Orígenes comunes de los cuerpos de delegados electorales

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Orígenes comunes de los cuerpos de delegados electorales

2021-05-18T09:54:21-05:0018 mayo, 2021|Artículo Internacional|

DE COSTA RICA Y PANAMÁ[1]

 

Con enorme júbilo, el Cuerpo de Delegados Electorales del Tribunal Electoral de la República de Panamá celebra el trigésimo aniversario de su creación. Una celebración de este tipo, en la cual se comparten especiales sentimientos de agradecimiento y regocijo por la labor desarrollada por un comprometido grupo de ciudadanos y ciudadanas que ofrecen servirle al País, convencidos del inmenso valor que representa dicha ofrenda, resulta adecuada para hacer una breve reflexión acerca del significado que puede tener dicho voluntariado cívico en un régimen democrático participativo, hoy en día.

 

Apelando a las raíces de este organismo electoral, que tienen como antecedente a su vez al costarricense, resulta siempre importante hacer una breve referencia histórica. En el caso de Costa Rica, vemos que los años 40 del siglo pasado, representaron un hito innegable dentro de nuestra vida como Nación independiente: la crisis del modelo de Estado liberal que se reflejó en los planos de lo económico, político y social, representó el caldo de cultivo necesario para las grandes transformaciones que el país demandaba y que se fueron manifestando gradualmente.

 

Una Constitución Política que mostraba desfases importantes en el proyecto de Estado que la sociedad de aquel entonces requería, se caracterizó en lo político-electoral, entre otras, por un reparto de funciones electorales principalmente a cargo del Congreso (dado que no existía un órgano electoral autónomo e independiente), así como una estructura de sufragio en dos grados, en la cual solo los ciudadanos hombres podían elegir y ser electos, siempre y cuando cumplieran con requisitos de diversa índole, entre los cuales sobresalía la condición de ser propietario o titular de cierta cuota patrimonial.

 

La Historia parece mostrar un claro consensoal sostener que todas las elecciones previas a la del 8 de febrero de 1948, y sobre todo esa en particular, no necesariamente reflejaron la decisión mayoritaria del electorado. De igual manera, y a pesar de que la Constitución Política vigente reconocía la libertad de pensamiento y de expresión, particularmente en el tema político, imperó una falta de reconocimiento de las autoridades de gobierno acerca de dichas libertades, llegándose incluso a verdaderos y brutales actos de represión en contra de ciudadanos que mostraban sus inclinaciones y simpatías por diversas banderas políticas. La fundada desconfianza en contra de quienes tenían a su cargo la delicada organización de los actos relativos al sufragio y el control de las autoridades de gobierno ante la grosera intromisión en la contienda político-electoral, hizo que ya en 1947 se propusiera la participación activa de representantes de la sociedad civil en ciertos aspectos referentes al tema de la organización electoral. La condición de hallarse desvinculados de cualquier fuerza político-partidaria se aplicó en aquel entonces, y se mantiene hoy en día.

 

Lo que siguió fue una cadena de acontecimientos que hoy vemos con la objetividad del espectador, pero que para muchos antes que nos precedieron, familiares incluso, representó situaciones conflictivas de dolor, pérdida y privaciones. Recordamos un conflicto bélico que enfrentó a un país hacia lo interno, que marcó una división política y social, pero que a su vez, por fortuna, motivó los más importantes cambios que cimentaron la Segunda República de la cual hoy nos preciamos. Sin ánimo de extenderme, se podría afirmar que uno de los aspectos de mayor relevancia generados de toda esa compleja coyuntura política fue, en la parte del reconocimiento de derechos políticos, la universalización del sufragio, garantizado a su vez por la propia y novedosa norma constitucional, y la atribución de la condición de ciudadanía a partir del mero hecho biológico de la mayoridad de edad y el goce de facultades cognoscitivas, volitivas y judicativas, fundamentalmente. En lo institucional, y como respuesta a las experiencias vividas sobre la importancia de una sólida y eficaz organización jurisdiccional y administrativa electoral, destaca la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, entidad de la cual nos enorgullece sentirnos parte, y que representa un antes y un después en la historia de nuestro querido país.

