La democracia interna de los partidos políticos en el sistema electoral uruguayo

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La democracia interna de los partidos políticos en el sistema electoral uruguayo

2019-11-26T09:56:09+00:0026 noviembre, 2019|Artículo Internacional, Noticias|

El artículo 77, numeral 11º de la Constitución de la República Oriental del Uruguay establece que “El Estado velará por asegurar a los partidos políticos la más amplia libertad. Sin perjuicio de ello, los partidos deberán:

  1. a) Ejercer efectivamente la democracia interna en la elección de sus
  2. b) Dar la máxima publicidad a sus Cartas Orgánicas y Programas de Principios, en forma tal que el ciudadano pueda conocerlos ”

De este modo y en tales condiciones, la Constitución reconoce la existencia de los partidos políticos que son, por lo demás, las únicas asociaciones que tienen legitimación para participar en la elección de las autoridades de gobierno en Uruguay. No se admite el registro de movimientos de otra índole que no sean partidos o, en el interior de sus estructuras, fracciones de partidos. Tampoco son admitidas candidaturas independientes. Cualquier candidato debe serlo necesariamente por un partido político.

A fines de 1996 fue sometido a plebiscito y aprobado un proyecto de reforma constitucional que trajo como consecuencia importantes cambios en el ejercicio de la democracia en el país y en particular de la democracia interna por parte de los partidos. Dicha reforma incorporó al ordenamiento jurídico uruguayo la realización de elecciones en los partidos políticos en forma simultánea, con carácter obligatorio para las organizaciones partidarias y de voto voluntario para los electores sobre un padrón abierto derivado del Registro Cívico Nacional y bajo el control de la Corte Electoral. Asimismo, las referidas elecciones fueron concebidas como primarias o previas a las demás secuencias del cronograma electoral.

Las instancias que siguen a las internas o primarias son las elecciones nacionales que se celebran el último domingo de octubre cada cinco años y en las que se elige al presidente y vicepresidente de la República, a los integrantes  de  las  Cámaras  de  Senadores  y  de  Representantes  y  a  los miembros de las Juntas Electorales de todo el país; después las departamentales, el segundo domingo de mayo del año siguiente, para elegir intendente en cada departamento y a los ediles que conforman la respectiva Junta Departamental, órgano legislativo en su circunscripción; y finalmente las municipales que se llevan a cabo simultáneamente a las departamentales con el fin de elegir el correspondiente Consejo Municipal y el alcalde, que es quien lo preside.

Dos años y medio más tarde a la reforma constitucional, el Cuerpo Electoral se pronunció por primera vez y al mismo tiempo, dentro de cada partido político, por un lado para la nominación de sus candidatos presidenciales únicos y por otro para la integración de sus órganos deliberativos o convenciones nacionales y departamentales.

Han transcurrido veinte años desde entonces, y el pasado 30 de junio fue la quinta ocasión en que se celebraron elecciones internas de los partidos políticos, con las mismas reglas, en la historia del Uruguay.

Cómo se vota en Uruguay

 

En relación con tales elecciones, la ley y el reglamento establecen, en sus disposiciones generales, la fecha de la elección, las condiciones para ser elector y elegible, la circunscripción en la que se eligen los candidatos y la posibilidad de que un mismo candidato figure en más de una hoja de votación. También incluyen las características de tales hojas de votación, el número máximo de candidatos que pueden figurar en ellas, así como el mínimo exigido para el órgano nacional por cada partido en todo el país y para el departamental también por partido en cada departamento, los sistemas de suplentes que se admiten en las listas, el cumplimiento de la cuota de género, la legitimación para postular candidaturas, el derecho de prioridad  al  uso  de  números  que  distinguen  las  hojas  de  votación,  la identificación y el consentimiento de los candidatos, el plazo para el registro de hojas con listas de candidatos, su publicación y eventuales impugnaciones.

A diferencia de la mayoría de los países del continente, en Uruguay se vota con hojas de votación en las que debe figurar el respectivo lema partidario que la encabeza y un número expresado en cifras y no en letras y encerrado en un círculo; debajo del círculo debe aparecer  el  nombre  del departamento al que corresponde la hoja de votación y la fecha de la elección.

La impresión de estas hojas de votación queda a cargo de los propios partidos (o sus agrupaciones nacionales y departamentales), pero en todo caso resulta imprescindible, para que sea aceptado su registro, el cumplimiento de los requisitos que la Corte Electoral establece en la correspondiente reglamentación. En una hoja de votación deben figurar el precandidato a la Presidencia de la República y la lista de candidatos al órgano deliberativo nacional; y en la otra hoja (de menor dimensión) la lista de candidatos al órgano deliberativo departamental.

