Implementación de reformas en medio de crisis sanitaria. Elecciones Municipales en Paraguay

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Implementación de reformas en medio de crisis sanitaria. Elecciones Municipales en Paraguay

2021-09-03T09:18:12-05:003 septiembre, 2021|Artículo Internacional, Destacado|

Introducción

El contexto pandémico en el cual nos encontramos sumidos ha influido de innumerables maneras en nuestro modo de vivir y de ello no se exceptúa a la organización de elecciones. Desde los comicios celebrados en Corea del Sur en abril de 2020 –a poco de iniciada la crisis sanitaria en todo el mundo- hasta las elecciones nacionales o regionales celebradas en varios países latinoamericanos entre enero y mayo de este año, se han venido llevando a cabo procesos electorales siendo la nota común en todos ellos el arbitrio de medidas de seguridad tendiente a la prevención del contagio del covid-19.

En el caso paraguayo, las restricciones sanitarias y medidas de distanciamiento social impuestas han obligado incluso a suspender las elecciones municipales fijadas originariamente para setiembre de 2020 y esto significó prorrogar los mandatos de las autoridades cuyos períodos venían feneciendo. No obstante, y en la segura convicción de que la democracia no puede parar, los aludidos comicios fueron reprogramados para octubre de 2021, adoptándose al efecto un protocolo sanitario acorde a las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias e inspirada en la experiencia recogida a través de elecciones organizadas en la región, cuyos detalles venían compartiéndose en foros multilaterales.

El contexto de elecciones en pandemia coincide en Paraguay con la implementación, por primera vez en nuestra historia política, del voto preferente, innovación que supone el desbloqueo de las listas de candidatos presentadas. Esta modificación en el sistema electoral lograda en 2019 trae aparejada, a su vez, la (re) inserción de tecnología en los comicios, lo cual se hace a través de máquinas de votación que faciliten el acto de votación y parte del escrutinio.

A la par, se pretendía implementar más reformas, esta vez consistentes en el endurecimiento de medidas de control en el financiamiento político, traducido en extender los controles no solo a los partidos políticos y sus movimientos internos, sino también a los candidatos mismos.

De modo que, las líneas desarrolladas más abajo ofrecerán una descripción del itinerario organizativo en las elecciones municipales próximas, en las cuales se ensayarán importantes innovaciones tendientes a hacer más equitativa y transparente la competencia, en medio de importantes restricciones sanitarias que dificultan el tradicional modo de preparar comicios.

  1. Descripción del contexto. Recalendarización electoral

En los primeros meses de 2020, la Justicia Electoral paraguaya se encontraba trabajando en la organización de las elecciones de renovación de autoridades municipales, previstas para el 08 de noviembre de 2020 cuando los primeros casos de coronavirus empezaron a reportarse en el continente. Se vivieron momentos de gran incertidumbre institucional dada la gravedad de los informes que venían de otras latitudes, pero ni bien los medios dieron cuenta del primer registro de Covid-19 dentro de nuestras fronteras –a principios de marzo- el gobierno paraguayo se apresuró en emitir varios decretos a través de los cuales se dispuso acciones preventivas y la declaración de emergencia sanitaria en todo el país. Para finales de dicho mes, el Congreso acompañó las acciones del Ejecutivo sancionando una ley que reafirmaba el carácter apremiante de la situación.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), lejos de mantenerse como simple espectador ante esta situación, resolvió prontamente acompañar la postura gubernamental disponiendo, en un comienzo, la postergación de las fechas fijadas previamente para las elecciones internas en las organizaciones políticas –del 12 de julio al 02 de agosto de 2020- y para las elecciones municipales –del 8 de noviembre al 29 de noviembre de 2020-. Finalmente, a principios del mes de junio de ese año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nro. 6547 aprobando la suspensión  las elecciones internas y municipales hasta un año, ordenando al TSJE a confeccionar un nuevo calendario electoral. Dicha ley, ampliamente debatida en ambas cámaras del Congreso, resolvió también prorrogar por un año más la permanencia de intendentes y concejales en sus mandatos que expiraban en 2020 y, a la par, acortar a cuatro años los mandatos de las autoridades a ser electas en el próximo ejercicio municipal, cuando la duración que establece la ley es de cinco años. Esta decisión obedeció a evitar que la prolongación en los períodos de gobierno municipal llegue a interferir con las elecciones de autoridades nacionales y departamentales previstas para 2023.[1]

