Costa Rica: Paridad horizontal en cargos municipales de elección popular (mayo 2021)

/, Destacado/Costa Rica: Paridad horizontal en cargos municipales de elección popular (mayo 2021)

Costa Rica: Paridad horizontal en cargos municipales de elección popular (mayo 2021)

2021-09-03T09:13:09-05:003 septiembre, 2021|Artículo Internacional, Destacado|

Introducción. Ante la entrada en vigencia del Código Electoral (2009), a las puertas de la elección municipal de diciembre de 2010, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ante consultas sobre la aplicación del principio de paridad y el mecanismo de alternancia, en los cargos municipales de elección popular aprobados en el citado  Código,  emitió varias resolucionesque, en esencia, sostenían el mismo criterio: la paridad y la alternancia debían aplicarse en las listas plurinominales, no así en las uninominales, en donde ese principio, en la presidencia y las dos vicepresidencias de la República, se satisface con la presencia de dos personas de un sexo y uno de otro, en cualquier orden; en las alcaldías entre ese puesto y la vicalcaldía primera; en las sindicaturas con la suplencia y en las intendencias con la viceintendencia (n.º 3671-E8-2010, seguida posteriormente de las resoluciones resoluciones n.º 4303-E8-2010, n.º 6165-E8-2010, n.º 784-E8-2011 y n.º 3637-E8-20149.

En el año 2015, las citadas resoluciones fueron anuladas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (voto n.º 16075-15).  Ello originó que, en mayo de 2016,el TSE reexaminara su posición respecto de las listas plurinominales en cargos diputadiles, disponiendo que los partidos políticos debían aplicarles la paridad horizontal (resoluciónn.° 3603-E8-2016), según veremos adelante.

Posteriormente, el 27 de febrero de 2019, el TSE emitió la sentencia interpretativa N°. 1724-E8-2019, esta vezreferida a la aplicación de la paridad horizontal en los cargos municipales de elección popular plurinominales o a lista y en los uninominales[1].

Se trata de una de las sentencias más importantes que el Tribunal ha dictado, en primer lugar porque plantea una discusión sobre la democracia misma, colocada nada menos que en la matriz axiológica de los derechos fundamentales.

En efecto, resulta primordial comprender que se está frente a una aparente colisión de derechos humanos; un enfrentamiento de valores del mismo género, pero de distinta especie. Ello, porque lo medular de esta sentencia es resolver la disyuntiva suscitada entre el derecho de participación política en general y el derecho de participación política, en particular de las mujeres, en relación con las candidaturas a este tipo de cargos.

En segundo lugar, estrechamente relacionado con el punto anterior, también es una discusión sobre el Principio de Igualdad pues, al disponer la paridad horizontal en los cargos plurinominales de elección popular municipal -ya no solo en los cargos diputadiles-se amplía la representación política de las mujeres, asunto electoral fundamental.

En tercer lugar, al disponer que no aplica la paridad horizontal a los cargos de elección popular unipersonales, pues el voto de mayoría considera que ello produce una lesión al núcleo del derecho fundamental de participación política, plantea también una discusión acerca de cuáles son los límites del Derecho, como disciplina. Es decir: ¿la paridad horizontal en esos cargos tiene que ser resuelta políticamente? O ¿existen vías por las cuales el ordenamiento jurídico puede contribuir a resolver este dilema?

La cuota o la paridad, por razón de sexo, muestra avances importantes en la mayoría de los países de la región, pues una u otra han facilitado una mayor representación política femenina.  No así en los cargos de elección popular uninominales, donde persiste una sub-representación femenina, llámese presidencia de la República, gobernaciones (donde existen), alcaldías, intendencias, sindicaturas u otros cargos de igual naturaleza jurídica.

En síntesis, la decisión del TSE en esta materia coloca, en la agenda jurisprudencial, una discusión y división ya existente en el plano político: el derecho de representación política igualitaria de la mujer.  Por ello, resulta pertinente su análisis, en la esperanza que aporte luces en la búsqueda de una solución al problema de la sobre presentación femenina en los cargos unipersonales.

No localizamos, ni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni en la Corte Europea de Derechos Humanos, sentencias sobre la materia. En general, ambos tribunales tienen poca jurisprudencia sobre derechos político-electorales, salvo casos como YATAMA vs. el Estado de Nicaragua[2], Castañeda Gutman vs. México[3], López vs. el Estado de Venezuela[4]o diversas sentencias referidas a partidos políticos, por ejemplo en Turquía[5]. Sin embargo, ninguno refiere específicamente al tema que nos ocupa.

Una somera búsqueda permite concluir que se trata delos primeros pronunciamientos jurisdiccionales -al menos en América Latina- sobre la materia, en aquellos países cuyo sistema electoral tiene un gobierno municipal bifronte, sea un ejecutivo municipal separado del concejo municipal, como lo es el caso de Costa Rica.

La materia también ha sido analizada por muchos tribunales electorales de las entidades federativas de México, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[6] y la Suprema Corte de Justicia de la Nación[7].  No obstante, las resoluciones que se mencionan refieren a la aplicación de la paridad horizontal en los encabezamientos para cargos municipales de elección popular, pero debe tomarse en cuenta que, en ese país -al igual que, por ejemplo, en El Salvador y Puerto Rico- el ejecutivo municipal es el regidor más votado, elegido -de entre la lista de regidores o concejales más votada- siendo aquel, al mismo tiempo, el presidente del concejo municipal.  Por tanto, no se trata de un cargo uninominal ni de un gobierno municipal bifronte. Aún así, las resoluciones mexicanas analizadasbrindan importantes criterios al respecto, aunque no son extrapolables a sistemas como el costarricense.

De igual manera corresponde citar los casos de Argentina y Perú (sobre incumplimiento de la cuota femenina)[8], conocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El tema también tiene asidero en Ecuador[9] y en Bolivia[10] -cuyos cargos municipales son similares al costarricense- que garantizan en su normativa constitucional y legal la paridad y la alternancia, pero estos

tampoco han sido objeto de pronunciamientos jurisdiccionales en esos países.

  1. Costa Rica reconoce, desde la Constitución

Política de 1949, el derecho al sufragio femenino[11] pero, hasta la década de los noventa, el sufragio activo fue el de mayor desarrollo (derecho de elegir).

No sucedió lo mismo con el derecho al sufragio pasivo (derecho a ser elegidas), pues la presencia de mujeres en cargos de elección popular, de 1953 a 1978, tuvo un lento desarrollo.  Así, por ejemplo, el número de mujeres diputadas, durante esos años, osciló entre 3 (6,7%)y5 (8,8%)[12].

En 1979 el ejecutivo nacional suscribe en 1979 la Convención CEDAW, ratificada por la Asamblea Legislativa en el año 1984que, en su artículo 1º, establece el principio de igualdad de las mujeres y, en su ordinal 4º, introduce las acciones afirmativas, con el fin de avanzar en el cierre de las brechas de desigualdad de las mujeres[13].

