Los organismos electorales en el Perú. Un análisis desde la teoría.

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Los organismos electorales en el Perú. Un análisis desde la teoría.

2020-09-09T14:00:32+00:009 septiembre, 2020|Artículo Internacional|

Los organismos electorales en el Perú. Un análisis desde la teoría

 

Este artículo surge en el marco de la celebración de los primeros 25 años de vida institucional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú. Esta institución fue creada a mediados de la década del noventa con el fin de desconcentrar los atributos de la administración electoral en el país y en el marco de la Constitución de 1993 durante el gobierno de Alberto Fujimori.

El objetivo de este trabajo es ayudar al lector a formarse una idea clara de cómo funciona el sistema electoral peruano y, más específicamente, busca esclarecer la interrelación de los distintos organismos electorales que los conforman. A su vez, en las siguientes páginas el lector encontrará una breve narración de los debates teóricos en torno a los organismos electorales en América Latina y el mundo. Este ejercicio le permitirá tener una mirada crítica más profunda, centrada en las características y particularidades de los organismos electorales del Perú.

Con relación a la pertinencia de este estudio, es necesario señalar que hablar de organismos electorales no solo es pertinente para el estudio de la democracia, sino que necesario, más aún cuando solemos aceptar que esta última es el resultado de un proceso de elecciones libres y competitivas (Birch, 2001; Barrientos 2008). Y es que son estos organismos los encargados de salvaguardar la voluntad popular (Urruty, 2007).

La metodología empleada en esta investigación es de carácter cualitativo. Por un lado, se presenta un balance teórico de los organismos electorales y, por el otro, se presenta un análisis descriptivo del caso peruano.

La estructura de este trabajo está dividida en dos secciones. La primera se enfoca en presentar la discusión teórica en torno a los organismos electorales en América Latina y el mundo, mientras que la segunda, se encarga de describir cómo son los organismos electorales en el Perú. Finalmente, el artículo cierra con una sección de conclusiones.

  1. Percepciones teóricas en torno a los organismos electorales

El objetivo de esta sección es posicionar al lector en el debate teórico sobre organismos electorales en América Latina y el mundo. Está divida en dos partes. La primera se enfoca en definir qué son los organismos electorales y brindar un marco para su clasificación. La segunda atiende al desarrollo de los organismos electorales en América Latina y profundiza en tres casos de estudio: México, Costa Rica y Brasil.

Una definición mínima en torno a los organismos electorales suele ser compartida en el imaginario colectivo, así como en el cuerpo de la literatura especializada. Usualmente, aceptamos que un organismo electoral es una institución que toma parte de la infraestructura requerida para sostener un proceso democrático (Jaramillo, 2016). Sin embargo, dar con una definición más aterrizada suele ser una tarea problemática. Y es que estos pueden tomar múltiples formas a través de múltiples dimensiones. Un organismo electoral puede ser “temporal o permanente; partidizado, parcialmente partidizado o apartidista; centralizado o descentralizado; una instancia especializada del poder judicial o de un ministerio del gobierno; o incluso una mezcla de algunos de estos tipos” (Aceproject, 2020).

Para fines de la década del cincuenta, William Mackenzie (1958) introdujo uno de los trabajos pioneros en el estudio de la gestión electoral. Su propia experiencia en el África oriental y central lo llevó a señalar la importancia de una efectiva conexión entre un sistema democrático y la administración de las elecciones. La tesis central de su obra es que la independencia de los órganos electorales es una condición necesaria, aunque no suficiente, para garantizar la confianza del elector en las elecciones. Adicionalmente, Mackenzie identifica cuatro modelos para la gestión electoral: 1) parlamentario, cuando el cuerpo legislativo se encarga del proceso; 2) administración ordinaria, cuando el gobierno de turno designa comisiones especiales para organizar las elecciones; 3) poder judicial, cuando existe una administración judicializada y el contenido electoral se resuelve en tribunales ordinarios y; 4) comisiones electorales, cuando existe un grado de independencia sobre la organización de las elecciones.

Años más tarde, entre el noventa e inicios y los primeros años del presente milenio, tendría lugar una segunda ola de interés en las instituciones que comprenden la gestión electoral. Esta fue impulsada principalmente por organizaciones internacionales y no gubernamentales, tales como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES por sus siglas en inglés) y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL).

En este espacio de tiempo aparece el trabajo de López-Pintor, publicado por el PNUD en el año 2000. Este propone cinco modelos para clasificar a los organismos electorales de la época en función de su grado de independencia con relación al gobierno de turno. El primero refiere a un organismo electoral independiente del Ejecutivo (comisión independiente) que cuenta con amplias competencias sobre el manejo de los procesos electorales. El segundo a un órgano del gobierno administra las elecciones bajo la supervisión de una autoridad especializada –por lo general, el Poder Judicial–. El tercero a la organización del proceso electoral por el mismo gobierno. El cuarto a una organización de la elección en manos de órganos de gobierno en un sistema altamente descentralizado. Y, el quinto a la administración electoral en manos de dos o más organismos, todos independientes del gobierno.

Poco tiempo después, el trabajo de Klein (2005) propuso dos motivos por los cuales los órganos electorales se han hecho presentes en el mundo. El primero radica en las deficiencias y/o carencias administrativas que pueden existir en la separación de los poderes del Estado que suelen organizar las elecciones; mientras que, el segundo apunta a afrontar una operación compleja como lo es la organización de un proceso electoral.

Finalmente, para el año siguiente, IDEA presentó la obra de Wall et al., Handbookon Electoral Management (2006). Este presenta un modelo de clasificación tripartita, muy similar a la propuesta anteriormente por López-Pintor: 1) el modelo independiente, cuando las elecciones son organizadas por un organismos autónomo e independiente; 2) el modelo gubernamental, cuando las elecciones son organizadas por un órgano del Ejecutivo y; 3) el modelo mixto, cuando las elecciones son organizadas por dos, o más instituciones (por lo general una independiente con un rol de supervisión y un organismo gubernamental).

En América Latina, la tercera ola de democratización[1] trajo consigo el interés compartido por garantizar el desarrollo del régimen democrático. Parte de ese entusiasmo fue la creación de organismos destinados a transparentar y resguardar la administración electoral. Y así, comenzaron a ganar relevancia los primeros organismos electorales de la región.

Aunque distintos en múltiples dimensiones, los organismos electorales latinoamericanos suelen compartir tres características fundamentales (Barreda y Rodríguez, 2014). La primera es la autonomía, ya que son instituciones que no están adscritas a ningún poder del Estado (salvo el caso de Argentina[2]). La segunda es la permanencia en el cargo, es decir, no se trata de instituciones temporales, sino que trascienden en el tiempo. La tercera y última es la especialización para el trabajo que realizan, pues su único cometido es la administración electoral. Adicionalmente y con el transcurso de los años, estos organismos han comenzado a adoptar nuevas funciones. Dos de ellas muy propagadas en la región son la capacitación y la educación electoral (Grande Montalvo, 2015).

Estudios de casos

Con el propósito de tener una mirada más profunda del funcionamiento de los organismos electorales en América Latina, esta sección se enfoca en tres casos por demás estudiados en la academia de ciencia política. Estos son México, Costa Rica y Brasil; países que, además, representan las tres divisiones geográficas del continente (norte, centro y sur, respectivamente).

Desde el año 2014 y tras procesos continuos de reforma en materia electoral, la administración electoral en México es de carácter descentralizado. Los organismos electorales desconcentrados del país son tres: el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).

El INE es un organismo autónomo. Está compuesto por el Consejo General cuya estructura la integran un presidente, un secretario y diez consejeros electorales. Puntualmente, este organismo se encarga de la gestión de los procesos electorales. Esta tarea requiere el establecimiento de 32 consejos y juntas distritales temporales, encargadas de velar por el proceso en cada distrito electoral.

Por otro lado, el TEPJF se encarga de impugnar, sancionar y sentar medidas cautelares ante pedidos interpuestos al INE. La FEPADE, a su vez, se encarga de procesar los delitos penales en materia electoral (Centro de Capacitación Judicial Electoral, 2014).

