Controles de constitucionalidad y de convencionalidad en materia electoral

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Controles de constitucionalidad y de convencionalidad en materia electoral

2021-05-18T09:53:17-05:0018 mayo, 2021|Artículo Internacional|

-Costa Rica-

 

 

Paso a paso sin retrocesos[1]

 

 

  1. Antecedentes

 

Ha sido tradición en nuestros países, al enlistar las Fuentes del Derecho, colocar a la Constitución Política en la cúspide de la pirámide clásica y a los tratados, una vez incorporados a la normativa interna, supeditados a esta y sobre las leyes ordinarias. También, desconociendo la fuerza vital de las normas fundamentales, se ha considerado que no resulta posible su aplicación directa, por los operadores jurídicos.

 

Costa Rica no ha sido la excepción.

 

El texto vigente de la Constitución Política consigna,

 

“Los tratados públicos, los convenios internacionales y los  concordatos,  debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa[2], tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes …” (artículo 7)[3].

 

“Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10”(artículo 48)[4].

 

Sin embargo, se ha producido un desarrollo progresivo de la jurisprudencia constitucional, que altera el concepto clásico de las fuentes del derecho.

 

Así, en nuestro país,podemos diferenciar claramente tres etapas:

 

  1. Primer periodo: 1949-1990. En este lapso se tomó de manera textual lo establecido por el artículo 7 de la Constitución, previamente transcrito. Se ubica a los tratados, independientemente de su naturaleza, entre la Constitución y las leyes ordinarias.

 

  1. Segundo periodo: 1990-1995. Jurisprudencia de la Sala Constitucional coloca a lostratados de derechos humanos en la misma posición de la Constitución Política, compartiendo la cúspide de la pirámide.

 

Así, en voto 01147-90señaló la Sala, refiriéndose a los principios y normas internacionales de derechos humanos: “que tienen, no solo el rango superior a la ley ordinaria que les confiere el artículo 7 de la Constitución, sino también un amparo constitucional directo que prácticamente los equipara a los consagrados expresamente por la propia Carta Fundamental”.

 

  1. Tercer periodo: 1995 a la fecha. Se sitúan en la cima de la pirámide, sobre la propia Constitución Política, los tratados de derechos humanos que amplién los derechos o garantías constitucionales.

 

En Voto 2313-1995, resolvió la Sala que “tratándose de derechos humanos, los instrumentos internacionales tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución”.

 

Adicionalmente, en este voto se confiere a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pleno valor. Se va aún más allá al aceptar que las opiniones consultivas de dicha corte tienen en el país el mismo valor que sus sentencias yque, tratándose de derechos humanos, sus decisiones vinculan al Estado costarricense.

 

Al resolver el caso que generó este voto, estableció la Sala Constitucional que “(…) la colegiación obligatoria de los periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”  (Opinión Consultiva N°OC-5-85).

 

En un voto más reciente, número 2018-12782, la Sala Constitucional reitera la vinculatoriedad de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con ello se acoge la opinión consultiva OC-24/17 en relación con la “identidad de género autopercibida” (que directamente atañe al que hacer del Tribunal Supremo de Elecciones[5]) y el “matrimonio entre personas del mismo sexo” (que debió ser abordado por la propia Sala Constitucional).

 

Paralelamente, nuestra Sala Constitucional fue decantando el concepto de  “Derecho de la Constitución”en su jurisprudencia, puntualizando, entre otras cosas, que presupone la supremacía y valor normativo inmediato y directo de la Constitución, es fuente de derecho en sentido propio  que, por ende, integra e informa todo el Ordenamiento Jurídico. Define que está conformado por las normas, principios y valores constitucionales, así como la jurisprudencia de las Cortes o Tribunales Constitucionales (que incorpora principios de tratados de derechos humanos). Establece que vincula a todos los Poderes Públicos y habitantes del país y forma parte del bloque o parámetro de legalidad que le corresponde interpretar y aplicar a los tribunales (Votos N° 3035-96 de las 10:51 horas, 3036-96 de las 10:44 horas y 3038-96 de las 11 horas, todos del 21 de junio de 1996).

 

Con estas resoluciones se incorpora a nuestro sistema jurídico el “Control de Convencionalidad”, que vincula tanto a los tribunales de justicia, en general [6], como a la Administración Pública.