Las cifras de la representación femenina no aumentaron significativamente pese a la nueva Convención: en el ejemplo de las diputadas, en la elección general de 1982 fueron 4 (7%) y 9 en 1994 (15,8%).

En 1996 se reforma el Código Electoral y se establece el régimen de cuota del 40% en favor de la mujer, en 3 ámbitos: delegaciones o asambleas partidarias, órganos internos de conducción partidaria y nóminas o listas de candidaturas.

Siendo que el legislador no estableció el parámetro para la aplicación de ese 40%, la cifra de diputadas aumento levemente en 1998 se (11 diputadas-19,3%) pues en 1994 se habían elegido 11 (19,3%)[14].

En la histórica resolución del TSE n.º 1863 de 1999, este preciso que ese 40% de mujeres debía ser ubicado en puestos elegibles, con el fin de no hacer nugatoria la reforma legislativa puesto que los partidos, anteriormente, habían cumplido con la norma, pero las mujeres eran ubicadas en posiciones “perdedoras” de las listas que, de entrada, determinaban la imposibilidad de ser elegidas[15].

En 1998 se reforma el Código Municipal y el ejecutivo municipal pasa a llamarse alcaldía y a ser un cargo de elección popular[16]acompañado, entonces, de un alcalde suplente primero y un alcalde suplente segundo, emulando la fórmula constitucional para el ejecutivo nacional: presidente de la República, primer vicepresidente y segundo vicepresidente que, en nuestro diseño constitucional, no tienen función alguna salvo la de sustitución del presidente en caso de ausencia temporal o definitiva (artículo 135).

También se separan las elecciones municipales de las elecciones generales, para que tengan lugar 10 meses después de aquellas.

Estas reformas y la citada resolución del TSE posibilitaron que, en la elección nacional de 2002, las mujeres diputadas elegidasfueran20(35,1%); que, en la municipal de diciembre de ese año, por vez primera se eligieran 7 alcaldesas (8,6%);232regidoraspropietarias (46,3%);465síndicaspropietarias (29,1%) y, también por vez primera, se elegían los cargos de concejalas municipales (40,6%, propietarias), concejalas de distrito (47,8% propietarias) y 2 mujeres intendentas (25,0%)[17].

En 2007 se reforma nuevamente el Código Municipal y se varía la naturaleza jurídica de las alcaldías suplentes: la primera pasa a ser vicealcaldía primera y cargo permanente, y la segunda, pasa a vicealcaldía segunda, manteniendo su naturaleza jurídica de cargo suplente.

  1. Código Electoral de 2009. En este año se aprueba el actual

Código Electoral que, en su artículo 2º, reafirma que los derechos políticos de las mujeres son derechos humanos e introduce el principio de paridad y el mecanismo de alternancia, por razón de sexo[18].La obligación de paridad, como en el Código anterior, se establece para las nóminas, para las delegaciones o asambleas partidarias y para los órganos internos de conducción partidaria, ampliándose la exigencia a un cuarto ámbito: el de capacitación[19].

Paridad vertical. El proyecto original de Código que presentara el TSE ante la Asamblea Legislativa en 2001, proponía que los encabezamientos de las nóminas o listas de candidaturas fuera definido por rifa (artículo 5)[20], con el propósito de reducir la brecha de género en la representación política de la mujer; una vez sorteado el primer lugar, los demás lugares de la lista debían alternar el sexo.

En 2006, durante la discusión del proyecto, el INAMU y la Defensoría de los Habitantes propusieron a la respectiva Comisión Legislativa, la “alternancia secuencial”, sea la obligación de los partidos de cumplir con la alternancia de sexos en los encabezamientos, también llamada paridad horizontal[21].

La Comisión legislativa desechó ambos proyectos y, en su lugar, aprobó el artículo 148 (aún vigente) que, literalmente, dispone que los partidos políticos tendrán libertad para definir el sexo de los encabezamientos de las listas.

Pasada la elección nacional de 2010, llevada a cabo bajo el régimen de cuota y puesto elegible, dada la cercanía entre la aprobación del nuevo Código Electoral (setiembre de 2009) y esa elección (febrero 2010),el nuevo sistema empieza a regir en el proceso de renovación de estructuras partidarias[22].

En la elección municipal de 2010, la paridad y la alternancia se aplican por primera vez en un proceso electivo. De previo a estos comicios, el TSE, ante una consulta partidaria, emite la citada resolución n.º 3671-E8-2010, donde establece que, la paridad y la alternancia, rigen de pleno en las nóminas para diputadas, regidoras y concejalas municipales de distrito, sea en los cargos que se eligen a lista oplurinominales, quedando a discreción del partido político el sexo del encabezamiento de la lista, según el citado artículo 148 del Código Electoral.

En los cargos de elección popular uninominales, el TSE precisó que, para la presidencia de la República, el partido define el sexo de la candidatura a la presidencia, mientras que las vicepresidencias pueden ser de cualquier sexo, siempre que haya uno y otro.

En los cargos municipales de elección popular, dado el cambio en las alcaldías suplentes de la reforma municipal de 2007, el TSE indica quela alternancia deberá cumplirse entre la alcaldía y la vicealcaldía primera y no entre los dos alcaldes suplentes, como anteriormente. De esta manera, si una mujer encabeza la alcaldía, la vicealcaldía primera debe ser para un hombre y la vicealcaldía segunda para una mujer o viceversa, ya que ahora la naturaleza jurídica similar se da entre la alcaldía y la vicealcaldía primera.  Igual precisión se hace para las intendencias, que se acompañan de una viceintendencia.

  • Paridad horizontal en diputadas y diputados. En noviembre

de 2013, de cara a la elección nacional de febrero de 2014, concluida la fase de inscripción de las nóminas ante el Registro Electoral del TSE, se empiezan a publicitar las nóminas.  Por una parte, la mayoría de los partidos participantes en la elección, encabezan las listas con hombres y, por otra, aumenta el número de partidos. Ello sugería que el número de mujeres diputadas podía reducirse.  Las diputadas de entonces someten a la corriente legislativa un proyecto de reforma al Código Electoral para establecer, inter alia, ya no solamente la paridad vertical sino, también, la horizontal, en las nóminas[23].

Los resultados electorales confirmaron el temor señalado puesto que, de 22 mujeres diputadas (38,6%) obtenido en 2010, en 2014 se bajo a 19 (33%).

La citada resolución n.º 3671-E8-2010 fue reiterada por el TSE en otras ocasiones, ante consultas partidarias, de diputadas y de instituciones[24] y, en el año 2013,se interpuso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acción de inconstitucionalidad contra esa y las demás resoluciones citadas, al estimar,en esencia, que la correcta lectura de los artículos 2, 52 y 148 del Código Electoral (sobre la integración paritaria de nóminas y órganos internos de las agrupaciones políticas) sí aseguraba una paridad horizontal, sea garantizaba una composición igualitaria de hombres y mujeres en los “techos” de las papeletas así como en os cargos de dirección (presidencias, por ejemplo).

