La institucionalidad electoral y las organizaciones políticas en el Ecuador

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La institucionalidad electoral y las organizaciones políticas en el Ecuador

2019-11-26T10:10:38+00:0026 noviembre, 2019|Artículo Internacional, Eventos Internacionales|

El presente artículo aborda la relación entre la Función Electoral y las organizaciones políticas como un elemento necesario para su institucionalización en el Ecuador. En este sentido, la institucionalidad electoral propicia la progresiva consolidación de los partidos y movimientos políticos como actores válidos dentro la democracia representativa. La relación mutua entre organizaciones políticas e institucionalidad electoral es analizada dentro del marco del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y finalmente se establece como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), organismos de la Función Electoral Ecuatoriana, que impulsan desde sus funciones y atribuciones el fortalecimiento de las organizaciones políticas, como un pilar fundamental de la Democracia.

  1. Función electoral y partidos políticos en el Ecuador.

La configuración del sistema de partidos políticos en el Ecuador es relativamente reciente, iniciándose en el año 1945, con la creación del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La Constitución del Ecuador del año 2008, instituyó a la Función Electoral como un poder del Estado, conformada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esta Función del Estado se encarga de garantizar el ejercicio de los derechos políticos referentes al sufragio y los que se refieren a la organización política de la ciudadanía.

Es necesario especificar que el (CNE) es el organismo encargado de realizar las actividades de administración electoral, como son la organización, desarrollo y vigilancia  de los procesos electorales a nivel nacional, la regulación de las actividades de las organizaciones políticas. Mientras que el (TCE), administra justicia en materia electoral y dirime los conflictos internos de los partidos y movimientos políticos.

Entre los derechos de participación política que tutela y garantiza la Función Electoral, en el artículo 61 de la Constitución está la posibilidad de conformar partidos y movimientos políticos por parte de los ciudadanos. Así mismo, en el artículo 108, las normas constitucionales reconocen a estas organizaciones como actores principales dentro del ejercicio de la democracia representativa.

En cuanto al sistema de partidos, desde la Constitución y el Código de la Democracia se busca su fortalecimiento por medio del ejercicio de las competencias constitucionales y legales tanto del (CNE) como del (TCE), en los ámbitos administrativos y contencioso-electorales contempladas en los artículos 219 y 220 de la Constitución y en los artículos 25 y 70 del Código de la Democracia.

En este contexto, lo que la Constitución de 2008 y Código de la Democracia de 2009 plantean es estructurar una garantía de carácter institucional por medio de la Función Electoral  y sus organismos (CNE) y (TCE). Esta garantía institucional se orienta a hacia la materialización de los derechos de participación electoral y el fortalecimiento del sistema de partidos. Como lo indica Ávila (2008), por institucionalidad no solo comprendemos a las autoridades y personas que actúan representando el Estado o con su aquiescencia, sino a todo el aparato burocrático que tiene competencias, recursos y ejerce poder sobre las personas.

  1. Estado constitucional de derechos y justicia, Función Electoral, y fortalecimiento del sistema de partidos.

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su artículo 1[1] define al Estado Ecuatoriano como constitucional, de derechos, justicia, social y democrático, entre otras características. Al conceptualizarlo de esta forma, las normas constitucionales establecen como el «deber ser» estatal, el reconocimiento, promoción y garantía de los derechos constitucionales, los cuales gozan de centralidad en la acción pública, como también supremacía y aplicación directa por parte de los ciudadanos y los servidores públicos. En razón de lo cual toda la institucionalidad del Estado se halla orientada a cumplir en forma eficaz con los mismos, adecuando sus acciones a este fin.

Es por ello, que en el Estado constitucional, de derechos y justicia, todo poder público y también privado, está sometido a los derechos constitucionales, ya que estos, conforme refiere Ramiro Ávila (2008):

Son creaciones y reivindicaciones históricas, anteriores y superiores al Estado que someten y limitan a todos los poderes incluso el constituyente; en este último caso, diríamos que la parte dogmática tiene una relación de importancia superior a la orgánica e incluso prima en importancia en el texto jurídico al establecer el fin y al instrumentalizar para su efectivo cumplimiento a los órganos estatales.