 

  1. Control de constitucionalidad y Control de convencionalidad

 

En Costa Rica el Control de constitucionalidad es concentrado. La Sala Constitucional lo ejerce al conocer de las acciones de inconstitucionalidad y de los recursos de habeas corpus y de amparo (no electorales). El Tribunal Supremo de Elecciones comparte esa función al ejercer la interpretación exclusiva y obligatoria de las normas electorales constitucionales y legales, así como al conocer del recurso de amparo electoral.

 

Por otra parte, el Control de convencionalidad es difuso, pues lo ejercen, además, los restantes tribunales comunes y la Administración Pública.

 

El Tribunal Supremo de Elecciones, como Juez Especializado de la República, lo ha aplicado en lo atinente de procedimientos contenciosos sancionatorios, al interpretar de  manera exclusiva y obligatoria las normas constitucionales y legales en material electoral y en resoluciones jurisdiccionales. Adicionalmente,en el ámbito administrativo,lo ha hecho al emitir reglamentos y acuerdos.

 

III. El Tribunal Supremo de Elecciones como órgano de la mayor jerarquía constitucional

 

Para comprender esta concurrencia del Tribunal Supremo de Elecciones en un ámbito reservado en otros países a los tribunales o cortes constitucionales, debemos referirnos brevemente a su regulación constitucional.

 

En nuestra Carta Fundamental, se le define como órgano constitucional permanente, autónomo y especializado (artículos 9 y 99), con el mismo rango e independencia de los Poderes del Estado (artículo 9), que interpreta en forma exclusiva y obligatoria las normas constitucionales y legales en materia electoral (artículo 102.3) y cuyas resoluciones no tienen recurso –salvo acción por prevaricato-  (artículo 103).

 

En ese mismo cuerpo normativo se establece que la función electorales autónoma, exclusiva e independiente y corresponde a la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio (artículos 95.1,99 y 102.9).

 

El Tribunal Supremo de Elecciones (como cuerpo colegiado) es el órgano superior de la organización electoral y sus magistrados gozan de las   inmunidades  y  prerrogativas  que  corresponden  a  los  miembros  de  los  Supremos Poderes (artículo 101).

 

Las funciones del Tribunal Supremo de Elecciones se despliegan en cuatro áreas: Registro Civil, Administración Electoral, Formación en Democracia y Jurisdicción Electoral.

 

En lo que a Jurisdicción Electoral respecta, se ha producido una ruptura del principio de universalidad (constitucional y contenciosa). Es una jurisdicción especializada, concentrada, uniinstancial[7], exclusiva y excluyente. Ejerce el control jurídico sobre la conformidad de los distintos actos electorales con el Ordenamiento Jurídico (Derecho de la Constitución, normas constitucionales, legales, reglamentarias o estatutarias). Sus resoluciones en materia electoral no tienen recursos, salvo la acción por prevaricato.

 

Los procedimientos contenciosos, regulados en el Código Electoral (artículos 219 a 270), son: el recurso de amparo electoral, la impugnación de acuerdos deasambleas  de  partidos  políticos en proceso de constitución e inscripción,la acción de nulidad de acuerdos partidarios,el recurso de apelación electoral,la demanda de nulidad relativa a resultados electorales,la cancelación o anulación de credenciales yla denuncia por parcialidad o beligerancia política. Los dos últimos tienen naturaleza sancionatoria.

 

  1. Control de constitucionalidad ejercido por el Tribunal Supremo de Elecciones

 

Definido por nuestro maestro Eduardo Ortiz Ortiz, como “la potestad jurisdiccional para establecer y declarar la relación entre la constitución y todos los demás actos del poder público, con el fin de mantener y hacer efectivo su rango como norma suprema del ordenamiento”[8].

 

El Tribunal Supremo de Elecciones ha ejercido este tipo de control en el ámbito de su competencia constitucional. Incluyo una breve referencia a dos casos en los que lo ha desplegado:

 

  1. Recurso de amparo electoral (SentenciaN°303-E-2000)

 

El Tribunal Supremo de Elecciones, asumiendo su competencia constitucional, por vía pretoriana creó el recurso de amparo electoral para conocer y resolver reclamos presentados contra actuaciones de los Partidos Políticos que, por su carácter y alcances lesivos, podrían menoscabar los derechos políticos de sus militantes, habilitación que luego se amplió contra actuaciones de autoridades públicas y particulares. Posteriormente el Código Electoral de 2009 lo regula dentro de los procedimientos propios de la Jurisdicción Electoral.

