mujer en República Dominicana: retos y desafíos

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Participación política de la mujer en República Dominicana: retos y desafíos

2021-09-03T09:09:16-05:003 septiembre, 2021|Artículo Internacional|

La participación política de la mujer constituye uno de los temas polémicos y discutidos en el eje político contemporáneo. Y es que siendo la cuota femenina una medida de acción afirmativa o discriminación positiva, cuya eficacia y grado de justicia es altamente discutido, pretende, dentro de sus generalidades, establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados bienes, con el objeto de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado.

 

Por su parte, el “principio de igualdad ante la ley” establece que todos los hombres y mujeres son iguales ante la misma, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia, incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre o el colonialismo.

 

La exclusión de las mujeres del poder político fue una constante en la historia de la democracia, y la República Dominicana no es la excepción, donde las sufragistas reclamaron y conquistaron los derechos de ciudadanía para las mujeres. Sin embargo, durante mucho tiempo se hizo un uso mayor del derecho a decidir quién gobierna, que del derecho a formar parte del gobierno. Durante los últimos veinte años del siglo XX pudo observarse que las mujeres habían ganado suficiente poder social como para luchar por los espacios del poder político formal en las democracias.

La doctrinaria, Sra. Isis Duarte, en un ensayo para la organización Participación Ciudadana, considera que: “La ley de cuota femenina representa una medida compensatoria orientada a saldar parcialmente la deuda histórica que la democracia dominicana tiene con las mujeres. Efectivamente, mientras el derecho al voto masculino, aunque reservado a ciertas categorías sociales, se establece al fundarse la República en 1844, el derecho al sufragio de la mujer fue introducido como un precepto constitucional casi un siglo después ya que es en el año 1942 cuando se reconoce su condición de ciudadana con capacidad política para decidir”.

 

Cabe destacar, que garantizar la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en el ámbito de lo público, es una necesidad histórica de la sociedad en su conjunto. De ahí que la no discriminación y la equidad son los ejes primordiales en donde se debe construir la estructura que haga posible la participación efectiva de las mujeres en la administración del Estado.

 

En los años 50 prevaleció el argumento de que, por su naturaleza o socialización, las mujeres eran más conservadoras que los hombres; que el rol doméstico las hacía menos públicas, menos políticas, y por tanto más tradicionales, dependientes y recluidas en el espacio privado. Este planteamiento, aupado por la ciencia política tradicional, fue duramente criticado por el feminismo a partir de los años 60 que, aunque reconoció el tradicionalismo normativo en las mujeres, cuestionó la noción de que el conservadurismo fuera una condición inmutable de género. (Conferencia dictada por Rosario Espinal, 2010).

 

La República Dominicana ha dado pasos importantes desde el año 1997, con la Ley Electoral núm. 275-97, ya derogada por la Ley núm. 15-19 Orgánica de Régimen Electoral, en la cual, luego de que los partidos políticos incluyeran una proporción de no menor de un 25% de la composición total de las nominaciones para ocupar cargos de diputaciones y de la municipalidad, surge una nueva modificación dispuesta por la Ley núm. 12-00, del año 2000, la cual aumenta la proporción a un 33% mínimo en la presentación de candidaturas.

 

En el año 2017, mediante la Ley núm. 176-07, se dispone en el artículo 34 que cuando el candidato a alcalde sea hombre, los partidos y organizaciones políticas están en la obligación de presentar a una mujer como candidata a vicealcaldesa.

 

Por su parte, las constituciones de 2010 y 2015 valoraron en su justa dimensión la integración de la mujer en el desarrollo de la nación, así es como en el artículo 39, numerales 4 y 5, se estableció: “4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género. […] 5. El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”.

 

Este reconocimiento de igualdad, aunado a lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución, el cual reconoce el derecho de todos los dominicanos al sufragio activo y pasivo, es lo que justifica la ideología política y las bases a una legislación de paridad, propia de los tiempos actuales.

 

Para el año 2018, luego de una larga espera, el legislador dominicano aprueba la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la cual, en su artículo 53 dispone: “Cuota de género. La forma y mecanismos de escogencia de las y los candidatos a puestos de elección popular, respetará en todo momento los porcentajes a cargos electivos que esta ley establece para hombres y mujeres. Párrafo I.- La Junta Central Electoral y las juntas electorales no admitirán lista de candidaturas para cargos de elección popular que contengan menos del cuarenta por ciento (40%) y más del sesenta por ciento (60%) de hombres y mujeres”.

 

Posteriormente, en el año 2019, se promulga la Ley Orgánica de Régimen Electoral núm. 15-19, la cual, al referirse a la nominación de candidatos, establece en el artículo 136 lo siguiente: “Equidad de género. Las nominaciones y propuestas de candidaturas a la Cámara de Diputados, a las Regidurías y vocales se regirán por el principio de equidad de género, por lo que estas deberán estar integradas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Partidos, por no menos de un 40% ni más de un 60% de hombres y mujeres de la propuesta nacional”.

 

Estas leyes establecen un rango de paridad en el sistema electoral de no menor de 40%, ni más de un 60% de hombres y mujeres en la lista de candidaturas. Al efecto, el Tribunal Superior Electoral ha desempeñado un rol estelar en garantizar el acceso de la mujer a la justicia electoral, protegiendo sus derechos y haciendo buena interpretación de la ley, tal y como se observa en la sentencia TSE-091-2019, confirmada por el Tribunal Constitucional, mediante sentencia TC/0104/20, la cual en sus consideraciones afirma lo siguiente:

“12.7. Conviene precisar que la igualdad de género y la protección de la mujer constituyen uno de los ejes esenciales de todo régimen democrático, ya que sin ese equilibrio de derechos y oportunidades sociopolíticas entre la mujer y el hombre no es posible lograr un nivel de desarrollo social que permita garantizar el clima de progreso, justicia y paz que conlleven a la convivencia fraterna. Es por ello que la batalla por eliminar la desigualdad y sus injustas consecuencias ha debido auxiliarse del derecho como remedio para intentar romper las barreras existentes entre hombres y mujeres. 12.8. En esa virtud, correspondió al constitucionalismo social adoptar una dimensión incluyente del principio de igualdad que propiciase un reforzamiento de los derechos fundamentales de la mujer, entre estos el derecho de participación política. Es por ello que la Constitución de la República dispone en su artículo 39 el principio de igualdad de derechos y oportunidades que tienen todas las personas, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, entre otras. Muy específicamente, el numeral 5 del indicado artículo 39 expresa que el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”.

 

Todo lo anterior originó que las pasadas elecciones celebradas en la República Dominicana en el año 2020, donde fueron separadas las municipales de las presidenciales, senatoriales y diputaciones, hayan constituido un gran progreso en el quehacer democrático dominicano, fruto de la aplicación de las nuevas normativas constitucionales y legales.

 

En las indicadas elecciones hay una diferencia de 27.78 puntos porcentuales, entre los cargos ganados por mujeres y los ganados por hombres, resultando electas en posiciones secundarias el 55.28% de las mujeres participantes en esos eventos. En las referidas posiciones secundarias se destacan la vicepresidencia de la República, vicealcaldía, suplencias de diputaciones al PARLACEN, suplencias de regidurías y subdirecciones de distritos municipales. (Carolina Alvarado, 2020).

 

La igualdad de oportunidad en todos los sentidos es un gran desafío; avanzar para lograrlo conlleva múltiples implicaciones dentro de las cuales se encuentra cambiar los paradigmas orientados a los pensamientos siguientes:

 

  1. La política es cosa de hombres.
  2. Las mujeres no inspiran igual confianza que los hombres en cargos electivos.
  3. La mujer no tiene la misma capacidad que el hombre para gobernar.

 

El desarrollo del pensamiento cultural de masculinidad, que se refleja en la calidad de la educación desde el hogar a temprana edad, es parte de la brecha que obstaculiza el logro de una verdadera igualdad de hecho, por lo que la promoción de la educación a todos los ámbitos, abarcando desde el hogar hasta el fortalecimiento de los mecanismos internos de accionar de los partidos políticos, resulta inminente.

 

Es oportuno señalar que la igualdad política entre mujeres y hombres en el acceso a los cargos de elección popular, requiere de cuatro causas y razones fundamentales:

  1. a) Derechos específicos de carácter electoral, entendidos como libertades y oportunidades básicas de orden eminentemente constitucional;
  2. b) Prioridad especial a los derechos de libertad y oportunidad para la mujer;
  3. c) Activación de medidas que aseguren a todos los ciudadanos y las ciudadanas medios apropiados que hagan posible el ejercicio de la libertad y oportunidad de ser votados, y
  4. d) La voluntad partidista de hacer posible esta forma de democratización interna (Elizondo Gasperín, 2009).

 

La concepción de la paridad de oportunidades para acceder a los cargos de elección popular es de justicialidad política. Su formulación es aplicada a la estructura básica de la ciudadanía en su conjunto como un esquema de igualación social, la cual tiene como base ideas políticas fundamentales que devienen de la cultura política que permea a toda sociedad democrática.

 

Por tanto, resulta esencial que una política igualitaria incluya, además de los principios de justicia electoral, razonamientos pertinentes que aclaren y declaren los valores sustantivos que dan razón de ser a la paridad de género en el llamado voto pasivo; para decirlo en términos kantianos, se requieren argumentos basados en la libre y bien informada razón y en la puntual reflexión, en tanto que estas expresen acertadamente nuestra opinión y con ello nuestro deseo político. Desde luego, dichos principios se conjugan en reglas a través de las cuales los ciudadanos deciden la aplicación adecuada de esos principios identificando las políticas y las normas que mejor los satisfagan (Elizondo Gasperín, 2009).

 

Los valores de la razón pública contienen virtudes políticas como son la razonabilidad y la justicialidad política, pero también la disposición manifiesta de reconocer el valor de la civilidad en la convivencia político-social. Además, esa conjugación hace posible que la discusión de lo público contribuya a la construcción de las instituciones democráticas del Estado. Ello significa que la equiparación entre mujeres y hombres en oportunidades para aspirar a una candidatura a cargo de elección popular, implica que los valores específicos de esa concepción pueden equilibrarse y combinarse apropiadamente al unirse en la dinámica social, de tal manera que den una suerte de respuesta a todos los planteamientos que se pongan sobre la mesa de la discusión política los principios sustantivos que dan sentido y razón a la igualdad.

 

Efectivamente, aceptar la idea de razón pública de la equiparación en la cuota de género y sus implicaciones sociales, políticas y comiciales, es aceptar una concepción de la justicia más allá de la coyuntura inmediata de la política partidista para acceder a una concepción roussoniana de ciudadanos libres e iguales con un deber de civilidad y un ideal de sociedad democrática.

 

Son muchos los retos que aún tiene la sociedad dominicana, y ese sentido urge: que se impulse la paridad en la conformación de los órganos electorales de manera equitativa (50% hombres y 50% mujeres); que se tome más en cuenta a la mujer para presidir los órganos electorales, legislativos y en la dirección de ministerios, ya que prácticamente solo son consideradas como “sub” o “vice”; se hace necesario la creación de convenios de colaboración con el Ministerio de la Mujer para impulsar y ejecutar políticas públicas efectivas, que defiendan de forma directa, acompañen y apoyen la participación política y visibilización de la mujer política, así como también es pertinente crear una especie de órgano supervisor para constatar que, conforme dispone la Ley 15-19, realmente el 10% de los recursos que reciben los partidos, organizaciones y movimientos sean utilizados para educación y creación de mecanismos que exijan la inclusión de mujeres.

Cabe señalar que este recorrido histórico nos pone en condiciones de reconocer que se ha producido un gran avance y que el rol, cada vez más activo de las mujeres, impone de su desempeño en todas las áreas de la actividad política, social y cultural. El referido plan de continuidad hasta lograr los más justos y elevados estándares de participación requiere mayor asignación presupuestaria para el desarrollo de programas de capacitación y formación, orientados a educar sobre igualdad de género y levantar las barreras culturales que han puesto a la mujer en condiciones de desventaja.

 

Bibliografía

 

  • Alvarado Bolaños, Carolina. “Representación de las mujeres en los resultados de las elecciones 2020 de la República Dominicana”. (En línea). Disponible en: https://www.elmitin.do/representacion-de-las-mujeres-en-los-resultados-de-las-elecciones-2020-de-la-republica-dominicana/
  • Constitución de la República Dominicana, del 13 de junio de 2015.
  • Elizondo Gasperín, María Macarita (2009). Democracia, género, sistema político, participación política, mujery equidad en el proceso electoral federal 2008- Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F.
  • Ley núm. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, del 18 de febrero de 2019.
  • Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio de 2007.
  • Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, del 15 de agosto de 2018.
  • Pérez Corcino, Jeovany (2018). La mujer dominicana en la Cámara de Diputados. Santo Domingo, D. N.
  • Sentencia TC/0104/20, dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
  • Sentencia TSE-091-2019, dictada por el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana.

 

 

Mabel Feliz Baez

Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo  (UASD), con maestría en Derecho y Relaciones Internacionales (UASD) y diplomado en Derecho Notarial (UASD). Catedrática de Derecho, Universidad Tecnológica de Santiago, Recinto Santo Domingo.

Ex Ministra Consejera de la Sección Consular, Roma,  Italia 1997-2000. Delegada de la República Dominicana ante la Conferencia Diplomática Plenipotenciaria de las Naciones Unidas  sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional,  junio-julio, Roma, Italia, 1998. Presidenta del Consejo Nacional de Drogas y del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos  2006 –  2011. Juez titular del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana, designada por el Consejo Nacional de la Magistratura 2011 – 2017. Actualmente catedrática de la Universidad Tecnológica de Santiago, (UTESA) de la República Dominicana,  Miembro Honorífico de AMEA y desde  mayo de 2021 Asesora Honorifica por resolución de La Junta Directiva Del Consejo Nacional de Drogas.

 

Votaciones de ensayo de la mujer. De izquierda a derecha: Abigaíl Mejía y Celeste Woss y Gil. La segunda, de derecha a izquierda, de pie: la señora Ricart, madre de Celeste Woss y Gil. Fuente: Carmen Durán (2010). Historia e ideología: mujeres dominicanas, 1880-1950. Archivo General de la Nación, Santo Domingo.

 

Fuente: Carolina Alvarado Bolaños (2020). “Representación de las mujeres en los resultados de las elecciones 2020 de la República Dominicana”, publicado en el Mitin. Ver: https://www.elmitin.do/representacion-de-las-mujeres-en-los-resultados-de-las-elecciones-2020-de-la-republica-dominicana/, consultado de junio de 2021.