En consecuencia de lo expuesto, el carácter constitucional, de derechos y justicia del Estado Ecuatoriano, se refleja claramente cuando en las numerales 1 y 8[2] del artículo 3 de la Constitución de 2008 señala como los deberes primordiales del mismo, el  garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos constitucionalmente y en los instrumentos internacionales como también el garantizar a sus ciudadanos el derecho a vivir en una sociedad democrática.

Hay que hacer énfasis que en este tipo de Estado, las fuentes del derecho se diversifican, estas son: la Constitución, la ley, los instrumentos internacionales, el derecho indígena y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Todas estas fuentes nutren al sistema jurídico y ayudan a la interpretación y aplicación de los derechos por parte de las instituciones públicas.

El Estado en su integralidad, cumple una función instrumental pues a más del establecimiento de límites del poder que son los derechos constitucionales, tiene que orientar todo su accionar a la satisfacción de los mismos a través de su institucionalidad, la misma que diseña y ejecuta las políticas públicas, la planificación del desarrollo nacional, el marco jurídico, entre otros aspectos.

Ahora bien, una vez determinado el contenido del Estado constitucional de derechos y justicia, es necesario preguntarse: ¿Cuál es rol de la institucionalidad pública para garantizar los derechos constitucionales?

La respuesta es sencilla, ya que la institucionalidad pública representada por las cinco Funciones del Estado (Legislativa, Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia) tiene como rol principal la materialización de los derechos constitucionales, a los cuales se encarga su aplicación en la realidad tangible, como lo refiere Ávila (2008):

Los órganos son la materialización del Derecho, que se encargan de su aplicación y constituyen la institucionalidad propiamente dicha. Las ideas y el Derecho, para ser aplicadas eficazmente requieren de una institucionalidad que las garantice. En un Estado de derecho, este legitima a la autoridad, que encarna la institucionalidad, y la autoridad aplica el Derecho.

En consecuencia de lo expuesto, en torno a los derechos de participación política contemplados en el artículo 61 de la Constitución, específicamente  el derecho a conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafilarse de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten[3] son tutelados por la Función  Electoral.

La Función Electoral y sus organismos administrativos y jurisdiccionales (CNE) y (TCE) tienen la misión de impulsar el fortalecimiento del sistema de partidos y movimientos políticos, contribuyendo con ellos en su organización, institucionalización, profesionalización, capacitación, entre otros aspectos. Todo esto, sin duda apoya al desarrollo y estabilidad de la democracia ecuatoriana en su conjunto, como lo corrobora Moncayo (2005):

El Estado como principio de fortalecimiento de la democracia, debe garantizar una mínima competencia electoral en todo el territorio nacional. En ese sentido, así como en el fútbol se juega con equipos bien estructurados y profesionalmente manejados; de igual manera la democracia se fundamenta en partidos políticos que deberían estar bien organizados para que puedan difundir su ideología y sus propuestas de cambio con la finalidad de que los electores no caigan en las ofertas populistas y sean presas de su situación económica; debemos buscar entonces la profesionalización de los partidos, el fortalecimiento de ellos en cada provincia, con agendas propias, planes de comunicación y de capacitación, etc.

Por consiguiente, el desarrollo del sistema de partidos y movimientos políticos[4] en el Ecuador es esencial para fortalecer al sistema democrático. Por lo tanto, el artículo 108 de la Constitución y 308 del Código de la Democracia, definen como organización política (partido o movimiento), a  aquellas entidades públicas no estales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo  y que deben sustentar concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias.

Desglosando esta definición a la que hacen mención los dos artículos mencionados, al decir que son organizaciones públicas no estatales, se refiere a que siendo una organización que nace de los procesos asociativos autónomos de la sociedad, no forman parte de la estructura orgánica funcional del Estado, aunque cabe recalcar que sí reciben financiamiento público para llevar a cabo sus acciones de capacitación, investigación y formación de simpatizantes y militantes.