 

  1. Control constitucional de normas (SentenciaN°859-E-2001)

 

Pese a que por diseño constitucional, en principio, el Tribunal Supremo de Elecciones no puede declarar la inconstitucionalidad de normas electorales, entendió que si puede y debe disponer su inaplicación cuando sean contrarias a las normas y principios constitucionales. En este voto, consideró queel plazo de 9 años establecido en el inciso c) del artículo 14 del Estatuto del Partido Liberación Nacional –PLN-, resultaba desproporcionado y vulneraba el principio de participación ciudadana para elegir y ser electo, por lo que se declara inaplicable y queda rigiendo el plazo de más de 2 años ininterumpidos para aspirar a cargos de dirección y representación del Partido, previsto en en la norma anterior a la reforma.

 

  1. Control de convencionalidad ejercido por el Tribunal Supremo de Elecciones

 

En sentencia N° 1337-E1-2015, el Tribunal considera que seencuentra obligado a ejercer un control no solo de constitucionalidad sino también de convencionalidad sobre las actuaciones de autoridades públicas y de los partidos políticos que pudiesen afectar los derechos fundamentales de carácter político-electoral de los ciudadanos.

 

Señala que esa potestad, de carácter exclusivo y excluyente en materia electoral, por mandato del constituyente originario, reside en el hecho que como máxima autoridad en la materia, es el órgano naturalmente llamado a defender los derechos fundamentales de naturaleza político-electoral, utilizando como parámetro no solo la Constitución Política y los principios que la informan sino, además, los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos suscritos y ratificados por Costa Rica; lo queinvolucra el ejercicio de control de convencionalidad.

 

A pesar de que el Control de convencionalidad ha sido aplicado por el Tribunal en numerosas oportunidades, voy a limitarme a citar dos casos relevantes: la implementación de una doble instancia en procesos contenciosos sancionatorios y el trámite administrativo de cambio de identidad autopercibida.

 

  1. Procesos contenciosos sancionatorios

 

Como se ha mencionado,estos procedimientos son el de cancelación de credenciales de funcionarios de elección popular y el de beligerancia o participación política prohibida.

 

El Tribunal ha señalado que la revisión integral de lo resuelto en estos casos es un derecho humano, en concordancia con lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos(Pacto de San José), en su artículo 25[9].

 

Al ser la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocida por Costa Rica, luego de las sentencias recaídas en casos como YATAMA vs Nicaragua (primero en materia electoral), Almonacid Arellano y otros vs. Chile y Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú, el Tribunal Supremo de Elecciones se da a la tarea de ver cómo armonizar la irrecurribilidad constitucional de sus sentencias (artículo 103 constitucional) con tal principio.

 

Podemos identificar tres etapas progresivas en el abordaje de ese tan importante tema por parte del Tribunal:

 

  1. Antes del año 2011. Se aplicaba de manera estricta lo dispuesto por el artículo 103 citado, sin reconocer recurso alguno contra sus resoluciones.

 

  1. Del año 2011 al 2016. Se establece un recurso de reconsideración ante el mismo Pleno propietario (Sentencia Nº 6290-E6-2011).

 

  1. A partir del año 2016. Se introduce una doble instancia. Esto con la creación de la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones para que conozca en primera instancia de los contenciosos sancionatorios (Artículo VIII, sesión Acta 48, 2016)[10]. Se mantiene el Recurso de reconsideración ante el Pleno propietario, que revisa integralmente lo resuelto por la Sección Especializada. Se declara en ese momento que, para una mejor concreción del derecho humano consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, resulta necesario que el Recurso de reconsideración sea conocido por magistrados distintos a los que intervinieron en la decisión sancionatoria inicial. En este punto me tomo la libertad de incorporar, de manera fiel, algunas de las consideraciones en las que se apoya el Tribunal para dar este paso tan importante para dar cumplimiento a lo prescrito por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

“V. Que como parte de la tutela judicial efectiva, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 25, establece la necesaria previsión de recursos ágiles y sencillos para que los habitantes de los Estados partes hagan valer sus derechos fundamentales.”

X.-  Que,  para  una  mejor  concreción  del  citado  derecho  humano,  es  necesario  crear  mecanismos  que  garanticen  que  tal  recurso  de  reconsideración  sea  atendido  por  magistrados  distintos  a  los  que  intervinieron en una decisión sancionatoria inicial

 

El Reglamento de la Sección Especializada establece que estará integrada por tresmagistrados suplentes (que para estos efectos no actúan como tales), integración que se renovará cada seis meses.