Con referencia a las candidaturas, una misma persona puede figurar como candidato al órgano deliberativo nacional o a los órganos deliberativos departamentales de un partido político en más de una lista, en el mismo departamento o en diferentes departamentos. Pero cuando se trata del órgano deliberativo nacional, la pluralidad solo se admite si la persona cuya candidatura se repite figura en listas de candidatos que acompañan  al mismo precandidato presidencial. Por lo tanto, el precandidato presidencial opera a estos efectos como si fuera un lema de la elección nacional pero a la interna de la elección partidaria.

Como sanción, se dispone que las personas que violen esta norma limitante de la figuración en más de una lista del mismo partido o prohibitiva cuando son partidos distintos, no serán proclamadas en ningún caso.

Por otra parte, se exige el cumplimiento de la disposición legal que establece la diversidad de género en la determinación de las candidaturas. En efecto, en las listas de candidatos al órgano deliberativo nacional, así como en la composición de las listas de candidatos al órgano deliberativo departamental se deben incluir personas de ambos sexos, en cada terna de candidatos, titulares y suplentes, en el total de la lista, aun cuando estas no sean completas. Si no se cumple con lo dispuesto en la ley, las Juntas Electorales negarán el registro de las hojas de votación que reflejen tal irregularidad. Solo se permite que presenten, dentro de los dos días siguientes a la denegación, nueva hoja de votación con las listas de candidatos en las condiciones requeridas.

El día de la elección, las Comisiones Receptoras de Votos (o Mesas de Votación), integradas por tres miembros -presidente, secretario y vocal- que son funcionarios públicos o escribanos (notarios) seleccionados de modo aleatorio por las Juntas Electorales en cada uno de los departamentos, se constituyen a primera hora de la mañana en los locales respectivos de acuerdo a los planes circuitales oportunamente dispuestos. A la hora señalada comienzan a recibir los sufragios previa acreditación de identidad por parte de los electores, para lo cual la mesa cuenta con el padrón de habilitados del circuito y el legajo de hojas electorales (que son las copias de las credenciales cívicas, documento de identificación electoral).

A cada elector se le ofrece que tome un sobre con tirilla numerada y debidamente firmado por el presidente y el secretario de la Comisión antes de dirigirse al cuarto secreto. En dicho cuarto encontrará diversas hojas de votación correspondientes a los partidos y sus agrupaciones que hayan sido depositadas por los delegados partidarios. El elector puede también llevar consigo las de su preferencia para encerrarlas en el sobre de votación que después introducirá en la urna previo desprendimiento de la tirilla numerada para asegurar el secreto del voto.

De las dos hojas de votación disponibles para cada elector, una nacional y otra departamental, se puede introducir en el sobre de votación una sola o las dos, pero ambas deben corresponder al mismo partido. Esto significa que no es admisible el voto en lo nacional por un partido y en lo departamental por otro. Si se incurre en violación de esta regla, se anulará todo el contenido del sobre.

La Corte Electoral organiza, controla y juzga

 

Además de las disposiciones constitucionales, de acuerdo a la ley 17.063 de 10 de diciembre de 1998, la Corte Electoral conoce “en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales referentes a las elecciones internas de los partidos políticos”, es “juez en dichos actos y procedimientos electorales” y decide «con carácter inapelable, todos los reclamos y apelaciones que se produzcan en ocasión del registro de las hojas de votación, realización de los escrutinios y proclamación de sus resultados”. De este modo, el órgano superior del sistema electoral uruguayo concentra las atribuciones de organizar el acto, aprueba las reglamentaciones necesarias para su celebración y es juez de alzada de las decisiones adoptadas por los órganos partidarios en materias o actos regidos por la ley (esto es, cuando los órganos o convenciones nacionales y departamentales operan como colegios electores del candidato a vicepresidente, eventualmente a presidente, y a intendentes en cada departamento). También tiene la potestad de controlar la integración de esos mismos órganos, así como sus procedimientos y votaciones y proclamar el resultado de estas últimas cuando se trate de las nominaciones de candidatos a vicepresidente (y en ocasiones a presidente) y a intendentes.

Los miembros de los órganos o convenciones (tanto nacionales como departamentales) son elegidos en circunscripción departamental. Para la integración de ambos órganos rige el principio de representación proporcional. Los nacionales, que están compuestos por quinientos miembros, con igual número de suplentes, actúan como colegio elector del candidato a la vicepresidencia de la República y eventualmente del candidato a la Presidencia, si este no ha sido elegido por las mayorías requeridas en la elección interna o primaria. Tales mayorías, establecidas en la Constitución de la República, son la absoluta de votos emitidos para el partido o más del 40%, siempre y cuando el precandidato que supere ese porcentaje lleve una ventaja de no menos del 10% al precandidato que le siga en cantidad de votos.