En octubre de 2014, en el indicado voto 16075-15 de octubre 2015,dicha Sala resuelve la citada acción y anula las resoluciones indicadas.

El alto tribunal había dado a conocer el Por Tanto de la resolución; sin embargo, a mayo de 2015 no se contaba con su redacción.  El TSE emite, entonces, la mencionada resolución n. º 3603-E8-2016, por la cual introduce la paridad horizontal, sea la obligación de los partidos políticos de cumplir con la alternancia de sexo en los encabezamientos de las nóminas para candidaturas a diputado y diputada, elegidos por provincia, que en Costa Rica son siete. A su vez ordena que, en caso de incumplimiento, el Registro Electoral, previo sorteo de rigor, procederá a reordenar las nóminas.

Los resultados electorales de febrero de 2018 aumentaron significativamente la representación femenina en la Asamblea Legislativa: se eligieron 27 mujeres diputadas, sea un 47% del órgano legislativo[25].

El fallo dejaba pendiente el tema en los cargos de los gobiernos locales, a elegirse en los comicios municipales de febrero de 2020.

  1. Paridad horizontal en cargos municipales de elección

popular. Como decíamos, la sentencia interpretativa n.º 1724-E8-2019,emitida de cara a los comicios municipales de febrero de 2020, nuevamente aborda la cuestión de la paridad horizontal en los cargos municipales plurinominales y uninominales.

La resolución de comentario dispuso, por unanimidad, la aplicación de la paridad horizontal en los cargos que se eligen a lista, sea regidurías, concejalías municipales y concejalías municipales de distrito.

En los cargos municipales uninominales: alcaldías, sindicaturas e intendencias, el voto mayoritario precisa que la paridad horizontal no aplica mientras que el voto parcial de minoría entiende que sí.

  1. El voto unánime.1.- Paridad horizontal en listas plurinominales. Siguiendo la fórmula de la citada resolución no. 3603-E8-2016 para las diputaciones, el TSE modificó su jurisprudencia respecto de la interpretación de los artículos 2, 52 incisos ñ) y o) y 148y, en ese sentido, estableció la obligación de los partidos políticos de cumplir con la paridad horizontal, sea encabezar paritariamente -en cuanto al sexo-las nóminas para las candidaturas municipales plurinominales o que se eligen a lista, en el caso costarricense por el sistema de representación.

2.-Circunscripción electoral.Por disposición constitucional, en nuestro país las siete provincias se subdividenhoy en cantones (82) que son, a su vez, la circunscripción territorial que elige el gobierno municipal (art. 168). Los cantones, a su vez, se integran hoy por distritosadministrativos (487). Así, la paridad horizontal deberá ser aplicadaporlos partidos nacionales y provincialesque, por ello, participan en más de un cantón, para los citados cargos.

La disposición no aplica en tres supuestos: a) a los partidos cantonales que solamente propongan nóminas para regidores propietarios y suplentes; b) a las nóminas presentadas por los partidos políticos en coalición; y, c) a las nóminas que los partidos políticos presenten para las concejalías municipales de distrito que sean únicas en su cantón[26].  En esos casos, si bien son listas que aspiran a órganos plurinominales, no resulta posible la aplicación del criterio por no existir nóminas paralelas (en la misma circunscripción territorial) con las cuales construir paridad de encabezamientos.

3.- Sanción por incumplimiento de la paridad horizontal.  También, como en la fórmula de la resolución n.º 3603-E8-2016 para las nóminas diputadiles, el Registro Electoral del TSE procederá, ante su incumplimiento y previo sorteo de rigor, a reordenar las nóminas.

4.-Dimensionamiento de la sentencia en el tiempo. El Tribunal indicó que la paridad horizontal se aplicará a partir de la elección municipal de febrero de 2024 ya que, a la altura del calendario electoral, los partidos cantonales o los partidos nuevos, a diferencia de los ya existentes, especialmente nacionales y provinciales, no tendrían tiempo suficiente para implementar el cambio,sino que podrían verse seriamente afectados en su participación, en condiciones de igualdad.En este sentido señala la sentencia:

“En el presente caso, este Tribunal es consciente de que esta interpretación oficiosa, por su innovación, penetración y la transformación que incorpora, introduce una variable sustancial y compleja en la forma en que los partidos políticos deberán organizar sus procesos internos de designación de candidaturas de cara a los procesos municipales; las que, en cada agrupación revisten características especiales (por la amplitud de sus bases, la integración de sus asambleas y la complejidad de sus normativas), a lo que se añaden las dificultades propias de ese tipo de elecciones, por el volumen de puestos en disputa.

La puesta en escena de este criterio no solo demandará -para los partidos políticos- un proceso de pactos, acuerdos y consensos, sino también una reingeniería normativa que produzca un mecanismo cuyo engranaje permita una implementación finamente articulada y absolutamente precisa, sin margen para la improvisación. Ello requerirá transitar por múltiples procesos de ajuste, acomodo y rectificación.”. 

Es importante destacar que, en la elección municipal de 2016, participaron 68 partidos políticos: 12 nacionales, 4 provinciales, 48 cantonales y 4 coalicionesmientras que, en la elección municipal de febrero de 2020, participaron 86 partidos: 14 nacionales, 8 provinciales, 58 cantonales y 6 coaliciones.

B.-El voto parcial dividido. Paridad horizontal no aplica en papeletas uninominales municipales.Respecto de los cargos para las alcaldías, sindicaturas e intendencias, la votación del Tribunal fue dividida 2 a 1.

Tres son los argumentos del voto de mayoría del TSE, por los cuales se estima que no es posible aplicar la paridad horizontal en este tipo de cargos: primero,porque la participación política de solo la mitad de las personas munícipes en un cantón lesiona el núcleo de ese derecho; segundo, porque esa mitad de la participación, lesiona también el derecho a la reelecciónque, en Costa Rica, ha sido definido por la Sala Constitucional como un derecho fundamental (sentencia n.º 2003-02771 de las 11:40 horas del 4 de abril de 2003) y,tercero, porque no existe ley que limite el derecho de participación política.

1.- La participación política de solo la mitad de las personas munícipes en un cantón lesiona el núcleo esencial de ese derecho.

Recuerda el voto de mayoríaque, para los cargos únicos en una circunscripción (presidencia de la República, alcaldías, sindicaturas e intendencias), su adjudicación se hace a partir de la aplicación de una fórmula mayoritaria (artículo 140 de la Constitución Política para el caso del jerarca del Poder Ejecutivo y ordinales 201 a 205 del Código Electoral para los puestos municipales). En esos puestos el electorado votará por una nómina integrada por quienes sustituirán al titular (vicepresidencias, vicealcaldías, sindicatura suplente y viceintendencia) pero, en realidad, solo existirá un presidente en el país, un alcalde en el cantón, un síndico en el distrito y un intendente en los concejos municipales de distrito.