Las organizaciones políticas son los protagonistas de la democracia representativa, al ser la expresión de la pluralidad ideológica de la sociedad, teniendo como finalidad de intervenir en los procesos electorales para lograr el control legítimo del poder del Estado y el ejercicio del gobierno por medio de elecciones democráticas, como lo señala Moncayo (2005):

Los partidos políticos son los que garantizan que los ciudadanos no sean solamente portadores de derechos y obligaciones, ellos también son la fuente y justificación de la pretensión de mando y autoridad que el Estado y el gobierno deben invocar para tomar  decisiones colectivamente vinculantes. (p.116).

Este criterio es fortalecido por lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), quien en las sentencias de los casos Yatama vs. Nicaragua (2005) y Castañeda vs. México (2008), ambas referentes al ejercicio de derechos políticos, indicó que no se desconoce la importancia que revisten los partidos políticos como formas de asociación esenciales para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia.  Afirmando también que:

Los partidos y las organizaciones o grupos que participan en la vida del Estado, como es el caso de los procesos electorales en una sociedad democrática, deben tener propósitos compatibles con el respeto a los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana [y también en la Constitución de cada Estado].

En este sentido, se reconoce la importancia del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a constituir partidos y movimientos políticos, y el papel fundamental que como actores juegan en una democracia representativa. El Estado ecuatoriano con el fin de garantizar y cumplir las obligaciones adquiridas en torno a este y otros derechos de participación política contemplados en el artículo 61 de la Constitución,  puesto que la señala la Carta Democrática (2001) en su artículo 5: El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia.

La Constitución de 2008 estableció a la Función Electoral como una estructura institucional encargada de esta finalidad, como lo refiere Thompson (2014): todo Estado respetuoso de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos entre ellos los derechos políticos debe crear y mantener las instituciones que planifiquen, ejecuten y garanticen la integralidad de cada etapa del proceso electoral.

El surgimiento y desarrollo de las organizaciones políticas y del sistema que integran a nivel nacional, no puede producirse en forma espontánea y carente de la regulación e institucionalidad pública puesto que este fenómeno históricamente en el Ecuador no ha contribuido a su institucionalización, fortalecimiento y democratización de sus estructuras, la formación de sus dirigentes y miembros que las integran, afectando la calidad de la democracia del país. En este contexto, Moncayo (2005) señala: “La democracia funcionará en la medida que tenga partidos y movimientos políticos que trabajen por dar vigencia plena a los derechos de los ciudadanos y constituir a estos en sujetos de las decisiones que las afectan.

Los esfuerzos individuales de las organizaciones políticas por institucionalizarse y fortalecerse, requieren también del impulso de la Función Electoral, con la finalidad de garantizar el goce de los derechos políticos. Esto implica que la regulación del ejercicio de dichos derechos y su aplicación sean acordes al principio de igualdad y no discriminación, y debe adoptar las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio  (Yatama, Corte IDH. 2005, 89).

La aplicación de dichas garantías por parte de los ciudadanos quienes constituyen organizaciones políticas, requiere necesariamente de la Función Electoral como una estructura institucional, para que los vuelva eficaces y aplicables en la práctica. Este criterio es claramente señalado por la Corte IDH en la sentencia del caso Castañeda vs. México (2008), cuando señala que los derechos políticos:

No pueden tener eficacia simplemente en virtud de las normas que los consagran, porque son por su misma naturaleza inoperantes sin toda una detallada regulación normativa e, incluso, sin un complejo aparato institucional, económico y humano que les dé la eficacia que reclaman…, si no hay códigos o leyes electorales, registros de electores, partidos políticos, medios de propaganda y movilización, centros de votación, juntas electorales, fechas y plazos para el ejercicio del sufragio, este sencillamente  no se puede ejercer, por su naturaleza; de igual manera que no puede ejercerse el derecho a la protección judicial sin que existan los tribunales que la otorguen y las normas procesales que la disciplinen y hagan posible. (Castañeda, Corte IDH. 2008, 46)

 

  1. Competencias del CNE respecto a las organizaciones políticas.

Una vez determinado que la presencia de la Función Electoral en el marco del Estado Constitucional de Derechos y Justicia es uno de los factores (pero no el único) que contribuye a desarrollar y fortalecer el sistema de partidos en el Ecuador, es necesario pasar a especificar como desde las competencias legales y constitucionales del (CNE) y el (TCE) como organismos integrantes de la misma se realiza esta labor.