 

Los constituyentes de Costa Rica de 1949 reconocieron la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales, no solo desde la perspectiva del acceso garantizado al sufragio, tanto activo como pasivo, incluyendo así la necesaria conformación de los partidos políticos, sino además en lo atinente al acompañamiento ciudadano en la organización del proceso. En el caso de Costa Rica, la referencia en el texto constitucional a la figura de la delegación, así lo ratifica.

 

La democracia, más que un concepto acerca de cierta forma de gobierno o mecanismo de organización política, es una actitud hacia la vida en Sociedad. Se afirma que es versátil y multiforme como entidad viva y que representa la suma de aspiraciones de un pueblo que merece lo mejor. Sin pretender ir más allá que expresar una idea acerca de la razón por la cual hoy se justifica un Cuerpo de Delegados en un Tribunal Electoral, caracterizado por su más que probada solvencia moral y técnica, me atrevo a decir que la participación de los ciudadanos en asuntos de interés público, incluyendo asumir la condición de servidores electorales responsables, constituye una condición de democracia. Se habla así de la “ciudadanización” de los procesos electorales. A raíz de las experiencias histórico-políticas que el pueblo de Panamá vivió antes, durante y después de los hechos de 1989, hoy resulta más que evidente la apertura invaluable que el Tribunal Electoral panameño tuvo como visión transformadora a principios de los noventa, y de la cual el Cuerpo de Delegados Electorales representa un valioso ejemplo de fortalecimiento democrático, que debe mantenerse y mejorarse. Pareciera ser claro que la creación de nuestros organismos electorales, como muchas instituciones políticas, no es obra de la causalidad ni obedece a un designio abstracto. Hay un pasado común de sangre derramada que motivó la necesidad de honrar esas pérdidas y de evitar que los hechos que las causaron, vuelvan a ocurrir.

 

Por otra parte, es importante afirmar que el proceso electoral no es de ningún organismo electoral. Como parte de esta gran familia electoral, los delegados hemos ido entendiendo que el proceso electoral y la libertad del sufragio, que es su contenido fundamental, es y debe ser, necesariamente, de la ciudadanía a la cual nos debemos. Como servidores públicos electorales, los delegados debemos siempre reconocer nuestra condición de “simples depositarios de la autoridad”. La función que desempeñamos por voluntad propia y sin esperar más retribución que la de saber que con nuestro aporte coadyuvamos en la promoción y soporte del régimen democrático, se erige como una impronta original delo que significa ser delegado electoral y que, con sumo orgullo, compartimos desde 1991 con nuestros apreciados colegas panameños. Soñamos con que algún día otros países emulen esta instancia de participación y legitimación ciudadana.

 

En el marco de estas efemérides, sea propicio el momento para reiterarle al Cuerpo de Delegados Electorales de la República de Panamá nuestro efusivo reconocimiento por toda la labor cumplida en estas tres primeras décadas. Sabemos que los retos son enormes y el entorno que nuestras sociedades enfrentan no deja de ser sombrío. Sin embargo, con esperanza y esfuerzo tesonero, nuestro compromiso debe ser seguir adelante. Que el sacrificio de todos y cada uno de ustedes, la entrega y la dedicación por servirle a su Patria constituya para todos ustedes la convicción plena de que son un modelo único de ciudadanía participativa, que convierten en acciones concretas el noble ideal de una sociedad gobernada por la decisión de la mayoría, con participación de la minoría y dentro de un régimen abierto de respeto a la libertad, la igualdad y la dignidad.

 

 

 

Sergio Donato Calderón

Jefe Nacional de Delegados

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica

Costarricense. Abogado y notario público en ejercicio desde 1987. Se ha desempeñado como docente universitario en la Universidad Escuela Libre de Derecho desde 1988. Director académico de la Universidad Escuela Libre de Derecho (1997) en funciones. Catedrático por la Universidad Escuela Libre de Derecho. Mediador y conciliador certificado (2002). Delegado jefe nacional del Cuerpo Nacional de Delegados del Tribunal Supremo de Elecciones (2011) en funciones. Presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica (2012) en funciones.

[1]Sergio Donato, Abogado. Delegado Jefe Nacional del Cuerpo Nacional de Delegados del Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica.