Los organismos electorales, sus funciones y retos ante el nuevo escenario de la democracia latinoamericana

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Los organismos electorales, sus funciones y retos ante el nuevo escenario de la democracia latinoamericana

2019-11-26T10:24:05+00:0026 noviembre, 2019|Artículo Internacional, Eventos Internacionales|

Antecedentes del surgimiento de los organismos electorales en la era democrática del último tercio del siglo pasado, la gran mayoría de los 24 países que integran la UNIORE tuvimos procesos de transición a la democracia con distintos fines. Hubo diferencias en cuanto a alcances y profundidades debido a la diversidad histórica, política y cultural de nuestros países[1].

 

De manera general, teníamos un antecedente común: la ausencia de elecciones libres, transparentes, imparciales y periódicas.

 

En el pasado no democrático, cuando las elecciones eran organizadas generalmente por el gobierno, a través de los ministerios del interior o por tribunales, el problema  central residía en la falta de garantías para organizar las elecciones de manera transparente e imparcial.

 

De este modo, al carecer de los principios fundamentales de integridad en un proceso electoral, las elecciones eran ganadas casi siempre por el mismo frente político, lo cual impedía alcanzar la representación política plural de nuestras sociedades.

 

La soberanía popular no podía expresarse nítidamente al presentarse dos fenómenos: en primer lugar, había una alteración o manejo fraudulento de la voluntad popular, contraviniendo el principio asociado al ejercicio libre del sufragio.

 

En segundo lugar, se carecía de una administración transparente, limpia y efectiva que garantizara la pulcritud de millones de votos ciudadanos.  En este marco, se ubica la importancia de los organismos electorales en contextos democráticos.

 

Responsabilidad política de los organismos electorales

Los organismos administradores de elecciones son instituciones creadas para conducir de manera ordenada, limpia y transparente los procesos de elección, para que la ciudadanía con su voto pueda construir la representación política.

 

La democratización en América Latina trajo consigo que los organismos electorales se reformaran o (re)construyeran bajo un nuevo modelo, dotado de importantes márgenes de independencia y profesionalismo.

 

En consecuencia, muchos de nuestros países en la región tuvieron que crear leyes, instituciones y procedimientos electorales, pero bajo nuevas premisas.  El reconocimiento de  la pluralidad política, de un nuevo régimen de libertades, de un sistema de partidos políticos abierto y de una ciudadanía que sabía que su voto contaba y se contaba bien.

 

El cambio político hacia la democracia demandaba sistemas electorales y organizacionales capaces de ofrecer garantías de imparcialidad y equidad a los contendientes y a los ciudadanos.

 

La representación política de carácter democrático devolvió el poder soberano al ciudadano, quien con su voto ha podido transformar el mapa político de nuestros países.

De esta magnitud es la responsabilidad de los organismos electorales contemporáneos: garantizar que sea la voluntad popular la que decida quiénes deben gobernar y quiénes legislar.

 

La relevancia de la independencia y autonomía de los organismos electorales

El modelo de organización electoral adoptado en América Latina para enfrentar la transición a la democracia tuvo un importante impacto en los cambios democráticos en el mundo, dando origen a la creación de comisiones, consejos o institutos electorales independientes, que permearon en Europa Central, Europa del Este, África y Asia.

 

Ante el problema de la manipulación del voto y de la organización de los comicios de manera irregular, y en ocasiones fraudulento, la gran mayoría de los países en transición adoptó un modelo en donde la institución electoral tuviese independencia y autonomía, respecto de los poderes del Estado y de los partidos políticos.

 

La nueva conformación del Estado moderno democrático daba pie a un importante cambio en su integración clásica.  Los actores políticos reconocían que la organización de elecciones constituía una responsabilidad del Estado, a través de la creación de organismos que actuaran con imparcialidad y transparencia.

 

Como la reciente historia nos muestra, este nuevo enfoque rindió frutos. Tanto es así, que con los matices y particularidades propias de cada contexto histórico – cultural, actualmente en el mundo existen 215 países y territorios, donde el 62% (134) tienen organismos independientes para organizar elecciones; en el 21% (46 países) esta tarea es responsabilidad del gobierno, mientras que en el 14% (30 países) se cuenta con un modelo de administración mixto para organizar sus elecciones; y solamente en el 2%, no celebran elecciones (5 países)[2].

 

Atributos y principios de acción de los organismos electorales

El modelo para organizar elecciones en América Latina ha sido un referente internacional que ha traído como consecuencia una especialización y permanencia.

 

El problema de fondo, en la mayoría de los países que hemos adoptado el modelo de organismos independientes, es el de generar confianza entre los actores políticos y la ciudadanía.  La especialización y permanencia son dos componentes bajo los cuales se edifica la fortaleza institucional de los organismos electorales.

 

Sin embargo, estos atributos no son los únicos.  La autonomía financiera, la independencia política, la imparcialidad, la certeza, la objetividad y la legalidad, forman parte del conjunto de principios que en la actualidad orienta la acción de los organismos electorales.

 

Tipología de los cambios en las responsabilidades y atribuciones de los organismos electorales

Además de estos principios, es pertinente tomar en cuenta algunos elementos que determinan las funciones y responsabilidades de los organismos electorales. En este sentido, se destacan al menos cuatro procesos:

 

  • Procesos de transición a la democracia

Comprende el conjunto de acciones que asegura el ejercicio del sufragio de manera libre y transparente.  Se pone especial atención a los temas de infraestructura electoral tales como el registro de electores, las boletas, la documentación electoral, la integración de las mesas de escrutinio y cómputo de votos, así como la publicación de los resultados.  Hay particular cuidado en lo que es vigilancia y efectividad en la organización y logística del día de la elección.

 

  • Procesos de perfeccionamiento democrático

 

En su proceso de consolidación, los países requieren de una serie de ajustes que permitan una mayor y mejor democracia en los procesos electorales.

 

Las fuerzas políticas acuerdan perfeccionar su democracia mejorando las condiciones de equidad en la competencia electoral, así como ampliar garantías a los actores políticos y ciudadanos, y mejorando significativamente la normatividad para resolver controversias.

 

En este proceso, destacan significativamente el respeto a los principios como el de la equidad y transparencia en el financiamiento de los partidos y candidatos; el acceso a los medios de comunicación y regulación de campañas, así como acotar el gasto público y la propaganda gubernamental.

 

Están igualmente considerados temas como los de inclusión, voto de los residentes en el extranjero, derechos de las personas con capacidades diferentes, paridad de género, edad para votar, el voto en los hospitales, centros penitenciarios y facilidades de votación para enfermos y personas de la tercera edad.  Este nuevo conjunto de acciones, que puede tener múltiples modalidades, inyecta nuevas tareas y responsabilidades al órgano electoral.

 

Ello implica, en la mayoría de los casos, una considerable ampliación de funciones y, en consecuencia, una profesionalización del servicio electoral ante las nuevas exigencias de la competencia electoral.

 

En todo esto, generalmente se tiene un mejoramiento de la democracia electoral vía las reformas electorales que serán instrumentadas por los organismos electorales.  Sin embargo, no todas estas acciones y nuevas tareas responden al proceso democratizador.

 

  • Procesos políticos

 

La amplitud y dimensiones de las funciones de los organismos electorales dependen no únicamente de los acuerdos para fortalecer y perfeccionar la democracia electoral.

 

Dependen, asimismo, de los acuerdos políticos que no necesariamente abonan al proceso democratizador, pero tampoco van en contra.

 

Ante la intensidad en las disputas entre los actores políticos, se pueden presentar situaciones en las que los resultados electorales no son aceptados; México, por ejemplo, lo cual dificulta la legitimidad del presidente electo o de su formación política.

 

La falta de aceptación de los resultados electorales afecta de manera importante al gobierno electo, quien para obtener cierto consenso y/o aprobación por parte de la oposición, acude al establecimiento de acuerdos políticos para alcanzar un consenso parcial que facilite o permita un mínimo de gobernabilidad.

 

Regresando al caso de México en el año 2006, ante los resultados estrechos de la elección, la oposición, quien perdió por un estrecho margen (0.56%), argumentó que había perdido en virtud de que el gobierno y su partido habían destinado recursos por un monto superior al permitido por la ley. A su juicio, los medios masivos de comunicación habían violado el principio de equidad en la competencia, permitiendo, a fin de cuentas, el triunfo del candidato del partido en el gobierno.

 

Como resultado de lo anterior, se llevó a cabo una profunda reforma electoral para regular el acceso de los partidos políticos a los medios masivos de comunicación.  Se canceló la posibilidad de comprar tiempos de radio y televisión de manera directa.  Todos estos factores provocaron un importante cambio a la ley electoral, facultando a la autoridad electoral a concentrar toda esa función para administrar y monitorear toda la propaganda electoral.

 

Algo parecido sucedió el año de 2012, donde las dos principales fuerzas de oposición (Partido Acción Nacional, PAN; y Partido de la Revolución Democrática, PRD), no reconocieron los resultados, aduciendo inequidad en el uso de recursos financieros y la distribución de tarjetas pre-pago (monex) para inducir supuestamente al votante a ejercer su voto a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI.  Asimismo, hubo un reclamo en el sentido de que los organismos electorales locales eran sujetos de manipulación por parte de los gobernadores, la mayoría pertenecientes a este último partido.

 

Estas principales causales, entre otras, dieron la pauta para acordar una nueva reforma electoral la cual desaparecía al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y creaba al actual Instituto Nacional Electoral (INE), para tener una injerencia importante en los procesos electorales locales en las 32 entidades federativas.

 

Asimismo, se creó un sistema integral de fiscalización para vigilar de manera rigurosa casi todos los movimientos financieros de los partidos y los candidatos.  De igual forma, daba inicio una importante ruta para la transparencia y rendición de cuentas por parte de los partidos políticos y los candidatos a cargos de elección popular.

 

El gobierno del PRI impulsó esta reforma electoral para incrementar su margen de legitimidad ante casi toda la oposición y contar con bases más robustas para ejercer el poder.

 

Estos ejemplos nos dan la pauta para entender algunas causales que impactan en la amplitud y nuevas responsabilidades y atribuciones de los organismos electorales.

 

Por supuesto, cada evento o nueva atribución de los organismos electorales debe ser analizada en su particular contexto para saber si en su naturaleza y alcance se diseñó para perfeccionar su democracia, o bien, si es el resultado de un acuerdo de poder para facilitar la legitimidad del nuevo equipo gobernante.

 

  • Procesos de modernización tecnológica

 

Las formas de hacer política, al igual que las campañas electorales, han tenido un cambio radical desde hace aproximadamente 15 años. Qué decir de los cambios e innovaciones tecnológicos en los últimos 30 años.

 

La campaña del entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama en 2008, probablemente sea un punto de referencia en las formas de financiación y de organización y funcionamiento de las campañas electorales.

La plaza pública, las campañas en prensa, radio y televisión no han sido eliminadas, pero si rebasadas por las nuevas tecnologías de información y comunicación como Internet, Whats App y, las redes sociales (Twitter, Facebook) y todos quienes hacen uso de ellos no solo para promover candidaturas, sino para atacar a contrincantes a través de campañas de desinformación.

 

La modernización tecnológica busca brindar mayor certeza, abonar rapidez en el flujo de información y efectividad en la acción del organismo electoral.

 

En esta era digital, no solo los organismos electorales sino la democracia misma, enfrentan uno de sus más grandes retos. La modernización tecnológica constituye otro de los factores que también influyen en las nuevas funciones, atribuciones y retos de los organismos electorales.

 

Algunos retos de los organismos electorales para la tercera década del siglo XXI.

 

  • El trabajo sobre el fortalecimiento y la autonomía de los organismos electorales es una tarea permanente, que tiene varios flancos:

 

La profesionalización, el conocimiento y el componente técnico son premisas sólidas que ayudan a mantener una autonomía indispensable para administrar elecciones y dirimir conflictos.

 

Pedagogía político-electoral ante los poderes ejecutivo y legislativo para una cabal comprensión de la complejidad de los procesos electorales,  para  mantener y procurar el financiamiento de los organismos sin demora o cálculos políticos.

 

  • Una insuficiencia considerable en la mayoría de nuestros países lo constituye el divorcio, separación o falta de puentes entre los organismos electorales y los legisladores para ir perfeccionando la democracia electoral a través de graduales reformas, y no vía los acuerdos de poder que terminan minando la credibilidad, prestigio y legitimidad de las autoridades electorales. Panamá es una excepción que constituye un referente a considerar.

 

  • Otro importante reto de nuestras instituciones electorales es la sobrecarga de atribuciones, a veces sin un sentido democrático, sino como un mero arreglo de poder, pero que no se ven acompañadas del presupuesto correspondiente. Lo anterior, no abona al fortalecimiento de los organismos electorales, sino que por el contrario, los debilitan y provocan una pérdida de legitimidad ante la sociedad.

 

  • Para generar certeza en estos tiempos de acelerada modernidad, los organismos electorales deben abrir importantes y amplios espacios para la transparencia, la rendición de cuentas y la verificación de auditorías externas independientes. Lo mismo o más de lo que se les solicita los partidos y candidatos. Los organismos electorales deben ser ejemplo de transparencia y pulcritud en el manejo de los recursos públicos.

 

  • Otro reto para los organismos electorales es que puedan tener vinculación permanente con grupos sociales y medios de comunicación. El trato con el eje del poder político es por ley y por definición política.

 

Sin embargo, con los ciudadanos y organizaciones sociales, más allá de lo electoral, hay un especio de oportunidad muy amplio. Los organismos electorales necesitan nutrirse del poder de la sociedad para hacer frente al embate de los actores políticos.

 

La legitimidad de las autoridades electorales no solo pasa por los partidos y candidatos, sino por organizaciones empresariales, académicas y científicas, deportistas, estudiantes, obreros, campesinos, empleados públicos, iglesias y un largo etcétera que integran  nuestras sociedades.

 

  • Finalmente, un reto quizás de los que más peso representan para los organismos electorales es el desencanto con la democracia.

 

Pero aquí se presenta un problema de concepción. Este consiste en que para el público en general las elecciones sirven para muy poco, pues la legitimidad democrático-electoral no resuelve los problemas de exigencia prioritaria para la sociedad. Estamos hablando de temas que pertenecen al campo de la seguridad, educación, salud, desigualdad, pobreza, empleo, medioambiente, entre otros.

 

No se critican ni ponen en duda los valores democráticos, ni menos su superioridad humanística frente a los demás regímenes, pero crecen las dudas sobre su capacidad para gobernar a la sociedad.

 

La democracia electoral resuelve solo un problema: el de la legitimidad y la legalidad de la representación política. Lo que no resuelve, pues no le corresponde legal y administrativamente, es  los problemas que se dan en democracia.

Aquí reside la confusión, tanto conceptual como de actuación: las críticas a los órganos electorales no están centradas en la validez política del gobierno democráticamente electoral, sino en su capacidad directiva en la gobernabilidad de la democracia.

 

Corresponde a los representantes electos democráticamente, tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo, tener la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos democráticos.

 

El gobierno democráticamente electo tiene como responsabilidad ser el rector social de manera eficiente, efectiva y suficiente.

 

Ante esta problemática, los organismos electorales podrían iniciar un nuevo modelo de comunicación e interacción con los poderes electos, no solo para deslindar responsabilidades, sino para dar pie a un nuevo formato de cooperación interinstitucional, que desarrolle una nueva pedagogía político-electoral a favor de la democracia.

 

A los organismos electorales les corresponde la organización de elecciones limpias, transparentes, equitativas e imparciales.

 

Al gobierno electo le corresponde atender los distintos problemas y necesidades sociales de manera efectiva. De esta forma, podría detenerse o atemperarse el desencanto de muchos grupos y personales con el funcionamiento de la democracia.

 

 

 

Manuel Carrillo Poblano.

Mexicano. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene una maestría en Ciencia Política del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México (COLMEX). Desde 1993, es el coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral.  Colaboró con el área de capacitación y formación de funcionarios en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), así como en diversas dependencias del gobierno mexicano, destacando  la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República.

 

En representación del Instituto Nacional Electoral, ha participado en diversas misiones de observación electoral, así como en ejercicios de cooperación y asistencia técnica internacional en materia de organización de procesos electorales.

 

Es autor de diversas colaboraciones en materia electoral y ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales.

[1]En esos años, solo eran consideradas como democracias Costa Rica, Colombia y Venezuela.

(*) Brunei, China, Qatar, Arabia Saudita y el Vaticano. Con información obtenida de la base de datos en línea de IDEA Internacional (https://www.idea.int/data-tools/data/electoral-management-design).