Los órganos departamentales están compuestos por un  número  de miembros igual al cuádruple de los que le corresponda a cada departamento en el órgano deliberativo nacional del respectivo partido, con un mínimo de cincuenta y un máximo de doscientos cincuenta. Están habilitados a nominar, por disposición constitucional (letra transitoria Z) y norma reglamentaria de la Corte Electoral hasta tres candidatos a intendente por partido en el departamento.

En las elecciones internas son de aplicación, en lo pertinente, todas las disposiciones que rigen las elecciones nacionales, contenidas en la Ley N.º 7.812, de 16 de enero de 1925, sus modificativas y complementarias, en cuanto no se opongan a lo previsto especialmente por la Disposición Transitoria W) de la Constitución de la República y por la ya mencionada ley 17.063 que regula dichas elecciones. También corresponde aplicar la ley complementaria de elecciones para la adjudicación de cargos en los órganos deliberativos o convenciones nacionales y departamentales.

Las elecciones internas del 2019

 

En las elecciones del pasado 30 de junio 2019, se presentaron quince partidos políticos, de los cuales cuatro registraron pluralidad de precandidatos presidenciales: seis el Partido Colorado, cinco el Partido Nacional, cuatro el Frente Amplio y dos el Partido de la Gente. Los demás partidos solo postularon uno cada uno. En total fueron postulados veintiocho precandidatos a la Presidencia de la República.

Para las mismas elecciones, se registraron tres mil cuatrocientos once hojas con sus respectivas nóminas de candidatos a ambos órganos, de las cuales mil trescientos sesenta y tres correspondieron al órgano nacional y dos mil cuarenta y ocho al órgano departamental.

En la primera elección interna (1999), el porcentaje de participación alcanzó el 53,7% del padrón de habilitados. En las tres que siguieron, el porcentaje fue disminuyendo en estos valores: 45,7% (2004), 44,8% (2009) y 37% (2014). La tendencia se detuvo y se revertió en la reciente con una concurrencia del 40% en todo el país, ante las 7.068 comisiones receptoras de votos que funcionaron en un horario de 8 a 19 y 30, uno de los más extensos que se conocen en materia de elecciones.

Tras la finalización del referido horario, las comisiones receptoras procedieron a labrar el acta de clausura, la apertura de la urna y dieron comienzo al cómputo de votos. Los pasos para este escrutinio primario son minuciosamente descriptos en la ley, el reglamento y las instrucciones dictadas para los integrantes de mesa. Se trata de una labor eminentemente manual y que requiere una sostenida capacidad logística, desde el momento mismo en que se abre el primer sobre de votación y se extraen las hojas en él encerradas. Paso a paso, se procede en primer término al escrutinio general del circuito, y después a los escrutinios particularizados de cada partido y a la elaboración de las respectivas actas de escrutinio.

Estos procedimientos de reconocible naturaleza artesanal, que se cumplen bajo la supervisión de delegados de las agrupaciones partidarias, contaron en esta instancia, por primera vez en la totalidad de las mesas electorales, con el apoyo de un soporte digital. En la aplicación disponible, el presidente de mesa fue registrando en el escrutinio general del circuito todos los datos del contenido de cada sobre de votación, a medida que el secretario iba extrayendo las hojas y al mismo tiempo que el vocal hacía por su parte las anotaciones correspondientes en la planilla voto a voto.

Finalizado el ingreso de esa información en el soporte digital, quedó clausurado el registro en la aplicación, no permitiéndose agregar nada más ni modificar lo ya ingresado.

Tras el cómputo manual de las hojas de votación debidamente ordenadas por partido y órgano, y al consignarse los resultados que corresponden en las respectivas actas de escrutinio, la Comisión Receptora de Votos ingresó los totales por precandidato en la aplicación y ese ingreso habilitó en pantalla los reportes informáticos.

Previo cotejo para determinar la coincidencia entre los datos mostrados en las diversas operaciones, los miembros de la Comisión pudieron trasmitir los resultados en forma directa a las unidades informáticas de la Corte Electoral por una red privada y blindada contra eventuales interferencias. Asimismo, se procedió a escanear y publicar en la página web las copias de las actas de escrutinio unas vez que estas fueron recibidas en las oficinas electorales. De tal modo, todos los partidos políticos pudieron confrontar directamente los resultados consignados en las actas con los que especificaban los reportes informáticos.

Estas innovaciones tecnológicas resultaron exitosas sin alterar -y en todo caso complementando- la base fundamental de garantías que han sido y son perfil y fortaleza del sistema electoral uruguayo en su ya larga historia de un siglo que se cumplirá en el próximo quinquenio.