Fue dentro de este escenario que volvieron a convocarse a elecciones, fijando las internas partidarias simultáneas para el 20 de junio de 2021 y las elecciones municipales definitivas para el 10 de octubre de 2021.

 

  1. Desbloqueo de listas a través del reconocimiento del voto preferencial

En el año 2019, a raíz de encendidos cuestionamientos de la ciudadanía por una mejor calidad en la representación política, se sancionó la Ley Nro. 6318 en virtud de la cual se reconoce a favor de los electores un voto preferente que, a partir de ahí es factible de otorgarse a cualquiera de los candidatos que integren una lista. Esto supone el desbloqueo de las listas que por mucho tiempo fueron cerradas en el Paraguay y deposita en los hombros de los votantes la responsabilidad no solo de votar sino de elegir al integrante de una lista, acorde al perfil que resulte más convincente para erigirse en autoridad electa por el voto popular.

De acuerdo con esto, el voto preferente –cuyo ejercicio pasó a ser obligatorio con esta reforma- opera reubicando a cierto candidato en el primer lugar de una lista, en el entendido que esta no sea su ubicación en la propuesta que realiza cierta nucleación política. Es decir, otorgar el voto preferente al candidato X que ocupa el orden Nro. 5 en la lista propuesta por la fuerza política, significa que, a criterio del votante, dicho candidato o candidata debe ocupar el primer lugar en la lista presentada.

Con arreglo a esto, el elector o electora, ya frente a la máquina de votación y al momento de elegir miembros de la Junta Municipal, debe seleccionar primeramente a la organización política de su preferencia (partido, movimiento, alianza o concertación) y una vez realizada esta selección, elegir dentro de esa lista al candidato o candidata de su preferencia. Así, el voto se consigna tanto a la organización política como al candidato o candidata de su predilección.

La cantidad de representantes que obtenga una fuerza política se continuará determinando en base al principio proporcional aplicando al efecto el método de reparto d’Hondt –en apego a lo preceptuado por el artículo 118 de la Constitución Nacional-, pero el ingreso del candidato o candidata a los primeros lugares dependerá de la frecuencia con que los votantes le hayan otorgado su voto preferente. Esto supone la primacía de una regla de mayoría simple en virtud de la cual, si muchos votantes coinciden en beneficiar al candidato X con el voto preferente, llevándolo así al primer lugar de la lista, entonces resulta electo.

Es importante señalar que la aludida Ley Nro. 6318/2019 obliga a que este mecanismo se aplique también en las internas partidarias; ello con el propósito de que mejore igualmente la calidad de representación al interior de las nucleaciones políticas. Si hubiere empate entre candidatos votados de manera preferencial dentro de una misma lista, el lugar se definirá a partir del orden inicial propuesto por la organización política.

La incorporación de esta novedad se hizo considerando la experiencia reportada en otras latitudes, varias de las cuales daban cuenta de no ser el desbloqueo de listas la panacea a todos problemas derivados de una deficiente representación de la ciudadanía en los órganos de decisión política. Tanto es así que varios países modificaron su sistema electoral, pasando de una forma de candidatura de listas abiertas o desbloqueadas a otra cerrada y bloqueada. No obstante, dado el interés ciudadano en reivindicar una cuota de decisión en los procesos de formación de la voluntad política, en clave de no votar simplemente una lista sino elegir a alguien con los méritos suficientes para ejercer la labor de representar intereses de la sociedad, se decidió introducir la modificación. El tiempo dirá si ella fue acertado o no.

  1. Empleo de tecnología en la votación

Luego de un prolongado paréntesis en la utilización de tecnología en el acto de votar y escrutar los votos, con la implementación del desbloqueo de listas se vuelve a emplear dispositivos electrónicos en estas elecciones municipales puesto que así lo manda la aludida Ley Nro. 6318/2019. Se ha llegado a reconocer que el escrutinio bajo la modalidad de desbloqueo de listas, donde se deben computar los votos preferentes otorgados por el electorado, sería complejo y prolongado si este tuviera que hacerse de modo manual con el consabido riesgo de que la labor insuma muchas horas, al ser varios los cargos por repartir. Por ello resulta necesaria la utilización de recursos tecnológicos en la votación y el escrutinio.

En cuanto a las características de los dispositivos a ser empleados, se trata de aparatos de una sola pieza, dotados de una pantalla de 20 pulgadas, equipados con dos baterías de litio con más de 8 horas de autonomía. A diferencia de las urnas electrónicas usadas de 2001 a 2007, el voto de los sufragantes no se guarda en la máquina sino en un chip RFID (siglas en inglés de Identificación de Radio Frecuencia) inserto en la boleta de votación, tratándose de una información que se halla encriptada.

Una vez que son introducidas dichas boletas en la ranura con que cuenta las máquinas, van imprimiéndose en su anverso los votos que han otorgado los electores a cada una de las candidaturas en pugna. Es por esta razón que este tipo de tecnología recibe el nombre de Boleta Única de Votación (BUV).

Vale la pena también indicar que esta máquina no guarda en su interior el padrón de electores ni precisa de disco duro fijo para su arranque sino que esta comienza a operar a partir de la introducción de un DVD que posee el software respectivo. No resulta ocioso señalar hallarse siempre garantizado a las fuerzas políticas su derecho a realizar auditorías de este software a ser empleado.

Con relación a las medidas para prevenir la vulneración de sus datos, como ya ha sido indicado, a más de no almacenar la máquina el padrón o los votos, esta no se halla conectada a distancia con dispositivos externos. La máquina solo sirve de interfaz para exhibir a la electora o elector las distintas candidaturas propuestas por las nucleaciones políticas.

El voto, es digno reiterar, se guarda en el chip RFDI inserto en la boleta de votación y, al tratarse de información encriptada, solo podrá ser leído por la misma máquina de votación, una vez que finalice la votación y sea activado por los miembros de mesa el “modo escrutinio”. En el lado contrario de la boleta a donde está situado el chip, existe un papel metálico que, cuando la boleta es doblada por la mitad, se crea un campo electromagnético anulado que impide la lectura remota de la información allí guardada.

Otro dato de interés reside en que la máquina posee una modalidad para el voto de gente con visión disminuida o invidente, en virtud de la cual se provee un teclado de plástico y auriculares para escuchar un audio de asistencia.

Por cuanto respecta a los pasos a seguirse para ejercer el voto con esta máquina, se exige siempre a la electora o elector la presentación de su documento de identidad a fin de recibir de los miembros de mesa la boleta única electrónica (con firma de los vocales de mesa). Una vez verificado esto, deberá la o el votante dirigirse al recinto de votación donde se encuentra la máquina de votación y frente a ella, introducirá la boleta en la ranura situada al costado derecho de la pantalla táctil. Esto permitirá a que el software de la máquina despliegue las distintas listas de candidatos propuestas por las fuerzas políticas. Culminada que estén las selecciones por parte del sufragante, la máquina le requerirá que confirme su preferencia antes de imprimir las opciones en el dorso de la boleta y grabar los votos en el chip RFID. Aquí reside una de las principales virtudes de este dispositivo: permitir que el propio ciudadano corrobore el sentido de su voto.

Una vez verificado que el voto fue correctamente consignado por la máquina, el o la electora deben dirigirse con la boleta de votación doblada por la mitad a la mesa receptora de votos a fin de depositarla en la urna de plástico habilitada al efecto. Posteriormente, procederá a entintar su dedo índice con tinta indeleble. Finalmente, se consignará en el espacio del padrón de mesa la palabra “votó” y se le retornará su cédula de identidad. Es dable aquí señalar que el protocolo sanitario –materia a ser desarrollada más abajo- ha introducido una alteración en este punto del proceso de votación en el sentido de que el entinte del dedo se haga a través de un gotero y no de un recipiente abierto. Ello de modo a prevenir contagios de coronavirus.

Finalmente, el escrutinio se realizará a través de la misma máquina de votación, para lo cual no se tiene sino que ajustarse a una modalidad habilitada para el efecto en virtud de la cual el presidente de mesa, valiéndose de la credencial que le será suministrada, procederá a activar dicha modalidad a fin de que, en coordinación con los demás miembros, vayan contabilizando las tarjetas de votación acumuladas en la urna de plástico. A tal efecto y como manda la ley, los miembros de mesa deben previamente extraer las boletas acumuladas en las urnas de plástico y cotejar si su cantidad coincide con el número de electores que votaron en dicha mesa. A continuación –y aquí reside la variante a ser implementada- se procederá a hacer pasar el dorso de la boleta (del lado del chip) a través del lector óptico que la máquina posee. Esto hará que aparezca en pantalla el sentido de cada voto y la máquina los irá contabilizando.

Finalizado el cómputo y escrutinio, los miembros de mesa darán la orden a la máquina para que imprima las actas de resultado de votación, los certificados de Transmisión Rápida de Resultados (TREP) y los certificados para los veedores de las fuerzas políticas en pugna.

 

  1. Protocolo sanitario que se empleará en las elecciones

Como ha sido señalado, las próximas elecciones municipales serán atípicas dado el contexto pandémico mundial[2] en el cual se desarrollarán, situación que ha obligado a adoptar un protocolo sanitario. A semejanza de las experiencias recogidas en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Perú (en 2020) y El Salvador y Ecuador (en 2021), la Justicia Electoral paraguaya elaboró, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, un protocolo que regla la manera en que deberán ajustar su conducta los actores involucrados en el proceso (desde electores hasta Policía Nacional, pasando por autoridades de mesa, capacitadores, apoderados, veedores, etc) en las actividades a ser cumplidas antes, durante y después del día de las elecciones.

Entre las actividades a ser cumplidas antes del día de las elecciones, podríamos aludir a las muy necesarias capacitaciones en el uso de las señaladas máquinas de votación. Y decimos que son muy necesarias pues se trata de una innovación sin precedentes en las elecciones celebradas en el Paraguay. Por cierto, no es la primera vez que se utiliza tecnología en la votación en nuestro país, pero los dispositivos que fueran utilizados de 2001 a 2007 difieren en mucho de los aparatos previstos para estos comicios. A más de ello, fueron varias las elecciones que vinieron desarrollándose en base al empleo de papeletas impresas, sin ningún tipo de tecnología por lo que, volver a reintroducir aparatos de votación, requiere preparación.

Por cuanto hace a las actividades cumplidas en el día de las elecciones, las instrucciones se reparten a electores, autoridades de mesa, veedores y apoderados. El protocolo exhorta a los electores a averiguar con anticipación su local de votación y número de mesa, de tal suerte a que, llegado el día de las elecciones, puedan estos dirigirse sin mayor trámite al lugar donde le corresponde sufragar. Esto evitará posibles aglomeraciones para consultas sobre dónde debe votar, algo que venía siendo hasta el momento una reiterada costumbre.

Por otra parte, se requerirá la rigurosa formación de fila para ingresar al local de votación observando un distanciamiento mínimo de dos metros. Esta medida implica, desde luego, el uso de mascarillas y el sometimiento al control de temperatura. A más de ello, deberán responder un breve cuestionario relacionado a síntomas del Covid-19.

Una vez dentro del local e identificada la mesa de votación, los electores deberán nuevamente formar fila en las condiciones antes indicadas. La obligación legal de identificarse ante los miembros de mesa sigue vigente por cierto, pero esta vez deberá hacerse desde una distancia prudencial. En caso de duda sobre la identidad del elector, los miembros de mesa están facultados para solicitarle que remueva temporalmente su mascarilla a efectos de determinar que aquel es quien dice ser, guardando siempre la distancia física requerida.

La desinfección de manos con alcohol al 70% la realizará la o el elector con apoyo de un asistente de mesa que le suministrará el desinfectante. Este paso debe cumplirse antes de que le sea entregada la boleta de votación.

Al finalizar el acto de votación, el asistente de mesa nuevamente colaborará con el elector en el entinte del dedo, antes de depositar la boleta en la urna de plástico. Ya se ha señalado más arriba que el entinte del dedo como mecanismo de control de haber votado (a fin de evitar el voto múltiple) se hará a través de un gotero. Por último, los miembros de mesa peticionarán una vez más al elector que desinfecte sus manos, antes de proceder a retirarse del local de votación.

Estos miembros de mesas receptoras de votos se hallan igualmente obligados a observar las medidas de bioseguridad, carga que deberán acatar ya desde las charlas de capacitaciones que se realizan para adiestrar a los mismos en el manejo de las máquinas de votación a ser implementadas. Las aludidas medidas deberán ser nuevamente observadas al momento de ingresar al local de votación y en el ejercicio de sus funciones antes del acto electoral (en la recepción de materiales, útiles y documentos electorales), durante el mismo (facilitando el voto de los electores) y después de finalizada la jornada eleccionaria (en las operaciones de escrutinio). El protocolo les faculta incluso a disuadir cualquier aglomeración de electores ante la mesa, precautelando por que el número máximo de personas en las filas se limite a diez.

Por otra parte, y como ya ha sido referido, el deber de las autoridades de mesa de desinfectar las máquinas de votación alcanza a los sobres de seguridad numerados, con cargo de ubicarlos sobre superficies igualmente esterilizadas, a efectos de entregarlos posteriormente a los miembros de la junta cívica y/o delegado electoral.

Estos agentes están facultados a definir un área específica en la cual deben situarse los veedores de las organizaciones políticas, todo ello a fin de evitar la proximidad física. Del mismo modo, podrán exigir a toda persona que permanezca dentro del local de votación una permanente desinfección de manos y un periódico recambio de mascarillas así como evitar, en lo posible, el traspaso mano a mano de materiales. Y al finalizar la jornada electoral, estará también a cargo de ellos realizar un completo despeje de personas del local de votación.

Al tratarse de una pantalla táctil susceptible de ser manipulada por gran número de electores, su frecuente desinfección se vuelve imperiosa y para ello se prevén agentes afectados a esta labor.

En cuanto a las actividades posteriores al día de las elecciones, estas tienen que ver principalmente con la manera en que los miembros de mesa colaborarán con la higienización del local de votación. En efecto, la gestión de desechos es también materia contemplada por el protocolo puesto que, finalizado que se halle el proceso de escrutinio, los miembros de mesa deben proceder a recolectar y guardar todos los documentos y elementos utilizados en la votación, así como la limpieza y desinfección de las instalaciones cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios, verificando la existencia de papeles, mascarillas u otros desechos en el piso y en los alrededores de la mesa receptora de votos y, de ser el caso, colocarlos en la bolsa de desechos guardando siempre las precauciones sanitarias.

Corresponde a uno de los miembros de la mesa receptora de votos sellar la bolsa de desechos y ubicarla en el lugar designado al efecto. Y culminada esta acción, tendrá lugar el consabido lavado y desinfección de manos.