 

Para armonizar este desdoblamiento de la jurisdicción electoral con lo dipuesto por el artículo 103 constitucional, se considera que existen jueces electorales diversos, pero un solo Tribunal electoral[11].

 

Se toma en cuenta que los magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones son jueces especializados de la República, designados por la Corte Suprema de Justicia, que cumplen con los mismos requisitos que los propietarios y como tales tienen la investidura suficiente para administrar justicia electoral.

 

“XI.- Que como ampliamente se explicó en la sentencia n° 0894-E-2005, este Tribunal Supremo de Elecciones no deja de ser tal por estar integrando de manera diversa a su conformación ordinaria. En otros términos, es un único Tribunal que se constituye con otros de sus jueces: los suplentes”.

 

Al referirse concretamente al Control de convencionalidad, el Tribunal razonó:

 

“IV.Que como parte del control de convencionalidad que deben aplicar los órganos que administran justicia, es necesario armonizar el ordenamiento jurídico interno con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (entre otros, ver consideraciones de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Almonacid Arellano y otros vs. Chile” y “Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú”)”.

 

“VI. Que, una visión progresiva y favorable a los Derechos Humanos impone a los órganos estatales una actitud vigilante y de constante renovación para el otorgamiento de más y mejores garantías a las personas”.

 

  1. Reformas reglamentarias

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto sobre la identidad de género autopercibida en la Opinión Consultiva OC-24/17, el Tribunal Supremo de Elecciones procedió a introducir reformas pertinentes en reglamentos de materia civil.

 

  1. Reglamento de la cédula de identidad de nuevas características

 

Se reforma el artículo 2 de dicho reglamento, en el sentido de eliminar del dorso (o reverso) de la cédula de identidad la indicación del sexo de la persona[12].

 

No se violenta el principio de legalidad dado que, en la Opinión Consultiva n.° OC-24/17, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la posibilidad de reglamentar administrativamente el procedimiento de cambio de nombre para aquellas personas que, con base en su identidad de género autopercibida, así lo solicitaran.

 

  1. Reglamento del Estado Civil

 

En el Título XI Capítulo Único “Disposiciones Generales”, se insertan las disposiciones procedimentales necesarias[13]:

 

“Artículo 52.- Toda persona mayor de edad que desee cambiar su nombre por considerar que no se corresponde con su identidad de género autopercibida podrá, por una única vez y a través del procedimiento de ocurso, solicitarlo a la Sección de Actos Jurídicos del Registro Civil (…)”.

 

“Artículo 53.- El Registro Civil preparará una fórmula de consentimiento informado que suscribirá la persona interesada (…). No se exigirán, como requisitos para aceptar la petición, certificaciones médicas ni psicológicas u otros requisitos que puedan resultar irrazonables o patologizantes”.

 

“Artículo 54.- (…) no se ordenará la publicación de edictos (…). Tampoco serán necesarias las audiencias al Ministerio Público y al Ministerio de Seguridad Pública”.

 

“Artículo 55.- (…) se procederá a emitir la resolución de estilo y se ordenará rectificar el asiento de nacimiento, en el cual se hará una anotación marginal que dé cuenta de la situación, sin que esa rectificación incida respecto del sexo de nacimiento inscrito. En los términos de la Ley n.° 8968 “Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales”, esa marginal será considerada como dato sensible y el procedimiento de cambio de nombre será confidencial”.

 

Reflexión final

 

El principio de progresividad de los derechos humanos reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en varios instrumentos internacionales (Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 2, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1 y 26, entre otros), obliga a los Estados suscriptores a ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de talesderechos.

 

Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, que recoge el artículo 34 de nuestra Constitución Política, se deriva, a su vez, el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzados.

 

Tanto la Administración Pública como los Tribunales de Justicia, integrantes del engranaje estatal, tienen la obligación ineludible de asumir sus responsabilidades en aras de la protección de los derechos humanos. El Control de Constitucionalidad, aunque importante, no resultaba suficiente para dar contenido efectivo a los derechos más sensibles. Así se fue abriendo el quehacer interpretativo, admitiendo el recurso al Derecho de la Constitución, y la incorporaración, en el día a día, del Control de Convencionalidad, obligatorio para todos los operadores jurídicos. En nuestro país tanto la Sala Constitucional como el Tribunal Supremo de Elecciones han aplicado ambos Controles. El segundo lo ha hecho, dentro de sus competencias constitucionales, como jerarca administrativo y como juez especializado de la República.