Dos son los organismos que están encargados de administración electoral en Costa Rica. El primero y más importante es el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Este organismo pionero[3] tiene responsabilidad exclusiva sobre la organización y la administración de justicia de los procesos electorales, a la par de que goza de total autonomía política y financiera. El segundo es el Registro Civil. Este es únicamente dependiente del TSE y se encarga de formar el padrón electoral o lista de electores y de emitir los documentos de identidad necesarios para acceder al voto.

El TSE costarricense se encuentra compuesto por tres magistrados titulares –denominados propios– y seis magistrados suplentes que son nombrados por no menos de las dos terceras partes de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Estos son electos por un periodo de seis años, tras los cuales pueden ser reelectos. Asimismo, el número de magistrados titulares incrementa a cinco, con la adición de dos suplentes, en situaciones específicas. La primera es un año antes y seis meses después de un proceso de elecciones generales. La segunda es seis meses antes y tres meses después de un proceso de elecciones subnacionales. Cabe recalcar que, si bien su composición está basada en miembros del Poder Judicial, su estructura y funciones son independientes y distintas (Picado, 2018).

En el marco constitucional brasilero impuesto en 1988 se identifican dos organismos electorales. Estos son el Tribunal Superior Electoral (TSE) y los Tribunales Regionales Electorales (TRES). Ambos se encargan de impartir la justicia electoral y de organizar procesos electorales, pero, sin embargo, lo hacen en dos niveles distintos. El TSE es de alcance nacional mientras que los TRES están alojados en cada uno de los 26 estados, así como en la capital federal.

Los miembros del TSE son elegidos a través de la propuesta del presidente y de los miembros más importantes del Poder Judicial mediante votación secreta. Para ser más específicos, el Tribunal Federal Supremo nombra a tres de sus miembros; mientras que el Tribunal Superior de Justicia a los otros dos. La cierta dependencia de los organismos electorales del Brasil a su sistema judicial es usualmente analizada desde dos enfoques. Uno considera que la designación transitoria de miembros del poder judicial –usualmente inexpertos en materia electoral– es perjudicial. El otro, que esta característica es fundamental en la medida en que evitaría la posible parcialización de sus integrantes.

Si bien los TRES encarnan a la descentralización de la administración electoral, su campo de acción es bastante limitado con relación al TSE. Este último suele manejar la mayor parte del proceso electoral, siendo el encargado de introducir innovaciones tales como el uso de nuevas tecnologías en las elecciones (Fleischer y Barreto, 2009).

 

  1. Los organismos electorales en el Perú

Mientras que la sección anterior estuvo enfocada en conocer la discusión teórica sobre organismos electorales, esta sección tiene por objetivo profundizar al lector en el funcionamiento y las competencias de los organismos electorales del Perú.

Los organismos electores peruanos son tres: 1) el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En términos generales, el primero se encarga administrar la justicia electoral; el segundo de la elaboración del padrón electoral; y la tercera de organizar y ejecutar los procesos electorales y consultas populares del país. Sus funciones específicas están detalladas en las siguientes sub secciones.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

El Jurado Nacional de Elecciones es la institución de mayor antigüedad de los tres organismos electorales peruanos. En los inicios del Perú Republicano no existían organismos dedicados exclusivamente a los procesos electorales, pues en la práctica la organización de estos procesos era responsabilidad del Poder Ejecutivo o el Legislativo. Aunque, los primeros esbozos de un ordenamiento jurídico electoral se remontan a esta etapa con el Reglamento de Elecciones para el Congreso (1822), la Ley de Elecciones Municipales (1824), los Reglamentos de Elecciones de 1839 y 1849, la Ley de Elecciones de 1857 y 1861 y la Ley Orgánica de Elecciones de 1892 (Paniagua, 2003).

A pesar de estos esfuerzos por establecer reglas claras para el desarrollo de los procesos electorales, los periodos democráticos peruanos eran efímeros teniendo como protagonistas a caudillos militares. Curiosamente, en 1931, sería la Junta de Gobierno Militar presidida por David Ocampo y Sobrino, tras la renuncia de Luis Miguel Sánchez Cerro, que mediante Decreto Ley 7177 creó el Jurado Nacional de Elecciones brindándole una jerarquía de poder supremo. Esta norma también estableció ciertos avances para una mayor regulación en materia electoral, pues dispuso el voto obligatorio en el país para los varones alfabetos y mayores de 21 años; se estableció el Registro Electoral permanente y se creó la libreta electoral como documento de identidad y de sufragio (Jurado Nacional de Elecciones, n.d.).

Debido a esta disposición, el JNE se instaló por primera vez el 22 de setiembre de 1931 siendo presidido por Ernesto Araujo Álvarez e integrado por Max González Olaechea, Leandro Pareja, Ricardo Rivadeneyra, Ernesto Flores, Humberto Garrido Lecca y Nicanor Hurtado. En 1933, y gracias a la creación de una nueva Constitución, esta institución ganaría autonomía con respecto a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De esta manera, el JNE era la institución encargada de la organización de los procesos electorales, su ejecución y fiscalización.

La Constitución Política de 1979 establecería funciones más delimitadas para este organismo. De esta forma, al JNE le competía, además de los procesos electorales, “(…) conocer las materias relativas al ejercicio del derecho del sufragio, la validez o nulidad de las elecciones, la proclamación de los elegidos, la expedición de credenciales, los procedimientos electorales y las demás señaladas en la ley” (Congreso de la República, 1979, art. 286). Asimismo, era competencia también del JNE la declaración de nulidad de las elecciones, bajo ciertos supuestos, y la organización del Registro Electoral y el Registro de Partidos Políticos (Congreso de la República, 1979, arts. 290-294).

Por otra parte, la composición de miembros de esta institución dependería de que estos cumplan ciertos requisitos. Según la Constitución Política de 1979, el JNE de ese momento estaba compuesto por siete miembros dispuestos de la siguiente manera:

  1. Uno elegido por la Corte Suprema de Justicia entre sus magistrados jubilados o suplentes quien preside el Jurado.
  2. Uno elegido por la Federación Nacional de Colegios de Abogados del Perú.
  3. Uno elegido por el Colegio de Abogados de Lima.
  4. Uno elegido por los Decanos de las Facultades de Derecho de las universidades nacionales.
  5. Tres elegidos por sorteo entre los ciudadanos propuestos por los Jurados Regionales de Norte, Centro y Sur de la República, de acuerdo a ley.

De esta forma, se aseguraba una independencia relativa de los miembros del JNE pues se aleja a los mismos de los partidos políticos. En esta línea, el artículo 288 de esta Constitución estipulaba algunas restricciones como la incompatibilidad del cargo con otra función pública y la imposibilidad de ser miembro de esta institución los candidatos a cargos de elección popular o ciudadanos que desempeñen puestos directivos en partidos políticos, alianzas o coaliciones, o quienes se desempeñaran como dirigentes nacionales en los seis años anteriores a la fecha de la elección (Congreso de la República, 1979, art. 288).

Este ordenamiento del JNE se modificó radicalmente con la nueva Constitución Política de 1993. En principio, esta nueva carta magna supuso la introducción de dos organismos electorales inéditos: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). En consecuencia, diversas funciones del JNE fueron modificadas, incluyendo la composición de los miembros de esta institución.

En la Constitución Política de 1993, vigente en la actualidad, las funciones del JNE se especifican de manera más detallada. De esta forma, el artículo 178 establece las competencias de esta entidad que son:

  1. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones electorales.
  2. Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas.
  3. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral.
  4. Administrar justicia en materia electoral.
  5. Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes. (…) (Congreso de la República, 1993, art. 178).

Asimismo, la Constitución Política de 1993 aseguraba que esta institución sea reconocida como un organismo constitucionalmente autónomo y, a su vez, garantizaba la iniciativa en la formación de las leyes de materia electoral.

Por otra parte, el número de miembros del JNE pasó de 7, en 1979, a solo 5, con la Constitución Política de 1993. El pleno actual se compone de:

  1. Un miembro elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido. Este representante preside el pleno del JNE.
  2. Un miembro elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos, entre los Fiscales Supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido.
  3. Un miembro elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre sus miembros.
  4. Un miembro elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades públicas, entre sus ex d
  5. Un miembro elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades privadas, entre sus ex decanos (Congreso de la República, 1993, art. 179).