El (CNE) es el organismo de la Función Electoral, encargado de realizar las actividades administrativas en materia electoral como la organización, desarrollo y vigilancia de los proceso electorales a escala nacional y seccional. En torno a la regulación y al fortalecimiento de los partidos políticos según el artículo 219 de la Constitución y 25 del Código de la Democracia cumple las siguientes funciones:

  • Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y de sus directivas, y verificar los procesos de inscripción;
  • Garantizar la transparencia y legalidad de los proceso electorales internos de las organizaciones políticas;
  • Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las cuentas que presenten las organizaciones políticas y los candidatos;
  • Ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las campañas electorales y el fondo para las organizaciones políticas;
  • Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, la normativa secundaria y sus estatutos;
  • Control sobre el financiamiento privado de las organizaciones políticas;
  • Promover la formación cívica y democrática de los miembros de las organizaciones políticas.

 

  1. Competencias del (TCE) respecto a las organizaciones políticas.

El (TCE) es el organismo de la Función Electoral, encargado de administrar justicia en materia electoral y dirimir los conflictos internos de las organizaciones políticas, cuyas sentencias son de última y definitiva instancia. El artículo 221 de la Constitución conjuntamente con el artículo 70 del Código de la Democracia, establecen para el TCE funciones en torno a las organizaciones políticas, las cuales son las siguientes:

  • Conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral y de los organismos desconcentrados, y los asuntos litigiosos de las organizaciones políticas;
  • Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general los asuntos litigiosos de las organizaciones políticas;
  • Sancionar por incumplimiento de las normas sobre el financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;
  • Resolver en instancia definitiva, sobre la calificación de las candidatas y candidatos en los procesos electorales.

 

  1. Conclusiones.
  • Desde 1945 hasta la actualidad (2019) se desarrolló formal y materialmente un sistema de partidos políticos en el Ecuador. El retorno a la democracia del Ecuador en 1979, las Constituciones y las diferentes leyes en materia electoral, establecieron el derecho de los ciudadanos a fundar partidos políticos y gozar de la protección del Estado para su organización y funcionamiento. El sistema de partidos, con sus avances y retrocesos se fortaleció con la creación de la institucionalidad electoral, primero con el establecimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y posteriormente con la creación de la Función Electoral, con sus dos organismos el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en el año 2008.

 

  • Dentro del contexto del Estado constitucional de derechos y justicia, la Función Electoral y sus organismos administrativos y jurisdiccionales (CNE) y (TCE) tienen la misión de impulsar el fortalecimiento del sistema de partidos y movimientos políticos, coadyuvando con ellos en su organización, institucionalización, profesionalización, capacitación, entre otros aspectos.

 

  • Los partidos y las organizaciones o grupos que participan en la vida del Estado, como es el caso de los procesos electorales en una sociedad democrática, deben tener propósitos compatibles con el respeto a los derechos y libertades consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales. La democracia funcionará en la medida que tenga partidos y movimientos políticos que trabajen por dar vigencia plena a los derechos de los ciudadanos.

 

  • El surgimiento y desarrollo de las organizaciones políticas y del sistema que integran a nivel nacional, no puede producirse en forma espontánea y carente de la regulación e institucionalidad pública puesto que este fenómeno históricamente en el Ecuador no ha contribuido a su institucionalización, fortalecimiento y democratización de sus estructuras, la formación de sus dirigentes y miembros que las integran, afectando la calidad de la democracia del país.