 

Producto de ese actuar proactivo en defensa de los derechos humanos, se creó el recurso de amparo electoral, la doble instancia en procedimientos contenciosos sancionatorios y en la implementación a nivel administrativo de un procedimiento para hacer efectivo el derecho a la identidad autopercibida, a los que se ha hecho referencia en este artículo, aclarando, nuevamente, que no agotan la actividad institucional en pro de la defensa de los derechos humanos.

 

Pero no podemos olvidar que, en materia de derechos humanos, los retos y oportunidades no cesan. Como operadores jurídicos debemos asumirlos teniendo siempre presente la frase que encabeza este artículo: paso a paso sin retrocesos.

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

 

  1. Literatura y doctrina consultadas

 

Bou Valverde, Zetty. Derechos humanos electorales: el caso Yatama contra el Estado de Nicaragua, análisis desde la perspectiva del sistema electoral costarricense. Revista de Derecho Electoral. Nº 7 (Ene.-Jun., 2009).

 

Cambronero Torres, Andrei y Mora Barahona, Iván (2015) Control de constitucionalidad de normas electorales coo atribución del Tribunal Supremo de Elecciones. IFED.

 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos (2016), Ciudad de México.

 

Jinesta Lobo, Ernesto (1996) La interpretación y aplicación directas del Derecho de la Constitución por el juez ordinario. Ivstitia. Año 10. N° 118-119. Octubre-Noviembre. 1996.

 

Matarrita Arroyo, Mario Andrés (2016) La gestión del recurso de amparo electoral. IFED, TSE.

 

Sobrado González, Luis Antonio. La jurisprudencia electoral como factor de profundización democrática en América Latina. Revista de Derecho Electoral.  Nº 7 (Ene.-Jun., 2009)

 

Sobrado González, Luis Antonio. La autonomía de la función electoral desafiada por la jurisdicción constitucional: concreción en Costa Rica de una problemática latinoamericana del siglo XXI. Revista de Derecho Electoral. -N.º 27 (Ene.-Jun., 2019).

 

Thompson Jiménez, José. Las obligaciones internacionales en materia electoral.  Un enfoque a partir del sistema interamericano de derechos humanos. Revista de Derecho Electoral. -N.º 20 (Jul.-Dic., 2015).

 

  1. Cuerpos normativos

 

2.a. Derecho Internacional:

Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José)

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

 

2.b. Costa Rica:

Constitución política

Código Electoral

Reglamento Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones

Reglamento del Estado Civil

Reglamento cédula de identidad con nuevas características

 

  1. Sitios web

 

https://www.tse.go.cr

https://www.tse.go.cr/relevantes_tema2.htm#2.1

https://www.corteidh.or.cr

https://cndh.org.mx

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37023.pdf

http://www.cidh.oas.org/annualrep/93span/cap.v.htm

https://www.tse.go.cr/pdf/publicaciones/la-gestion-del-recurso-de-amparo-electoral.pdf

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=7123&strTipM=T

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/15291

 

4.Resoluciones

 

4.1. Votos Sala Constitucional

 

N° 221-09

N° 01147-90

N° 2313-1995

N°2018-12782

N° 3035-96

N° 3036-96

N° 3038-96

N° 06120-2013

 

4.b. Sentencias TSE

 

N° 303-E-2000

N° 859-E-2001

N° 1337-E1-2015

Nº 6290-E6-2011

 

4.c. Corte Interamericana de Derechos Humanos

 

Opinión Consultiva N°OC-5-85

Opinión consultiva N°OC-24/17

[1]https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37023.pdf

[2] Por voto de la Sala Constitucional número 221-09 se interpretó como “instrumentos internacionales”.

[3]El texto original del artículo, reformado por ley N° 4123 de 31 de mayo de 1968, era el siguiente: Artículo 7°– Ninguna autoridad puede celebrar pactos, tratados o convenios que se opongan a la soberanía e independencia de la República. Quien lo haga será juzgado por traición a la Patria. // Cualquier tratado o convención que tramite el Poder Ejecutivo, referente a la integridad territorial o a la organización política del país, requerirá la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres cuartas  partes de la totalidad de sus miembros y la de los dos tercios de votos de una Asamblea Constituyente convocada al efecto.

[4] El texto original del artículo, antes de ser reformado por ley N° 7128 de 18 de agosto de 1989, rezaba: Artículo 48.– Toda persona tiene derecho al recurso de Hábeas Corpus cuando se considere ilegítimamente privada de su libertad. // Este recurso de conocimiento exclusivo de la Corte Suprema de Justicia y queda a su juicio ordenar la comparecencia del ofendido, sin que para impedirlo pueda alegarse obediencia debida u otra excusa. // Para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, a toda persona le asiste, además, el recurso de Amparo, del que conocerán los tribunales que fije la ley.