El actual ordenamiento legal no solo se asegura una independencia de las posibles influencias políticas, como era la intención de la Constitución de 1979, sino también otros sectores de la sociedad se ven representados en esta institución. Asimismo, ciertas restricciones existentes en la anterior Constitución se ven reflejadas también en la presente carta magna. El cargo de miembro del Pleno del JNE sigue siendo a tiempo completo e incompatible con otras funciones públicas con la excepción de la docencia a tiempo parcial (Congreso de la República, 1993, art. 180).

Por su parte, se aumentaron algunas restricciones para ser miembro del Pleno del JNE. Una de estas fue el límite de edad pues, mediante el artículo 180 de la Constitución, los miembros del Pleno no pueden ser menores de cuarenta y cinco años ni mayores de setenta. De la misma manera que la anterior Constitución, tampoco pueden ser miembros del Pleno los candidatos a cargos de elección popular, ni los ciudadanos que desempeñan cargos directivos de carácter nacional en las organizaciones políticas en los cuatro años anteriores a su postulación. Este artículo también sostiene el periodo de cuatro años por el cual el Pleno del JNE es electo y disposiciones para su reelección y renovación(Congreso de la República, 1993, art. 180).

Desde su creación, el JNE ha sido una institución clave para el desarrollo de los procesos electorales. Hasta la actualidad, han sido veintitrés los magistrados que presidieron este organismo electoral cuyas funciones han evolucionado con el tiempo.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)

Contrario al Jurado Nacional de Elecciones, la historia del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es reciente debido a su creación mediante la Constitución de 1993. Sin embargo, es posible rastrear intentos de construir un Registro Nacional a lo largo de la historia del Perú. Es así como uno de los primeros esfuerzos de este tipo se produjo durante el Virreinato cuando la Corona Española, mediante Real Orden del 21 de marzo de 1749, ordenó la formación de estados mensuales de los nacimientos, matrimonios y defunciones. El cuidado y custodia de este registro quedaba supeditado a las parroquias(Enciclopedia Jurídica, 2020).

Posteriormente, y con el inicio de la República peruana, el mantener un registro ordenado de los ciudadanos del país era una necesidad, por lo que el 28 de julio de 1852 se promulgó el primer Código Civil Peruano creándose a su vez los Registros del Estado Civil. La elaboración y actualización de estos últimos se encontraban a cargo de los gobernadores distritales. Luego, una vez establecidas las municipalidades en 1856, se les encargaría a estas administrar y llevar los libros del Registro del Estado Civil bajo la supervisión y la vigilancia de la Corte Suprema de Justicia de la República (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, n.d.).

Como es evidente, estos primeros avances por establecer un Registro tomaban en cuenta las competencias provinciales y distritales, por lo que intentos de unificar todos los registros en un solo sistema nacional quedaron pospuestos. En 1937 se intentó establecer una legislación más ordenada con la promulgación del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Registros del Estado Civil. Sin embargo, se carecía de un organismo jerárquico y autónomo, y los padrones continuaron disgregados en 2500 sedes(Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, n.d.). Al no existir un organismo nacional que realice un registro constante, la identificación de personas se vinculó directamente con los procesos electorales. Así se estableció un título de sufragio (libreta electoral) cuya emisión manual no generó la seguridad y precisión que debería.

Es por ello que, considerando la inexistencia de una institución nacional, la Constitución Política de 1993 crea el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) que tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, divorcios, defunciones y otros actos que modifican el estado civil emitiendo las constancias correspondientes (Congreso de la República, 1993, art. 183). En materia electoral, esta institución se dedica a mantener actualizado el padrón electoral proporcionando el mismo a los otros organismos electorales para el desarrollo de sus funciones. En específico, son funciones de esta institución:

  1. Planear, organizar, dirigir, normar y racionalizar las inscripciones de su competencia.
  2. Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos que modifiquen el estado civil de las personas, así como las resoluciones judiciales o administrativas que a ellos se refieran, susceptibles de inscripción y los demás actos que señale la ley.
  3. Emitir las constancias de inscripción correspondientes.
  4. Preparar y mantener actualizado el padrón electoral en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
  5. Proporcionar al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funcio
  6. Mantener el Registro de Identificación de las personas.
  7. Emitir el documento único que acredita la identidad de las personas, así como sus duplicado
  8. Promover la formación de personal calificado que requiera la institución.
  9. Colaborar con el ejercicio de las funciones de las autoridades policiales y judiciales pertinentes para la identificación de las personas, dejando a salvo lo establecido en el inciso siguiente y en los incisos 1), 5) y 6) del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
  10. Velar por el irrestricto respeto del derecho a la intimidad e identidad de la persona y los demás derechos inherentes a ella, derivados de su inscripción en el reg
  11. Garantizar la privacidad de los datos relativos a las personas que son materia de inscripción.
  12. Implementar, organizar, mantener y supervisar el funcionamiento de los registros dactiloscópico y pelmatoscópico de las pers
  13. Brindar, durante los procesos electorales, la máxima cooperación a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, facilitando el uso de su infraestructura material y humana.
  14. Cumplir las demás funciones que se le encomiende por ley.
  15. Realizar la verificación de la autenticidad de las firmas de adherentes para la inscripción de toda organización política, así como para el ejercicio de los derechos políticos previstos por la Constitución y las leyes(Congreso de la República, 1995b).

Por otra parte, el RENIEC, contrario al JNE, no posee un Pleno que lo rija siendo este dirigido por un jefe. El jefe del RENIEC es electo por la Junta Nacional de Justicia[4] luego de establecerse un concurso público. Por otra parte, y para asegurar la independencia de la institución, las incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del JNE también se aplican para el jefe del RENIEC(Congreso de la República, 1993, art. 183). De esta manera, este no puede ejercer otra función pública y tampoco mantener lazos directos con las organizaciones políticas.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al igual que el RENIEC, se creó con la Constitución Política de 1993. Sin embargo, debido al ordenamiento del Estado, recién el 21 de junio de 1995 se publicó la Ley Nº 26487, Ley Orgánica de la ONPE que dio inicio a sus actividades. Con un ordenamiento jurídico y un marco legal claro, la ONPE pasó a ser el organismo que organiza todos los procesos electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular. Asimismo, dentro de sus principales funciones también se encuentra la elaboración y el diseño de la cédula de sufragio, la entrega de actas y demás material para los procesos electorales, y el escrutinio y difusión de los resultados. (Congreso de la República, 1993, ar. 182)

Como es de suponer, estas no son las únicas atribuciones que la ONPE posee. De manera más detallada, su ley orgánica señala que son funciones de esta institución:

  1. Organizar todos los procesos electorales, de referéndum y otras consultas populares.
  2. Diseñar la cédula de sufragio, actas electorales, formatos y todo otro material en general, de manera que se asegure el respeto de la voluntad del ciudadano en la realización de los procesos a su cargo.
  3. Planificar, preparar y ejecutar todas las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos a su cargo, en cumplimiento estricto de la normatividad vigente.
  4. Preparar y distribuir a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales el material necesario para el desarrollo de los procesos a su cargo.
  5. Brindar, desde el inicio del escrutinio, permanente información sobre el cómputo en las mesas de sufragio y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales a nivel nacional.
  6. Dictar las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios.
  7. Dictar las resoluciones y la reglamentación necesaria para su funcionamiento.
  8. Divulgar por todos los medios de publicidad que juzgue necesarios, los fines, procedimientos y formas del acto de la elección y de los procesos a su cargo en general.
  9. Garantizar al ciudadano el derecho al ejercicio del sufragio.
  10. Coordinar con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil la elaboración de los padrones electorales.
  11. Recibir, del Jurado Nacional de Elecciones, los padrones electorales debidamente autorizados.
  12. Obtener los resultados de los procesos a su cargo y remitirlos a los Jurados Electorales.
  13. Recibir y remitir al Jurado Nacional de Elecciones la solicitud de inscripción de candidatos u opciones en procesos de ámbito nacional para la expedición de credenciales, informando respecto del cumplimiento de los requisitos formales exigidos.
  14. Revisar, aprobar y controlar los gastos que efectúen las Oficinas Descentralizadas a su cargo, de acuerdo con los respectivos presupuestos.
  15. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación operativa, dirigida a los miembros de mesa y ciudadanía en general, durante la ejecución de los procesos electorales.
  16. Evaluar las propuestas de ayuda técnica de los organismos extranjeros y concertar y dirigir la ejecución de los Proyectos acordados en los temas de su competencia.
  17. Establecer los mecanismos que permitan a los personeros de las organizaciones políticas y de los organismos de observación hacer el seguimiento de todas las actividades durante los procesos a su cargo.
  18. Ejercer las demás atribuciones relacionadas con su competencia(Congreso de la República, 1995a, art. 5).