Así, la paridad horizontal, en los puestos uninominales, acredita motivos sustentados en derechos fundamentales que impiden exigir a las agrupaciones políticas que postulen, en las alcaldías, sindicaturas e intendencias, igual número de hombres que de mujeres.

En este sentido el voto mayoritario apunta:

“El derecho humano de participación política implica, entre otros, que los ciudadanos puedan elegir a sus gobernantes pero, a la vez, que puedan postularse a los diversos cargos que componen la estructura del Estado. Esa posibilidad de someter el nombre al Colegio Electoral no es irrestricta, pues la Convención Americana de Derechos Humanos indica que los ordenamientos jurídicos nacionales pueden regular el ejercicio de tal prerrogativa  exclusivamente por  “razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente” (artículo 23).

En el caso costarricense, la legislación ha establecido entre otras condiciones para acceder al gobierno local, el domicilio electoral en la circunscripción que se pretende servir el cargo por un lapso específico (entre otros, numeral 15, 22.e y 56 del Código Municipal), el no tener los derechos políticos suspendidos por una sentencia y el ser costarricense (ordinales 15.a y 22.a del referido cuerpo normativo); sin embargo, no sería legítimo que un Estado impidiera el sufragio pasivo (derecho a ser electo) en razón del sexo.

De hecho, el citado instrumento de Derecho Internacional refiere a que son inadmisibles las discriminaciones basadas en el citado rasgo de identidad, ya que todo ser humano es persona y, consecuentemente, goza de un núcleo de prerrogativas ciudadanas que no le pueden ser negadas (ordinal 1 de la mencionada convención). 

En el caso concreto de la paridad horizontal en puestos uninominales, su aplicación imposibilitaría que la mitad del padrón electoral de cada circunscripción pueda acceder a contiendas partidarias internas en aras de, luego, ser postulados para los cargos de elección popular. Tómese en consideración que, para citar un ejemplo, si en un cantón se determinara que solo podrán ser nominados a la alcaldía hombres, las mujeres del cantón sufrirían un vaciamiento total de su derecho de participación política: por más que pertenezcan a una agrupación y cumplan con los requisitos legales de postulación, en razón de su sexo –ab initio– no podrían competir en los procesos internos en los que se disputan las nominaciones. Igual ocurriría con los hombres si se decretara que al cargo de elección solo pueden presentarse mujeres.

(…)

De esa suerte, la paridad horizontal sería un impedimento absoluto para que el cincuenta por ciento de los munícipes compitan, en sus partidos, por el respectivo cargo uninominal. En otras palabras, el sexo se convertiría en una condición que restringe el poder acceder a un cargo titular dentro de la estructura del gobierno local.

En suma, un primer motivo para que no sea dable aplicar paridad horizontal en puestos uninominales es el efecto aflictivo absoluto sobre el derecho de participación política de la mitad de la población.”.

2.- Lesión al derecho fundamental de reelección. En el caso costarricense, la reforma constitucional de 1969 prohibióla reelección a la presidencia de la República.  Anteriormente era posible pero no de forma inmediata (artículo 132)[27].

Sobre la materia, en la sentencia n.º 2003-02771 de las 11:40 horas del 4 de abril de 2003, la Sala Constitucional determinó que la citada ley adolecía de vicios en el procedimiento de su formación, por la cual declaró la norma inconstitucional y ordenó su anulación, restituyendo la vigencia de la norma antes citada.  Con ello, nuevamente cabe la reelección en el cargo presidencial, en los términos señalados.

La Sala indicó, a su vez, que el derecho a la reelección era un derecho fundamental que, en el caso costarricense, no podía ser limitado por ley, al entender que las modificaciones a ese régimen deben tener lugar en el seno de una Asamblea Constituyente, es decir, por la vía de una reforma general a la Constitución Política.

De la misma manera, la Sala Constitucional señaló que los obstáculos a la reelección, constituyen “un desgaste de sus derechos fundamentales  [referido a la ciudadanía]”, pues van  “en detrimento de la soberanía del pueblo y constituyen una limitación que extralimita los supuestos tasados por la Convención Americana de Derechos Humanos para restringir el ejercicio de libertades políticas”.

El voto de mayoría.Basándose en la citada sentencia, el voto de mayoría sostiene que, esa declaratoria de la reelección, como derecho fundamentalacarrea, como consecuencia, que tampoco pueda aplicarse la paridad horizontal en los cargos uninominales y manifiesta:

“La Sala Constitucional, en la sentencia n.° 2003-02771 de las 11:40 horas del 4 de abril de 2003, expuso ampliamente por qué el derecho de elección es uno de tipo fundamental con asidero en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; además, los jueces constitucionales, enfatizaron que la posibilidad de que un gobernante pueda someter, de nuevo, su nombre al electorado no solo implica el ejercicio del sufragio pasivo, sino que, de gran relevancia, es también una prerrogativa del electorado: se amplían las opciones de escogencia.”.

El voto indica, a su vez, que una norma que aplique la paridad horizontal a los cargos uninominales también lesiona el bloque de constitucionalidad, al vaciar el núcleo esencial del derecho fundamental que subyace a la reelección, considerando que su ejercicio solamente podría regularse, en los términos antes indicados, como en el caso de la reelección presidencial.

Siendo que, en este caso, si una agrupación establece que, como candidato o candidata, postula a una persona del sexo opuesto al de quien está en ejercicio del cargo, ese gobernante se vería imposibilitado de optar por una nueva nominación, localizándose aquí una afectación directa al derecho de participación y un vaciamiento absoluto de la prerrogativa de reelección.

En esta línea, la tesis de mayoría agrega:

“Ciertamente, se podría argumentar que, en el período siguiente, la persona podría intentar la candidatura, mas ese supuesto (reelección alterna) constituye un escenario menos favorable que el actual y, por ende, debería ser el legislador quien lo regulara. Mal haría el juez, que en un Estado democrático está llamado a realizar interpretaciones favorables a la tutela de derechos fundamentales, si impusiera  vía jurisprudencial lecturas que constriñen las prerrogativas ciudadanas.”.   

3.- No existe ley que limite el derecho de participación política.El voto de mayoría.  La posición mayoritaria, en la misma línea argumental sobre el derecho de reelección, entiende que el voto de la Sala Constitucional refiere a un cargo de elección nacional, en concreto la presidencia de la República, y que su reforma precisaría de una reforma constitucional.  Y si bien reconoce que, siendo que en Costa Rica los cargos municipales están regulados por ley, aunque de origen constitucional (artículos 168 a 175) y que son de reelección indefinida, estima, por analogía,  que no es posible, por la vía jurisprudencial, limitar la posibilidad de que un funcionario presente su nombre al electorado para otro período, si esa limitación no está expresamente prevista en la ley; ley que, por demás, deberá respetar los parámetros constitucionales de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, que permitan medir la legitimidad constitucional de la restricción.

Agrega la posición de mayoría que:  “

“Si se aplicara la paridad horizontal en puestos uninominales y en una circunscripción le correspondiera -a una agrupación- designar como candidata una persona del sexo opuesto al de quien ejerce actualmente el cargo en representación de esa tendencia política, se generaría una imposibilidad para que ese gobernante optara nuevamente por postularse, escenario en el que habría una afectación directa al derecho de participación y un vaciamiento absoluto de la prerrogativa de relección.

Vale la pena subrayar que la posibilidad de intentar permanencia en el cargo es el derecho tutelado, ya que el funcionario con intenciones de permanecer en el puesto debe superar las dinámicas internas para ser incluido en la papeleta y, posteriormente, debe gozar del favor electoral de sus conciudadanos, eventos todos inciertos y sujetos a la voluntad popular de los respectivos colegios electorales. Eso sí, el espacio para siquiera intentarlo desaparecería si, como se dijo, en la localidad en la que se sirve el puesto se ha determinado que corresponde al otro sexo la postulación.

Por tales motivos, no resulta procedente ordenar la paridad horizontal en los puestos uninominales.”.  

Lo antes señalado implica que,lo dispuesto en la resolucióndel TSE n.° 3671-E8-2010, sobre la regla de la paridad y la alternancia, sigue siendo el sistema a aplicar en este tipo de cargos.

Así, precisa finalmente el voto de mayoría:

“(…) es oportuno indicar que alternancia vertical en las nóminas de este tipo de elecciones es la forma idónea en la que, según el marco normativo convencional y patrio, se fomenta y asegura la participación política equitativa por sexo: al ser el puesto titular único, puede corresponder a cualquier sexo, empero la plaza del sustituto natural (vicealcaldía primera, sindicatura suplente y viceintendencia) debe otorgarse al sexo opuesto, en tanto el artículo 2 del Código Electoral manda que  “las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo (mujer-hombre u hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina.”.

El voto parcial de minoría. El voto disidente, compartiendolos razonamientos de la parte considerativa de la sentencia que, en síntesis, refieren a la participación política de la mujer como derecho humano y a la necesidad de una ponderación entre la referida prerrogativa ciudadana y otras que están presentes en el sistema electoral costarricense, estima necesarias las siguientes precisiones al analizar los instrumentos jurídicos internacionales que impulsan la participación política de la mujer:

“En la sentencia se hace un breve inventario de los principales cánones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que versan sobre la igualdad para acceder a las prerrogativas ciudadanas, sin que pueda hacerse en ello distinción por razón de sexo.  Ciertamente esos instrumentos, como se menciona en el cuerpo de la sentencia, contemplan expresamente una prohibición para utilizar el sexo como criterio diferenciador o para excluir derechos.

En este ámbito de los derechos humanos también acreditamos la presencia de convenciones y tratados suscritos con el objeto específico de tutelar los derechos humanos de poblaciones específicas, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965) y La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), así como las que tutelan los derechos humanos de las mujeres, que han tenido un innegable protagonismo en la búsqueda por la igualdad entre los sexos.  Este es el caso de las ya citadas Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de su Protocolo Facultativo y el de la  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará) 

La lógica de tales convenciones es una de corte tuitivo y potenciador: más allá de normas programáticas hay verdaderas imposiciones a los Estados Parte para que adopten medidas en favor de las mujeres.  Sin embargo, no debemos perder de vista que el objetivo de esos instrumentos es el logro de la igualdad  deiure y de facto de las mujeres.  De allí que contemplen medidas como las acciones afirmativas, pero que no se reducen solamente a ellas.”. 

Acto seguido, analiza el artículo 1.° de la CEDAW y resalta que, “ (…) por su redacción, es una regla específica que, además de tener una jerarquía normativa igual a la de otros instrumentos jurídicos de Derecho Internacional (como el propio Pacto de San José), tiene una vocación de permanencia en el tiempo. No solo proscribe las acciones que menoscaben o anulen el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las mujeres sino, de gran relevancia, objeta toda aquella conducta institucionalizada que por su resultado impida el disfrute de las prerrogativas ciudadanas sobre la base de la  igualdad.

En otros términos, todo fenómeno que traiga consigo, como consecuencia, una limitación al pleno goce de los derechos humanos de las mujeres debe ser abordado de forma prioritaria, de manera que los Estados solventen toda situación de desigualdad que, en el fondo, no es ni más ni menos que una discriminación. Similares disposiciones localizamos en convenciones contra el racismo y la discapacidad.”.

Reiterando, evidentemente, que existe una relación intrínseca entre el derecho a la no discriminación y el principio de igualdad, aclara que los tratados generales de derechos humanos no definen qué es la discriminación que prohíben,  y la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo,  no es una excepción, como se desprende de la lectura de sus artículos 1º y 24º.

Sin embargo, llama la atención en el sentido de que, en el caso de la discriminación basada en el sexo, el artículo 1º de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, si la define claramente.

Siendo que el ordenamiento electoral costarricense, en el año 2009 fue más allá de la adopción de una acción afirmativa, al incorporar el principio de paridad en el artículo 2.º del Código Electoral, considera que las reglas de los referidos instrumentos deben entenderse y aplicarse como referentes de un sistema igualitario y, en ese tanto, las aspiraciones de equiparación de condiciones deben resemantizarse en la labor interpretativa para comprenderlas como los formantes de legitimidad de un marco de participación horizontal de hombres y mujeres.

Como sustento de la anterior afirmación, señala el voto disidente:

“Tal forma de comprender el marco jurídico encuentra asidero, además, en la obligación contraída internacionalmente (por intermedio de la suscripción de la ya mencionada CEDAW), según la cual el Estado debe proscribir aquellos actos que tienen la intención de discriminar, pero, de suma importancia, eliminar aquellas conductas que, sin tener la intención de discriminar, terminan discriminando en su resultado (Facio, 2009), como podría serlo el mantener un esquema de candidaturas que no potencie la participación política igualitaria entre los sexos.”

Aclarados los aspectos anteriores, el voto disidente,acerca del primer argumento del voto mayoritario, en cuanto estima que la participación política de solo la mitad de las personas munícipes en un cantón lesiona el núcleo esencial de ese derecho, considera que no se trata de un vaciamiento de la citada prerrogativa ciudadana; al contrario, la no aplicación de la paridad horizontal en estos cargos de elección popular, sí constituye la perpetuación de un obstáculo a la inserción de las mujeres en esos puestos de gobierno (el diseño de encabezamientos paritarios favorece las condiciones de igualdad con los hombres, al potenciar las posibilidades de ser candidatas y, consecuentemente, ser elegidas).

Véase que, desde la elección municipal de diciembre de 2002 hasta la de febrero de 2016 (14 años), han tenido lugar 4 elecciones municipales durante los cuales la sub-representación femenina en las alcaldíasse ha mantenido:  un 8% en 2002; un 9% en 2006; un 10% en 2010 y un 12% en 2016.  Los mismos resultados se reproducenen el caso de las síndicas propietarias, que representaron un 29,1% en 2002; 28,1% en 2006; 27,2% en 2010 y 36,3% en 2016. Iguales cifras se registran en las intendencias, donde alcanzaron el 25% en los comicios municipales de 2002, 2006 y 2010, si bien aumentaron a un 37,5% en 2016.

Los datos expuestos permiten acreditar la presencia de una discriminación, en este caso, por resultado.  Así, podemos afirmar que, en esencia, lo que aquí está en juego es el derecho a la igualdad de la mujer en la representación política en los cargos municipales de naturaleza uninominal. Es evidente que, de no entenderse que existe obligación jurídica, los partidos políticos no colocarán igual cantidad de mujeres y de hombres en los puestos titulares de las respectivas nóminas y, mientras ello no se alcance, la mujer seguirá siendo una ciudadana de segunda categoría en ese nivel del gobierno local costarricense.

Hoy es posible afirmar que: “la sub-representación de la mujer en cualquier nivel de gobierno y de toma de decisión resulta en una democracia deficitaria”, como lo indica, entre otros, un reporte de  The International Knowledge Network of Women in Politics (iKNOW Politics). Por ello, para lograr una democracia paritaria efectiva debe replantearse el contrato social, dándose cabida a aquellos mecanismos que equilibren esa asimetría histórica y permitan la realización de una igualdad sustantiva.

Aunque persisten factores estructurales que limitan la participación política de las mujeres  -roles tradicionales de género, prejuicios basados en modelos patriarcales, dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, entre muchos otros-, el Estado costarricense debe cumplir los compromisos asumidos a través de los distintos convenios y tratados jurídicos internacionales de Derechos Humanos para alcanzar una mayor presencia femenina  -en términos cuantitativos y cualitativos- en los espacios de toma de decisión.

En mi criterio, tratándose de los puestos uninominales  —alcaldes, síndicos e intendentes (en los que proceda)— se requiere la aplicación de la paridad horizontal para zanjar esa disparidad al permitir la concreción del principio de igualdad de la mujer con el hombre, así como su derecho a la representación política.

Podría sostenerse, como lo hace el voto de mayoría, que la referida paridad violenta el principio de igualdad (al imponer un determinado sexo para postularse a los cargos en cuestión); empero, la medida procura la concreción práctica de la igualdad sustantiva, al reducir la asimetría hombre-mujer en la postulación de los puestos uninominales a escala municipal. De igual manera, tal acción pretende potenciar el derecho de las mujeres a participar, en forma real, en la toma de decisiones políticas, por lo que resulta, en consecuencia, una afectación necesaria y proporcionada para lograr una representación equilibrada.

Esa conclusión es el corolario de entender, como se mencionó en un apartado anterior de este voto disidente, los diversos instrumentos jurídicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ya no como una obligación con miras a acciones puramente afirmativas, sino como el basamento de legitimidad para asegurar dinámicas igualitarias en la participación política por sexo. De nuevo debe insistirse en que la forma de inscribir candidaturas (sin paridad horizontal a nivel local), conjugado con las actuales particularidades del sistema de partidos, tienen como resultado una acción discriminatoria, consecuencia que, a la luz del artículo 1.° de la CEDAW antes mencionado, debe eliminarse mediante la ejecución de acciones positivas del Estado.

En una palabra, pese a que no se desconoce la afectación al derecho de participación política de unos, considero que la aplicación de la paridad horizontal a los puestos uninominales del gobierno local no solo es razonable y proporcionada, sino  -de mayor transcendencia- resulta conforme con el fin superior que pretende realizar: la consolidación de una democracia sustantiva, en la que tanto hombres como mujeres puedan acceder a todos los cargos de elección popular en condiciones de igualdad.

Sobre el segundo argumento, que la paridad horizontal afecta el derecho fundamental de reelección, el voto disidente no coincide con el voto de mayoría en cuanto a que, el carácter de “derecho humano de primer orden y por ende fundamental” de la reelección (sentencia de la Sala Constitucional n.° 2003-02771), impide la aplicación de la paridad horizontal en cargos municipales uninominales. En primer término, debe tenerse en cuenta que los jueces constitucionales, al revisar el referido instituto de la reelección, desplegaron su análisis a la luz del cambio suscitado en el texto político fundamental originario, sin que se hiciera una evaluación de la posibilidad de volver a ocupar el cargo frente a otro u otros derechos humanos.

En efecto, el juicio de constitucionalidad se basó en evaluar la restricción absoluta a la reelección, impuesta por el constituyente derivado a finales de la década de los sesenta, frente al derecho de elección como tal, sin que de ello se pueda concluir que se trata de una prerrogativa irrestricta. De hecho, en el citado pronunciamiento, el Tribunal Constitucional no precisó cuál era su jerarquía frente a otros derechos de similar rango, circunstancia que impide tener como conclusión que otras prerrogativas ceden –automáticamente– frente a aquella.

Nótese que, de la sentencia constitucional se desprende –incluso– la coexistencia del referido derecho con un principio: la alternabilidad del gobierno (artículo 9 constitucional). Dicho de otro modo, la relección es un derecho fundamental del electorado (pues amplía las posibilidades de selección según el fallo en comentario), pero puede estar limitado: la persona que ocupó la presidencia puede someter de nuevo su nombre al Colegio Electoral, siempre que hayan pasado, al menos, dos períodos constitucionales entre su mandato y sus nuevas aspiraciones (ordinal 132 de la Constitución Política).

Ahora bien, en el voto de mayoría se afirma que el fallo n.° 2003-02771 aplica por analogía a los cargos municipales por tener estos, también, raigambre constitucional; no obstante, esa aseveración no toma en cuenta que, si bien la figura del funcionario ejecutivo de los gobiernos locales sí se prevé en la Constitución Política (artículo 169), lo cierto es que su forma de designación no fue prevista por el constituyente, tanto es así que hasta finales del Siglo XX era un servidor nombrado por el respectivo concejo municipal (no era de elección popular).

De acuerdo con lo expuesto, la trascendencia que tiene la reelección en el proceso de selección del jerarca del Poder Ejecutivo (manifestada en que el propio Poder Constituyente la previó) no tiene un correlato directo en lo que al gobierno local refiere, con lo que se concluye que su aplicación está condicionada por la operacionalización de otras prerrogativas ciudadanas.