Los escrutinios departamentales o definitivos, comenzados cuarenta y ocho horas después en las diecinueve Juntas Electorales, se desarrollaron a partir de los datos procesados y trasmitidos con efectiva puntualidad la misma noche de la jornada electoral. Quedaron reducidos en esta instancia tanto los resultados rezagados como las actas con grandes diferencias o con inconsistencias, sujetas a revisión. Por su parte, las nóminas de votos observados (una peculiaridad del sistema electoral uruguayo) en la presentación digitalizada que habilitó la propia aplicación, dieron paso a un estudio más preciso y expeditivo para su validación o rechazo y el consecuente escrutinio rodeado de las garantías correspondientes.

En los tres partidos con mayor caudal de votos y la más amplia representación parlamentaria en la actualidad, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, fueron electos candidatos presidenciales, respectivamente, Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi.

Mientras el primero de los nombrados obtuvo más del 40% de los votos emitidos a favor de su partido, con una ventaja de más de 10  puntos respecto de la candidata que le siguió en cantidad de votos, los otros dos recibieron el apoyo de la mayoría absoluta de votantes en sus respectivos partidos. Los tres competirán en la elección nacional del próximo domingo 27 de octubre con los también electos candidatos de otros nueve partidos (Independiente,  Asamblea  Popular,     de  los  Trabajadores,  Ecologista Radical Intransigente, Verde Animalista, de la Gente, Cabildo Abierto, Digital).

Por no haber alcanzado la cantidad mínima de votos para integrar sus convenciones nacionales, cuatro partidos (de la Concertación, Orden Republicano, Abriendo Caminos, Democrático Unido) pierden su registro en este periodo.

Puede afirmarse, con la perspectiva de un proceso en marcha, que las recientes elecciones internas de los partidos políticos, la instancia más compleja de todo el ciclo electoral, han sido cumplidas en condiciones adecuadas conforme al ordenamiento jurídico vigente, a las expectativas generadas de participación popular, a los requerimientos técnicos que se le incorporaron y al conjunto de garantías fundamentales que una vez más pusieron de manifiesto la fortaleza del sistema.

Puede afirmarse también que, en tiempos de crisis y descreimiento generalizados, aun cuando reste mucho por hacer y mejorar, la apuesta a la transparencia y al desempeño político responsable, abastecida de los valores que ofrecen la cultura cívica, la convivencia pacífica, el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y la estabilidad institucional, es la mejor apuesta posible para una democracia confiable que no reniega de una puesta a punto y a la vez aspira a su permanencia.

  

 

Fuentes:

 

Constitución           de        la        República          Oriental            del        Uruguay,            en

https://parlamento.gub.uy › Documentos y Leyes

 

Ley     de     Elecciones          N.º     7.812      de     16     de      enero        de      1925,      en:

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/7812-1925/10_DISPOSICIONTRANSITORIAX

Ley N.º 17.063 de 24 de diciembre de 1998, Díctanse normas relativas a las elecciones            internas             de        los       partidos                             políticos,           en

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4078170.htm

Ley N.º 17.080 de 24 de marzo de 1999. Sustituyese el artículo 5º de la Ley

17.063               referente               a             funciones                  electorales,                  en:

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4087791.htm

 

Ley N.º 17.113 de 9 de junio de 1999, modificativa Ley de Elecciones, en:  https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17113-1999

 

Reglamento Elecciones Internas de los Partidos Políticos. 30 de junio de 2019. Corte Electoral, Montevideo, 2019

Instrucciones para las comisiones receptoras de votos / Elecciones internas de los partidos políticos / 30 de junio de 2019. Corte Electoral, Montevideo, 2019

Manual de procedimientos para los integrantes de las Comisiones receptoras de votos / Elecciones internas de los partidos políticos / 30 de junio de 2019. Corte Electoral, Montevideo, 2019

 

  1. WILFREDO PENCO

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República. Ministro de la Corte Electoral de Uruguay desde 1996 y vicepresidente desde 2010. Presidente de sus comisiones de asuntos electorales, presupuesto y asuntos internacionales. Jefe de misiones de observación electoral en América Latina. Expositor en conferencias de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), IDEA Internacional y reuniones de Autoridades Electorales de países integrantes de la OEA. Cofundador del Consejo Electoral de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Presidente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras y de la Real Academia Española. Director Honorario de la Biblioteca Artigas (Uruguay). Profesor Honorario de la Universidad Ricardo Palma (Perú). Autor de numerosos artículos sobre derecho electoral,  libros y ensayos especializados en literatura latinoamericana.