 

  • En el Ecuador, el (CNE) es el organismo de la Función Electoral, encargado de realizar las actividades administrativas en materia electoral como la organización, desarrollo y vigilancia de los proceso electorales a escala nacional y seccional. El (TCE) es el organismo de la Función Electoral, encargado de administrar justicia en materia electoral y dirimir los conflictos internos de las organizaciones políticas, cuyas sentencias son de última y definitiva instancia.

 

Referencias Bibliográficas.

Arias, Manzano (2011). “Intervención por el 63 aniversario de la Función Electoral”. En:  Memorias del Seminario Internacional Partidos Políticos y Democracia. 63 años de la Función Electoral.” Consejo Nacional Electoral: 25 – 28: Quito: CNE.

Ávila, Ramiro (2008). “Retos de una nueva institucionalidad estatal para la protección de los derechos humanos.” En: Neo constitucionalismo y sociedad. Ávila Santamaría Ramiro (ed.): 19. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Ávila, Ramiro. (Ed.). (2008). Constitución del 2008 en el contexto andino. Análisis de la doctrina y el derecho comparado. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Espinosa, Simón (1998). Presidentes del Ecuador. Ecuador. Vistazo.

Molina, José y Janeth Hernández (2014). “La credibilidad de las Elecciones Latinoamericanas y sus factores. El efecto de los organismos electorales, el sistema de partidos y las actitudes políticas.” En: Organismos Electorales y calidad de la Democracia en América Latina. Barreda Mikel y Ruiz Leticia (eds.): 89 – 114. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.

Moncayo, Fabricio (2005). Democracia y partidos políticos. Ecuador Debate Nº 64, abril: 116.

Sánchez, Francisco (1999). “El mundo no está hecho para partidos. Elementos para el análisis de los partidos políticos en el Ecuador temprano.” Ecuador Debate Nº 46, abril: 257.

Tapia, Amílcar (2014). Historia de los procesos Electorales Democráticos de la República del Ecuador 1830- 2014. Quito: CNE.

Tribunal Supremo Electoral (1989). Los partidos políticos: documentos básicos. Quito: Corporación Editora Nacional.

Thompson, José (2014). “Tendencias en torno a la estructura y competencias de los Organismos Electorales en América Latina.” En: Organismos Electorales y calidad de la Democracia en América Latina. Barreda Mikel y Ruiz Leticia (eds.): 37 – 58. Lima: Jurado Nacional de Elecciones.

 

Cuerpos normativos.

Constitución Política de la República del Ecuador (1946). Asamblea Nacional del Ecuador. Quito

Constitución Política de la República del Ecuador (1946). Asamblea Nacional del Ecuador. Quito

Constitución de la República del Ecuador (2008). Asamblea Nacional del Ecuador. Quito.

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador (2009). Asamblea Nacional del Ecuador. Quito.

 

Sentencias.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005). “Caso Yatama vs. Nicaragua.” Visita: 23/07/2019. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pd

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2008). “Caso Castañeda vs. Estados Unidos Mexicanos.” Visita: 23/07/201o. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf

 

[1] La Constitución de la República del Ecuador en el primer inciso del artículo 1 define al Estado Ecuatoriano de la siguiente forma: ‘El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico…’

[2] Constitución de la República del Ecuador (2008), Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:

  1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes….
  2. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

[3]Constitución de la República del Ecuador (2008), Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:…

  1. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafilarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten.

[4]La Constitución y la legislación electoral de Ecuador utilizan como el término organizaciones políticas como   una categoría amplia tanto para designar a partidos y movimientos políticos.

Juan Pablo Pozo Bahamonde.

Doctorando  en Estado de Derecho y Gobernanza Global en la Universidad de Salamanca, España.

Doctor en Jurisprudencia y Abogado por la Universidad de Cuenca, Ecuador. (2002); Mediador por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. (2005); Magíster en Derecho del Mercado por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. (2016); Especialista en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Sociales por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. (2012).

Experto electoral, consultor internacional; observador internacional electoral; articulista, docente universitario.

Ex presidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador.

Autor del libro “Democracia en el Contexto Suramericano”, (2015).