 

[5]Resulta necesario aclarar que cuando se menciona dentro del artículo “Tribunal Supremo de Elecciones” lo es en diversos sentidos: como órgano constitucional, como entidad que forma parte de la Administración Pública, como jerarca que es el órgano colegiado integrado por los magistrados en ejercicio.

[6]Un ejemplo de esa aplicación directa del control de convencionaloidad por los tribunales comunes lo podemos apreciar en el voto de la Sala Constitucional número 06120-2013, al señalar que en el caso de la jurisdicción de familia, los jueces de la República, deben ejercer ese “control de convencionalidad” y aplicar las normas y principios contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos “para que se pueda hacer efectivo el principio universal según el cual la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales y los niños deben recibir la protección y la asistencia necesarias para lograr un adecuado desarrollo de su personalidad…”

 

 

[7]A partir de la creación de la Sección Especializada, se implementa una doble instancia en procedimientos sancionatorios de beligerancia política y cancelación de credenciales.

[8] https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/15291

[9]Artículo 25. Protección Judicial.

  1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes,que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentalesreconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aúncuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio desus funciones oficiales. / 2. Los Estados partes se comprometen: / a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona queinterponga tal recurso; / b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y / c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

 

[10]Decreto n.º 5-2016. Acuerdo tomado en el artículo octavo de la sesión ordinaria n.° 48-2016, de 31 de mayo de 2016 por el TSE. Publicado en el Alcance n.° 91 a La Gaceta n.º 107  de 03 de junio de 2016.REGLAMENTO DE LA SECCIÓN ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES QUE TRAMITA Y RESUELVE EN PRIMERA INSTANCIA ASUNTOS CONTENCIOSO-ELECTORALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO.

[11]Ya el Tribunal había precisado en sentencia n 6290-E6-2011 quela  creación  de  medios  recursivos  a  lo  interno  de  la  sede  electoral  no  desnaturaliza su independencia -en los términos  previstos  por  el  constituyente- en tanto no conllevan la posibilidad de llevar la discusión del asunto  fuera  de  los  linderos  de  la  jurisdicción  electoral,  lo  que  sí  estaría proscrito por el numeral 103 constitucional.

[12] Modificado el artículo 2 por el artículo 3 del Decreto del TSE n.° 7-2018, publicado  en  el  Alcance  n.°102  a  La  Gaceta Digital  n.°85  de 16  de  mayo  de  2018. El texto del numeral es el siguiente: “Artículo 3. Modifíquese el artículo 2 del «Reglamento de la cédula de identidad con nuevas características» (decreto n.° 9-2016 del 16  de  agosto  de  2016),  en  el  sentido  de  eliminar  del  dorso  (o  reverso)  de  la  cédula  de  identidad la indicación del sexo de la persona”.

[13]Decreto  del  TSE  n.°  7-2018,  publicado  en  el  Alcance  n.°102  a  La  Gaceta  Digital n.°85 de 16 de mayo de 2018.

 

ZETTY BOU VALVERDE. Abogada y notariopúblicocostarricense, con ampliaexperiencia en DerechoPúblico y Privado. Máster en DerechoPúblico yAdministración de Empresas.Graduada del programaconjunto INCAE-Georgetown University:“Aspectoslegales de los negociosinternacionales”. Experta en métodos RAC, actividad que inició en 1999.Árbitro de Derecho y conciliadora autorizada. Facilitadora de Diálogo Social Corporativo. Ha sidoasesora legal de entidadespúblicas y privadas,curadora de la Corte Suprema de Justicia, profesorauniversitaria, abogada y notarioexterno de bancos e institucionespúblicas. Magistradapropietaria del Tribunal Supremo de Eleccionesde Costa Rica (2009-2011 y 2017-2018) y magistradasuplente (2004 a la fecha).Ha integrado y presididola laSecciónEspecializada del Tribunal Supremo de Elecciones, queconoce en primerainstancia los procedimientossancionatorios de funcionarios y funcionarias de elección popular (Beligerancia y Cancelación de Credenciales). Ha participadocomoexpositora o panelista en eventosacadémicoslocales e internacionales eintegradomisiones de observación electoral y cooperación horizontal endiversospaíses. Cuenta con variaspublicacionesespecializadas.