 

  1. Endurecimiento en el control del financiamiento político

Paraguay viene perfeccionando su régimen de control del financiamiento desde el año 2012. En efecto, con la Ley Nro. 4743 de ese año se insertaron importantes innovaciones dentro del señalado ámbito en orden a definir lo que se entiende como “actividad financiera” considerando a la misma como toda acción relacionada con la recepción de fondos o activos de cualquier naturaleza, así como la disposición que se haga de los mismos, en orden a asignar un destino preciso a contribuciones directas con cargo a las finanzas públicas, entre otras cosas. La ley condiciona del desembolso de contribuciones directas a instancias del erario público, como es el caso de los subsidios electorales, a la aprobación de rendición de cuentas de los gastos y una vez verificado el cumplimiento de formalidades previstas al efecto.

Las ampliaciones introducidas extendieron el control del origen de los fondos a las corrientes que militan al interior de las agrupaciones políticas. Así, la Ley Nro. 6167/2016 obliga a los aludidos movimientos internos a llevar un registro de ingresos y gastos de sus campañas electorales, tanto para elecciones de candidatos a cargos públicos nacionales, departamentales o municipales como para autoridades partidarias. Por otra parte, se las obliga a realizar, dentro de los cinco días de oficializadas las candidaturas propuestas, una declaración jurada en donde deben consignar los activos y recursos al inicio de la campaña, con cargo de presentarla a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), repartición estatal que recibe el pago de contribuciones al erario público, a efectos de obtener un identificador tributario.

Esta exigencia asegura un marco de control cruzado en virtud al cual ya no reside en un solo organismo –en este caso el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)- la inspección sobre el origen de los fondos recaudados por los movimientos internos, sino también a la SET. A efectos de que su labor de contralor sea eficaz, se establece la obligación de que la documentación de respaldo se haga a través de recibos con membretes y el identificador tributario del movimiento respectivo, con los datos del aportante.

Pese a lo plausible de esta ampliación de controles en cuanto a las fuentes de financiamiento, ella en realidad no alcanzaba a los candidatos de dichos movimientos internosy la práctica ha demostrado que estos también pueden ser –y de hecho son los principales- receptáculos de dinero. La provisión de fondos no pasa necesariamente por los dirigentes de los movimientos.    A raíz de ello, se sancionó una ley más, la Nro. 6105/2020 en virtud de la cual la obligación de declaración jurada incide en cada precandidato de cada movimiento interno, tanto de candidatura individual como de lista, obligándolos igualmente a realizar ciertas declaraciones al momento de presentar su precandidatura, así como a llevar el registro de ingresos y gastos en que incurrieron en las campañas internas.

La normativa también estipula que las agrupaciones políticas adopten mecanismos de control y registro de operaciones financieras con enfoque hacia la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, obligando a la Justicia Electoral a habilitar una dependencia destinada a supervisar y coordinar los procedimientos tendientes a la prevención de los señalados ilícitos. Y en caso de haberse incurrido en alguno de estos delitos, a más de la responsabilidad penal de sus infractores, se introduce como facultad de la máxima instancia en materia electoral, en ejercicio de su facultad disciplinaria reconocida constitucionalmente, disponer la suspensión de contribuciones directas hasta tres años y dos elecciones. En el caso de los subsidios, que son reposiciones a los gastos de campaña, se prevé la facultad de hacer quitas o descuentos de hasta el 100%, todo ello de acuerdo al grado de incumplimiento por parte de los infractores.

La Justicia Electoral, ya incluso antes de la sanción de esta última ley, habilitó una plataforma virtual a fin de realizar consultas sobre rendiciones de gastos de campaña y financiamiento de las agrupaciones políticas el cual se denomina Observatorio Nacional del Financiamiento Político (ONAFIP). Este portal permite actualmente que cualquier ciudadano acceda a los estados contables y de rendición de cuentas de los partidos y movimientos políticos, así como la obtención de documentos que conforman el marco normativo vigente en materia de financiamiento político. Además, la normativa divulga información relevante vinculada al tema, así como la agenda anual oficial sobre todo lo que hace al financiamiento político y datos electorales segregados por género.

