Los partidos anti-sistema en la argentina

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Los partidos anti-sistema en la argentina

2020-09-09T13:22:34+00:009 septiembre, 2020|Artículo Internacional|

Un recorrido normativo y jurisprudencial en paralelo

Introducción

«Un partido anti inmigración y anti Unión Europea llevará las riendas de Dinamarca»; «La ultra derecha xenófoba toca el poder en Noruega»; «Suecia: un partido neonazi es candidato a ganar las próximas elecciones»; «La extrema derecho regresa al gobierno de Austria»; «La ONU lanza alerta por el crecimiento del racismo en los EE.UU»; en España «…Vox es el partido que más crece», son algunos títulos que podemos leer en diversos medios  y portales de noticias[1].  Con sus matices y diferencias, hay una nota común: el rechazo al multiculturalismo, la xenofobia, el ataque a la inmigación y pretensión de unificación cultura de las naciones y, desde luego, la crítica furiosa a los partidos políticos asentados en los respectivos países, todo en un clima de desazón, de crisis económica, de frustración e insatisfacción.

¿Y la Argentina? No escapa a las condiciones generales descriptas. La discriminación por etnia y nacionalidad ocupa el segundo puesto en la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Río Negro y San Luis y del tercero al sexto en casi todas las demás, y si sumamos las denuncias por aspecto físico, condición socio-económica y las de pueblos indígenas, se evidencia un núcleo de racismo arraigado en el país[2].

¿Cómo la Argentina puede responder al eventual surgimiento de partidos con ideas que, de concretarse, importarían arrasar con la libertad e igualdad, principios que están en los cimientos del país?

En búsqueda de una respuesta, repasamos las alternativas que ofrece el derecho comparado: la democracia militante y la democracia abierta. Aquel tiene su paradigma en la Ley Fundamental de Bonn; este en la Constitución española. Habremos de describir sus caracteres y efectos y luego rastrearemos la respuesta que se ha dado o podría darse en la Argentina.

El modelo de democracia militante[3]

Cobra forma en el período de entre guerras. Admite fulminar ideas o actividades «que se encaminan a sustituir la apertura plural de ideas por una pretensión absoluta de verdad y dominación que aniquile en su nombre la plural libertad de los ciudadano”[4]. Se consagró en 1949 en reacción a la experiencia de la llamada República de Weimar, vista como neutral desde la perspectiva de los valores y centrada en las formas y las reglas[5]. El nazismo llegó al poder en enero de 1933, valiéndose de los mecanismos legales y eso significó el suicidio de la primera república alemana[6]. Asume que hay principios -un núcleo intangible que hay que proteger- más allá de la norma positiva. Su eje central está en el art. 21 que establece: “1. Los partidos participan en la formación de la voluntad política del pueblo. Su fundación es libre. Su organización interna debe responder a los principios democráticos. Los partidos deberán dar cuenta públicamente de la procedencia y uso de sus recursos, así como de su patrimonio. 2. Los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el libre orden democrático, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales. Sobre la constitucionalidad decidirá la Corte Constitucional Federal. 3.  La regulación se hará por leyes federales”[7]. Claramente se establece un mecanismo de defensa: la eventual prohibición- por  inconstitucionalidad- de partidos que  “por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes sean contrarios a la democracia y a la propia existencia de la República Federal. Se pone la lupa en los fines y en las conductas de los seguidores de los partidos. Hay un control amplio, tanto ideológico como sobre las conductas. En síntesis: en defensa de la libertad y de la democracia puede restringirse la libertad política.

La democracia militante en la jurisprudencia

El Tribunal Constitucional Federal de Alemania declaró la inconstitucionalidad en dos ocasiones: Cuando el 23 de octubre de 1952, prohibió al Partido Socialista del Reich (SRP), cuyo programa exhibía reminiscencias del nacionalsocialismo[8]. Interpretó que el partido “procuraba expulsar al resto de los partidos de la vida política, de modo que negaba el multipartidismo[9].   En 1956 fue proscripto el Partido Comunista Alemán (PDK), al considerarse que “fomentaba el combate al orden democrático a través de un plan preestablecido, patente no solo en el programa del partido, pero en las declaraciones oficiales, comunicados, pasquines y materiales educativos”[10].

No significaban un peligro cierto para el renaciente sistema democrático alemán; sin duda las decisiones del Tribunal se explican, a partir del contexto histórico. Por un lado, marcar la diferencia y descontaminar el ambiente de todo vestigio del régimen totalitario nazi. Por el otro, el marco de la guerra fría ya instalada, lleva a comprender lo resuelto.

De todas formas, cabe aclarar que las críticas a la aplicación de la norma que puede portar el germen de la propia destrucción por implosión de la democracia, así como las dudas relativas a su utilidad, han llevado a que no se volviera a prohibir otro partido en Alemania[11].

El modelo de democracia abierta

La Constitución de España prescribe: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”[12]. Salta a la vista que contornea un modelo distinto[13]. Es una norma escueta que los define y traza algunos lineamientos vinculados a la creación y actuación libre, “dentro del respeto a la Constitución y la ley” y sobre su funcionamiento y organización. Reconoce el rol central de los partidos en una sociedad democrática en la que entrechocan ideas e intereses, pero no ha impreso la democracia militante. La democracia cuyos cimientos y andamiaje se estaban montando no podía nacer prohibiendo.

La democracia abierta en la jurisprudencia

El carácter abierto de la democracia española- y la constitucionalidad de la ley de partidos políticos 6/2002- quedaron expuestas en la sentencia del Tribunal Constitucional referida a la ilegalización de los partidos Herri Batasuna, Euskal Harriok y Batasuna[14]. Allí se consagró: “En nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de ‘democracia militante’; esto es, un modelo que imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución. Falta para ello el presupuesto inexcusable de la existencia de un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional…”. En el marco del ordenamiento español, “cualquier proyecto es compatible con la Constitución, siempre y cuando no se defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales”. Hace un esfuerzo en diferenciar entre acciones y fines; el germen de la ilicitud no está en los fines –aunque se ansíe deteriorar y hasta eliminar la democracia- sino en las formas con que pudieran buscarse[15].

La Argentina en paralelo

La existencia de partidos anti sistema ha tenido su reflejo en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia argentina que se han teñido de ambos modelos. Incluso, paradójicamente, la defensa de la democracia fue objeto de regulación durante la vigencia, en buena parte de la historia nacional del siglo XX, de gobiernos de facto. Es más, ha sido la regla y la democracia abierta la excepción.

La democracia militante en la Argentina

Esta teoría vio la luz el 4 de agosto de 1931, a través de un decreto dictado por un gobierno de facto[16]. Constitucionalmente, fue consagrada con la Constitución de 1949[17]. Producto de su época, el art. 15 principiaba proclamando: “El Estado no reconoce libertad para atentar contra la libertad”, agregando en otro párrafo que “El Estado no reconoce organizaciones nacionales o internacionales cualesquiera que sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades individuales reconocidas en esta Constitución, o atentatorias al sistema democrático que esa inspira”. Consecuente con ella, la Ley 13.465 no admitía agrupaciones que desconocieran la Constitución, las leyes y las autoridades y si sus principios ideológicos eran capaces de alterar la paz social o acudían a la violencia o a la alteración del orden como mecanismo de propaganda política o si estaban vinculadas a entidades internacionales[18]. Pero la teoría de la democracia militante sobreviviría a través de normas sucesivas– el Decreto-ley 19.044/56, entre otras- dictadas por gobiernos de fuerza o por gobiernos de iure, regulatorios de la formación de agrupaciones políticas democráticas o del derecho de los ciudadanos a formar partidos políticos democráticos.  Todas coincidentes  en exigir una adhesión positiva a los postulados  y fines de la Constitución[19]. Había un control programático de los partidos para su eventual habilitación[20].

La democracia militante en la jurisprudencia argentina

La Corte Suprema argentina asumió la teoría de la defensa de la democracia en su sentencia en autos “Partido Obrero”[21].  Consideró que la “defensa del Estado democrático” asociado a la preservación de las instituciones a las que alude el art. 1 de la Constitución justifica la restricción de los derechos[22]. El control ideológico que da lugar a la disolución del partido se evidencia cuando interpretó que la decisión “ha de fundarse en el ‘auténtico programa de acción política’… y no en las manifestaciones verbales o escritas formuladas como subterfugio”[23]. La sentencia no tuvo mayor resistencia. Recaía en una expresión minoritaria de izquierda, en una época de “Guerra Fría”[24].

En cambio, la Ley 16.652 fue aplicada al Partido Justicialista. En su pronunciamiento, la CNE, reafirma la facultad estatal de control a los partidos y sostiene: “Que una confrontación de la realidad del denominado Partido Justicialista -en formación-, realidad dada por actuación exterior, conducta de sus dirigentes y experiencia anterior en el ejercicio del poder público por la misma fuerza política aunque con nombre diverso, pero cuya solidaridad se proclama urbi et orbi-, llevan a la convicción de que la agrupación actora ni es democrática, ni menos adhiere a la forma representativa y republicana de gobierno de nuestra organización institucional”[25].

La democracia abierta en la Argentina

El 30 de octubre de 1983 marca un cambio de época en la Argentina[26]. Las elecciones generales de esa fecha no solo significaron el fin de la dictadura; fueron el punto de partida para la gran tarea de clausurar aquel ciclo abierto en 1930[27].  Nuevos aires impregnan el desenvolvimiento político. La transición a la democracia busca afirmarse en la participación, el pluralismo y la competencia.

Democracia abierta en la ley

Comienza a trazarse con la sanción de la Ley 23.298[28]. Para su elaboración se requirió la opinión de los partidos y asesoramiento a la Cámara Nacional Electoral. El amplio acuerdo inter partidario explica la falta de un intenso debate.

La ley no contiene exigencias programáticas, al menos en forma expresa: reconoce el derecho a formar “partidos políticos democráticos”, conservando- aquí- una fórmula de los tiempos anteriores[29].  Aquí nos preguntamos sobre el alcance de la expresión; ¿refiere a la democracia interna de los partidos, a las democracias pluralistas o las llamadas democracias populares?[30]. Con esta ley, el postulado de la libertad política se consolida; no se imprimen los condicionamientos que señoreaban en antiguas reglamentaciones. Asimismo, en orden al proceso de reconocimiento, las eventuales observaciones solo podrán referirse al cumplimiento de las pautas legales y al nombre[31].

La ley enumera escasas causas de extinción de los partidos[32]. En el tratamiento del proyecto quedó sentado: “La nueva democracia social y liberal que gobierna la Argentina, no puede abroquelarse en el miedo, como lo hicieron la Ley Fundamental de Bonn, o la correlativa disposición XII de la Constitución italiana”[33].

La actual Ley 23.298 no prevé el control ideológico-programático de las agrupaciones”[34].

Democracia abierta en la Constitución reformada

Los partidos políticos fueron impresos en el texto constitucional argentino recién con su reforma en 1994; ella los define como “instituciones fundamentales del sistema democrático”[35]. En lo que nos convoca, rescatamos que “su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución”. El derecho a fundar un partido es derivación lógica del derecho de asociación con fines útiles[36]. Encuentra también resguardo en normas de instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional[37].

Ahora bien: la Constitución, a modo de regla general, consagra la libertad de creación y actuación y de inmediato fija un límite: el respeto a la Constitución. En nuestra opinión, aquí está la clave y hacia el final, abordaremos el tema.

Luego, penetra en la vida interna de los partidos reclamando organización y funcionamiento (democráticos) y la representación de las minorías. A diferencia de su par germana, la Constitución reformada argentina aparece, al menos en este asunto, vaciada en el molde de la Constitución española. No refiere, al menos expresamente, a los fines partidistas, ni articula un mecanismo de defensa de la Constitución.

La democracia abierta en la jurisprudencia argentina

El único caso de aplicación de la nueva regulación de partidos se dio en relación al Partido Nuevo Triunfo[38].  Al confirmar la sentencia de primera instancia, negatoria de la solicitud-  sostuvo la CNE: “ no son las ideas lo que hacen imposible el reconocimiento del partido “sino su emulación de un régimen basado en pretendidas desigualdades, que agravia ostensiblemente uno de los derechos humanos más elementales consagrados por el orden jurídico nacional e internacional, y que -en el desenvolvimiento de dicha agrupación- se traduce en concretos actos de discriminación por motivos de raza, sexo y origen nacional”[39]. Recurrido, llegó a la Corte que después de un detallado repaso de las normas de fuente internacional receptados constitucional y legislativamente, confirmó el fallo. Recordó que el Estado argentino debe velar por el cumplimiento estricto de ellas, tanto administrativa como jurisdiccionalmente; de ahí que “no se pueda legitimar como partido político a quienes incurren en apología del odio, e indirectamente, incitan a la violencia…, la utilización de símbolos del mismo modo que lo hacían los nazis…y que utilizan terminología empleada por el Tercer Reich, aludiendo a determinadas personas como sub humanas”[40]. Luego, hace suya sentencia de instancia inferior,  atendiendo a que esta “se basa en el desconocimiento de los derechos más esenciales de ciertos grupos de personas o de minorías y en la superioridad de una raza, que promueven diferencias en razón de color, origen, religión, orientación sexual, etc., por entender que todas estas actitudes consideradas en forma conjunta revelan una práctica discriminatoria prohibida por la ley” no hace más que asegurar los mandatos de las leyes nacionales e internacionales[41].

  1. Conclusiones

Hemos sobrevolado dos modelos tributarios -cada uno- de las coordenadas de tiempo y de lugar en su adopción. Partiendo del dato cierto de que en Argentina no hay fuerzas políticas atractivas que propicien ideas contrarias a la república democrática, ¿podría darse en la Argentina frente a los llamados partidos anti sistema?[42].

Fruto del constitucionalismo liberal, la Constitución argentina sancionada en 1853 guardó silencio respecto de los partidos políticos. Descalificados como facciones, eran vistos como contrarios a los objetivos preambulares: “Constituir la unión nacional, consolidar la paz interior”. No obstante, se formaron y actuaron amparados implícitamente por la Constitución[43]. Ese marco corroído por la inestabilidad política interna, en combinación con los coletazos de la segunda guerra mundial y luego de la guerra fría sirvieron durante gran parte del siglo XX, para justificar medidas tuitivas de la Constitución, pero que, en vez de protegerla, resquebrajaban un postulado cardinal que la anima: la libertad política.

En 1983 cambia la historia: el camino lo abre la ley de partidos políticos que anterior a la reforma constitucional se erige en un verdadero agente cultural. Quiere reparar las heridas en una sociedad teñida de autoritarismo; alienta la circulación de ideas.

En 1994 se encumbra a los partidos en el texto supremo. Se establece que su creación y el ejercicio de sus actividades “son libres dentro del respeto” a la Constitución. En este párrafo –anticipamos- está la médula del tema que nos motiva. ¿Cuándo se falta el respeto a la Constitución?; ¿cuándo se profesan ideas opuestas?, ¿o recién al de ejecutarse acciones contrarias a ella? La Constitución no lo detalla.

Buscando una respuesta acudimos al debate reformador, pero la lectura del intercambio de ideas resulta frustrante. No surge una contundente interpretación del texto constitucional. Alguno admite un control ideológico y otro lo rechaza con igual pasión. En el medio, otros, con palabras floridas, no se definen[44].

Esa textura abierta de los preceptos constitucionales permite sintonizar la legislación y su interpretación en sintonía con desafíos que puedan plantearse. En España vía la reglamentación legal, se han hecho precisiones a tenor de nuevos tiempos, pero es distinto en el ámbito argentino; la ley orgánica de partidos sigue siendo muy escueta, pero entendemos que sería viable esa modulación y las eventuales restricciones legales.

Ahora: ¿Es tan abierta la democracia argentina?; ¿no podría prohibirse un partido cuando pregone un modelo- enarbole fines que signifiquen la abolición de la república democrática y las libertades que entraña?

“La ley de partidos no establece un control programático ni ideológico sobre los partidos políticos, cabe inferirlo de la CN, pues el artículo 38 establece que su creación es libre dentro del respeto a sus disposiciones”[45]. Se reconoce el derecho –en cabeza de los ciudadanos- de fundar un partido. Este derecho, como todos, encuentra su límite en el art. 28 de la Constitución[46]. Al mismo tiempo, hay que conjugar el art. 16.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 22.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los que surge la posibilidad de fijar restricciones al derecho de asociación necesarias en una sociedad democrática, entre otras cuestiones[47]. Asimismo, el art. 32.2 de la mencionada Convención asume -en orden a la correlación entre deberes y derechos- que la limitación a los derechos puede también derivar de las exigencias del bien común, “en una sociedad democrática”. No puede perderse de vista que el conjunto de disposiciones que hemos repasado está constitucionalmente jerarquizado y la recurrente referencia a la sociedad democrática[48]. El derecho de asociación política refiere a partidos democráticos y tal carácter no se agota en un modo de selección de autoridades (partidarias), sino que la democracia importa un modo de vida, un estilo de comportamiento: en definitiva de funcionamiento. Solo puede actuar, funcionar democráticamente quien tiene internalizados los principios de la democracia que hacen a la libertad, la igualdad, el pluralismo, la justicia, el respeto a los derechos humanos. Desde luego, sería incongruente que la Constitución se interese -garantice- la organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías y que se ordene al Estado financiar actividades partidistas y a la par que se desentienda de los fines de los partidos que protege y que están en la base del orden institucional democrático. Sería asumir que el edificio institucional de la República se levante sobre cimientos agrietados.

“Su creación” – además del «ejercicio de sus actividades”- es libre “dentro del respeto a la Constitución”. Entendemos que toda creación responde a un porqué que traduce una finalidad que a su vez se refleja  en la declaración de principios y el programa que perfilan el ideario de la agrupación, así como en la plataforma partidaria, que resume los objetivos electorales y que debe armonizar con los anteriores documentos[49]. Todo esto condensa el pensamiento partidario que debe respetar la Constitución republicana, liberal, igualitaria, democrática y comprometida con la defensa de los derechos humanos.

 

La Ley Suprema argentina puede “reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes” y a diferencia de otras constituciones, no contiene normas definidas como irreformables[50]. Desde esta perspectiva no habría cláusulas blindadas a cambios, bastando con que la propuesta tenga apoyo mayoritario y que su consagración se haga respetando el procedimiento. Pero entonces, el respeto a la Constitución quedaría limitado al respeto formal. ¿La Constitución es simplemente un recitado de reglas?, ¿no hay límites materiales a una reforma constitucional?; ¿acaso no es viable fulminar una norma o acto que                    -establecido formalmente- pueda, sin embargo, menoscabar sustantivamente la Constitución? Entendemos que la posibilidad de reforma total no importa admitir cualquier enmienda: “Hay derechos superiores y anteriores a toda Constitución escrita, que no se escriben ni se borran jamás”, sostuvo Bartolomé Mitre en la Convención bonaerense de 1870/77[51]. Los argentinos establecimos –en 1853, “para nuestra posteridad”- una Constitución para reivindicar derechos y libertades esenciales contra el absolutismo: toda ley que los quebrante destruiría los fundamentos de la misma sociedad; en definitiva, como fuera señalado para los tiempos: “la Constitución es el pueblo, es la Nación Argentina hecha ley”[52].

 

Por eso afirmamos, para concluir, que en la Argentina hay libertad de creación y de actuación de los partidos, instituciones fundamentales del sistema democrático sí, pero republicano.

[1]https://www.elmundo.es/internacional/2015/06/19/5583ce6a46163fc81e8b4572.html; https://elpais.com/internacional/2013/09/11/actualidad/1378923241_358469.html; https://www.clarin.com/mundo/suecia-partido-neonazi-candidato-ganar-proximas-elecciones_0_B16UURMDX.html;https://cnnespanol.cnn.com/2017/12/16/la-extrema-derecha-regresa-al-gobierno-de-austria/;https://eldiariony.com/2017/08/16/la-onu-lanza-alerta-por-aumento-de-racismo-en-eeuu/;https://www.20minutos.es/noticia/4049451/0/elecciones-generales-espana-10-n/

[2] http://inadi.gob.ar/contenidos-digitales/wp-content/uploads/2019/01/mapa-de-la-discriminacion-segunda-edicion.pdf

[3] Expresión acuñada por Karl Löewenstein en su artículo “Militant and Fudnamental Rigths I/II” en IGLESIAS BÁREZ, Mercedes, “La ilegalización de partidos políticos en el ordenamiento jurídico español”, Editorial Comares, Granada, 2008,  nota 72, pág.  39.

[4] PLAZA, David Bautista,  “La función constitucional de los partidos políticos”,  Comares editorial – Facultad de Derecho, Universidad de Granada; Granada, 2003,  pág. 196.

[5] El 11 de agosto de 1919, el presidente Friedrich Ebert sancionó la Constitución elaborada por la Asamblea Nacional reunida en la ciudad de Weimar. Entró en vigencia tres días después. Con ella quedó instalada la primera república alemana y abolida la monarquía. La Constitución de Weimar solo indirectamente aludía a los partidos políticos a través de los arts. 124 y 130. El primero consagra la libertad de asociación, estableciendo, en su 1º párrafo: “Este derecho no puede ser restringido por medidas preventivas” y al final: No puede ser denegada la personalidad a una asociación por razón de perseguir una finalidad política, político-social o religiosa”;”La Constitución de Weimar (Texto de la Constitución alemana de 11 de agosto de 1919)”, Tecnos, Madrid, 2010.

[6] Joseph Göebbel, por entonces diputado en el Reichtag, llegó a afirmar que su partido entraba “En el Reichtag para proveernos en el arsenal de la democracia, con las armas de la propia democracia (…) ¡Venimos como enemigos! Como el lobo irrumpe en el redil, así venimos”, en MIGUEL PÉREZ-MONEO, Agapito, “La disolución de partidos por actividades antidemocráticas”; Editorial Lex Nova, 1ra edición, Valladolid, abril 2007.

[7] Art. 21, Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. La reglamentación de los partidos fue adoptada por ley federal de 1967. El Gobierno Federal, el Parlamento (Bundestag) y el Senado (Bundesrat) son competentes para requerir al Tribunal Constitucional que prohíba a un partido. El art. 1.1 define que “Los partidos políticos son un componente constitucional fundamental para un sistema libre y democrático” para agregar luego “Con su contribución libre y permanente a la formación de la voluntad política del pueblo, cumplen una función pública, que la Ley Fundamental garantiza y les impone”.  En la séptima sección- Ejecución de la prohibición de partidos contrarios a la Constitución- la ley regula el cumplimiento de la prohibición de partidos inconstitucionales. Así, se prevé que en tal caso, que las autoridades pertinentes están ampliamente facultadas para adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia y de cualquier otra medida adicional que ordenare el Tribunal Constitucional (art. 32).

[8] El gobierno requirió la prohibición al Tribunal Constitucional. En su defensa, el partido, alegó que en otros también militaban antiguos miembros del partido nazi, pero el Tribunal entendió que lo que importaba era que de la documentación presentada surgía que seguían sosteniendo las mismas ideas.

[9] IGLESIAS BÁREZ, Mercedes, “La ilegalización de partidos políticos en Francia, Alemania y España”, pág. 16.

[10] TORTOLERO CERVANTES, Francisco, “La disolución de los partidos antisistemas”; Temas selectos de Derecho Electoral Nº 7. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, septiembre de 2009, pág. 21.

[11] En enero de 2001, el Gobierno Federal alemán demandó la prohibición del Partido Nacional Democrático (NPD) ante el Tribunal Constitucional. Días después lo hicieron el Parlamento y el Consejo Federal. El Tribunal hizo lugar a las solicitudes en octubre del mismo año. Pero al descubrirse que algunos de los testigos ofrecidos por el gobierno eran funcionarios de la Oficina de Protección de la Constitución y que habrían participado en actividades de agitación a partir de su infiltración en el partido cuestionado, han puesto en duda la transparencia del proceso, así como la eficacia de la herramienta constitucional. Ver: IÑIGUEZ, Diego y FRIEDEL, Sabine, “La prohibición de partidos políticos en Alemania”, Claves de Razón Práctica- Nº 122, pág. 30. En enero de 2017, una vez más el Tribunal Constitucional rechazó la demanda promovida por la Cámara Alta del Parlamento Federal por inconstitucionalidad del mismo partido, pero en un verdadero giro jurisprudencia juzgó que para aplicar la prohibición “2.2.4.…es necesario que el partido haya ido más allá de su compromiso con los objetivos anticonstitucionales excediendo el umbral de lo que constituye una verdadera lucha contra el régimen de libertad y democracia. Este estándar se satisface cuando el partido defiende activa y sistemáticamente sus fines y actúa en aras de debilitar o abolir el régimen fundamental de libertad y democracia. Sin embargo, no se requiere que el accionar del partido importe un riesgo específico a los intereses jurídicos protegidos por el art. 21.2.1. No obstante, sí se exige la existencia de indicios específicos y de peso que al menos sugieran la posibilidad de que las actividades del partido vayan a ser potencialmente exitosas. Si, por el contrario, el accionar de un partido ni siquiera sugiere que puede lograr sus objetivos anticonstitucionales, no resulta necesario proteger preventivamente a la Constitución a través de su prohibición”, ORE- JURISPRUDENCIA- ALEMANIA.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DE ALEMANIA. Disponible en: http://www.csjn.gov.ar/dbre/verNoticia.do?idNoticia=1792 . Cabe señalar que en 2017 se agregó un párrafo al art. 21 de la Constitución alemana. En el párrafo 3 puede leerse: «Los partidos que por su fines o por el comportamiento…, quedarán excluidos de la financiación estatal. En caso de que se verifique su exclusión, también se suprimirán los beneficios fiscales y las asignaciones pare estos partidos.

[12] Art. 6 CE. La Constitución fue aprobada el 31 de octubre de 1978. El 6 de diciembre fue ratificada por referéndum y sancionada y promulgada por el rey el 27 de diciembre.

[13] Hay que considerar también los arts. 9 (sujeción a la Constitución) y 22 (derecho de asociación).

[14] La ley 6/2002 sustituyó a la ley 54/78 aprobada días antes de la sanción de la Constitución y durante cuya vigencia no se ilegalizó a ningún partido. Le ley 6/2002 se asienta en el Pacto por la Libertad contra el terrorismo suscripto por los partidos Popular y Socialista Español en diciembre de 2000. Más detallista que la anterior, la ley incorpora las “mayores novedades” en los arts. 6 y 9. El primero, establece: “Los partidos deben ajustar su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes” y el segundo, en forma extensa y casuística, expone las causas de ilegalización.

[15] En igual orden de ideas, el Tribunal Supremo ha establecido: “La Ley Orgánica 6/2002 no es una ley represiva de la disidencia política, como sostiene la representación de la demandada, sino una ley que garantiza la supremacía de la constitución y el principio democrático en lo referente a la actividad de los partidos políticos, dentro del marco de los derechos que protege la Convención Europea de Derechos Humanos y de los límites establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Centro de Documentación Judicial Id Cendoj 28079160012003100020, Órgano: Tribuna Supremo, Sala Especial, sede Madrid, sección 1, Nº recurso: 6/2002, Nº Resolución: Procedimiento Art. 61 LOPJ, Ponente: Francisco José Hernando Santiago, Tipo de Resolución: Sentencia; Resumen: autos acumulados 6/2002 y 7/2002 legalización de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, pág. 26.

[16] Decreto del dictado por el PE de facto surgido del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. Actos del Poder Ejecutivo-Ministerio del Interior-Decreto sobre constitución de los partidos políticos del 4 de agosto de 1931. Boletín Oficial- Buenos Aires, 7 de agosto de 1931, pág. 974. En sus considerandos establecía: “Que razones de orden público, indican que las autoridades federales no deben otorgar la personería a agrupaciones que… propicien la disolución del Estado o utilicen medios ilícitos o contrarios a los principios republicanos”. Otro Estatuto, emanado del gobierno de facto surgido del golpe de Estado del 4 de junio de 1943, establecía: “La declaración de propósitos y el programa de acción deberán ajustarse al principio de la soberanía del pueblo y a las declaraciones, derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional”, art. 43, Decreto Nº 11.976/45. Estatuto Orgánico de los Partidos Políticos; informe de la Comisión Redactora. Anales de Legislación Argentina- Decretos del Poder Ejecutivo Nacional, pág. 369.

[17] Fue sancionada el 11 de marzo de 1949. Fue derogada por una proclama del gobierno provisional el 27 de abril de 1956 que declaró vigente la Constitución de 1853 con sus reformas de 1860, 1866 y 1898.

[18] Art. 2, ley 13.645. B.O. 24/10/49.

[19] Decreto-ley 19.044/56, del 16 de octubre de 1956- Estatuto de los partidos políticos (B.O. 18/X/56), pág. 1045/46. Su art. 1 garantiza el libre desenvolvimiento de las agrupaciones políticas democráticas”; En igual orden de ideas, el decreto 7.162, del 24/7/62 que aprobó el Estatuto de Partidos Políticos; BO N°19.882 del 24 de julio de 1962. El Decreto-ley 12.530/62 que aprobó el nuevo Estatuto de Partidos Políticos, en su exposición de motivos refiere solo al derecho de asociación con fines útiles, B.O. N° 19.598, Buenos Aires, 21 de noviembre de 1962. La ley 16.652, sancionada el 29/12/64; su art. 1 garantiza a los ciudadanos el derecho a asociarse en “partidos políticos democráticos”. El Decreto- ley 19.102 del 30/6/71, guarda silencio sobre el punto. La Ley 21.108 se limitará-con algunas modificaciones- a restablecer la vigencia de la ley 16.652 y Ley 22.627-sancionada y promulgada el 26/8/82- repite la fórmula de la ley 16.652.

[20] Decreto-ley 19.044/56, art. 3; Decreto 7.162, art. 14; Decreto-ley 12.530,  art. 6, ley 16.652, art. 3 inc. b), art. 22 y art. 23; Decreto-ley 19.102, art. 25 y ley 22.847,  art. 3, inc. b), art. 22 y art. 23.

[21] Fallos 253:133. Convalidó la constitucionalidad del Decreto-ley 19.044/56.

[22] Fallos 253:133, considerando 9.

[23] Fallos 253:133, considerando 20.

[24]Varias normas fueron dictadas en persecución del comunismo: Decreto-ley 18.787 (10/10/56); Decreto 4963 (27/4/59); Decreto 11.731 (22/9/59); Decreto 6100 (23/5/60); Decreto 8161 (13/8/62) ratifica los anteriores 4965/59 y 5802/59; Decreto-ley 4214 (24(5/63); Decreto-ley 5540 y Decreto 5541 (5/7/63).

[25] Fallo Nº 321 CNE, considerando VII, autos: “Partido Justicialista s/Personería”, del 26 de febrero de 1965.  La Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia apelada y ordenó se dicte un nuevo fallo con arreglo a su pronunciamiento. En disidencia votó el juez Juan Zavala Rodríguez. El 13 de mayo de 1966, la Cámara Nacional Electoral nuevamente rechazó el pedido de reconocimiento al Partido Justicialista fundándose en la falta de democracia interna y por contrariar los principios y fines institucionales del ordenamiento republicano. El 28 de junio de 1966 se produjo un golpe de Estado con lo cual no hubo pronunciamiento de la Corte Suprema. Conviene aclarar que el Partido Justicialista fue considerado continuador del Partido Peronista que había sido disuelto por Decreto-ley 3855. Por Decreto-ley 4161 se había prohibido la afirmación ideológica y la propaganda del partido peronista. Este decreto sería luego ratificado por Decreto 7165 (24/7/62). Asimismo, por Decreto 13.462 (26/10/58) se habían iniciado acciones judiciales para obtener la disolución y cancelación de la inscripción del mismo partido.

[26] El 30 de octubre de 1983 fue electo presidente de la Nación Argentina el Dr. Raúl R. Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical. Asumió el PE el 10 de diciembre de ese año.

[27] El último gobierno de facto se había instalado con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Por Decreto 6/1976 dispuso la suspensión de la actividad política y de los partidos políticos. Publicado en BO. 29/03/1976 y por Ley de facto 21.322 declaró ilegales y disueltas 22 organizaciones o agrupaciones que enumeraba en el anexo de la misma ley.

[28] Sancionada el 30/9/85.

[29] El art. 1, 1º párrafo, Ley 23.298, establece: “Se garantiza a los electores el derecho de asociación política para agruparse en partidos políticos democráticos”.

[30] GELLI, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada”, la Ley, segunda edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, 2003, pág. 335.

[31] El art. 64, ley 23.298, establece: “…podrán formularse observaciones exclusivamente con respecto a la falta de cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por ley o referentes al derecho, registro o uso del nombre partidario propuesto…”.

[32] El art. 50, Ley 23.298, establece: “Los partidos se extinguen a) Por las causas que determine la carta orgánica; b) Por la voluntad de los afiliados, expresada de acuerdo con la carta orgánica; c) Cuando autoridades o candidatos no desautorizados por aquellas, cometieren delitos de acción pública; d) Por impartir instrucción militar a los afiliados u organizarlos militarmente”.

[33] CORNAGLIA, Ricardo Jesús, “Inserción solicitada por el Sr. Diputado Cornaglia. Informe sobre la Ley Orgánica de los partidos políticos”, Cámara de Diputados de la Nación, pág. 6652. La disposición transitoria XII de la Constitución de la República Italiana, establece: “Se prohíbe bajo cualquier forma posible la reorganización del disuelto partido fascista. Por excepción a lo dispuesto en el artículo 48, se establecerán por ley, durante período no superior a un quinquenio desde la entrada en vigor de la Constitución, limitaciones temporales al derecho de voto y a la elegibilidad para los jefes responsables del régimen fascista”.

[34] Dalla Vía, Alberto R., “Los partidos políticos: entre la demonización y el elogio”; Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, sesión pública, Buenos Aires, 2006.

[35] El art. 38, 1ra. parte, CN, establece: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres, dentro del respeto a esta Constitución la que garantiza su organización y funcionamiento democrático, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas…”. Con anterioridad habían sido establecidos en el ámbito del derecho público provincial.

[36] Art. 14 CN. “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber: “… de asociarse con fines útiles…”

[37] Declaración Americana de Derechos Humanos, art. XXII; Convención Americana de Derechos Humanos, art. 16; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- implícitamente, art. 22,  art. 21 y art. 25.

[38] Originalmente, la agrupación pretendió ser reconocida con el nombre: “Partido Nacional Socialista de los Trabajadores”. Su líder era el Sr. Alejandro Biondini. Los promotores del partido solicitaron también el uso como símbolo partidario, amén del Siete Sagrado de San Cayetano, la cruz Esvástica. Al respecto, consideró la Cámara: “No es ocioso recordar … la advertencia según la cual nuestro Estado democrático se ha plegado internacional e internamente a una política humanitaria de no discriminación racial. La nefasta cruz gamada hitleriana ofende a esa política, no tanto como exteriorización de una ideología sino como propaganda y publicidad de conductas que, como en el Holocausto, persiguen el exterminio a quienes el odio racial hace sus víctimas desde la locura de superioridades”. Cabe recordar como antecedente que el 10 de abril de 1938 tuvo lugar en Buenos Aires el acto nazi más importante fuera de Alemania.

[39] Fallo Nº 3423/2005 CNE, considerando 23.

[40] P1469, XLI. “Partido Nuevo Triunfo s/ reconocimiento- Distrito Capital Federal”, considerando 9.

[41] P1469, XLI. “Partido Nuevo Triunfo s/ reconocimiento- Distrito Capital Federal”, considerando 10.

[42] En nuestra opinión en esta categoría podría ubicarse el partido Bandera Vecinal presidido por el Sr. Alejandro Biondini. Formando la alianza Frente Patriota no alcanzó en las elecciones primarias el mínimo legal -1,5% en todo el país- para intervenir en las elecciones generales de octubre.

[43] Arts. 1, 22, 33, 34 (actual 45), 42 (actual 54) y 78 (actual 94) CN. Desde la reforma de 1994, todos los cargos electivos lo son por voto directo del pueblo.

[44] ORTIZ PELLEGRINI, Miguel Ángel, “Convención Nacional Constituyente; 15ª reunión- 3ª Sesión Ordinaria (continuación)”, 22 de julio de 1994, pág.1859. CULLEN, Iván José María, “Convención Nacional Constituyente; 15ª reunión- 3ª Sesión Ordinaria (continuación)”, 22 de julio de 1994, pág. 1903. En igual sentido, la convencional MARCOLINI, Nora María, “Convención Nacional Constituyente; 15ª reunión- 3ª Sesión Ordinaria (continuación)”, 22 de julio de 1994, pág. 1901.

[45] HERNÁNDEZ, Antonio María y Belisle, José Manuel (h), “Regulación jurídica de los partidos políticos en Argentina” en “Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina”, ZOVATTO, Daniel (Coordinador), IDEA y Universidad Nacional Autónoma de México, junio de 2006, pág.193. Disponible en: https://www.idea.int/es/publications/catalogue/regulaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica-de-los-partidos-pol%C3%ADticos-en-am%C3%A9rica-latina

[46] El art. 28 CN, establece: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”

[47] El art. 16.2 CADH, establece: El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”. El art. 22.2 PIDCP, establece: “El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

[48] El art. 29 CADH establece: “Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de: … a) Permitir a alguno de los Estados Parte, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella”. EL art. 32.2 CADH, establece: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.

[49] El art. 7, Ley 23.298, establece: “Para que a una agrupación política se le pueda reconocer su personería jurídico-política, en forma provisoria, debe solicitarlo ante el juez competente, cumpliendo con los siguientes requisitos: … c) Declaración de principios y programa o bases de acción política, sancionados por la asamblea de fundación y constitución” y el art. 22, 1ra parte, establece: “Con anterioridad a la elección de candidatos, los organismos partidarios deberán sancionar una plataforma electoral o ratificar la anterior, de acuerdo con la declaración de principios, el programa o bases de acción política”.

[50] A modo de ejemplos: La Constitución de Francia (art. 89, in fine), Constitución Italiana (art. 139), Constitución de Portugal (art. 290); la Ley Fundamental de Bonn (art. 79.3); Constitución de Grecia (art. 110).

[51] LINARES QUINTANA, Segundo V. “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”, II, Plus Ultra, segunda edición, Buenos Aires, 1976, pág. 414.

[52] GUTIÉRREZ, José María, “CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE DE LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA, sesión de 1852-1854”, Imprenta del Orden, Buenos Aires, 1871, pág. 118, en LINARES QUINTANA, Segundo V.; “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”, II, Plus Ultra, segunda edición, Buenos Aires, 1976, pág. 648.