Aún aceptando la tesis de mayoría, la relección, como derecho fundamental, no riñe perse con la paridad horizontal en cargos uninominales pues, no solo podría el legislador variar el marco regulatorio legal para dimensionarla (como ocurre con la presidencia, que está sujeta a un lapso entre mandato y mandato), sino que pueden encontrarse mecanismos para armonizarla con la participación política igualitaria en razón del sexo.

En esa tónica, es menester recordar que, según lo ha sostenido el TSE en una inveterada línea jurisprudencial, corresponde a las propias agrupaciones políticas, en ejercicio del principio de autorregulación partidaria, definir cuáles son las mejores vías para armonizar la participación política igualitaria con la reelección. Así como se sostuvo en el esquema de cuotas, la paridad vertical, el mecanismo de alternancia y, más recientemente, la paridad horizontal, el Estado  -por intermedio de su Autoridad Electoral-  entiende que, tratándose de la paridad horizontal en los cargos uninominales y la citada reelección, prima la autonomía partidaria en el diseño de las regulaciones que permitan operacionalizar tal mandato.

Por ejemplo, la respectiva agrupación podría, con la antelación debida, consultar cuáles ocupantes de puestos de alcaldía (postulados por su plataforma) desean aspirar a la reelección; una vez verificada esa información, gestar procesos internos para definir si, en efecto, esas personas resultan favorecidas por la militancia y son refrendadas por la respectiva asamblea superior para ser nuevamente candidatas a la alcaldía, pues de no ser así se daría paso a nuevos postulantes (téngase presente que, como lo señala el voto de mayoría, la reelección tutela la posibilidad de someter de nuevo el nombre a los miembros de la agrupación política y, solo si se supera esa etapa, al Colegio Electoral; no es un derecho a la permanencia automática en el puesto público).

En caso de resultar favorecida por su agrupación, la persona reeleccionista podrá presentar su nombre al electorado municipal y, por otro lado, el partido podría compensar, en razón del sexo, el encabezamiento en otra circunscripción.

Evidentemente, si se presenta un escenario en el que, por la cantidad de personas releccionistas de un mismo sexo, la compensación en otras circunscripciones (las de no releccionistas) no es suficiente para lograr la paridad horizontal, esta deberá ceder ante la reelección.

Ahora bien, aún en ese supuesto, el panorama resulta más beneficioso para la participación igualitaria por sexo que lo que podría ocurrir al negar –ab initio-  la paridad horizontal por la existencia de la reelección. Imagínese, por ejemplo, un cuadro con reeleccionistas mayoritariamente de un sexo y sin el mandato de compensación.  En este caso, el partido podría terminar de completar su oferta política con personas del mismo sexo que quienes aspiran a un nuevo mandato, dándose una postulación total de hombres o de mujeres, según sea el caso, en los encabezamientos.

Respecto del tercer argumento mayoritario, en cuanto a la inexistencia de ley que permita la aplicación de la paridad horizontal en cargos de elección popular uninominales, el voto parcial de minoríaentiende que sí existe una norma expresa que habilita la limitación del derecho de participación, en sentido amplio, para dar cabida a la participación igualitaria por sexo. El artículo 2.º del Código Electoral refiere, como se recordó párrafos atrás, al principio de paridad, según el cual “todas las delegaciones, las nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de hombres”, precepto que legitima el establecimiento de mecanismos que aseguren el cumplimiento de esa integración igualitaria de las nóminas. Téngase en cuenta además que, en el caso costarricense, la limitación a derechos fundamentales puede darse mediante ley en sentido formal y material (distinto a lo que ocurre en países como México, donde la limitación debe darse desde la Constitución Política), máxime cuando ello se haga para el cumplimiento de otra prerrogativa ciudadana, como lo es el principio de igualdad consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política.

Ciertamente, en el pasado se suscribieron resoluciones en las que se descartaba la paridad horizontal a partir de ese mismo numeral y del último párrafo del artículo 148 del mencionado cuerpo de normas electorales, con base en las discusiones suscitadas en el Poder Legislativo: de manera categórica el legislador descartó tal tipo de paridad. Sin embargo, los cambios suscitados en el sistema electoral obligan a una lectura evolutiva de la norma, dejando atrás el anterior abordaje que, como órgano colegiado,

Sobre ese punto, vale mencionar que la Sala Constitucional, en la sentencia n.° 16070-2015, reconoció que la literalidad del artículo 2.º del Código Electoral respalda los mecanismos que sean necesarios para que las agrupaciones políticas cumplan con el principio de paridad horizontal en todas sus nóminas. En concreto, el referido Tribunal indicó:

“(…) al hablarse más bien de la paridad en general [referido al citado ordinal 2.º], e imponerle a los partidos el respeto de la paridad en la totalidad de las nóminas y en cada una de ellas, más bien se dejaron legislativamente recogidos e impuestos todos y cualquier mecanismo específico de paridad, a fin de lograr la equidad de género”.

Así, la lectura del ordinal 2.º del Código Electoral, abordado desde su literalidad y en atención a las cambiantes especificidades del sistema electoral actual que llevan a una interpretación evolutiva, respalda la paridad horizontal en todas las listas de candidatos a los cargos de los gobiernos locales. Esa relectura del canon jurídico tiene fundamento, además, en párrafos tercero y cuarto del numeral 3.º del referido cuerpo de normas, en los que se reconoce la posibilidad de cambiar el criterio, tal y como se hizo con los encabezamientos de las nóminas para las diputaciones (sentencia n.° 3603-E8-2016), como ahora se hace en las listas plurinominales a cargos municipales (parte unánime de la resolución de comentario) y como ahora interpreto para las postulaciones a puestos uninominales a escala local.

En síntesis, el voto de minoría, describiendo la realidad de las mujeres en Costa Rica, a partir de los resultados electorales en los cargos uninominales de elección popular y, con la convicción de que debe abordarse el ordenamiento jurídico desde una nueva mirada que incluya esa realidad, para cambiarla, concluye en la necesidad de un nuevo pacto político, que debe reconocer que, en este caso, los efectos de esa subrepresentación persistirán mientras no se aborde el derecho desde esta nueva mirada; es decir, no será posible eliminar la discriminación en esta materia mientras no se acepte que la igualdad, entre hombres y mujeres, respecto del derecho de participación política, inevitablemente implica revisar el concepto de lesión al núcleo esencial de ese derecho.

Conclusiones.En elmeollo de la discusión, tratándose de la aplicación o no de la paridad horizontal en las nóminas unipersonales,se presenta un aparente dilema entre el principio de igualdady el derecho a participación política (en concreto de las mujeres), en condiciones de igualdad.

Cómo articular ambos valores sin lesionar el núcleo esencial del derecho fundamental al sufragio pasivo y al sufragio activo, sin perpetuar la discriminación que la actual aplicación implica para las mujeres, es el tema central que esta sentencia invita a reflexionar.