Por último, con el propósito de facilitar los mecanismos de rendiciones de cuentas, se creó el Sistema Nacional de Financiamiento Político (SINAFIP), otra herramienta informática contable que es de uso obligatorio para las organizaciones políticas, tanto en período de funcionamiento ordinario como durante los procesos electorales.

  1. Reflexiones finales

Con todo lo señalado, puede atestiguarse que el TSJE viene trabajando incesantemente para que las elecciones municipales del 10 de octubre de 2021 constituyan otra experiencia positiva más en este superciclo electoral que arrancó ya en octubre de 2020, con las elecciones generales de Bolivia.

Como órganos ejecutores de las leyes electorales, existe la convicción en implementar de la mejor manera posible las reformas antes señaladas, pero sin que ello signifique poner en riesgo la salud de los ciudadanos y, a tal efecto, se pretende implementar a rajatabla el protocolo sanitario descripto. Esta es la manera de amalgamar ambos propósitos: llevar adelantes los procesos eleccionarios evitando que esto signifique desatar focos de contagio masivo.

La Justicia Electoral paraguaya celebra veinte seis años de vida institucional afrontando un desafío más como lo es la crisis pandémica del Covid-19 cuya virulencia y expansión ha llegado a poner en jaque la continuidad de las prácticas democráticas en muchos países. No obstante, acatando todas las medidas sanitarias decretadas, persuadidos estamos del desiderátum antes expuesto, de llevar a cabo estas justas electorales y evitar que la democracia sea otra víctima más del coronavirus.

 

María Elena Wapenka

Paraguaya

Miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) desde el año 2013. Abogada, licenciada en Pedagogía y Filosofía; notaria y escribana pública por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Fue profesora de educación primaria. Vinculada a la magistratura en el fuero electoral desde 1996, a más de desempeñarse como jueza en la ciudad de Encarnación, integró como miembro los tribunales electorales de Encarnación (1999; y 2011 al 2013) y Misiones (2000). Interinó los juzgados electorales de Misiones (2000-2002-2003-2006-2007-2008), Ñeembucú (2002-2003), Caazapá (2006) y San Pedro de Ycuamandiyú (1998/2001 – 2008 al 2013).  Diploma de la Universidad de Salamanca en “Nuevos Desafíos del Estado de Derecho” (2014). Pluma invitada en varias ediciones de la revista Mundo Electoral. Se desempeñó como presidenta de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) 2016/2019.

[1]Se recurrió de este modo a una salida legal que no es inédita en nuestro ordenamiento jurídico pues el Código Electoral –ya al tiempo de su promulgación en 1996- se vio obligado a incluir entre sus disposiciones transitorias al artículo 348, cuyo texto prescribe: “…Las autoridades municipales electas en los comicios de noviembre del año 2006, durarán cuatro años en sus funciones…” Esta norma buscó en aquel momento evitar que los mandatos de autoridades nacionales y departamentales –que se deben realizar entre los meses de abril y mayo del año respectivo- no coincidan o interfieran con los de las autoridades municipales –cuya elección se realiza en el mes de octubre o noviembre del año correspondiente- Por otra parte, se buscaba también el ceñimiento a otra disposición del Código (artículo 154) que establece que las elecciones municipales deben llevarse a cabo  treinta meses después de las elecciones generales de tal suerte a que exista una distancia de 2 años y medio entre las primeras y las segundas. Gracias a la elección de autoridades municipales por un período recortado en un año permitió que, de ahí en más, existan condiciones para el cumplimiento de los artículos antes mencionados.

[2]Hasta el 29 de junio del año pasado, 66 países o territorios llegaron a posponer sus elecciones nacionales o sub nacionales debido a la mortal enfermedad diseminada en todo el mundo de los cuales, 22 países se vieron obligadas a reprogramarlas mientras 33 países han decidido seguir firmes con sus procesos electorales.