Por otra parte, las disposiciones para asegurar la independencia de este organismo son similares a las establecidas para el RENIEC. La ONPE también tiene como responsable a un jefe nacional cuyo cargo es renovable cada cuatro años y elegido a través de la Junta Nacional de Justicia. Las incompatibilidades de este cargo son las mismas que las del JNE, es decir, el jefe nacional no puede ocupar otro cargo público y debe mantener una neutralidad para con otras fuerzas políticas(Congreso de la República, 1993, art. 182).

Desde su creación con la Constitución de 1993 y su posterior implementación en 1995, la ONPE ha organizado un total de 84 procesos electorales, siendo el primero las Elecciones Municipales de 1995.

 

Conclusiones

A lo largo de este artículo se ha abordado la naturaleza de los organismos electorales y, en específico, la de los peruanos. Por ello, esta sección ofrece al lector algunas conclusiones en torno a lo discutido en páginas anteriores.

Una primera conclusión que se puede desprender de esta investigación es que las definiciones en torno a qué son y qué hacen los organismos electorales ha ido variando con el paso de los años. Y no solo eso, también lo han hecho los mismos organismos electorales de país en país. No hay un solo modelo para organización de la administración electoral en América Latina. Sin embargo, y a pesar de la gran diversidad en cuanto a su composición y organización, sí parece haber una serie de características compartidas entre los organismos electorales de la región. Estas son la especialización, atemporalidad e independencia y autonomía frente a los poderes tradicionales del Estado.

De otro lado, es necesario enfatizar que la mayoría de los esfuerzos por clasificar y generar tipologías en torno a los organismos y sistemas electorales del mundo han girado en torno a su grado de independencia. A grandes rasgos, un organismo electoral puede estar adscrito a un poder del Estado (usualmente el Ejecutivo o el Legislativo), puede ser completamente autónomo e independiente, o puede ser el producto de una mistura de los dos casos anteriores.

Cuando profundizamos en el caso peruano, encontramos que son tres los organismos electorales involucrados en el gobierno de los procesos electorales. Uno que se encarga de administrar justicia, otro que se encarga del empadronamiento de los electores y uno tercero que se encarga de la logística detrás de cada proceso electoral.  El motivo detrás de esta división de tareas radica en la necesidad de desconcentrar el poder sobre la administración electoral. La tesis detrás tal decisión fue que esta traería mayor transparencia y, por consecuencia, legitimidad a los proceses electorales en el Perú. Adicionalmente, sobre los organismos electorales peruanos es posible notar que estos comparten las tres características antes mencionadas que serían inherentes a los organismos lectorales de la región.

Cabe decir que será tarea del lector formarse una opinión con respecto al funcionamiento de los organismos electorales del Perú y, en específico, la ONPE en función a los insumos que este artículo le ha proporcionado.

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[1] Término acuñado por Samuel P. Huntington (1991) para retratar los procesos de transición democrática que tuvieron lugar tras el fin de la Guerra Fría. El autor identifica dos olas de democratización previas: la primera impulsada por la consolidación de la democracia estadounidense hacia mediados del siglo XIX y; la segunda impulsada por el fin de la II Guerra Mundial.

[2] La Cámara Nacional Electoral es la autoridad superior para la aplicación de la legislación político-electoral en la Argentina. Esta está adscrita al Poder Judicial argentino por lo que no se trata de un ente autónoma.

[3] Fue constituido en 1949.