Por otra parte, en cuanto a la reelección en cargos municipales, en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se localizan algunos proyectos que proponen limitar ese derecho, de diferentes formas[28].

 

Es importante anotar que, sobre esta materia, la Comisión de Venecia, referente electoral de relevancia, en su Estudio n.º 908/2017 considera que la reelección no es un derecho fundamental[29], si bien refiere en especial a la reelección presidencial.  De igual manera, el pasado agosto de 2021, ante solicitud de opinión consultiva de la República de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo “pues no cuenta con reconocimiento normativo en la Convención ni en la Declaración Americana, y de forma general, en el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, en otros tratados internacioanles, en la costumbre regional, ni en los principios generales de derecho.”[30].

En Costa Rica no se ha planteado una reforma política del sistema de gobierno municipal similar a la fórmula de México, El Salvador o Puerto Rico, es decir un cambio donde la presidencia del ejecutivo municipal sea, a la vez, la del concejo municipal, que se elige de manera plurinominal.

Un sistema de ese tipo bien podría solventar, desde el ámbito del Derecho, el dilema que hoy nos ocupa, pues ello permitiría -al igual que en esos países- la aplicación de la paridad horizontal despejándose la duda acerca de la posible lesión al núcleo esencial del derecho de participación política.

Cabe señalar, por último, que un grupo de mujeres interpuso acción de inconstitucionalidad contra la sentencia que hoy analizamos[31].  A la fecha de entrega de este artículo, el alto tribunal la admitió[32] pero aún no se pronuncia al respecto.

[1]TSE: sentencia interpretativa n.º 1724-E8-2019, 15 horas-27 febrero 20219.

[2] Corte IDH:  Serie C No. 127http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pd

[3] Serie C No. 184 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf

[4]Corte IDH: Serie C No. 233 http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_233_esp.pdf

[5]Corte Europea de Derechos Humanos:  (SSTEDH Partido Comunista Unificado de Turquía y otros c. Turquía, de 30 de enero de 1998 9; Partido Socialista y otros c. Turquía, de 25 de mayo de 1998 10; STEDH Partido de la Libertad y de la Democracia c. Turquía, de 8 de diciembre de 1999 11).

[6]Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: jurisprudencias 6/2015, 7/2015, 8/2015 y 9/2015 (Voto unánime, sesión pública de 6 de mayo de 2015). En las primeras dos, ante gestión de varios partidos políticos, interpreta la reforma constitucional de 2014, que dispuso la paridad horizontal y vertical en órganos legislativos federal y estadual (artículo 41) y estableció que la paridad era obligatoria en sus dos dimensiones: la vertical y la horizontal, indicando que es extensiva a lor órganos municipales. Las otras dos refieren al interés legítimo de las mujeres o de integrantes de grupos vulnerables para impugnar determinaciones que vulneren sus derechos constitucionales.

[7]Suprema Corte de Justicia de la Nación: Contradicción de Tesis (44/206) n.º 36/2015 Y SUS ACUMULADAS 37/2015, 40/2015 Y 41/2015 (sesión pública de 15 de xxx de 2016).El tribunal constitucional resolvió en favor de la participación política de las mujeres al analizar la Contradicción de tesis (44/2016) suscitada entre la Suprema Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).  El TEPJF sostenía que las candidaturas, propietarias y suplentes, para ocupar una presidencia municipal, una sindicatura o una regiduría deberían estar integradas de manera paritaria y alternada entre mujeres y hombres.  La SCJN señalaba que cada entidad federativa tenía la libertad de legislar o no sobre la paridad, luego de resolver que el estado de Zacatecas no estaba obligado a incluir en su ley electoral la paridad de género en la integración de ayuntamientos.

 

7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos: casos sobre incumplimiento de cuotas: María Merciadri de Morini vs. Argentina (Informes No. 102/99 y No. 103/01) y Janet Espinoza Feria y otras vs. Perú (Informe de admisibilidad No. 51/02).

[9] Ecuador: Constitución Política, 20 octubre 2008, véanse preámbulo y artículo 116.

[10] Bolivia: Constitución Política, 7 febrero 2009, véanse Preámbulo y artículos147 y 210.

[11]Costa Rica: Constitución Política 7 diciembre 1949, artículo 90.

[12] TSE: Declaratoria de elecciones 1953-1998.

[13] Organización de las Naciones Unidas, ONU. (1979). Convención sobre la eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer ;Asamblea General, 18 de diciembre de 1979.

[14] TSE: declaratoria de elecciones 1998.

[15] TSE: resolución 1863-1999.

[16] Código Municipal, Ley n.º 7794, La Gaceta n.º 94, 18 mayo 1998.

[17]TSE: resultados electorales 2002. Creación de Concejos Municipales de Distrito, Ley n.º 8173-Alcance 2-A, La Gaceta n.1 7 de 10 de enero.

[18] (2009) Código Electoral, Ley no. 8765 de 19 de agosto de 2009, Alcance n.º 37, La Gaceta n.º 171 de 2 de setiembre.

[19] Matarrita, M. Y Zamora, E. (enero-jun 2015).  Paridad de género y Capacitación partidaria en Costa Rica  Revista de Derecho Electoral (19), 90-129.  Recuperado de http://www.tse.go.cr/revista/art/19/zamora-matarrita.pdf

[20] Asamblea Legislativa.  Expediente legislativo n.º 14.268, Proyecto de Codigo Electoral, artículo 5º.

[21]Asamblea Legislativa, Comisión Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos, Moción n.º 135 (08-30-CE) al artículo 135.

[22]El artículo 98 de la Constitución Política exige que los partidos actúen bajo el principio democrático.  El TSE, en resolución no.º xxx, precisó que ello demanda, como mínimo, una renovación de las estructuras partidarias, al menos cada 4 años (ciclo electoral costarricense.).

[23] Asamblea Legislativa: Expediente no. 19.116.

[24] Véanse las resoluciones TSE n.º 4303-E8-2010,6165-E8-2010, 784-E8-2011 y3637-E8-2014.

[25] TSE:  resultados electorales febrero 2018.

[26] Se trata de los Distritos San Isidro de Peñas Blancas (cantón SanRamón); Tucurrique (cantón Jiménez); Cervantes (cantón Alvarado); y Colorado (cantón Abangares).

[27] Ley n.º 4349 de 11 de julio de 1969.

[28]Expedientes legislativos n.º 21.257 y n.º 21.431.

[29]Comisión de Venecia: Estrasburgo, 20 de marzo 2018. http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL- AD(2018)010-e&lang=RU

[30]https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_28_esp.pdf.

[31]CSJ,Costa Rica, Sala Constitucional.Exp: 19-004707-0007-CO.

[32]CSJ,Costa Rica, Sala Constitucional.Res. Nº 2019- 011633.